Sentencia 2010-00618/49138 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2010-0061 8-01 (49138)

Actor: Luis Alveiro Santana Puentes y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y Policía Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5) las pruebas aportadas al proceso; 6) el caso concreto; 7) el estudio de las pretensiones indemnizatorias y 8) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad del señor Luis Alveiro Santana Puentes, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada8.

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 31 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso9.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad10.

En el caso bajo estudio, la Sala observa que el 13 de noviembre de 2008 se celebró ante el Juzgado 34 Penal del Circuito de Conocimiento audiencia de juicio oral, diligencia en la cual se aceptó la solicitud del Fiscal, en el sentido de retirar la acusación en contra del procesado y precluir la investigación a su favor, decisión que quedó ejecutoriada ese mismo día, en tanto no se interpuso recurso alguno en su contra.

Lo anterior significa que la demanda debía ser presentada, a más tardar, el 14 de noviembre de 2010 y como ello ocurrió el 2 de septiembre de ese mismo año, se impone concluir que se hizo oportunamente, es decir, sin que operara el fenómeno jurídico de caducidad, máxime si se tiene en cuenta la suspensión de dicho término, con ocasión de la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación11.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

En lo atinente a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional, en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

En este orden de ideas, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva.

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera; particularmente, en pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Con fundamento en las anteriores precisiones, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de acreditación:

5.1. Documentales.

5.1.1. Relacionadas con la legitimación de los demandantes.

De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, está demostrado que el señor Luis Alveiro Santana Puentes fue procesado por la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que en el curso de esa actuación estuvo privado de la libertad y que la controversia concluyó con decisión de preclusión de la investigación, de tal suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

En cuanto a las pruebas que acreditan la calidad con la que las partes acudieron al proceso, se encuentran las siguientes:

— Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Fabián Santana Puentes, María Ofir Santana Puentes, José Edwin Santana Puentes, Edith Santana Puentes y Ana Farid Santana Puentes, documentos que prueban su condición de hermanos de la víctima directa12.

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Maria Ofir Santana Puentes y John Arquímedes García Saldarriaga, documento que lo acredita como cuñado del señor Luis Alveiro Santana Puentes

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Kevin David Santana Ortiz, con el cual se acredita su calidad de hijo de la víctima directa13.

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Luis Alveiro Santana Puentes, que acredita que los señores Abel Santana y Zeneida Puentes son sus padres14.

— Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de las señoras Milena Ortiz Quesada y María Constanza Ortiz Quesada, que demuestran su condición de hermanas y, por ende, que esta última es cuñada de la víctima directa, según se explicará más adelante.

5.1.2. Relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor Luis Alveiro Santana Puentes15.

— Copia auténtica del acta de la audiencia de legalización de captura, incautación, imputación y medida de aseguramiento, celebrada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, el 21 de marzo de 200816.

— Copia auténtica del escrito de acusación que presentó la Fiscal 250 Secciona! de Bogotá, contra el señor Luis Alveiro Santana Puentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes17.

— Copia auténtica del acta de la audiencia de acusación llevada a cabo el 11 de junio de 2008, ante el Juzgado 34 Penal del Circuito de Conocimiento18.

—Copia auténtica del acta de la audiencia de juicio oral celebrada el 13 de noviembre de 2008, ante el Juzgado 34 Penal del Circuito de Conocimiento, diligencia en la cual la Fiscalía retiró la acusación y solicitó la preclusión de la investigación19.

— Seis (6) discos compactos que contienen las audiencias realizadas dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Luis Alveiro Santana Puentes por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes20.

5.2. Testimoniales.

Se recibió la declaración de los señores Solangela Murillo de Molano, Francisco Javier Carmona, Jennifer Guerrero Hernández y Crisanto Guerrero Ruiz, quienes declararon sobre la situación personal y económica de los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad del señor Luis Alveiro Santana Puentes, así como la afectación padecida por los actores por esta misma situación21.

6. El caso concreto.

6.1. Cuestión previa: valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo de primera instancia.

Previo a efectuar el análisis del caso concreto, respecto de la responsabilidad endilgada a las entidades demandadas, es necesario señalar que el Tribunal de primera instancia arribó a conclusiones equivocadas, a partir de una indebida valoración de los medios de prueba documental que reposan en la actuación.

En efecto, el Tribunal a quo afirmó que desconocía la totalidad de la actuación adelantada en el proceso penal, dado que no valoró la información contenida en los seis CDS que fueron aportados con la demanda, sin ofrecer un argumento distinto a la falta de autenticidad y al hecho de que no se encontraban foliados.

Nótese cómo la apreciación puesta de presente se contradice con lo expuesto en la misma providencia al momento de valorar los demás documentos que, según el Tribunal, obraban en copia simple, puesto que a estos les dio mérito probatorio por cuanto no fueron objetados por las partes, a pesar de haber sido allegados con la demanda, circunstancia que evidencia una equivocación en el manejo probatorio, que tiene la virtualidad de incidir en la decisión de fondo.

Así las cosas, como los discos compactos que contienen las audiencias celebradas dentro del proceso penal seguido contra el aquí demandante por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes fueron aportados con el libelo inicial, sin que su contenido hubiere sido tachado por la parte demandada contra la cual se adujo, la Sala los tendrá en cuenta y los valorará en armonía con los demás elementos de prueba obrantes en el plenario.

En virtud de lo anterior, se desestima el análisis efectuado en primera instancia y se procederá a estudiar el caso concreto, a la luz de la situación fáctica y jurídica que se señalará a continuación.

6.2. Hechos probados.

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en la actuación, para la Sala se encuentra acreditado que la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación penal contra el señor Luis Alveiro Santana Puentes, por la supuesta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El antecedente inmediato de la actuación penal tiene que ver con el informe de captura en flagrancia que presentaron agentes de policía, el 20 de marzo de 2008, el cual resultó determinante para que el Juez de Control de Garantías legalizara el procedimiento de aprehensión del señor Santana Puentes y la imputación del mencionado delito por cuenta de la Fiscalía e impusiera la medida de aseguramiento de detención preventiva.

En la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía expuso entre sus consideraciones más relevantes las que a continuación se transcriben, incluyendo los posibles errores:

“(.. .) La Fiscalía, encontrándose dentro del término establecido en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal concurre ante usted con el fin de solicitar que se legalice la captura del señor Luis Alveiro Santana Puentes, persona que fue capturada el día 20 de marzo de 2008, hacia las 05:57 minutos en la carrera 22 con calle 67 en vía pública, como presunto autor de la conducta establecida en el artículo 376 del Código de Procedimiento Penal, el delito de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes. Esta persona fue capturada en situación de flagrancia, conforme lo establece el artículo 301, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal y de igual manera los siguientes hechos condujeron a la captura del señor Luis Alveiro Santana Puentes. Con su autorización señor Juez voy a leer el informe presentado por la Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, suscrito por el Subintendente Moreno Gómez Alexander, perteneciente a la PONAL.

“(.. .) Dice en su informe que, siendo las 05:55 horas aproximadamente, se encuentran realizando un patrullaje por la zona de tolerancia del barrio 7 de agosto, que al pasar por la carrera 24 con calle 67 observan a una persona con una bolsa negra en sus manos, el cual vestía camisa de color zapote, chaqueta de color beige y pantalón jean color azul; esta persona al observar a los agentes da media vuelta y comienza a caminar hacia la carrera 22. En el camino observamos cuando esta persona arroja la bolsa negra que lleva en sus manos al lado de un poste de luz, por lo cual se nos hizo extraño esta actitud y procedimos a verificar el contenido de la bolsa negra sin perder de vista al sujeto que la arroja, encontrando dentro la sustancia dejada a disposición. Posteriormente, nos dirigimos donde se encontraba este sujeto para realizarle la respectiva requisa e individualización. Es de anotar que se encontraba con otras personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, tratando de disuadir la presencia, actividad que esta persona no se encontraba realizando, posteriormente, procedimos a leerle los derechos del capturado para posteriormente ser plasmados en forma escrita, luego nos dirigimos a la Estación Doce de Policía para verificar la cantidad de la sustancia encontrada, la cual fueron (sic) de 875 papeletas de una sustancia pulverulenta de color blancuzco, al parecer bazuco. Estos son los hechos que narra la Policía que dio captura a Luis Alveiro Santana Puentes, ratificada posteriormente en entrevista a la Policía Nacional. Efectivamente señor Juez, una vez la Fiscalía asume la investigación sobre las 09:00 horas se imparten las órdenes a la Policía Judicial dentro de las cuales se ordena verificar la clase de sustancia que se le había incautado a esa persona, igualmente su peso bruto y su peso neto, de igual manera establecer antecedentes y plena identidad del indiciado. En un informe suscrito por el señor Germán Hernández, químico de Policía Judicial del CTI, indica que al realizarle las pruebas preliminares de PIPH a la sustancia incautada al señor Luis Alveiro Santana esta dio positivo para alcaloide de cocaína con un peso bruto de 514.5 gramos, un peso neto de 175 gramos (...)”22.

En desarrollo de esta audiencia, el juez verificó los requisitos legales para impartir legalidad al procedimiento de captura y emitió decisión en tal sentido.

En cuanto a la formulación de imputación, la Fiscalía reiteró la situación fáctica referida en el informe de policía, así como en la prueba preliminar a la sustancia incautada y, como consecuencia de ello, imputó al señor Luis Alveiro Santana Puentes la comisión del delito contemplado en el artículo 376 del Código Penal23 —tráfico, fabricación o porte de estupefacientes—. Cabe mencionar que el sindicado no aceptó los cargos.

A continuación, el representante del ente acusador solicitó al Juez de Control de Garantías la imposición de medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, para lo cual expuso los respectivos argumentos, que fueron acogidos por la autoridad judicial y, por ende, se dispuso la reclusión en establecimiento carcelario24 .

En criterio del Juez de Control de Garantías, el informe presentado por el Subintendente de la Policía y la prueba preliminar practicada a la sustancia supuestamente encontrada al sindicado permitían inferir su participación en la comisión del delito imputado, razón por la cual se cumplían las condiciones para imponer la medida de aseguramiento, en atención a la gravedad y a la modalidad de la conducta.

En la siguiente etapa del proceso penal, se destaca que la Fiscal 250 Seccional presentó escrito de acusación el 18 de abril de 2008 contra el señor Luis Alveiro Santana Puentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes25.

Del mencionado documento se destaca que el recuento fáctico y la adecuación típica guardaron identidad con lo expuesto en la audiencia de formulación de imputación; en cuanto a los elementos materiales probatorios que se pretendían aducir en juicio, se encontraban, entre otros, el informe de captura en flagrancia, cuyos testigos de acreditación serían los dos agentes de policía que participaron en la aprehensión del acusado, es decir, Alexander Moreno Gómez y Ferney Moreno Unidio. De igual manera, se anunciaron como pruebas los informes técnicos y registros fotográficos realizados a la sustancia supuestamente incautada al acusado.

La audiencia de acusación se llevó a cabo el 11 de junio de 2008, en la forma señalada en el acta que obra a folio 48 del cuaderno de pruebas y cuyo contenido obra en forma completa en el correspondiente CD.

Agotada esta etapa procesal y la audiencia preparatoria, se fijó como fecha para la realización del juicio oral el 13 de noviembre de 2008, diligencia en la cual la Fiscalía retiró la acusación y solicitó precluir la investigación por presentarse una prueba sobreviniente que impedía plantear su teoría del caso, en la medida en que desvirtuaba el contenido del informe policial que sirvió de sustento a toda la investigación.

En efecto, el señor Ferney Moreno Unidio, agente de policía que participó en la captura del acusado y que sería llamado como testigo de acreditación del mencionado informe, manifestó que el contenido del citado documento no correspondía a la realidad y que las afirmaciones que en el mismo se plasmaron obedecieron a las órdenes del subintendente Alexander Moreno Gómez.

A continuación se transcribe la intervención del Fiscal en la audiencia de juicio oral, incluyendo los errores que pueda contener:

“(...) de acuerdo con lo normado en el artículo 250 de la Constitución Nacional y el artículo 29 y toda vez que la titularidad de la acción penal está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, quisiera mediante esta intervención solicitarle el retiro de la acusación en contra del señor Luis Alveiro Santana, esto atendiendo lo establecido en la sentencia 591 de 2005 en cuanto a las garantías del acceso a la justicia y toda vez que, luego de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, pienso que en este momento se han estado, por lo menos, vulnerando algunas garantías, es decir, luego de una prueba sobreviniente de entrevista realizada el día 10 de noviembre de 2008 al señor Héctor Ferney Moreno, policía que participó en la captura del señor Luis Alveiro Santana, quien nos manifestó hechos que ofrecen grandes dudas acerca de lo ocurrido el día 20 de marzo de 2008 y, por consiguiente, es mi deber como ente acusador solicitar el retiro de la acusación y además proteger la presunción de inocencia (.. .) (destaca la Sala).

“(.. .) Así las cosas y comoquiera que pienso que esta nueva prueba sobreviniente al proceso el día de antier, le da serias dudas y crea una incertidumbre frente a la acusación, es mi deseo retirar la acusación, además quisiera inmediatamente solicitar que se proceda a evacuar lo normado en el artículo 331 y siguientes acerca de la solicitud de preclusión de la investigación, de acuerdo con el artículo 332, numeral primero, toda vez que pienso que lo más importante en este momento es proteger los derechos del aquí encartado, quien se encuentra bajo medida de aseguramiento y está en este momento en detención intramural, entonces su señoría pongo a su consideración esta manifestación.

La Juez de Conocimiento requirió al representante del ente acusador para que sustentara su solicitud, ante lo cual expresó lo siguiente:

“(.. .) El artículo 332, numeral primero, habla sobre la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, en esta oportunidad la Fiscalía ve la imposibilidad de continuar con la investigación, toda vez que se allega una prueba de una entrevista del señor Héctor Ferney Moreno, en donde este señor participó en la captura del señor Luis Alveiro Santana y en esta entrevista, que es la primera vez que ha sido citado, quiero dejar claro eso a la Fiscalía, él inmediatamente manifestó que no estaba de acuerdo con lo plasmado en el informe de la policía de vigilancia en el caso de captura el día 20 de marzo de 2008, suscrita por el subteniente Moreno Gómez Alexander, incluso me manifestó personalmente que él había sido quien había escrito este informe por orden del subteniente pero que él no había estado de acuerdo con nada de lo consignado en él; es más, hizo un relato que me permito a ustedes manifestar, dice así:

'(...) siendo aproximadamente las 05:50, yo y el señor subteniente Moreno Gómez Alexander nos encontrábamos realizando un patrullaje por el sector de Ja zona de tolerancia. Nos detuvimos en la carrera 22 con calle 67 para tomarnos un tinto, en ese momento se nos acercó un señor de un vehículo taxi color amarillo, no recuerdo las placas, quien me manifestó que nos tenía una información pero que nos desplazáramos unos metros más adelante; procedimos a seguir el taxi y aproximadamente en la carrera 22 con 66 A el taxi se orilló al costado derecho y yo acerqué la camioneta y la parqueé al lado del taxi, entonces el señor del taxi nos informó que había una bolsa negra sobre la calle 67 entre carreras 23 y 24 junto a un poste y cerca de Ja bolsa negra se encontraban tres personas custodiando Ja bolsa, al parecer . Nos indicó el señor del taxi que lo siguiéramos y que exactamente donde se encontraba la bolsa él iba a colocar luces de parqueo para indicarnos el sitio exacto y para que el taxista no desplegara sospechas en el sector. Efectivamente se hizo lo que el taxista indicó, por lo cual en la calle 67, entre carreras 24 y 23 ubicamos una bolsa de color negro, cerca de un poste, a lo cual al verificar el contenido observamos bolsas más pequeñas de color negro y en su interior se encontraban unas papeletas de color azul con un logotipo de un águila, que por su olor característico es llamado, al parecer, bazuco; posteriormente, subimos la bolsa a la patrulla y nos dirigimos hacia la carrera 22 con calle 67, tomé la carrera 22 aproximadamente unos 30 metros hacia el norte y descendimos del vehículo para practicar una requisa a unos sujetos que se encontraban en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas,· a quienes no se les encontró nada. En el momento en que se encontraba realizando la requisa, mi teniente Moreno Gómez me ordenó que abriera la puerta trasera del vehículo para subir a una persona, por lo cual procedí a abrir la puerta y subir a esta persona, pero esta persona no era las que yo estaba requisando, no sé de dónde apareció; posteriormente nos dirigimos hacia la estación de policía de Barrios Unidos y en medio del trayecto mi teniente reportó a la central de radio la captura de esta persona por estupefacientes.

'(...) preguntado : concretamente, indique como se llama la persona que se subió a la patrulla. Contestó: Luis Alveiro Santana Puentes, quien no se encontraba entre las personas que yo requisé y no sé de dónde apareció. (...) preguntado: se le pone de presente el informe fechado 20 de marzo de 2008, suscrito por el Subteniente Moreno Gómez Alexander, qué tiene que manifestar al respecto. Contestó: que en el informe se relatan muchos hechos que yo no observé. Preguntado: concretamente indique que hechos no observó. Contestó: no observé que alguna persona haya arrojado una bolsa negra al lado de un poste cuando haya observado nuestra presencia, no observé persona alguna a la cual estuvimos siguiendo sin perder de vista”. (negrillas de la Sala).

Luego de citar las afirmaciones efectuadas por el agente de policía Ferney Moreno, el Fiscal leyó nuevamente el informe de captura en flagrancia del señor Luis Alveiro Santana Puentes, con el fin de contrastar ambas versiones y concluir que se evidenciaban serias dudas frente a la veracidad del documento suscrito por el subteniente Moreno Gómez, lo cual tuvo una incidencia directa en la actuación.

De esta manera, el representante del ente acusador culminó su intervención:

“(.. .) Asílascosasycomoquieraqueestapruebasehaallegado únicamente a última horay antesdel juicio,no es el deseo de la Fiscalía de ninguna manera desgatar a la justicia en un proceso tan largo y dispendioso sino que, infortunadamente antes no se habíaobtenidoesta prueba.porlocuallesolicitorespetuosamenteaesta presidenciano continuarconelejerciciodeestaacciónpenal,portantoqueexisteunelementoprobatorionuevoquedesvirtúacompletamentetodala investigación; así las cosas comoquiera que la Fiscalía encuentra que hay un serio acontecimiento aquí que vulnera por supuesto todos los derechos y garantías procesales, la Fiscalía ha iniciado una compulsa de copias para la investigación de estas conductas y para que se establezca si, en efecto, es el subteniente quien está cometiendo el error de haber consignado en un acta algo que no es verdadero o es el agente Héctor Ferney Moreno, quien de manera explícita está manifestando que efectivamente no sucedieron los hechos así como se plasmó en el informe de policía de vigilancia en casos de captura del día 20 de marzo de 2008. Igualmente su señoría, como una solicitud accesoria quisiera que, comoquiera que el señor Luis Alveiro Santana se encuentra en este momento bajo una medida de aseguramiento de detención preventiva, se levante esa medida de inmediato (...)”.

Escuchada la solicitud de la Fiscalía, el Juzgado de Conocimiento realizó un recuento de la situación fáctica que dio lugar a la actuación penal y destacó el contenido del informe policial que sirvió de sustento a la misma, para concluir que la prueba allegada con antelación a la audiencia de juicio oral y que medió para que el Fiscal retirara la acusación resultaba suficiente para precluir la investigación y ordenar la libertad del procesado.

Así, la funcionaria judicial de conocimiento expresó lo siguiente (se incluyen los posibles errores):

“(.. .) Advierte el Despacho que, en efecto, el señor Fiscal nos aporta la entrevista realizada al agente Héctor Moreno, quien dentro de su declaración indica que muchos de los hechos consignados, de acuerdo como lo indicó el señor Fiscal no corresponden a la realidad, tan es así que en uno de sus apartes nos indica que al preguntársele si en el momento en que incautaron la bolsa se encontraba alguien que haya sido capturado contestó que a nadie se había capturado. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la Fiscalía es la entidad que tiene la posibilidad de adelantar la investigación y que, por supuesto, ante un informe de policía, al cual se le debe presumir su credibilidad acudió a desarrollar al investigaciónque hoynosocupa,llevándolainclusohastalaetapadejuicio,a lo que estábamos convocados en la fecha, pero ante una pruebanueva o una manifestación que se realiza, precisamente,tenemos aquí manifestación 11 de noviembre del año 2008, suscrita por el señorHéctor Moreno,la cual,deacuerdoconlomanifestadoporelseñor Fiscal, desvirtúa la posibilidad de irse a juicio y teniendo en cuenta que esta declaración por ser de una de las personas que efectivamente participó en el operativo y quien sería escuchado en juicio, entraría a contrariar lo que se señaló en el informe de policía. llevando a que, efectivamente, la Fiscalía tenga dudas en relación con la responsabilidad del aquí involucrado, lo cual, como ha manifestado lo lleva a que solicite la preclusión de la investigación (...) (se destaca).

“(.. .) de los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas, así como de la entrevista surtida por el señor Héctor Ferney Moreno, recepcionada (sic) el 11 de noviembre de la presente anualidad, se observa por parte del Despacho que esclaro y evidente que el encausado no estuvo en el lugar de los hechos o al menos no tuvo conocimiento ni contacto algunocon la bolsa negra que contenía la sustancia estupefaciente prohibida por la Ley. Entonces, teniéndose en cuenta que el aquí involucrado no estaba en el momento de los hechos, de acuerdo con la entrevista que nos aportó el señor Fiscal (...) son argumentos suficientes paraentender que la Fiscalíanopuedemantenersegúnlomanifestadola acusación v en consecuenciallevaracabolaaudienciadejuicio que hoy teníamos programada. En consecuencia, el Juzgado observa y considera que no se aportó ni legal ni seriamente un procedimiento adecuado al dar inicio a la presente investigación, esto con el antecedente antes presentado por la Fiscalía, lo que lleva a que no tenga una teoría del caso que pueda sustentar en el juicio con sus testigos y con las pruebas que se le decretaron, lo que llevaría a un desgaste de la administración de justicia, con resultados negativos para la Fiscalía. (negrillas y subrayas de la Sala).

“(.. .) luego del análisis efectuado a los elementos probatorios presentados en esta audiencia, necesario es concluir que nos encontramos ante la situación jurídica planteada por la Fiscalía y coadyuvada por la defensa y, como corolario en esta oportunidad, resulta procedente precluir la investigación a favor del señor Luis Alberto Santana Fonseca (sic)26 por los cargos que le hiciera la delegada de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes, por lo que ,en firme esta decisión, se ordenará cesar, con los efectos de cosa juzgada, esta persecución penal en contra del imputado por los hechos antes referenciados e igualmente se revocarán todas la medidas cautelares que se hayan impuesto en su contra. Del mismo modo, es preciso advertir que comoquiera que el procesado se encuentra detenido en la Cárcel Nacional Modelo de esta ciudad, en aras del restablecimiento de sus derechos y de acuerdo con Jo establecido en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, se ordena en este momento la libertad inmediata del aquí encausado”.

Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que el ahora demandante no se encontraba en la obligación de soportar la medida de aseguramiento de detención preventiva, dado que la actuación penal concluyó porque no se logró establecer la participación del investigado en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por el cual se siguió la actuación penal en su contra, por las razones expuestas tanto por el Fiscal como por el Juez de la causa, habida cuenta de que se advirtió la irregularidad del informe policial que dio origen a la misma.

Ahora, en cuanto al período de privación de la libertad del señor Luis Alveiro Santana Puentes, se encuentra acreditado que fue capturado el 20 de marzo de 2008 y recobró su libertad como consecuencia de la decisión proferida por el Juzgado 34 Penal del Circuito de Conocimiento el 13 de noviembre del mismo año, para un total de siete (7) meses y veinticuatro (24) días.

6.3. Análisis de responsabilidad en el caso concreto.

6.3.1. Fiscalía General de la Nación.

En punto de la responsabilidad de esta entidad que integra el extremo pasivo en la presente controversia conviene reiterar que, tal como lo ha puntualizado esta Subsección27, con la expedición de la Ley 906 de 2004, el legislador al estatuir en nuestro ordenamiento jurídico el Sistema Penal Acusatorio distinguió de manera clara y precisa en cabeza de qué entidad recaen las funciones de investigar y acusar —Fiscalía General de la Nación— y sobre cual radica la función de juzgar —Rama Judicial—.

En ese sentido, la Sala en pronunciamiento reciente ha considerado:

“Así las cosas, a la luz de las disposiciones consagradas en la normativa procesal penal vigente, la facultad jurisdiccional se encuentra radicada única y exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, los únicos que pueden tomar la decisión de privar a una persona de su libertad son los jueces , ya sean de conocimiento o en función de control de garantías, tal y como en efecto sucedió” 28.

En este orden de ideas, como en el asunto bajo estudio el proceso penal se adelantó bajo los lineamientos de la Ley 906 de 2004, es válido concluir que la función jurisdiccional, en virtud de la cual se privó de la libertad al ahora demandante emanó de un Juez de la República, razón por la cual el daño antijurídico no resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación.

6.3.2. Rama Judicial.

Teniendo en cuenta que en el caso sub judice resulta aplicable un régimen objetivo de responsabilidad en relación con la privación injusta de la libertad que afrontó el señor Luis Alveiro Santana Puentes, sería del caso concluir que el daño antijurídico irrogado a los demandantes le resulta imputable a esta entidad, en la medida en que el proceso penal concluyó con preclusión de la investigación, según se ha señalado; sin embargo , las situaciones particulares acaecidas en este caso dan cuenta de una circunstancia eximente de responsabilidad, consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero, en este caso, la Policía Nacional, institución que también fue demandada en el presente asunto.

El estudio del proceso penal seguido en contra del aquí demandante dio cuenta de una situación irregular que sustentó la investigación y las decisiones relacionadas con la legalización de su captura, la formulación de cargos y, fundamentalmente, la imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de su libertad, la cual se materializó en la presentación de un informe cuya veracidad fue cuestionada, según se ha explicado en las consideraciones que anteceden.

En efecto, el agente de policía Ferney Moreno, en entrevista ante la Fiscalía, manifestó - dos días antes de la realización de la audiencia de juicio oral- que las afirmaciones contenidas en el informe de captura en flagrancia que suscribió el subteniente Alexander Moreno Gómez no correspondían a la realidad, entre otras razones, porque no se presentó la persecución aludida en ese documento y porque el señor Santana Puentes no se encontraba en el lugar en el que hallaron las sustancias estupefacientes .

Nótese que la manifestación en comento provino justamente del agente que presenció la captura del señor Luis Alveiro Santana Puentes y en ella señaló que los hechos no ocurrieron en la forma plasmada en el informe que originó la actuación penal.

La entrevista rendida por el mencionado agente de policía generó dudas en la Fiscalía acerca de la participación del procesado en el delito imputado, lo cual devino en el retiro de la acusación y la solicitud de preclusión de la investigación, que fue aceptada por el Juzgado de Conocimiento, habida cuenta de que el informe suscrito por el Subteniente Moreno Gómez resultaba determinante para establecer la responsabilidad del acusado y, precisamente, uno de los testigos de acreditación de dicho documento era la persona que, se reitera, dos días antes de la audiencia de juicio oral negó la veracidad del mismo.

Es menester indicar que la Sala no desconoce que el informe de captura en flagrancia no se erige como plena prueba de la responsabilidad penal del sindicado y que el mismo debe analizarse en armonía con los demás elementos materiales probatorios, lo que ocurre en este caso es que, además del informe, obraba en la actuación la sustancia alucinógena supuestamente hallada al señor Santana Puentes, así como la valoración química que de la misma se hizo y que arrojaba como resultado la cantidad de 875 papeletas de cocaína.

Lo anterior para significar que la actuación penal adelantada por la Rama Judicial estuvo orientada por un comportamiento irregular de un agente de policía que pretendió involucrar a una persona en la comisión de un delito, motivo por el cual la Fiscalía manifestó que había solicitado una compulsa de copias para que se investigara dicha situación que, evidentemente, generó un desgaste de la administración de justicia, con consecuencias desfavorables para una persona, en cuanto a la limitación de su derecho a la libertad.

En criterio de la Sala, la actuación de los jueces de control de garantías y de conocimiento estuvo ajustada a las circunstancias propias del caso hasta la celebración de la audiencia de juicio oral, toda vez que los elementos materiales probatorios allegados involucraban al sindicado, dado que la Fiscalía presentó el informe policial de captura en flagrancia, una cantidad considerable de estupefacientes con los respectivos análisis químicos y registros fotográficos, aunado a que en el escrito de acusación se anunciaban las personas que se presentarían al juicio como testigos de acreditación, entre las cuales se encontraba el agente que manifestó a la Fiscalía la falsedad de las afirmaciones plasmadas en el aludido informe.

La Sala expresa lo anterior cori el fin de concluir que el agente de policía que elaboró el informe indujo en error tanto a la Fiscalía como a la Rama Judicial, al consignar información falsa frente a la comisión de un delito por parte de una persona, que según indicó un integrante de aquella institución, no se encontraba en el lugar de los hechos y no era el portador del estupefaciente entregado como prueba en la actuación penal.

De lo anterior se colige que, en este caso, se configuró una causa extraña respecto de la Rama Judicial, como lo es el hecho de un tercero29, en este caso, de la Policía Nacional, circunstancia que se constituye como como causal eximente de responsabilidad, lo cual deviene en que el daño antijurídico no le sea imputable y la releva de indemnizar los perjuicios causados al extremo demandante.

6.3.3. Policía Nacional.

Se acaba de explicar que la actuación irregular de un agente de la Policía Nacional tuvo incidencia directa en la actuación penal seguida en contra del aquí demandante y en la privación de su libertad, lo cual se tradujo en la exoneración de la Rama Judicial por el hecho de un tercero, que en este caso también fue demandado, de ahí que resulte plausible analizar la conducta de la institución policial, a título de falla en el servicio.

En criterio de la Sala, resulta válido afirmar que la conducta irregular del policía que elaboró un informe a partir de hechos que no correspondían a la verdad, que detuvo a una persona que no fue capturada en flagrancia y ni siquiera estaba en el lugar en el que se encontró la sustancia estupefaciente, reúne los elementos necesarios para entender configurado el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad de la Rama Judicial, los cuales son: i) la imprevisibilidad, ii) la irresistibilidad y iii) la exterioridad respecto de la autoridad judicial al momento de imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al sindicado .

Las circunstancias advertidas en la actuación penal, permiten concluir que para el Juez de Control de Garantías resultaba imprevisible el hecho de que el informe policial de captura en flagrancia no correspondiera a la realidad, máxime cuando la Fiscalía presentó en la audiencia de legalización de captura 875 papeletas de cocaína con el correspondiente estudio químico al estupefaciente entregado por la Policía, autoridad que afirmó que el capturado portaba dicha sustancia en una bolsa negra.

La revisión de la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento permite a la Sala verificar que el Juez Cuarto Penal con función de Control de Garantías valoró la situación acaecida y concluyó que para ese momento no contaba con elementos de juicio para pensar que el agente de policía tuviese alguna intención oculta de incriminar al imputado y, por ende, valoró en su conjunto las evidencias físicas puestas de presente por la Fiscalía y precisó al sindicado que en ese escenario procesal no se estaba estudiando su responsabilidad penal y que el recaudo probatorio, así como la decisión final, sería del resorte del juez de conocimiento .

Es así que, para el Juez de Control de Garantías resultó imprevisible la eventual falsedad contenida en el citado informe, dado que solamente se tuvo conocimiento de tal situación, dos días antes de la realización del juicio oral, según se indicó en precedencia.

En cuanto a la irresistibilidad de los actos desplegados por el agente de policía, la Sala considera que los funcionarios judiciales desconocieron los pormenores del proceso de captura y estaban orientados por las evidencias físicas y elementos materiales probatorios que comprometían al sindicado, situación que solamente logró esclarecerse a partir de la manifestación de uno de los agentes de policía que participó en la captura y desvirtuó la situación de flagrancia que originó todo el proceso penal; ello, con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento y solamente antes de adelantar el juicio oral.

Finalmente, en punto de la exterioridad de la conducta, se advierte que la elaboración del informe de captura y la entrega de la sustancia alucinógena como prueba de la comisión del delito no guarda relación con las funciones o competencias de los jueces penales que conocieron la actuación, de ahí que se trate de hechos ajenos a la autoridad judicial.

Las situaciones puestas de presente no solamente acreditan el hecho exclusivo y determinante de un tercero como eximente de responsabilidad de la Rama Judicial, sino que sustentan la falla en el servicio respecto de la Policía Nacional, dado que fue la actuación de uno de sus agentes la causa determinante del proceso penal seguido contra el ahora demandante y de la privación de su libertad, como consecuencia de un falso señalamiento que se le hizo y que, posteriormente, fue desmentido por un integrante de la misma institución policial.

Es de advertir que una de las funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional, a través de sus integrantes, consiste en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y garantías fundamentales, deberes que, claramente, fueron desconocidos por la institución al haber dado lugar a la privación de la libertad de una persona que no se encontraba en las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas en un informe de captura en flagrancia que influyó en la afectación de este derecho fundamental, con consecuencias desfavorables no solamente para la víctima sino para las autoridades judiciales que adelantaron un proceso que concluyó con preclusión de la investigación, en atención a las manifestaciones de un agente de policía que consecuencias desfavorables no solamente para la víctima sino para las autoridades judiciales que adelantaron un proceso que concluyó con preclusión de la investigación, en atención a las manifestaciones de un agente de policía que informó la falta de veracidad de los hechos plasmados en el documento que dio origen a la persecución penal.

Dicho de otra manera, la falla en el servicio en que incurrió la Policía Nacional fue la causa determinante del daño antijurídico causado a los demandantes por la privación de la libertad que afrontó el señor Luis Alveiro Santana Puentes, razón por la cual se declarará su responsabilidad patrimonial y se condenará a pagar los perjuicios a ellos irrogados.

Como consecuencia de todo lo anterior, y como la sentencia de primera instancia será revocada, la Sala procede a efectuar el análisis correspondiente a la indemnización de perjuicios.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios materiales.

7.1.1. Daño emergente.

Se solicitó en la demanda, por concepto de daño emergente la suma de $30'000.000, en razón de la erogación en que incurrió el señor Luis Alveiro Santana Puentes para el pago de los honorarios profesionales a la abogada que ejerció su defensa ante el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá.

La Sala accederá a esta pretensión, dado que a folio 16 del cuaderno de pruebas obra constancia suscrita por la abogada que representó al señor Luis Alveiro Santana Puentes en la audiencia de juicio oral llevada a cabo ante el Juzgado 34 Penal del Circuito de Conocimiento, en la cual refiere como pago por concepto de honorarios la suma de $30'000.000, manifestación que ratificó en diligencia de testimonio el 27 de febrero de 201230, sin que hubiere sido objetada por las partes.

Por lo anterior, la Sala actualizará la mencionada suma y aplicará la fórmula jurisprudencialmente aceptada para el efecto.

$30'000 .000índice final

Índice inicial

$30'000 .000 137,8731= $40'550.000.

102,0032

Como consecuencia, se reconocerá a favor del señor Luis Alveiro Santana Puentes la suma de cuarenta millones quinientos cincuenta mil pesos ($40'550.000), por concepto de daño material, en la modalidad de daño emergente.

7.1.2. Lucro cesante.

Se solicitó en la demanda por concepto de daño material, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $16'380.000, por el salario que el señor Luis Alveiro Santana Puentes dejó de percibir durante siete meses y veinticuatro días, así como los correspondientes intereses e indexación, para lo cual se afirmó que el demandante devengaba la suma de $70.000 diarios.

A folio 17 del cuaderno de pruebas, obra certificación suscrita por el representante legal del establecimiento comercial Bar Discoteca Las Divas de Javier”, documento que refiere que el señor Luis Alveiro Santana Puentes trabajó como mesero desde el 2 de junio de 2007 hasta el 19 de marzo de 2008 y devengaba diariamente la suma de $70.000.

La Sala dará valor probatorio a la mencionada certificación porque no fue tachada por las entidades demandadas y, además, la persona que la suscribió rindió declaración el 27 de febrero de 2012 en la cual expresó que le pagaba al demandante la mencionada suma al finalizar cada turno y que prestó sus servicios hasta el día en que fue capturado33.

Siendo esto así y toda vez que se encuentra acreditado que el demandante estuvo privado de la libertad desdeel20demarzode2008hastael13 de noviembre del mismo año, la suma a reconocer corresponderá a los ingresos dejados de percibir durante este período.

Determinado como está el período para liquidar este perjuicio, es viable sostener que el demandante devengaba mensualmente la suma de $2'100.000, en razón de $70.000 pesos diarios, según se encuentra acreditado; ello significa que por el término de 7 meses y 24 días (234 días) el valor devengado por el aquí demandante ascendería a $16'380.000, tal como se indicó en la demanda.

Precisado lo anterior, es necesario actualizar la suma reconocida, a través de la formula prevista para el efecto, así:

Síndice final

índice inicial

Donde S es la suma a actualizar.

Luego

$16'380.000 137.8734

96.0335

S= $23'516 .719. Esto es, veintitrés millones quinientos dieciséis mil setecientos diecinueve pesos.

Así. el valor areconoceral señorLuis AlveiroSantana Puentes.por conceptode lucrocesanteconsolidado.correspondealasumadeveintitrésmillones quinientos dieciséis mil setecientos diecinueve pesos ($23'516.719).

Cabe señalar que no se reconocerá suma alguna por el período posterior a la libertad del demandante, toda vez que en la demanda no se refirió la imposibilidad o dificultad para conseguir empleo como consecuencia de la privación de la libertad.

Tampoco se reconocerá suma alguna por concepto de intereses moratorias e indexación de la suma correspondiente a $46'380.000, a partir del 14 de noviembre de 2008 hasta la fecha de la sentencia, toda vez que no se explicó en qué consistía ese perjuicio ni la causa del mismo.

En todo caso, se precisa que la suma reconocida por los salarios dejados de percibir durante el tiempo de privación de la libertad fue debidamente actualizada y que los eventuales intereses moratorias que se causen en desarrollo del cumplimiento de la condena que se impondrá, deberán ajustarse a las previsiones que sobre el particular están contenidas en el artículo 177 del CCA.

7.2. Perjuicios morales.

Se solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

Al respecto, es necesario precisar que esta corporación ha establecido como tope indemnizatorio, para casos como el que nos ocupa, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el dolor alcanza su mayor grado de intensidad, sin perjuicio de que, en casos en que se acrediten circunstancias excepcionales, dicho valor pueda ser incrementado, atendiendo a las características especiales del perjuicio.

Adicionalmente, es menester indicar que, en este tipo de controversias, las condenas a imponer, por esta modalidad de perjuicio inmaterial, deben tener en cuenta el derrotero fijado por la Sección Tercera de esta corporación, en atención al tiempo en que se prolongó la privación de la libertad del demandante36.

Para el anterior efecto, se pone de presente que el señor Luis Alveiro Santana Puentes estuvo privado de la libertad durante 7 meses y 24 días37, tal como se expuso en las consideraciones que anteceden.

Como consecuencia de lo anterior, el monto a reconocer a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, será el siguiente:

Para Luis Alveiro Santana Puentes (víctima directa), Kevin David Santana Ortiz (hijo), Abel Santana y Zeneida Puentes (padres) la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

Para los señores Fabián Santana Puentes, María Ofir Santana Puentes, José Edwin Santana Puentes, Edith Santana Puentes y Ana Farid Santana Puentes (hermanos de la víctima), la suma equivalente a 35 salarios mínimos legales vigentes para cada uno.

Respecto de la señora Milena Ortiz Quesada, la Sala encuentra que las declaraciones rendidas por los señores Solangela Murillo de Molano, Francisco Javier Carmona, Jennifer Guerrero Hernández y Crisanto Guerrero Ruiz coinciden en referirse a ella como la esposa del actor y dan cuenta de una relación de convivencia; estas declaraciones , aunadas al hecho de que el señor Luis Alveiro Santana Puentes y la Señora Ortiz Quesada son los padres de Kevin David Santana Ortiz, permiten tener a la demandante como compañera permanente del afectado directo, con las consecuencias que de ello se desprenden.

Por lo anterior, se reconocerá a la señora Milena Ortiz Quesada la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso del demandante Johan Stic Astaiza Ortiz, se observa que acudió al proceso en calidad de hijo de la víctima directa, la cual no acreditó, toda vez que su registro civil de nacimiento refiere que si bien es hijo de la señora Milena Ortiz Quesada —compañera permanente de Luis Alveiro Santana—, lo concreto es que su padre es otra persona y en el expediente no obran medios de prueba que acrediten una eventual relación de crianza y los perjuicios que de ello se pudieron desprender con la privación de la libertad que afrontó, pues los testimonios rendidos en la actuación no dan cuenta de tal circunstancia, razón por la .cual no se efectuará reconocimiento económico alguno respecto de este demandante.

Respecto de los cuñados de la víctima, es decir, los señores John Arquímedes García Saldarriaga y María Constanza Ortiz Quesada, la Sala advierte que si bien podría entenderse acreditado su parentesco en el segundo grado de afinidad, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha determinado que en estos eventos se requiere demostrar, además, la relación afectiva38 y, por ende, la afectación emocional que se presentó con ocasión del daño antijurídico y como en este evento los testimonios obrantes en la actuación no refieren esa situación, no resulta viable efectuar reconocimiento alguno por concepto de perjuicio moral para los mencionados demandantes.

Es de anotar que si bien los testigos afirmaron que los cuñados del señor Santana Puentes brindaron cierto tipo de ayuda a su familia con ocasión de la reclusión que debió afrontar, esta circunstancia por sí sola no da cuenta de una afectación de orden emocional con la virtualidad de causar perjuicios morales que deban ser indemnizados.

7.3. Daño a la vida de relación.

Los demandantes solicitaron por concepto de indemnización de lo que se denominó “daños a la vida de relación” la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

La Sala considera que el daño a la vida de relación, independientemente de la modificación conceptual que ha presentado el término y que no resulta pertinente explicar en extenso, no se encuentra acreditado en el presente caso, toda vez que la prueba testimonial obrante en el proceso únicamente da cuenta de una afectación emocional, que se tradujo en un daño de orden moral, perjuicio frente al cual se acaba de emitir el respectivo pronunciamiento y reconocimiento económico.

En efecto, las declaraciones rendidas en el proceso señalaron algunas afectaciones emocionales, reflejadas en la tristeza, angustia y preocupación de los demandantes, como consecuencia de la privación de la libertad del señor Luis Alveiro Santana Puentes.

La situación referida por los testigos en el caso bajo estudio, únicamente, permite considerar la materialización de un perjuicio moral, comoquiera que no se demostró que la afectación emocional tuviera la virtualidad de deteriorar su relación con el exterior, ni tampoco se acreditó una afectación a bienes constitucionalmente protegidos, que diera lugar al reconocimiento de medidas no pecuniarias como consecuencia de este tipo de transgresión.

En este orden de ideas, en tanto ya se reconoció la suma correspondiente a la reparación por perjuicio moral como consecuencia de la privación injusta de la libertad del aquí actor, no hay lugar al reconocimiento económico pretendido, de ahí que no resulte procedente acceder a la pretensión formulada por esta tipología de perjuicio.

7.4. Arancel judicial.

Finalmente, los demandantes solicitaron que se condene a las entidades demandadas a pagar el 2% del valor del arancel judicial previsto en el artículo 7º de la Ley 1394 de 2010.

La Sala negará la pretensión formulada, dado que la Ley 1394 de 201039 no resulta aplicable al presente asunto, toda vez que, el proceso de la referencia no se encuentra dentro los hechos generadores definidos por el artículo 3º ibídem, por el contrario, corresponde a los excluidos expresamente por el artículo 4º de la norma en mención, que dispone que “no podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter (...) declarativo, ni en los conflictos de la seguridad social, así como tampoco procederá en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales” (Se resalta).

Adicionalmente, no sobra mencionar que la Ley 1394 de 2010 fue derogada por la Ley 1653 de 2013, norma que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-169 de 2014.

La anterior precisión, con el objeto de señalar que la fuente legal invocada por el extremo activo para elevar esta pretensión actualmente carece de soporte jurídico, pues desapareció del ordenamiento jurídico.

8. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 31 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR que la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la restricción de la libertad que soportó el señor Luis Alveiro Santana Puentes.

2. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, así:

Para Luis Alveiro Santana Puentes, Kevin David Santana Ortiz, Abel Santana, Zeneida Puentes y Milena Ortiz Quesada la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

Para los señores Fabián Santana Puentes, María Ofir Santana Puentes, José Edwin Santana Puentes, Edith Santana Puentes y Ana Farid Santana Puentes, la suma equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales vigentes para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional a pagar a favor del Señor Luis Alveiro Santana Puentes, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de cuarenta millones quinientos cincuenta mil pesos ($40'550.000).

4. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional a pagar a favor del Señor Luis Alveiro Santana Puentes, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de veintitrés millones quinientos dieciséis mil setecientos diecinueve pesos ($23'516.719).

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. SIN condena en costas.

9. RECONOCER personería al abogado Marco Antonio Toloza Sandoval como apoderado de la Fiscalía General de la Nación, en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 201 del cuaderno principal.

10. Ejecutoriada la presente providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8 En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido los siguientes fallos: sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 21140, M.P.: Dr. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 22701, M.P.: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 23507, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 23 de febrero de 2012, expediente 18418, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 24008, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez y, más recientemente, sentencias del 23 de noviembre de 2016, expediente 45525, 14 de septiembre de 2016, expediente 43874 y del 24 de octubre de 2016, expediente 43159, entre muchas otras providencias.

9 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

10 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, exp. 13622. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, exp. 37410. C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Folios 71 a 73 del cuaderno de pruebas.

12 Folios 6 a 10 del cuaderno de pruebas.

13 Folio 14 del cuaderno de pruebas.

14 Folio 12 del cuaderno de pruebas.

15 Teniendo en cuenta que la parte actora aportó con la demanda copia auténtica de algunas actuaciones adelantadas en el proceso penal, se dará valor probatorio a los mencionados documentos, en tanto no fueron tachados por la parte demandada, contra la cual se aducen. De igual manera se advierte que se extraen, en lo pertinente, aquellos elementos probatorios que resultan relevantes para resolver la controversia incluida la información contenida en los 6 CDS en los cuales reposan las grabaciones de las audiencias celebradas dentro del proceso penal.

16 Folios 43 y 44 del cuaderno de pruebas.

17 Folios 35 a 38 del cuaderno de pruebas.

18 Folio 48 del cuaderno de pruebas.

19 Folio 42 del cuaderno de pruebas.

20 Los mencionados CDS obran entre los folios 38 y 39 del cuaderno principal, sin que hubieren sido foliados; sin embargo se advierte que fueron aportados con la demanda, tal como lo refiere la relación de pruebas vista a folio 33 del libelo inicial.

21 Folios 75 a 81 del cuaderno de pruebas.

22 Minuto 2:30 a 06:45 del CD No. 1 que contiene la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento.

23 Minuto 1:12:52 a 1:16:50 del CD No. 1.

24 Las consideraciones expuestas por el Juez se encuentran a partir del minuto 28:43 a 49:11 de la segunda parte de la mencionada audiencia, la cual se encuentra en un segundo archivo del CD No.1, dado que se efectuó un receso en dicha diligencia para que el sindicado decidiera si aceptaba o no los cargos.

25 Folios 35 a 38 del cuaderno de pruebas.

26 El nombre del procesado fue corregido posteriormente con ocasión de la solicitud elevada por la Fiscalía en tal sentido.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 16 de abril de 2016, expediente 40.217. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de 14 de julio de 2016, expediente 42.555.

29 Respecto del hecho de un tercero como circunstancia eximente de responsabilidad, tratándose de privación injusta de la libertad, se puede consultar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A proferida el 5 de octubre de 2016, expediente número: 52001-23-31-000-2009-00081-01 (43.127).

30 Folios 75 y 76 del cuaderno de pruebas.

31 IPC correspondiente al mes de junio de 2017, vigente para la fecha de la presente providencia.

32 IPC correspondiente al mes de diciembre de 2009, fecha en que el demandante quedó a paz y salvo por concepto de pago de honorarios.

33 Folio 77 del cuaderno de pruebas.

34 IPC, correspondiente al mes de junio de 2017, vigente para la fecha de la presente providencia.

35 IPC correspondiente al mes de marzo de 2008, fecha en la que cesó la actividad económica del aquí demandante, con ocasión de la privación de la libertad.

36 En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, Expediente 36.149, se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

37 Lo cual significa que superó los 6 meses, pero no excedió los 9, aspecto que se tendrá en cuenta para efectos indemnizatorios.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

39 “Por la cual se regula un arancel judicial”.