Sentencia 2010-00620/46362 de abril 4 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Radicación: 250002326000201000620 01 (46.362).

Actor: E.R.M. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., cuatro de abril de dos mil dieciocho.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(10), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes E.R.M. (víctima), M.R.M.(11) (padre), M.A.M.(12) (madre), L.H.R.M.(13), L.M.R.M.(14), M.G.R.M.(15), B.I.R.M.(16), J.R.R.M.(17) y A.I.R.M.(18) (hermanos), quienes se encuentran legitimados en la causa por activa, con los respectivos registros civiles de nacimiento.

Asimismo, la Sala observa que comparece al proceso la señora L.E.O.P. en calidad de compañera permanente(19), quien se encuentra legitimada en la causa por activa, pues su unión con la víctima directa está probada con las declaraciones extra proceso(20) rendidas por W.P.C.(21), M.P.N.R., D.E.B.C.(22), K.I.O.P.(23) y M.L.P.(24), personas cercanas a la víctima directa y quienes son coincidentes en afirmar que el señor E.R.M. y la señora L.E.O.P. conviven en unión marital de hecho desde hace 14 años.

A su vez, acude al proceso J.A.C. en su calidad de hija de crianza(25), quien en su condición se encuentra legitimada en la causa por activa, pues obran los siguientes medios probatorios que dan cuenta del trato, la fama y el tiempo, elementos que son necesarios para acreditar dicha calidad.

Al respecto, la Sala encuentra que obra la declaración extra proceso rendida el 20 de mayo de 2009 por el señor W.P.C. a través de la cual manifestó que el núcleo familiar —padres, compañera permanente e hija de crianza J.A.C.— del señor E.R.M. dependen económicamente de este.

Igualmente, obran las declaraciones rendidas M.P.N.R. y D.E.B.C.(26) y que la demandante aportó a la relación —unión marital de hecho— con el señor E.R.M., su hija J.A.C.O., con quien convive bajo el mismo techo de manera permanente y quien depende económicamente de los dos.

Afirmación que es ratificada en el plenario, con el registro civil de nacimiento de J.A.C.O.(27) en el que consta que es hija de la señora L.E.O.P.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de la Fiscalía en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(28), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(29). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(30).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(31).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 13 de mayo de 2008(32) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 13 de abril de 2010, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(33).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(34) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(35).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(36).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(37).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(38)(39) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(40).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

1
 

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

6. Caso en concreto.

Solicita el apoderado de la parte demandante, que se revoque la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al considerar que la Fiscalía se apresuró a privar al actor de su libertad en vista de que sólo existía una prueba en su contra y dado que la decisión de restringir la libertad del señor E.R.M. fue equivocada, pues conllevó a la privación de una persona inocente (…) tal y como quedó demostrado en el fallo de la investigación penal.

Así las cosas, se encuentra probado dentro del plenario que en acta 010 del 24 de abril de 2002(41), la junta de evaluación y clasificación para suboficiales del personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional recomendó el retiro por razones del servicio y en forma discrecional del señor E.R.M. de la Policía Nacional.

En consecuencia, en Resolución 01079 del 30 de abril de 2002(42) el director general de la Policía Nacional retiró del servicio activo de la Policía Nacional al señor E.R.M.

Luego, mediante resolución del 17 de marzo de 2006(43) la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Bogotá ordenó la apertura de instrucción, la vinculación mediante diligencia de indagatoria y la captura del señor E.R.M., comoquiera que mediante reconocimiento fotográfico la víctima reconoció plenamente a las personas sindicadas de haber participado en él.

Posteriormente, en informe de inteligencia del 10 de mayo de 2006(44) proferido por el área de producción de inteligencia de la dirección antisecuestro y extorsión se dio a conocer que el señor Y.D. realizó una serie de secuestros en cumplimiento de órdenes provenientes del comandante de las FARC, en complicidad de varios ex policías dentro de los cuales se encontraba el señor E.R.M.

Por otro lado, en resolución del 31 de mayo de 2006(45) el despacho décimo (10º) de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra del señor R.M. como presunto responsable en calidad de coautor del delito de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple agravado, porte ilegal de armas y de insignias, en cuyo documento se identificó al señor R.M. como un ex agente de la SIJIN automotores e indicó que en la diligencia de indagatoria este afirmó haber laborado en la Policía Nacional como funcionario de la SIJIN automotores hasta abril de año 2002.

Asimismo, indicó que la investigación se inició en virtud de los hechos ocurridos el 25 de junio de 2001(46); día en el que miembros presuntos del Frente 53 de las FARC aprehendieron contra su voluntad a los señores R.R. y F.R. con el fin de exigirles a sus familiares una cantidad de dinero por su liberación.

Luego de diferentes comunicaciones y acuerdos con los familiares de las víctimas del presunto punible, el 3 de enero de 2002 el señor R. es liberado en canje por sus dos hijos A.R. y J.R. para que posteriormente estos fueran liberados a cambio de la suma de dos mil millones de pesos.

Por otra parte, esta providencia analizó las pruebas valoradas dentro del proceso penal, y encontró —entre otras—: la denuncia interpuesta por el señor R.R.; varios informes de la Fiscalía mediante los cuales esta entidad indicó que el secuestro fue ejecutado con ayuda de miembros de la Policía Nacional —quienes se identificaron como miembros del grupo de automotores de la SIJIN— en cumplimiento de órdenes proferidas por el Frente 53 de las FARC; y la diligencia de reconocimiento fotográfico por medio de la cual el señor R. reconoce al señor E.R.M. como perteneciente a dicho grupo de automotores, entre otros individuos.

De esta manera, la Fiscalía observó que la información proveniente de la víctima directa del tipo penal, y el reconocimiento fotográfico que este realizó, resultaron siendo determinantes y concluyentes para inferir la participación activa del señor R. en los hechos ocurridos el 29 de junio de 2001.

Es así también valoró como prueba certera la información transmitida por el señor R. considerando que este estuvo secuestrado por más de seis meses y en vista de que fue claro al indicar las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló la situación fáctica, afirmando enfáticamente que pudo identificar a sus agresores debido a que estos no tuvieron su rostro cubierto.

Por otro lado, la entidad demandada contó con varios informes de inteligencia por medio de los cuales se dieron “valiosas luces sobre la realidad de los hechos presentados”(47), que llevaron a corroborar que efectivamente el señor R. fue secuestrado, y que además, dentro de los individuos que participación en la comisión de dicho punible, se encontraban varios miembros del grupo de automotores de la SIJIN.

Finalmente, la Fiscalía encontró que la responsabilidad del señor E.R.M. —el hoy accionante— estaba comprometida en vista de que incurrió en comportamientos ilegales, violatorios de la ley penal que daban lugar a la necesaria imposición de una medida de aseguramiento, que cumplían con los requisitos establecidos en la ley.

Consideró, adicional a la necesidad de la restricción, que la medida era fundamental pues se trataba de conductas que implicaban un alto grado de riesgo contra la seguridad pública que podrían dar lugar a generar temor y zozobra en la sociedad.

De modo que, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra del señor E.R.M. como presuntos copartícipes en calidad de coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple agravado, porte ilegal de armas y de insignias.

Sin embargo, se encuentra la Sentencia del 14 de abril de 2008(48) proferida por el juzgado segundo (2º) penal del circuito especializado de Bogotá por medio de la cual se analizaron las diferentes actuaciones efectuadas por la Fiscalía con relación a los elementos probatorios con los que contaba en ese momento y que, a juicio de esta última, se cumplieron los requisitos para imponer una medida restrictiva de libertad en contra del señor E.R.M.

Dicho análisis tuvo como objeto los siguientes elementos probatorios:

1. Reconocimiento fotográfico efectuado por la víctima R.R.L. y la ampliación de su declaración del 19 de julio de 2009: afirmó el tribunal que dentro de estas diligencias, los señalamientos de la víctima no resultaban claros debido a que no precisó las tareas o actividades que desarrolló en el curso de los hechos presuntamente delictivos.

2. Testimonio recepcionado al señor H.H.R. el 4 de septiembre de 2006: conoció el tribunal que este testigo trabajaba en el patio único de automotores de la SIJIN de Fontibón —lugar de trabajo del hoy demandante—, razón que le permitió bajo la gravedad de juramento que E.R.M. se hallaba de turno ese día —refiriéndose al 29 de junio de 2001— desde las 7:00 am hasta las 7:00 am del día posterior.

3. Testimonio del señor H.N.U.M. del día 4 de septiembre de 2006: manifestó el testigo que para la época de los hechos fungía como jefe del patio único en el que laboraba el hoy demandante y que era el entonces responsable de la custodia y la entrega de los vehículos que ingresaban y salían, además de tener a cargo funciones administrativas; señaló que ninguno de los trabajadores solicitó permiso para faltar el día en el que ocurrieron los hechos, por lo que el señor R.M. se encontraba trabajando en el patio en esa fecha.

4. Copias de la minuta en la que se observó que para el 29 de junio de 2001, efectivamente, el señor E.R.M. estaba asignado a la vigilancia del parqueadero: dicho hecho igualmente se acreditó con las copias de recibo y entrega de turno y además, con las entregas de vehículos relacionados en el respectivo registro.

Es así como, una vez examinadas las pruebas el juez observó y declaró acreditado que el señor E.R.M. se encontraba laborando como vigilante en el patio único de automotores de la SIJIN, ubicado en Fontibón, el día 29 de junio de 2001; fecha en la que ocurrieron los hechos objeto de investigación.

Este supuesto que implicó que no se podía tener como “uno de los sujetos que actuó personal y directamente en asocio de otras personas en la comisión de las conductas materia de causa bajo la modalidad de coautoría, pues como se concluye, para el día 29 de junio de 2001, a las 5:00 pm, se encontraba en las instalaciones del patio único de automotores de la SIJN, con sede en Fontibón, habiendo terminado de efectuar la entrega de un vehículo, hasta las 7:30 am del día 30 de julio de 2001 subsiguiente prestando el turno de vigilancia de 24 horas continuas y sin salir del lugar”(49).

Es así como, declaró la cesación de procedimiento, ordenó la libertad inmediata y levantó la medida restrictiva a favor del señor R.M. por los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso con hurto calificado y agravado y peculado por uso, por los que la Fiscalía cuarta (4ª) adscrita a la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro lo llamó a juicio penal mediante proveído acusatorio del 13 de abril de 2007(50) a título de coautor responsable”(51).

Dicha providencia se encuentra debidamente ejecutoriada desde el 13 de mayo de 2008, tal y como consta en el certificado expedido por la secretaría de los juzgados penales del circuito especializados de Bogotá D.C. del 14 de mayo de 2008(52).

Igualmente, se encuentra constancia expedida el 26 de marzo de 2006(53) por el coordinador jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Bogotá “La Picota” que certifica que el señor E.R.M. estuvo recluido en ese centro penitenciario desde el 17 de mayo de 2006 hasta el 14 de abril de 2008.

De manera que, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo, y condenar a la entidad demandada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala determinará si la privación de la libertad de la que fue objeto el señor E.R.M. le es imputable a la entidad demandada, o si por el contrario, existe una causal eximente de responsabilidad.

En ese orden de ideas, de las anteriores probanzas se tienen dos supuestos fácticos, por un lado, que la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva al señor E.R.M., obedeció a la existencia de los siguientes indicios:

1. Diligencia de indagatoria del señor R.R.L. —víctima directa del punible— en la que relata las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que presuntos miembros de las FARC lo mantuvieron retenido en contra de su voluntad desde el día 29 de junio de 2001 y en las que supuso que contaban con ayuda de presuntos Policías dados los términos con los que se referían entre sí, y considerando que la víctima manifestó que los individuos se identificaron como miembros del grupo de automotores de la SIJIN.

2. Reconocimiento fotográfico realizado por este último en el que logró identificar al señor E.R.M. como parte del grupo que lo retuvo en contra de su voluntad y quien manifestó que dicha identificación fue posible dado que “los agresores no cubrían su rostro”.

Por otro lado, que el juzgado segundo (2º) penal del circuito especializado de Bogotá en Sentencia del 14 abril de 2008(54) declaró la cesación del procedimiento, ordenó la libertad inmediata y levantó la medida de aseguramiento a favor del señor E.R.M., en vista de que se logró acreditar que el procesado no pudo haber participado en los hechos ocurridos el 29 de junio de 2001 pues se encontraba de turno de vigilancia en el patio único de automotores de la SIJIN, tal y como se demostró en la investigación penal con los medios probatorios dilucidados precedentemente.

Partiendo de este punto, es necesario analizar las actuaciones efectuadas por el ente precursor de la acción penal cuando tuvo conocimiento de la presunta participación del señor R.M., con el fin de determinar si las diligencias que adelantó y las actuaciones que realizó se ajustaron a lo establecido por el Código de Procedimiento Penal, y de esta manera poder determinar si la privación de la que fue objeto el hoy demandante resultó injusta o no.

Encuentra la Sala que, una vez la Fiscalía conoció la presunta participación del hoy demandante en los hechos objeto de investigación, procedió a ordenar su captura con fines de indagatoria en virtud de las facultades otorgadas por el Código de Procedimiento Penal en el artículo 336 el cual permite que se libre orden de captura cuando existan pruebas suficientes de las cuales pueda inferirse su participación en hechos que revistan las características de delito.

Igualmente, se advierte que el señor E.R.M. en la diligencia de indagatoria(55) rendida manifestó haber estado trabajando en la Policía Nacional en el patio único de automotores de la SIJIN hasta abril del año 2002 —para la época de los hechos— y además, se declaró ajeno a los hechos.

Así las cosas, y de conformidad con la ley procesal penal vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos, es claro que realizada la diligencia de indagatoria el ente precursor de la acción penal debía resolver la situación jurídica del investigado con el fin de determinar si había lugar o no a la imposición de una medida de aseguramiento, analizando los requisitos establecidos en esta primera para poder imponerla.

En este entendido, y de conformidad con el Código de Procedimiento Penal esta medida restrictiva procede cuando se cumplen los requisitos del artículo 356, a saber:

“ART. 356.—Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.

Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad.

De modo que, en virtud de las anteriores pruebas, observa la Sala que la entidad demandada basó y apoyó la decisión de imponer una medida de aseguramiento única y exclusivamente en la información referida por la víctima directa de los tipos penales objeto de investigación adelantados en contra del hoy accionante, sin entrar a analizar o a recaudar elementos probatorios adicionales.

Si bien estos configuraban la totalidad de dos indicios, no puede entenderse que resultaban de tal magnitud que permitieran darles la calidad de graves como para configurar los requisitos establecidos en la ley para proferir medida de aseguramiento, pues dicho análisis debió haber recaído sobre el conjunto integral y global en el que se desarrollaron los supuestos fácticos.

Partiendo de las anteriores consideraciones, entiende la Sala que los indicios sobre los cuales la Fiscalía fundamentó su decisión de imponer la medida restrictiva obedecieron a la declaración de un solo individuo, sin apoyarse sobre pruebas adicionales que buscaran determinar sólidamente la efectiva participación del señor E.R.M. en los hechos por los cuales fue vinculado a la investigación.

En otras palabras, se considera que las pruebas en las que recayó la medida de aseguramiento no ostentan la magnitud necesaria para privar a una persona de su libertad, pues provienen de afirmaciones e inferencias de un solo individuo y no se analizaron conjuntamente con otros elementos que permitieran dar credibilidad a las afirmaciones efectuadas por el señor R.

Por otro lado, aún cuando concuerda la Sala con la Fiscalía al afirmar que los tipos penales investigados podrían comprometer delicadamente la seguridad jurídica de la sociedad, se considera que no existían indicios lo suficientemente graves que permitieran a la entidad demandada imponer una medida que implicara la limitación de los derechos fundamentales del señor R.M., tal y como lo son el derecho a la libertad personal y el derecho de locomoción, entre otros.

Así mismo, es evidente que la Fiscalía tenía conocimiento de que el señor R.M. estaba vinculado a la Policía Nacional como funcionario de la SIJIN y que pertenecía al grupo de automotores de esta dependencia, como bien se reveló en la providencia que dictó la medida restrictiva en la que se aseguró varias veces el cargo que ostentaba el hoy accionante para la época de los hechos, y dada la identificación e individualización que realizó esta entidad a lo largo de la investigación.

En este entendido, si la Fiscalía contaba con información acerca del lugar de trabajo del señor R.M. debería haber indagado más acerca de este dato, pues contaba no sólo con la información necesaria para expandir su averiguación sino también con las afirmaciones del hoy accionante que hacen alusión al cargo que tenía y al lugar dónde se encontraba laborando para la época de la ocurrencia de los hechos.

Considerando, adicionalmente, que los señalamientos efectuados estaban direccionados enfáticamente a esa calidad de funcionario de la Policía Nacional como miembro del grupo de automotores de la SIJIN, razón de más para que la Fiscalía General de Nacional realizara un examen de labores y horarios que se manejaban bajo el cargo que tenía en la SIJIN.

En otras palabras, es evidente que la mínima diligencia que debería haber efectuado la Fiscalía General de la Nación en la investigación adelantada en contra del señor E.R.M., era comprobar no sólo que la información dada por este resultaba contrastable sino también si se encontraba o no trabajando para tal entidad para el día en el que ocurrieron los hechos investigados.

Por otra parte, encuentra la Sala que en el proveído que dicta la medida de aseguramiento, la Fiscalía decretó la práctica de varias pruebas entre las que se encontraba “ubicar las minutas de trabajo para el mes de junio del 2001 relacionadas con los procesados, la asignación de horarios, funciones de trabajo o estudio (…) y realizar Inspección Judicial al libro de minutas del patio único a punto de establecer la permanencia de E.R.M. para el mes de junio el horario que tenía”(56).

Si la Fiscalía decretó la práctica de esta prueba tan elemental, no encuentra la Sala razón alguna para que el señor R.M. siguiera privado de su libertad teniendo en cuenta que, como bien lo observó el juez segundo (2º) penal especializado, en la minuta de trabajo constaba que el hoy demandante se encontraba de turno para el día en el que ocurrieron los hechos, circunstancia suficiente que permitía a la entidad demandada determinar que el señor R.M. no pudo haber estado en dos lugares a la vez.

Lo anterior le indica a la Sala que el comportamiento desplegado por el ente precursor de la acción penal fue irregular, pues la Fiscalía profirió la medida de aseguramiento con fundamento en las afirmaciones de un solo individuo, y dado que su actuar permitió que perdurara la privación de la libertad de este aun cuando contaba con elementos probatorios suficientes para revocar dicha medida y declarar la cesación del procedimiento adelantado en su contra.

Entonces necesariamente se desprende que el demandante fue privado de su libertad como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento que fue dictada en el marco de un proceso penal en el que el accionante no debió ser vinculado por no haber participado en los hechos que lo originaron, y por no existir suficientes elementos materiales probatorios que lo relacionaran con la conducta realizada por los presuntos miembros del grupo subversivo de las FARC.

Lo anterior se evidencia en el levantamiento de la medida y en la cesación de procedimiento que decretó el juez segundo (2º) penal especializado de Bogotá.

Adicionalmente, teniendo claro fundamentalmente, que dicho comportamiento resultó complementario a la actuación de la Fiscalía frente a los elementos probatorios que esta misma entidad decretó como prueba luego de haber impuesto la medida de aseguramiento, y que implicaban una mínima diligencia que permitiera corroborar la efectiva participación del señor R.M. y que se debían apoyar necesariamente o a lo menos, en la información de la labor que el realizaba como miembro del grupo de automotores de la SIJIN, dado el fehaciente conocimiento de la entidad demandada de su calidad de funcionario.

En conclusión, la Sala encuentra mérito para endilgarle responsabilidad al ente demandado por la privación de la libertad del señor E.R.M. por encontrarse configurada una falla en el servicio.

7. Liquidación de perjuicios.

7.1. Perjuicio moral.

Como se dejó dicho en el punto 5 de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En el expediente se encuentra acreditado que E.R.M. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad, en cuyo efecto se encuentran los medios probatorios valorados en el acápite anterior, así como el certificado suscrito por el coordinador jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Bogotá “La Picota” el 26 de marzo de 2009(57) en el que consta que el señor E.R.M. estuvo detenido desde el 17 de mayo de 2006 hasta el 14 de abril de 2008 en dicho establecimiento carcelario.

Asimismo, la Sala observa que comparecen al proceso la señora L.E.O.P. en calidad de compañera permanente; J.A.C.O., en calidad de hija de crianza de la víctima directa; el señor M.R.M. y la señora M.A.M.R. en calidad de padre y madre, respectivamente; los señores L.H.R.M.(58), L.M.R.M.(59), M.G.R.M.(60), B.I.R.M.(61), J.R.R.M.(62) y A.I.R.M.(63), en calidad de hermanos de la víctima directa. Calidades que la Sala encuentra acreditadas como se dijo en el acápite de legitimación en la causa.

Así las cosas la Sala encuentra que los demandantes se hayan ubicados en los niveles 1 y 2 de cercanía afectiva en relación a E.R.M., de quien se probó que estuvo privado injustamente por el término de un (1) año, diez (10) meses y cuatro (4) semanas, por lo que corresponde la indemnización dispuesta en el rango correspondiente al periodo de privación superior a 18 meses, cuya cuantificación corresponde a 100 y 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicio moral las siguientes sumas:

NivelDemandanteCalidadSuma
E.R.M.Víctima directa100 smlmv
L.E.O.P.Compañera permanente100 smlmv
J.A.C.O.Hija de crianza100 smlmv
M.R.M.Padre100 smlmv
M.A.M. de RojasMadre100 smlmv
L.H.R.M.Hermano50 smlmv
L.M.R.M.Hermana50 smlmv
M.G.R.M.Hermana50 smlmv
B.I.R.M.Hermana50 smlmv
J.R.R.M.Hermano50 smlmv
A.I.R.M.Hermano50 smlmv

7.2. Perjuicio material.

7.2.1. A título de daño emergente.

Solicita el demandante el pago de los perjuicios causados a título de daño emergente de la siguiente manera:

• Un monto total de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) por los honorarios del abogado que estuvo a cargo del proceso penal.

• Un monto de diecinueve millones novecientos ocho mil novecientos noventa y seis pesos ($ 19.908.996) por concepto de los salarios y prestaciones sociales actualizadas que el señor R.M. dejó de percibir entre los años 2006 y 2008.

• Un monto total de treinta y dos millones ($ 32.000.000) por concepto de la dependencia económica de la señora L.E.O.P. —compañera permanente—, de J.A.C. —hija de crianza—, y de los señores M.R.M. y la señora M.A.M. —padres de la víctima—.

Así las cosas, por un lado, encuentra la Sala que la parte actora no allegó documento alguno que acreditara el pago de la suma pretendida referente a los honorarios del abogado que prestó sus servicios a lo largo del proceso penal, razón por la que no es viable acceder a este reconocimiento.

Por otro lado, es preciso aclarar que las sumas pretendidas con ocasión de los salarios y prestaciones sociales reclamadas, pertenecen al ámbito del concepto de lucro cesante, razón por la que la Sala procederá a liquidarlo como tal, y no como a título de daño emergente como lo pretendió la parte demandante en su escrito de demanda.

7.2.2. A título de lucro cesante.

7.2.2.1. Lucro cesante a favor de E.R.M.

Como ya se vio en el epígrafe precedente, la parte demandante solicitó el pago de los salarios y de las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el periodo en el que estuvo privado de su libertad, es decir entre mayo de 2006 y abril de 2008 en vista de que se encontraba trabajando como funcionario del grupo de automotores de la SIJIN de la Policía Nacional.

Los perjuicios pretendidos por la parte actora se solicitaron en los siguientes términos:

“Se hace consistir en los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el señor E.R.M., entre los años 2006 y 2008, que era el desempeñado por el actor al momento de producirse su desvinculación(64) (negrillas fuera de texto).

Así las cosas, encuentra la Sala que dicha reclamación se fundamenta específicamente por los salarios dejados de percibir con ocasión de la desvinculación del actor como funcionario de la Policía Nacional ocasionada con la determinación de la Fiscalía General de la Nación de privarlo de su libertad.

No obstante, se evidencia que en virtud del Acta 010(65) del 24 de abril de 2002 expedida por la junta de evaluación y clasificación para suboficiales de la Policía Nacional; del oficio de la misma fecha(66) librado por esta junta y dirigido al director general de la Policía Nacional; y de la Resolución 01079 del 30 de abril de 2002(67) proferida por el director general de la Policía Nacional, el hoy demandante el señor E.R.M. fue retirado de la Policía Nacional desde el 30 de abril de 2002, a saber:

“RESUELVE:

“ART. 1º—Retirar del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad de la dirección general (…) al siguiente personal de la Policía Nacional, adscrito a la unidad que en cada caso se indica: (…)

AG. E.R.M. 4252590 MEBOG

“ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Partiendo de este punto, tanto dentro de los hechos relatados como en las pruebas aportadas al proceso, se evidencia que el actor estuvo vinculado a la Policía Nacional desde el 16 de marzo de 1992 hasta el 3 de mayo de 2002, pues el actor fue retirado de dicha entidad a partir de la resolución que ordenó su desvinculación, la cual comenzó a regir a partir del 30 de mayo de 2002.

En este entendido, no es factible atender a dicha pretensión toda vez que se fundamenta en una desvinculación que sucedió casi 4 años atrás de la imposición de la medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía General de la Nación; más aún cuando no existe prueba de que el retiro del cargo se haya efectuado de los hechos debatidos dentro del proceso penal adelantado en contra del hoy demandante.

Por otro lado, revisado el expediente con el fin de analizar las pruebas encaminadas a la acreditación de los ingresos dejados de percibir con ocasión de la medida restrictiva, la Sala no encontró elemento alguno que los demostrara; sin embargo dado el desarrollo jurisprudencial de esta corporación atinente al concepto de edad productiva, resulta viable para la Sala su estimación pues estos últimos manifiestan que los padres de la víctima dependen económicamente de la víctima de la privación.

Así las cosas, esta Subsección reconocerá la existencia del perjuicio material a título de lucro cesante de conformidad con las reglas de la sana crítica de las que se puede concluir que una persona en edad productiva devenga un salario mínimo legal mensualmente; de modo que, la Sala tomará este valor como ingreso base de liquidación, para liquidar el lucro cesante correspondiente a la víctima con fundamento en la siguiente fórmula.

S = RA
 

Siendo: S = la indemnización a obtener; Ra = la renta actualizada que equivale al salario que devengaba la víctima, en este evento $ 781.242 —se presume el salario mínimo—; i = Interés puro o técnico: 0.004867; y n = número de meses que comprende el período indemnizable - para este caso, un año (1), diez (10) meses y cuatro (4) semanas, esto es, 22,93 meses.

2
 

Así las cosas, le corresponde al señor E.R.M. un total de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 18.903.146) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

7.2.2.1. Lucro cesante a favor de la compañera permanente, hija y padres de la víctima directa.

Al respecto, la parte demandante solicita sea reconocido la suma de treinta y dos millones ($ 32.000.000) en virtud de la dependencia económica que ostentaban la señora L.E.O.P. —compañera permanente—, J.A.C. —hija de crianza— y los señores M.R.M. y la señora M.A.M. —padres de la víctima— respecto de la víctima directa.

No obstante, la Sala recuerda que la suma solicitada por éste concepto, esto es, lucro cesante solo le corresponde a la víctima directa, ya que sólo en los casos de fallecimiento hay lugar a reconocer el lucro cesante a favor de los dependientes económicos.

Así las cosas, teniendo en cuenta que a la víctima directa ya le fue reconocida una suma de dinero por éste concepto, la Sala procede a negar lo solicitado a favor de sus dependientes económicos, por cuanto se reitera sólo es procedente reconocerlo al privado de la libertad.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de junio de 2012 y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor E.R.M.

2. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

NivelDemandanteCalidadSuma
E.R.M.Víctima directa100 smlmv
L.E.O.P.Compañera permanente100 smlmv
J.A.C.O.Hija de crianza100 smlmv
M.R.M.Padre100 smlmv
M.A.M.R.Madre100 smlmv
L.H.R.M.Hermano50 smlmv
L.M.R.M.Hermana50 smlmv
M.G.R.M.Hermana50 smlmv
B.I.R.M.Hermana50 smlmv
J.R.R.M.Hermano50 smlmv
A.I.R.M.Hermano50 smlmv

3. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 18.903.146).

4. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10 Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

11 Fl. 19, c. 1.

12 Fl. 19, c. 1.

13 Fl. 29, c. 1.

14 Fl. 31, c. 1.

15 Fl. 33, c. 1.

16 Fl. 35, c. 1.

17 Fl. 37, c. 1.

18 Fl. 39, c. 1.

19 Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4° de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

20 Con relación a las declaraciones extra proceso, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Exp. 27.578 y de 27 de agosto de 2015, Exp. 48.995 “El artículo 298 del C.P.C. taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extra proceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación. Sin embargo, en ambos casos, esto es cuando el testimonio extraprocesal se rendía con fines extra judiciales o judiciales, para que pudiera ser apreciable por el juez, se requería del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. (…) No obstante lo anterior, la Sala prevé que actualmente los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”. En este sentido, aunque la norma citada no es aplicable al caso concreto, por cuanto es posterior a la práctica de la declaración extra proceso sobre la cuales se discute e, incluso, es posterior a la presentación e iniciación del proceso que aquí se debate, también es claro que ella recoge el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el juez contencioso administrativo, dentro del Estado Social de Derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos sobre el simplemente formal o procesal”.

21 Fl. 10, c. 1.

22 Fl. 7, c. 1.

23 Fl. 11, c. 1.

24 Fl. 12, c. 1.

25 Con relación a los hijos de crianza, la postura reiterada de la jurisprudencia, constitucional y contenciosa, ha permitido que acreditada por cualquiera de los medios probatorios la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, se infieran los padecimientos y perjuicios que les legitiman para comparecer ante el juez y solicitar la indemnización de tales perjuicios, esto es, se infiera la legitimación material para actuar en acción de reparación directa. No obstante, la Sala ha considerado que debe, igualmente, ser rigurosa en cuanto a la prueba de la relación de crianza en legitimación de su interés dentro del sub lite y para cuya acreditación se remite a lo establecido por el artículo 399 del Código Civil Colombiano sobre la prueba de la posesión notoria del estado civil. De igual forma, respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ya sea legítimo o de crianza, la Sala recogió los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia al prever como elementos configurativos de dicho estado, el trato, la fama y el tiempo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 8 de abril de 2014, Exp. 25.279.

26 Fl. 7, c. 1.

27 Fl. 17, c. 1.

28 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (subrayado fuera de texto).

29 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.

30 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

31 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

32 Fl. 76, c. 1.

33 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

34 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

35 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, Exp. 10923.

36 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Exp. 15989.

37 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.

38 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

39 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

40 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.

41 Fls. 41 y 42, c. 1.

42 Fl. 40, c. 1.

43 Fls. 45 y 46, c. 1.

44 Fl. 47, c. 1.

45 Fls. 48 a 21, c. 1.

46 La Sala entiende que la Fiscalía hace referencia a los hechos ocurridos el 29 de junio de 2001 tal y como se observa a lo largo del desarrollo de la resolución y que la discrepancia obedece a un error de transcripción.

47 Fl. 64, c. 1.

48 Fls. 77 a 83, c. 1.

49 Fl. 82, c. 1.

50 La Sala entiende que la fecha alusiva corresponde a la resolución del 31 de mayo de 2006 por medio de la cual se dictó medida de aseguramiento en contra del señor E.R.M., y que su discrepancia se debe a un error de transcripción.

51 Fl. 82, c. 1.

52 Fl. 76, c. 1.

53 Fl. 75, c. 1.

54 Fls. 77 a 83, c. 1.

55 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, Exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016, Exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.

56 Fl. 67, c. 1.

57 Fl. 75, c. 1.

58 Fl. 29, c. 1.

59 Fl. 31, c. 1.

60 Fl. 33, c. 1.

61 Fl. 35, c. 1.

62 Fl. 37, c. 1.

63 Fl. 39, c. 1.

64 Fl. 94, c. 1.

65 Fls. 41 y 42, c. 1.

66 Fl. 43, c. 1.

67 Fl. 41, c. 1.