Sentencia 2010-00630 de abril 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación Número: 25000-23-24-000-2010-00630-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Aduanas OVIC S. en C. S.I.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho–Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada el 14 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las secciones primera y quinta de esta corporación.

2. Actos demandados.

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones 03-064-191-668-2131-00-2154 de 10 de octubre de 2008 y 1-00-223-00665 de 23 de enero de 2009, por medio de las cuales, la Jefe de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá de la DIAN, impuso sanción por valor de $1.158.117.009,00 a Aduanas OVIC S. EN C. S.I.A. y ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimento 11-43-101000067 expedida por Seguros del Estado S.A., y se confirmó en todas sus partes, en sede de reconsideración, por la subdirectora de gestión de recursos jurídicos de la DIAN, respectivamente, y como consecuencia de ello, a que se le restablezcan los derechos a la parte actora, de ser procedente.

Los segmentos relevantes, así como la parte resolutiva del acto que adoptó la decisión principal, son del siguiente tenor literal:

“(...) Resolución 03-064-191-668-2131-00-2154

de 10 de octubre de 2008

Por medio de la cual se impone una sanción a la sociedad Aduanas OVIC S. en C. S.I.A.

(...).

RESUELVE:

ART. 1º—SANCIONAR al declarante autorizado Aduanas OVIC S. en C. S.I.A. con NIT 860.075.384-5, de acuerdo con lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, con multa a favor de la Nación-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por la suma de mil ciento cincuenta y ocho millones, ciento diecisiete mil, nueva pesos m/cte. ($1.158.117.009), suma esta equivalente al 200% del valor en aduana de la mercancía no puesta a disposición de esta Administración para su aprehensión, según lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ART. 2º—ORDENAR LA EFECTIVIDAD de la póliza de cumplimiento de disposiciones legales número 11-43-101000067, expedida por la Compañía Seguros del Estado con NIT 860.009.578-6 y constituida por la Sociedad Aduanas OVIC S en C SIA con NIT 860.075.384-5 por un valor total de cuatrocientos treinta y ocho millones ciento noventa mil pesos M/CTE ($438.190.000), a favor de la Nación-Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme el artículo 531 de la Resolución 4240 de 2000, que reglamenta el Decreto 2685 de 1999, en caso de no acreditarse el pago dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, valor este que no cubre la totalidad de la sanción por lo que el excedente deberá ser cancelado por el declarante (…)”.

No se transcribe la decisión adoptada en la Resolución 1-00-223-00665 de 23 de enero de 2009, “Por medio de la cual se resuelven dos recursos de reconsideración”, expedida por la subdirectora de gestión de recursos jurídicos, toda vez que compartió los mismos argumentos esgrimidos por la división de liquidación al confirmar en su integridad la Resolución 03-064-191-668-2131-00-2154 de 10 de octubre de 2008.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer, de acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación impetrado por la DIAN, que solicita mantener la legalidad de los actos parcialmente anulados, si son ajustadas a derecho las decisiones contenidas en los artículos primero y segundo de la sentencia impugnada, en cuanto declararon la nulidad parcial de las resoluciones demandados en lo relativo a hacer efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales número 11-43-101000067, expedida por Seguros del Estado S.A., y restablecieron el derecho de la aseguradora, ordenándole a la Entidad demandada la devolución de los dineros que se le hubieran pagado por dicho concepto.

4. Análisis del caso concreto

La sentencia apelada de 14 de junio de 2012, decidió en su parte resolutiva lo siguiente:

“(…) FALLA:

Primero: DECLÁRASE la nulidad del artículo segundo de la Resolución 03-064-191-668-2131-00-2154 de 10 de octubre de 2008 proferida por la DIAN en cuanto ordenó la efectividad de la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales número 11-43-101000067 expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A. y constituida por la sociedad Aduanas Ovic S en C SIA, un valor total de cuatrocientos treinta y ocho millones ciento noventa pesos ($438.190.000) a favor de la Nación, Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la nulidad parcial del artículo 1º de la Resolución 665 de 23 de enero de 2009, en el sentido de que no se confirma el ordenamiento 2º de la Resolución 2154 de 10 de octubre de 2008, emitida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho se dispone que la DIAN deberá hacer devolución de los dineros que Seguros del Estado S.A. le haya pagado, en el evento de haber adelantado cobro coactivo sobre la póliza de seguros 11-43-101000067, acorde con lo explicado en precedencia.

Tercero: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda formuladas por Seguros del Estado S.A.

Cuarto: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda formuladas por Aduanas Ovic S en C SIA.

Quinto: Sin costas en esta instancia.

Sexto: En firme esta providencia, archívese el expediente (…)”.

Para el a quo, así como para Seguros del Estado S.A., la tesis sustentada para anular parcialmente los actos acusados, es aquella según la cual, el siniestro del riesgo amparado por la póliza de cumplimiento de disposiciones legales cuya efectividad se ordenó en las resoluciones demandadas, tuvo ocurrencia antes de la entrada en vigencia de la misma, mientras que para la impugnante DIAN, el acaecimiento del siniestro tuvo lugar con la decisión administrativa que sancionó materialmente dicha infracción.

La póliza motivo de disenso es la 11-43-101000067 de cumplimiento disposiciones legales, expedida por Seguros del Estado S.A., el tomador es Aduanas OVIC S. en C. S.I.A., el asegurado/beneficiario es la Nación- Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- Administración Especial de Aduanas de Bogotá, y su vigencia empezó desde las 00:00 horas del 8 de enero de 2008 hasta las 24:00 horas del 8 de abril de 2009 (fl. 294). Su amparo es el relativo a las disposiciones legales, y el objeto del seguro se transcribe así:

“(…) Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

Garantizar el pago de los tributos aduaneros y las sanciones que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la actividad de intermediación aduanera, contenidas en el decreto 2685 de 1999 en especial los artículos 26. (sic) 354 y 356 del decreto 1232 de 2001, decreto 3600 de 2005, la resolución 4240 de 2000, resolución 7002 de 2001 y demás normas vigentes que la modifiquen o adicionen, igualmente responder por el pago de los tributos aduaneros y de las demás sanciones que (sic) haya lugar en cumplimiento de sus obligaciones como declarante en modalidad de tránsito aduanero nacional.

*NOTA* La compañía de seguros renuncia expresamente al beneficio de excusión, de conformidad con el parágrafo del artículo 492 de la resolución 4240 de junio 2 de 2000 (…)” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Las normas que se citan infringidas por la apelante y que regulan la materia en el Código de Comercio, consagran lo siguiente:

“(…) ART. 1054.—<Definición de riesgo>. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento (…)” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“(…) ART. 1057.—<Término desde el cual se asumen los riesgos>. En defecto de estipulación o de norma legal, los riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato (…)”.

“(…) ART. 1072.—<Definición de siniestro>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado (…)”.

“(…) ART. 1073.—<responsabilidad del asegurador según el inicio del siniestro>. Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato.

Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el siniestro (…)”.

La Sala advierte previamente que, tal como lo advirtió la aseguradora en su escrito de alegatos de conclusión (folios 9 a 20, cuaderno de apelación), la Sección Primera en sentencia de 6 de junio de 2013, proferida dentro de otro proceso incoado por Seguros del Estado S.A. con radicado nro. 25000-23-24-000-2009-00245-01(2), al igual que lo hizo el tribunal en el sub judice, decretó la nulidad parcial de la Resolución 03-064-191-668-2131-002155 de 10 de octubre de 2008, en lo relacionado con la orden de hacer efectiva la misma póliza de cumplimiento de disposiciones legales 11-43-101000067, acto por medio de la cual la DIAN también le impuso sanción a Aduanas OVIC S. en C. S.I.A. por valor de $1.224.630.142.00. Sus consideraciones, al revisar este aspecto, fueron las siguientes:

“(…) Así las cosas, resulta evidente que el siniestro ocurrió con anterioridad a la vigencia de la póliza de cumplimiento de disposiciones legales afectada, por lo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, no podía ordenar su efectividad, razón por la cual se impone para la Sala confirmar el fallo apelado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

A través de dicho requerimiento, la entidad demandada impuso la obligación a la sociedad Aduanas OVIC S en C SIA de poner a su disposición la mercancía declarada a nombre de la Sociedad Importadora de Risaralda y Cía Ltda., de conformidad con el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, por lo que al vencerse dicho plazo sin que la sociedad de intermediación aduanera le diera cumplimiento a la mentada obligación, se cumple la condición que permite hacer efectiva la garantía.

Establecido lo anterior, se procede a analizar la fecha de vigencia de la aducida póliza de cumplimiento de disposiciones legales, así como la de ocurrencia del siniestro mencionado.

Como quedó visto, la referida póliza de cumplimiento de disposiciones legales 11-43-101000067, expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A., estuvo vigente desde el 8 de enero de 2008 a las 00:00 horas, hasta el 8 de abril de 2009 a las 00:00 horas. Por su parte, el siniestro, que se configuró al vencimiento de los 15 días calendario, otorgados por la demandada en el requerimiento ordinario 03-070-210-403-004369 de 17 de septiembre de 2007, acaeció el 5 de octubre de 2007.

En virtud de lo anterior, es claro para la Sala que en el presente caso, el siniestro se configuró con el incumplimiento de la obligación aduanera, el cual tuvo ocurrencia al vencimiento del término otorgado en el requerimiento ordinario 03-070-210-403-004369 de 17 de septiembre de 2007 (…)” (negrillas por fuera de texto).

Al respecto esta sección anuncia, de forma comedida y respetuosa, así como en reciente sentencia de 22 de marzo de 2018(3), que no comparte las razones expuestas por la Sección Primera en dicha providencia, ni por el a quo en el sub lite, para acceder a la nulidad parcial de las resoluciones demandadas, por las razones que se exponen a continuación:

Un aspecto neurálgico que observa la Sala y que coincide con el citado fallo de la Sección Primera, así como con la sentencia apelada, es que el hecho que motivó la sanción a Aduanas OVIC S. en C. S.I.A., se refiere a la omisión en que incurrió cuando faltó a su obligación contenida en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, de dejar a disposición las mercancías a las cuales se les había cancelado el levante, lo cual ocurrió el 5 de octubre de 2007, por ser la fecha en que finalizaba el término de 15 días otorgado por la DIAN en el requerimiento ordinario 03-070-210-403-004368 de 17 de septiembre de 2007 (fls. 368 a 374, cuaderno de antecedentes, tomo 3).

No obstante, el objeto de dicha póliza está claramente circunscrito, entre otros, al pago de las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la actividad de intermediación aduanera de la tomadora, contenidas en el estatuto aduanero; o lo que es igual, en la forma como fue pactado el mismo, no basta con la evidente comisión de una infracción aduanera, sino que se requiere su declaración a través del ejercicio de las potestades punitivas del Estado, previo trámite administrativo en el que se garantice el derecho fundamental al debido proceso del presunto infractor(4), así como la imposición efectiva de la sanción aduanera por la autoridad competente y su consecuente orden de pagarla, exclusivamente, en aquellos casos en que esta consista en multa pecuniaria.

Surge como incuestionable que, en este caso, las partes contratantes de la garantía de marras, Seguros del Estado S.A. y Aduanas OVIC S. en C. S.I.A., asociaron inescindiblemente el alcance y contenido de la responsabilidad de la compañía aseguradora, a un estrago económico del asegurado, causado por y con ocasión de la acción sancionatoria prevista en materia aduanera, quedando claramente establecida la asunción libre y manifiesta del pago de las sanciones consistentes específicamente en multas, únicas tasables en dinero (a diferencia de las demás de suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades)(5), sin la estipulación de eventos exceptuados o condicionamientos que impidan la afectación de dicha póliza.

Si como se vio, el legislador comercial en su artículo 1072 definió el siniestro como la realización del riesgo asegurado, y lo que se aseguró fue el pago de sanciones por infracciones de intermediación aduanera, para la Sección existe suficiente certeza de que el siniestro del riesgo amparado en la póliza 11-43-101000067, ocurrió cuando efectivamente se impuso la sanción administrativa aduanera de multa a Aduanas OVIC S. en C. S.I.A., lo que en el caso concreto se materializó a través de la Resolución 03-064-191-668-2131-00-2154 de 10 de octubre de 2008, recibida los días 17 y 20 de octubre de 2008 por la aseguradora y agencia de intermediación, respectivamente (folios 963 a 986, cuaderno de antecedentes, tomo 3), es decir, en plena vigencia de la garantía en debate (8 de enero de 2008 a 8 de abril de 2009).

A partir de lo considerado en la providencia del tribunal, así como lo alegado por Seguros del Estado S.A., para la Sala es incorrecto señalar que el siniestro del riesgo se configuró con el incumplimiento de la obligación aduanera, que tuvo ocurrencia al vencimiento del término otorgado en el referido requerimiento ordinario, para poner a disposición la mercancía cuyas declaraciones habían sido canceladas, esto es, el 5 de octubre de 2007, pues como se explica, una cosa es la comisión de la conducta reprochada y constitutiva de infracción aduanera, y otra muy distinta es la decisión de sancionarla a través de multa a favor de la Nación, evento este último garantizado en la citada póliza, que no el primero de ellos.

Suponer lo propuesto por la parte actora, implica, de forma errada, que el lapso involucrado permanezca por fuera del inicio del término de vigencia de la póliza, siendo que para tal época no se contaba aún con la veracidad de la sanción exigida en el objeto asegurado y contratado por Aduanas OVIC S. en C. S.I.A., así como tampoco con su adecuación típica, naturaleza (multa, suspensión o cancelación de actividades), tasación y demás aspectos esenciales para viabilizar o no la afectación de la póliza 11-43-101000067.

Tanto es así, que si el incumplimiento de la obligación aduanera por parte de la agencia de intermediación, no hubiera dado lugar a una sanción consistente en multa sino de otro tipo, ello hubiese impedido la efectividad de tal garantía. Esto, por demás, es consonante con lo estipulado por el estatuto aduanero:

“(…) ART. 480.—Efectividad de las garantías. Siempre que se haya otorgado garantía para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones por el incumplimiento de obligaciones, si se configura una infracción, se hará efectiva la garantía otorgada por el monto que corresponda, salvo que el garante efectúe el pago correspondiente antes de la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento de una obligación o imponga una sanción. En estos casos no procederá la imposición de sanción pecuniaria adicional.

Las sanciones de suspensión o de cancelación se podrán imponer sin perjuicio de la efectividad de la garantía de que trata el inciso anterior (…)” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

A partir de lo anterior, al infirmarse las conclusiones que sobre este cargo explicó el tribunal, y bajo las razones que, de forma consecuencial, llevan a la Sala a apartarse del criterio empleado por la sentencia apelada, así como por la Sección Primera en un caso similar, se encuentra que este cargo impugnatorio está llamado a prosperar.

A su vez, complementario con lo anterior y en aras de reafirmar las conclusiones arribadas en el punto anterior, la Sala observa que el artículo 1081 del Código de Comercio, ordena:

“(…) ART. 1081.—<Prescripción de acciones>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes (…)” (negrillas por fuera de texto).

Para la sección, tal y como fue considerado, en el presente caso el riesgo asegurado se siniestró con la expedición y notificación del acto administrativo que impuso efectivamente la sanción garantizada con la póliza de cumplimiento disposiciones legales 11-43-101000067 de 18 de octubre de 2007, esto es, con la Resolución 03-064-191-668-2131-00-2154 de 10 de octubre de 2008.

En ese sentido, no pueden alegarse las prescripciones ordinaria ni extraordinaria previstas en la norma, en tanto que en el mismo acto que se declara el respectivo siniestro del riesgo asegurado, se ordena cobrar y hacer efectiva la respectiva garantía.

De igual forma, y como argumento invocado para evitar la afectación de la pluricitada póliza, que considera la Sala debe esclarecerse en virtud del principio de congruencia e integridad de la sentencia, se planteó la violación del debido proceso por la supuesta ausencia de notificación a la aseguradora, del auto de Requerimiento Especial Aduanero 03.070.210.450-003252 de 31 de julio de 2008 (fl. 891, cuaderno de antecedentes, tomo 6 y folios 892 a 925, cuaderno de antecedentes, tomo 3).

Preceptúa el artículo 510 del Decreto 2685 de 1999, lo siguiente:

“(…) ART. 510.—Notificación y respuesta al requerimiento especial aduanero.

El Requerimiento Especial Aduanero se deberá notificar conforme a los artículos 564 y 567 del presente decreto. Al efectuar la notificación por correo se deberá anexar copia del acta de aprehensión y del documento de ingreso de la mercancía a depósito, cuando hubiere lugar a ello.

La respuesta al requerimiento especial aduanero se deberá presentar por el presunto infractor dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación y en ella deberá formular por escrito sus objeciones y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer (…)” (Negrillas por fuera de texto).

Puede advertirse que la norma contempla la notificación al presunto infractor bajo el entendido que en ese momento, es el único habilitado para desvirtuar los cargos que se le han formulado, los cuales son generados por su actuar como sociedad intermediadora aduanera, en la que no concurre su asegurador, por lo que no se observa vulnerado el debido proceso de Seguros del Estado S.A., a quien se le notificó el acto principal sancionatorio que ordena hacer efectiva la póliza, pudiendo presentar recurso de reconsideración para hacer valer sus argumentos defensivos, los cuales fueron atendidos por la DIAN, en garantía a su derecho fundamental.

Por lo expuesto, en vista que en el recurso de apelación sometido a estudio, la parte demandada logró demostrar sus razones de inconformidad frente a las consideraciones esgrimidas por el Tribunal, la Sala revocará parcialmente el fallo apelado, en lo relativo a sus artículos Primero y Segundo y, como consecuencia de ello, mantendrá incólume la legalidad de la decisión de hacer efectiva la Póliza de Cumplimiento Disposiciones Legales 11-43-101000067 de 18 de octubre de 2007, expedida por Seguros del Estado S.A., vertida en las resoluciones 03-064-191-668-2131-00-2154 de 10 de octubre de 2008 y 1-00-223-00665 de 23 de enero de 2009, sin que por lo mismo, haya lugar a restablecimiento de derecho alguno.

Finalmente, se reconocerá personería jurídica al doctor Yumer Yoel Aguilar Vargas, como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial y sus anexos, que obran a folios 54 a 72 del cuaderno de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

Primero: REVÓCANSE los artículos primero y segundo de la sentencia de 14 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, y en su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones formuladas por el tercero interesado Seguros del Estado S.A. relativas a: (i) anular la orden de hacer efectiva la póliza de cumplimiento disposiciones legales 11-43-101000067 de 18 de octubre de 2007, vertida en las resoluciones 03-064-191-668-2131-00-2154 de 10 de octubre de 2008 y 1-00-223-00665 de 23 de enero de 2009 de la DIAN, y (ii) obtener el consecuente restablecimiento de sus derechos.

Segundo: TENER al Doctor Yumer Yoel Aguilar Vargas, como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial y sus anexos, que obran a folios 54 a 72 del cuaderno de apelación.

Tercero: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

1 Expedida por el Director General de la DIAN. “(...) Asunto: Seguridad jurídica. Con el fin de facilitar la labor tanto de los funcionarios como de los particulares, y especialmente con miras a lograr la unificación de criterios en materia jurídica y en el desarrollo de procesos que se adelantan en las distintas dependencias, dentro de las competencias de la DIAN, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, es importante que todos los funcionarios tengan en cuenta los siguientes parámetros en el desempeño de sus respectivas funciones: […]”.

2 Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

3 Sección Quinta, radicado 25000-23-24-000-2009-00281-01 (Acumulado), Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, actoras Seguros del Estado S.A. y Aduanas OVIC S. en C. S.I.A.; demandada: DIAN.

4 Ver capítulo XIV del Decreto 2685 de 1999, que contiene el “(…) Procedimiento administrativo para la imposición de sanciones por infracciones aduaneras, la definición de la situación jurídica de la mercancía y la expedición de liquidaciones oficiales (…)”.

5 Decreto 2685 de 1999, “(…) ART. 477.—Clases de sanciones. Las infracciones administrativas aduaneras de que trata el presente Título serán sancionadas con multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y a la gravedad de la falta. De acuerdo con lo anterior, las faltas se califican como leves, graves y gravísimas, respectivamente (…)”.