Sentencia 2010-0632 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 73001-23-31-000-2010-00632-01(0349-12)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: municipio de Venadillo

Demandado: departamento del Tolima

Autoridades departamentales - apelación sentencia

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El problema jurídico por resolver es si las resoluciones 52 de 24 de febrero de 2010 y 32 del 20 de abril de 2010, proferidas por la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del departamento del Tolima que resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 57 de 8 de julio de 2009 y el recurso de reposición se encuentra ajustadas a derecho.

Para resolver, este aserto se debe establecer la naturaleza jurídica del proceso de cobro coactivo, el antecedente normativo y naturaleza jurídica de las cuotas partes pensionales, y prescripción del recobro de la cuota pensional.

1. Cuestión previa - las excepciones.

Se propone como excepciones, en primer lugar, la inepta demanda por falta de requisitos sustanciales de la acción, que fundamenta en que el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo establece, entre los requisitos de la demanda, lo que se demanda y en el caso concreto se solicita la nulidad de las resoluciones 52 del 24 de febrero de 2010 y 132 de 20 de abril de 2010, emanadas de la Secretaría de Hacienda - Dirección Financiera de Rentas e Ingresos, sin que se haya presentado petición sobre la acumulación de pretensiones, al solicitar además del no pago de las sumas requeridas y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas, la reparación íntegra del daño padecido por el actor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Con fundamento en providencia de la Corte Constitucional que definió la exequibilidad de la norma,(11) señala que el líbelo demandatorio no se encuentra conforme a lo expresado en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y por lo tanto las condenas que solicita fundadas en la nulidad de las resoluciones atacadas, no es procedente por falta de técnica jurídica en la presentación del petitum de la demanda.

Pues bien, para resolver baste decir que el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio del año anterior, señala lo siguiente:

“Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente” —resalta el despacho—.

Lo anterior implica que no solo se trata de un contencioso objetivo de nulidad tal como sucede en la acción del mismo nombre, sino que en realidad se trata de un contencioso subjetivo cuyas características se sustentan en que es una acción de la misma naturaleza, de carácter individual, cuyo ejercicio se habilita temporalmente, y desistible.

Ahora, la herramienta con base en la que se pretende el restablecimiento del derecho como núcleo central de la acción es la declaración de nulidad del acto con el que la persona que se cree lesionada se legitima para accionar, siendo la pretensión subsiguiente el restablecimiento del derecho vulnerado con el acto administrativo cuya nulidad se persigue.

Esa pretensión de restablecimiento puede asumir dos formas: de ser posible el restablecimiento de la situación anterior existente a la expedición del acto, esto es, la reparación in natura, y/o de manera concurrente o subsidiaria, la indemnización económica del daño que con la expedición del acto se hubiese causado.

En este caso, se solicita la nulidad de las resoluciones atacadas, y como restablecimiento del derecho la declaración en el sentido de que el municipio de Venadillo no está obligado a pagar al departamento del Tolima las sumas que se le exigen más los intereses causados y se levanten las medidas cautelares que se hubieren impuesto por parte de la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del departamento del Tolima a cargo del demandante(12).

De tal suerte que la indebida acumulación de pretensiones que se alega queda sin fundamento dado que de los pedimentos de la demanda no se advierte que se haya hecho uso del objeto de la acción ajeno a la naturaleza de la misma. Tampoco se advierte, sin que esté vedado, que se haya solicitado reparación de daño, como se afirma por el excepcionante.

Por lo tanto la excepción propuesta no prospera.

Respecto de las restantes excepciones propuestas de inexistencia de motivos para solicitar se declaren nulos los actos administrativos demandados, inexistencia del derecho pretendido, legalidad del acto administrativo atacado, imposibilidad legal del departamento para acceder a lo pretendido por inaplicación de las normas,(13) habrá de decirse que realmente no constituyen excepciones.

No todas las argumentaciones en que el demandado soporte su rechazo a los pedimentos formulados por la parte demandante pueden calificarse, sin más, como excepciones. Únicamente tienen el carácter de tales las que apunten a combatir el derecho de aducido, bien para invocar que nunca ha existido, ora para alegar que, aun existiendo, todavía no es exigible por estar sometido a plazo o condición(14).

Sobre el tema de las excepciones tiene sentado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia de casación 109 de 11 de junio de 2001, Expediente 6343, que:

“(...) la excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose (...) A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor (...) Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad (...) De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen” (G. J. XLVI, 623; XCI, p. 830)”.

En ese orden de ideas y, atendiendo al fundamento de las excepciones propuestas por la apoderada de la entidad demandada las que denomina(15): “inexistencia de motivos para solicitar se declaren nulos los actos administrativos demandados, inexistencia del derecho pretendido, legalidad del acto atacado, imposibilidad legal del departamento para acceder a lo pretendido por inaplicación de las normas y la genérica o innominada”, es evidente que en la forma como han sido propuestas, ellas no pretenden enervar la acción, sino que se trata de verdaderos argumentos de la defensa, en tanto se dirigen a desvirtuar los hechos de la demanda, razón por la que se examinarán simultáneamente con el fondo del asunto, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo sin perjuicio del pronunciamiento sobre la prescripción de derechos(16).

2. Naturaleza jurídica del proceso de cobro coactivo.

La jurisdicción coactiva obedece al reconocimiento de una facultad evidentemente extraordinaria o excepcional de la administración, consistente en eximirla de llevar el asunto al conocimiento de los jueces, para lograr ella directamente la ejecución de ciertas obligaciones a su favor.

Cabe recordar que la regla general consiste en que las controversias originadas en la inejecución de una obligación sean dirimidas por los jueces, y por ello, ciertamente constituye una excepción el hecho de que sea la propia administración la que esté investida del poder para hacer ejecutar directamente ciertos actos, convirtiéndose de esta forma en juez y parte, en cuanto ella ejecuta a los deudores por su propia cuenta, sin intermediación de los funcionarios judiciales.

La jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva como un “privilegio exorbitante” de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales(17).

Con relación al tema, esta corporación ha precisado(18) que la jurisdicción coactiva, en términos generales, es una potestad especial otorgada por la ley a las autoridades administrativas para hacer efectivos los créditos que tienen a su favor, sin necesidad de acudir ante los jueces(19). Esa era la forma tradicional para cobrar el crédito a favor de las entidades públicas y se ejercía en la forma prevista en los artículos 68, 79 y 252 del Decreto 1 de 1984 y 561 a 568 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con los artículos 133(20) y 134C(21) del Decreto 1 de 1984, en los procesos de jurisdicción coactiva los tribunales o los juzgados administrativos, según el caso, conocían de: i) las apelaciones presentadas contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de la liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales; ii) los recursos de queja cuando se niega o se concede en un efecto distinto el recurso de apelación, y iii) el grado jurisdiccional de consulta de las sentencias dictadas en los procesos de jurisdicción coactiva en los que el ejecutado estuvo representado por curador ad litem.

En los casos mencionados, los tribunales administrativos o los juzgados administrativos, según el caso, actuaban como superiores funcionales de la administración, debido a que las actuaciones que se proferían al interior del proceso de jurisdicción coactiva eran eminentemente judiciales.

En la actualidad, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006,(22) el cobro de los créditos a favor de las entidades públicas se hace mediante el procedimiento de cobro coactivo que está regulado por el Estatuto Tributario. Los actos que se dictan en ese procedimiento son administrativos y, por ende, solo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución,(23) mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

De tal suerte que la naturaleza jurídica del proceso de cobro coactivo varió por disposición del legislador que de ser judicial, pasó a ser eminentemente administrativa.

3. Naturaleza jurídica de las cuotas partes pensionales.

La jurisprudencia constitucional(24) ha dicho que las cuotas partes son un importante soporte financiero para la seguridad social en pensiones, que representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas.

Son obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada del reconocer y pagar la pensión, que presentan, entre otras, las siguientes características: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento administrativo en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago; (ii) se consolidan cuando la entidad responsable reconoce el derecho pensional; y (iii) se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se realiza el pago de la mesada al ex trabajador. En otras palabras, si bien nacen cuando una entidad reconoce el derecho pensional, solo son exigibles por esta última a partir del momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas.

A esto se agrega, que la obligación de contenido crediticio que surge para la entidad que concurre al pago de la mesada, una vez satisfecha permite mantener el marco de sostenibilidad fiscal para cumplir con la obligación de seguridad social de cubrir la prestación a futuro.

Esta Sala(25) ya ha tenido oportunidad de fijar el antecedente normativo, señalando que las cuotas partes pensionales se constituyen en un mecanismo, que permite a las diferentes entidades públicas que deban concurrir en el pago de una pensión, hacerlo a prorrata del tiempo de servicio, o de afiliación, según se trate de un empleador o de una entidad de previsión, quedando obligado al reconocimiento de la prestación por regla general el último empleador o entidad de previsión, con el que el pensionado prestó sus servicios o estuvo afiliado, quien para obtener la cuota pensional podrá repetir contra las demás entidades.

En Colombia fueron varias las reformas tendientes a configurar un nuevo régimen de seguridad social en pensiones. Una de las fórmulas consistió en permitir, que el tiempo laborado en diferentes entidades se pudiera acumular para efecto del reconocimiento de la pensión de jubilación, estableciendo la obligación correlativa de cada entidad de contribuir proporcionalmente al pago de las mesadas respectivas.

Este deber inicialmente fue consagrado en la Ley 6ª de 1945 que dispuso en sus artículos 17 y 18 la creación de la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, como entidad encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los empleados, entre ellas de la pensión de jubilación. En cuanto a la acumulación de tiempo de servicio y la obligación del pago proporcional, en el artículo 29 dispuso:

“ART. 29.—Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales que se formen con aporte de varias entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que estas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial”.

Seguidamente, la Ley 24 de 1947, reiteró tanto la facultad de acumulación de tiempo de servicio, como el pago compartido de la pensión de jubilación.

Con posterioridad, el artículo 21(26) de la Ley 72 de 1947 resaltó puntualmente, el derecho del trabajador a exigir el pago total de su pensión de jubilación a la caja de previsión social a la que se encontrara afiliado al tiempo de cumplir su servicio, quien a su vez podría repetir a prorrata contra las demás entidades obligadas a contribuir en el pago de las mesadas pensionales.

Este artículo que fue reglamentado por el Decreto 2921 de 1948, estableció el trámite en sus artículos 2º, 3º y 21, para el reconocimiento y pago de dicha obligación ante la entidad que lo atendiera. Advirtió, que la caja o institución de previsión social que efectúe el pago repetirá contra las demás obligadas, formulándoles la cuenta de cobro acompañada de la comprobación del pago realizado, la cual debe ser cancelada a su presentación.

Años después, el artículo 28 del Decreto-Ley 3135 de 1968, reiteró el derecho de la entidad de previsión encargada del pago pensional, a repetir contra las demás entidades obligadas, a prorrata del tiempo laborado o de los aportes realizados.

Esta norma a su vez fue reglamentada por el Decreto 1848 de 1969. En su artículo 72, replicó lo relativo a la acumulación para el cómputo del tiempo requerido para la pensión de jubilación de los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades públicas; y, en el artículo 75, remitió al procedimiento dispuesto en el Decreto 2921 de 1948, para hacer efectivo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

Más adelante, el artículo 2º de la Ley 33 de 1985 volvió a señalar el derecho de las cajas de previsión obligadas al pago pensional a repetir contra las demás entidades obligadas, a prorrata del tiempo que el trabajador hubiese laborado o aportado.

La Ley 71 de 1988 en su artículo 7º, reiteró el derecho a la acumulación de tiempos y dejó la determinación de las condiciones para el pago de las cuotas partes en manos del Gobierno como efectivamente lo hizo por medio del Decreto 1160 de 1989, en que afirmó la obligación de las entidades donde el trabajador efectuó aportes, de contribuir al ente pagador con su cuota parte y de acuerdo al procedimiento allí fijado. Luego, el Decreto 2709 de 1994, también reglamentario de la citada ley, se refirió en los artículos 10 y 11 al reconocimiento de la pensión, la definición de las cuotas partes, el pago de las mesadas y el derecho al recobro respectivo(27).

No obstante que el sistema de seguridad social cambió a partir de la Ley 100 de 1993,(28) no excluyó la figura de las cuotas partes pensionales(29) ni la regulación hasta entonces prevista sobre el particular,(30) como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación, de la Corte Suprema de Justicia, y de la Corte Constitucional.

El artículo 139 de la Ley 100 de 1993 confirió facultades al Presidente de la República para, entre otras cosas, establecer un régimen de fondos departamentales y municipales de pensiones públicas, que sustituya el pago de las pensiones a cargo de las cajas o fondos pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos insolventes, en los respectivos niveles territoriales. Se podrá retener de las transferencias, de la respectiva entidad territorial, para garantizar el pago de tales pensiones, solo mediante acuerdo con su representante legal.

En desarrollo de tales facultades se expidió el Decreto 1296 de junio 22 de 1994(31) que en el artículo 5º establece los recursos que componen los fondos departamentales y municipales de pensiones públicas, siendo uno de sus componentes las cuotas partes que le correspondan a las distintas entidades para efectos del pago de las pensiones ya reconocidas.

Finalmente, la Ley 490 de 1998, que transformó Cajanal antes de su liquidación, suprimió las obligaciones recíprocas de las entidades del orden nacional respecto de las cuotas partes pensionales, toda vez, que buena parte de las pensiones estaban siendo efectivamente financiadas con transferencias de la Nación, por cuanto no existían antes de la Ley 100 de 1993, cotizaciones con destinación específica para pensiones y las entidades pagadoras no disponían de rentas suficientes ni recursos para cubrir su costo(32).

La reseña normativa demuestra, que desde el año 1947 los empleados que han prestado sus servicios a diferentes organismos de derecho público, pueden acumular sus aportes para el reconocimiento de la pensión de jubilación y que la entidad encargada de hacer el reconocimiento y pago de la misma, está habilitada para hacer el recobro a los demás entes obligados en la proporción correspondiente al tiempo allí laborado.

Para determinar el término prescriptivo aplicable al recobro de cada cuota parte pensional, es necesario dilucidar en concreto la naturaleza jurídica de los recursos que provienen de las cuotas partes pensionales.

Pues bien, los recursos parafiscales se diferencian de los ingresos corrientes de la Nación, en cuanto que: 1. están afectos a la finalidad prevista en la ley de su creación, y no pueden destinarse a la atención de los requerimientos generales del Estado; y 2. que su manejo se realiza de manera autónoma, al margen, en general, de las disposiciones que gobiernan la administración de los recursos que sí hacen parte del presupuesto. Los recursos parafiscales no son ingresos corrientes de la Nación, de tal suerte que la obligación surgida como consecuencia del pago de la mesada pensional por parte de la entidad que concurre a su pago, de recobrar la cuota parte pensional se encuentra dentro de aquel tipo de recursos.

4. Prescripción del derecho al cobro coactivo y del recobro de la cuota parte pensional.

Con relación al tema de la prescripción como forma de extinción de derechos, la alta corporación Constitucional en sentencia que definió la constitucionalidad del artículo 4º de la Ley 1066 de 2009,(33) señaló de manera general que “la Corte también ha precisado que no por ello la prescripción extintiva vulnera el orden constitucional, ya que esta cumple funciones sociales y jurídicas invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social, al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales, tal y como esta Corte lo ha reconocido con claridad (Sent. C-072/94)” y que “el legislador puede consagrar la prescripción extintiva de derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional, incluso si este es fundamental, siempre y cuando el término sea proporcionado y no afecte el contenido esencial del derecho constitucional”, en cita de la Sentencia C-298 de 2002 —negrilla original del texto—.

Y agregó que: “...a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas” —negrilla original del texto—.

A manera de conclusión la Corte, con fundamento en pronunciamiento de esta corporación, sobre aquel tema adiciona que:

En concordancia con lo anterior, la Sección 4ª del Consejo de Estado ha señalado que como los aportes a la seguridad social constituyen recursos parafiscales, para su cobro debe recurrirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales,(34) particularmente en lo relacionado con el término de prescripción de la acción de cobro (E.T., art. 817, modificado por la L. 788/2002, art. 86) y la competencia para decretar la prescripción (E.T., art. 817, modificado por la L. 1066/2006, art. 8º).

Esta breve reseña jurisprudencial permite extraer al menos dos conclusiones para el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala. De un lado, (i) que la prescripción extintiva de las obligaciones derivadas del trabajo y la seguridad social no es incompatible per se con la Constitución y en especial con los derechos al trabajo (C.P., art. 25 y 53) y a la seguridad social (C.P., art. 48); de otro lado, (ii) que mientras el derecho a solicitar el reconocimiento del derecho a la pensión es imprescriptible, pues se deriva del derecho al trabajo y a la seguridad social, las mesadas pensionales sí pueden prescribir en caso de no reclamación oportuna, por cuanto se trata de obligaciones crediticias de expiración periódica que no afectan la existencia misma de derechos irrenunciables.

Para abordar el examen de constitucionalidad la Corte partió de la premisa según la cual el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales, así como la obligación correlativa de su pago por cada una de las entidades concurrentes, solo nace cuando el desembolso de cada mesada se ha hecho efectivo al jubilado, de manera que este ha visto asegurado su derecho a la seguridad social.

Y se sustenta en cinco argumentos para declarar la exequibilidad de apartes del artículo 4º de la Ley 1066 de 2006, que se sintetizan como sigue:

En primer lugar el precepto, artículo 4º en cita, fue incluido por el Congreso de la República como respuesta a dos necesidades puntuales: (i) definir cuál era la tasa de interés exigible durante el tiempo transcurrido entre el pago de la mesada pensional y la fecha del reembolso de la cuota parte de cada entidad, y (ii) precisar el término de prescripción de dichas obligaciones.

En este sentido, aunque la norma no fue propuesta en el proyecto inicial presentado por el Gobierno,(35) sí fue incluida como un artículo nuevo en la ponencia para primer debate en Cámara, es decir, al iniciar el trámite legislativo(36).

De lo anterior se sigue que, el legislador siempre tuvo claro que la tardanza en el pago de las cuotas partes daba lugar al reconocimiento de intereses y que en todo caso debía haber un término de prescripción; pero como esos asuntos no estaban definidos con absoluta precisión, consideró oportuno expedir una regulación al respecto, bajo el entendido que las normas sustantivas y procesales de los regímenes laborales y prestacionales siempre han consagrado el fenómeno de la prescripción como forma de extinguir las obligaciones periódicas.

De igual forma, conviene mencionar que la Ley 1066 de 2006 fue dictada con el objetivo de estimular una política de saneamiento fiscal de las entidades públicas, forzando la recuperación de cartera y evitando la permanencia indefinida de créditos o el pago de cuantiosos intereses.

En segundo lugar, diferencia las cuotas partes pensionales y el derecho al recobro de las mesadas. Las cuotas partes constituyen el soporte financiero para la seguridad social en pensiones, sustentado en el concepto de concurrencia, mientras que el recobro es un derecho crediticio a favor de la entidad que ha reconocido y pagado una mesada pensional, quien puede repetir contra las demás entidades obligadas al pago a prorrata del tiempo laborado o de los aportes efectuados.

En esa medida, la obligación de concurrencia de las diferentes entidades para contribuir al pago pensional a través del sistema de cuota parte no puede extinguirse mediante la prescripción, porque tiene un vínculo directo con el derecho, también imprescriptible, al reconocimiento de la pensión. Sin embargo, los créditos que se derivan del pago concurrente de cada mesada pensional individualmente considerada sí pueden extinguirse por esta vía (derecho al recobro), en tanto corresponden a obligaciones económicas de tracto sucesivo o naturaleza periódica entre las diferentes entidades responsables de contribuir al pago pensional. No en vano el artículo 126 de la Ley 100 de 1993 señaló expresamente que los créditos causados o exigibles por concepto de cuotas partes pensionales “pertenecen a la primera clase del artículo 2495 del Código Civil y tienen el mismo privilegio que los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales” —resalta el despacho—.

Desde esta perspectiva, teniendo presente el principio según el cual “no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción”,(37) razones de orden público y de seguridad jurídica exigen que estas obligaciones tengan un plazo extintivo o liberatorio. Y así como es facultativo del legislador señalar los requisitos para la creación de obligaciones, también es potestativo de este fijar las reglas de extinción de las mismas.

En tercer lugar, considera que la prescripción del derecho al recobro no significa autorizar un destino diferente de los recursos de la seguridad social, pues las expresiones demandadas se limitan a reconocer, sin más, el término de prescripción de las obligaciones crediticias. Lo que se extingue es entonces el derecho subjetivo de la entidad a recobrar, pero en ningún momento se autoriza un destino de los recursos para otros fines.

Ahora bien, no puede decirse que los efectos de la prescripción se traduzcan en un aval para que una entidad disponga de forma antojadiza de los recursos, pues ello responde a una hipótesis que en estricto sentido no se deriva de la norma acusada, de modo que dicha afirmación carece de certeza.

En cuarto lugar, tampoco encuentra que la norma vulnere el principio de sostenibilidad del sistema pensional. En efecto, la prescripción del derecho al recobro de ciertas mesadas —las no reclamadas oportunamente— de ninguna manera extingue la obligación de concurrir al pago de las demás mesadas, ni libera a las entidades de su obligación futura de concurrencia en el pago.

Por el contrario, la Corte encontró que este tipo de normas armoniza a cabalidad con las políticas de saneamiento fiscal en procura de un adecuado financiamiento del sistema y de una gestión eficiente por parte de las entidades involucradas en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales. Lo que sí resultaría contrario al principio de sostenibilidad sería mantener indefinidamente obligaciones crediticias de tracto sucesivo entre las entidades responsables de contribuir al pago pensional, estimulando la desidia contable y financiera en materia de seguridad social, generando intereses exponenciales que afectarían la existencia misma de las entidades.

Finalmente, recuerda que tanto la legislación como la jurisprudencia han señalado de forma insistente que bajo ninguna circunstancia el pensionado puede asumir las consecuencias ante la falta de pago o recobro de las cuotas partes pensionales. Es por ello por lo que la existencia de un término de prescripción en nada afecta el derecho del ex trabajador, quien es en últimas el destinatario de la seguridad social, razones todas estas que le sirvieron de fundamento para declarar la exequibilidad(38) de las expresiones demandadas del artículo 4º de la Ley 1066 de 2006.

Con base en la referida Ley 1066, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social en ejercicio de las facultades establecidas en los decretos 246 de 2004 y 205 de 2003, respectivamente, impartieron instrucciones en relación con el procedimiento para el cobro de las cuotas partes pensionales y otros aspectos relacionados, para lo cual expidieron la Circular Conjunta 69 de noviembre 4 de 2008, cuyo numeral 3º refería a la prescripción de cuotas partes pensionales.

Frente a este específico numeral, se pronunció esta Sección dentro de la acción pública de nulidad(39) en relación con el término de prescripción de las cuotas partes, atendiendo a la decisión de constitucionalidad del artículo 4º de la Ley 1066 que se ha mencionado, en el entendido de que la prescripción extintiva no va en contra de los derechos adquiridos, ni del trabajador, no riñe con el derecho al trabajo y la seguridad social, por el contrario, su existencia en la legislación lo beneficia toda vez, que descansa en la seguridad jurídica, el orden público y la paz social.

Y en esa oportunidad se agregó:

“Ahora bien, en cuanto al tema específico de la prescripción liberatoria en el recobro de las cuotas pensionales, el recuento histórico evidencia, que ninguna norma hizo una referencia puntual a ella, lo que generó según informan las entidades demandadas diversidad de interpretaciones, por lo que fue necesario unificar en la circular controvertida un plazo de 3 años, dado que muchas entidades públicas actuando negligentemente omitieron el cobro oportuno a otros empleadores o entidades de previsión permitiendo la acumulación de cartera por el paso del tiempo y por consiguiente el desajuste fiscal de las mismas.

Esos diversos criterios de aplicación de prescripción extintiva antes del 29 de julio de 2006, se concretan así: el primero, consagrado en el artículo 2536 del CCC (sic) reformado por la Ley 791 de 2002(40); el segundo, hace referencia al carácter laboral de la prescripción, habida cuenta que las mesadas prescriben en 3 años —D. 3135/69, art. 41 y D. 1848/69, art. 102—, por ende el recobro también, en razón a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y el tercero, responde a la naturaleza fiscal de la deuda, lo que lleva a la aplicación de las normas tributarias —art. 817- 5 años—.

Efectivamente encuentra la Sala, que la prescripción extintiva que convoca el sub iudice, no ha sido pacífica ni aún en materia jurisprudencial y es más, casi inexistente, lo que justificó en palabras de los ministerios firmantes la expedición de la resolución cuyo tema hoy se cuestiona.

La Sección 4ª del Consejo de Estado(41) sobre este tópico ha señalado, que como los aportes a la seguridad social constituyen recursos parafiscales, para su cobro debe recurrirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales, particularmente en lo relacionado con el término de prescripción de la acción de cobro, 5 años (E.T., art. 817, modificado por la L. 788/2002, art. 86) y la competencia para decretar la prescripción (E.T., art. 817, modificado por la L. 1066/2006, art. 8º).

Todo lo dicho demuestra, que conforme a la naturaleza asignada al recobro de la cuota parte pensional, se le atribuyó el término de prescripción extintiva, de 3, 5 o 10 años, hasta que se puso punto final a la incertidumbre con la expedición de la Ley 1066 de 2006, que estableció en el artículo 4º, un término de 3 años para tal efecto”.

En tratándose de los recursos que provienen del reembolso de la cuota parte pensional proporcional que corresponda, a prorrata del tiempo de servicio prestado en cada una de las entidades públicas vinculadas al pago, la obligación surge de la satisfacción de la mesada pensional, por consiguiente la cuota parte pensional está afecta al gasto prestacional futuro de tal suerte que se pueda seguir sufragando la mesada pensional reconocida. De no ser así, la regla de sostenibilidad fiscal se vería seriamente comprometida con el tiempo en detrimento del pago de la prestación reconocida.

Sin embargo, el artículo 842 del Estatuto Tributario, que establecía el término de prescripción de la acción al interior del procedimiento de cobro coactivo, fue derogado expresamente por el artículo 140 de la Ley 6ª de 1992. Hoy día en este procedimiento no hay término habilitado para iniciar dicha acción de cobro, quedando el tema de la caducidad regulado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, norma que refiere en particular al término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales, mas no al de las obligaciones parafiscales.

Es decir, que el Estatuto Tributario a más de señalar la caducidad de la acción bajo la nominación de prescripción, por inactividad del titular en término perentorio de cinco años respecto del cobro de deudas fiscales, no hace alusión respecto de las obligaciones cuyo contenido es un recurso parafiscal. Para estos, se concluye que el proceso de cobro puede ser iniciado dentro del término general de prescripción señalado en el Código Civil y la modificación introducida por la Ley 791 de 2002 que es de cinco años contados a partir de que la obligación se ha hecho exigible.

Tampoco refiere a la extinción de la obligación de pago de cuota parte de la pensión, a partir del reconocimiento de la respectiva mesada. Como esta es una obligación que se causa mes por mes una vez realizado el pago de la mesada pensional, es decir, es de tracto sucesivo, su término prescriptivo de extinción del cobro sobre cada cuota corre independiente de la misma forma mes por mes de manera autónoma. Luego, siendo que ni el Estatuto Tributario ni norma alguna anterior a la Ley 1066 de 2006 señala dicho término, debe acudirse al lapso prescriptivo general previsto en el Código Civil,(42) bajo su primigenia redacción que señalaba: “La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte” y con la modificación surtida al amparo del artículo 8º de la Ley 791 de 2002 que establece: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10)”.

Luego, en criterio de esta Sala y bajo los argumentos expuestos, este es el término de prescripción de la obligación que ejecutivamente se cobra, que corre individualmente para cada cuota parte, y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

5. El caso concreto.

En el presente caso, el municipio de Venadillo (Tolima), presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima, a fin de obtener la nulidad de los siguientes actos:

De las resoluciones 52 de 24 de febrero de 2010 y 132 de 20 de abril de 2010, mediante las cuales la Dirección Financiera de Renta e Ingresos del departamento del Tolima, desató las excepciones en contra del mandamiento de pago 57 del 8 de julio de 2009 y el recurso de reposición respectivamente.

Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala encuentra probado los siguientes hechos:

— El 7 de mayo de 2008, mediante Oficio 714 suscrito por el director encargado del Fondo Territorial de Pensiones del departamento del Tolima, dirigido al alcalde de Venadillo le remite cuenta de cobro 042-2008 por valor de ciento tres millones novecientos siete mil doscientos dieciséis pesos ($ 103.907.216.20) m/cte. con fecha 21 de marzo de 2008, por las pensiones que relaciona, requiriendo el envío de soporte en caso de pago o de cobro de intereses moratorios en términos de la Ley 1066(43).

— El 12 de mayo de 2009, a través de Oficio CP.037 se envía por parte del abogado externo para hacer efectivo el recaudo por cuotas partes pensionales. Se anexa cuenta de cobro 032-2009 por valor de doscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil cuarenta y siete ($ 254.846.047.46) por los pensionados cuya relación incluye y que corresponde a Legro Hernando, Castro Barreto Gustavo Moreno Noé, Ramírez José María, Varón Murillo María, Orjuela Ortiz Luis Javier(44).

— Por Oficio DA 00656 de fecha junio 19 de 2009, suscrito por el alcalde, solicita depurar la obligación, excluyendo aquellas sumas que se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción. Igualmente pone de presente el aumento del 145% de la cuenta de cobro 042 de abril 28 de 2008 y la cuenta 032-2009 luego de transcurridos trece meses(45).

— El 15 de julio de 2009, el abogado externo da respuesta a la anterior solicitud fundamentándose en el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006, señala que los primeros tres años de término para que prescriban las mesadas pagadas a partir de la vigencia de la Ley 1066 de 2006 vencen el 29 de julio de 2009, por lo que el término de prescripción empieza a regir en dicha fecha. Informa igualmente el inicio del proceso de cobro coactivo que cuyo mandamiento de pago se notificó el 21 de julio de 2009 interrumpiéndose el término de prescripción(46).

— El 8 de julio de 2009 se profirió por parte de la directora de rentas de ingresos del departamento, mandamiento de pago dentro del Radicado 1313, contentivo de resoluciones de reconocimiento de pensión, consulta y aceptación de cuotas partes pensionales, liquidación de las mismas y cuenta de cobro debidamente presentada al municipio, que estima son el soporte que constituyen un título ejecutivo complejo, mandamiento por las siguientes sumas:

Por la suma de $ 7.989.234.81 por concepto de mesadas pensionales del señor Hernando Legro, desde el 6 de agosto de 1990 al 30 de abril de 2009.

Por la suma de $ 15.441.695.74 por concepto de mesadas pensionales del señor Castro Barreto Gustavo, desde el 1º de julio de 1978 al 30 de abril de 2009.

Por la suma de $ 47.143.749.53 por concepto de mesadas pensionales del señor Noé Moreno, desde el 1º de junio de 1997 al 30 de abril de 2009.

Por la suma de $ 16.175.655.85 por concepto de mesadas pensionales del señor Ramírez José María, desde el 1º de enero de 1998 al 30 de abril de 2009.

Por la suma de $ 30.969.817.50 por concepto de mesadas pensionales de la señora María Varón Murillo, desde el 1º de julio de 1995 al 30 de abril de 2009.

Por la suma de $ 39.938.129.82 por concepto de mesadas pensionales del señor Luis Javier Orjuela Ortiz desde el 1º de enero de 2001 al 30 de abril de 2009(47).

— El 21 de julio de 2009, fue notificado mandamiento de pago al alcalde(48).

— El 12 de agosto de 2009 el apoderado del municipio presenta excepciones de prescripción de la acción de cobro, indebida tasación del monto de la deuda, pérdida de ejecución del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo(49).

— Por Resolución 52 del 24 de febrero de 2010 la directora financiera de rentas e ingresos del departamento resuelve las excepciones declarándolas no probadas, aludiendo que el término prescriptivo anterior a la vigencia de la Ley 1066 es el previsto en el Código Civil artículo 2536 con la modificación de la Ley 791 de 2002(50).

— El 23 de marzo de 2010 se interpone recurso de reposición contra esta decisión, se fundamenta en la Circular 69 de 4 de noviembre de 2008, numeral 3º referido a la prescripción de cuotas partes pensionales en término de tres años(51).

— Por Resolución 132 del 20 de abril, proferida por la directora financiera de rentas e ingresos del departamento repuso parcialmente la Resolución 52 de febrero de 2010 en el sentido de decretar la prescripción de las cuotas partes pensionales causadas desde el 1º de julio de 1978 al 17 de noviembre de 1986 correspondiente al señor Castro Barrero Gustavo.

Para llegar a tal decisión argumentó con base en el procedimiento previsto legalmente en el Decreto 2921 de 1948, respecto de la aceptación u objeción del proyecto de resolución que reconoce la pensión atendiendo las cuotas partes pensionales a prorrata del tiempo laborado en cada entidad, para concluir que si el municipio de Venadillo dentro del término legal no objetó la cuota parte, entonces la caja de previsión social de la época la dio por aceptada.

En segundo lugar, se ocupa de la aplicación del término de prescripción de las cuotas partes pensionales causadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1066 de 2006 para concluir que el aplicable es el previsto en el Código Civil en su redacción inicial, como con la modificación introducida por la Ley 791 de 2002, es decir que el término de prescripción es el de la acción ordinaria, y lo aplica teniendo en cuenta el 17 de noviembre de 2006 como fecha de interrupción de la prescripción, el que imputa a cada una de las pensiones reconocidas(52).

Es indudable que en el presente caso la decisión del a quo habrá de confirmarse pero por las razones aquí anotadas.

En efecto, con base en los argumentos que se han expresado en acápites anteriores se tiene que los recursos que conforman las cuotas partes pensionales que cobra el departamento demandado son parafiscales, que para su cobro la legislación pretérita estableció procedimientos de cobro desde el mismo momento en que se proyecta la resolución de reconocimiento pensional por parte de la última entidad de previsión a la cual se encontraba afiliado el empleado, para el caso el departamento, y cuando se trate del caso que los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público den lugar a la distribución del monto pensional, en todo caso el término de prescripción de las mesadas mes a mes depende de si son anteriores o posteriores a la vigencia de la Ley 1066 de 2006.

Aquí se hace claridad que posterior a la entrada en vigencia de esta Ley 1066 de 2006 no admite discusión el término de caducidad de la acción de recobro de las cuotas partes pensionales, que es de tres años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora.

Pero anterior a la entrada en vigencia de esta ley el término de caducidad aplicable al recobro es de cinco años que se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago.

Idéntico término aplica para la prescripción de la cuotas partes pensionales pagadas, atendiendo la época en que se efectuó el pago, vale decir, que antes de la vigencia de la Ley 791 de 2002 el término de prescripción es de veinte años para la acción ordinaria y diez para la ejecutiva. Luego de la entrada en vigencia de la modificación al artículo 2536 del Código Civil. La acción ejecutiva se prescribe por cinco y la ordinaria por diez.

En el presente caso, la entidad ejecutante dio aplicación a estos términos prescriptivos empero, erró en la interpretación al considerar que el término aplicable era el de la prescripción de la acción ordinaria, cuando en realidad adelanta un proceso ejecutivo de cobro coactivo. Luego el término de prescripción aplicable es el previsto para tal acción en el artículo 2536 del Estatuto Civil en su redacción primigenia, y con la modificación introducida por la Ley 791 de 2002, esto es de diez y cinco años respectivamente que deben ser aplicados a las cuotas partes contenidas en las cuentas de cobro del 17 de noviembre de 2006, 15 de enero de 2008 y 042 de 28 de abril de 2008, así como en la cuenta de cobro 032 de 2009 respecto de las cuotas partes no contenidas en las cuentas de cobro anteriores.

Así las cosas, habrá de declararse la nulidad parcial de los actos atacados, en tanto se dio aplicación al término de prescripción de la acción ordinaria al interior del proceso ejecutivo de cobro coactivo, en el que el referido término prescriptivo de la mencionada acción es diez años y opera hasta el 27 de diciembre de 2002, dado que en el Diario Oficial 45.046, de 27 de diciembre de 2002 se publicó la Ley 791 de 2002.

Posterior a esta fecha el término de prescripción es de cinco años hasta julio 29 de 2006 dado que en el Diario Oficial 46.344 de esta data se publicó la Ley 1066.

Ahora, es evidente que la cuenta de cobro cumplidamente presentada y radicada en la entidad que debe concurrir con el cubrimiento de la cuota parte pensional, interrumpe el término de prescripción de las que se incluyen en la respectiva cuenta de cobro, y como el término corre de manera independiente para cada cuota parte pensional, una vez efectuado el pago de la mesada al beneficiario, las cuotas partes pensionales subsiguientes habrán de formar parte de nuevo procedimiento con la misma finalidad y radicada interrumpe el término de prescripción de estas nuevas cuotas con el objeto de iniciar proceso ejecutivo coactivo ante el no pago.

Resultan suficientes estas argumentaciones para confirmar la sentencia recurrida, por las razones aquí expuestas, señalando finalmente que los parámetros establecidos en esta providencia son los que deben ser aplicados por la entidad demandada para continuar con el cobro coactivo atendiendo la fecha de presentación de cada cuenta para verificar si la acción se intentó dentro de los cinco años subsiguientes a la radicación de la respectiva cuenta de cobro.

Finalmente habrá de decirse que las decisiones contenidas en los numerales quinto y sexto de la sentencia habrán de revocarse porque no se trata de una sentencia que resuelve excepciones al interior del proceso coactivo, sino de una sentencia que pone fin a una acción contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que resuelven las excepciones propuestas y el recurso de reposición interpuesto en contra de aquel.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia de 14 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó la excepción de inepta demanda por falta de requisitos sustanciales, por las razones aquí expuestas.

2. CONFÍRMASE los numerales segundo y tercero de la misma sentencia, en cuanto declaró la nulidad parcial de las resoluciones 52 del 24 de febrero de 2010 y 132 del 20 de abril de 2010 mediante las cuales la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del departamento del Tolima, desató las excepciones en contra del mandamiento de pago 57 del 8 de julio de 2009 y el recurso de reposición respectivamente, declarando como consecuencia la excepción de prescripción del recobro de las cuotas partes pensionales respecto de los valores atendiendo las fechas de presentación de las cuentas de cobro y las mesadas incluidas en ellas.

3. REVÓCASE los numerales cuarto y quinto por lo expuesto en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(11) C-197 de 1999.

(12) Folio 86.

(13) Folios 107-115.

(14) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil cuatro (2004). Referencia: Expediente 6080-01.

(15) Folios 54-56.

(16) Folios 43, 47-52.

(17) Corte Constitucional Sentencia C-666 de 2000.

(18) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil doce (2012). Radicación: 05001-23-31-000-2011-00221-01(19177).

(19) Ver, por ejemplo, providencias de la Sección Quinta del 2 de julio y 22 de abril de 2009 y del 5 de junio de 2008, expedientes 1001-00-00-000-2001-01606-01, 11001-00-00-000-2004-02300-01 y 11001-00-00-000-2001-02826-01, respectivamente. M.P. Mauricio Torres Cuervo.

(20) ART. 133.—Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia:

(...)

2. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

3. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior.

(21) ART. 134-C.—Competencia de los jueces administrativos en segunda instancia. Los jueces administrativos conocerán, en segunda instancia, de los siguientes asuntos:

1. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

2. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior.

3. De la consulta de las sentencias dictadas en los mismos procesos contra quien estuvo representado por curador ad litem, sin consideración a la cuantía.

(22) “ART. 5º—Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario (...)”.

(23) El artículo 835 del Estatuto Tributario señala que son demandables los actos que deciden sobre las excepciones, los que ordenan seguir adelante con la ejecución. Por vía de interpretación, esta Sección ha entendido que también pueden demandarse, entre otros, el acto que decrete embargos, el que remate bienes del ejecutado, el que apruebe la liquidación del crédito, etcétera.

(24) En la Sentencia C-895-09. M.P. Jorge Iván Palacio. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º parcial de la Ley 1066 de 2006.

(25) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá D.C., veintiocho de junio de dos mil doce. Ref.: Expediente 110010325000-2009-00026-00 (0584-2009). Actor: Martha Liliana Gómez Triana C/ Gobierno Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de la Protección Social.

(26) “ART. 21.—Los empleados nacionales, departamentales o municipales que al tiempo de cumplir su servicio estén afiliados a una caja de previsión social tendrán derecho a exigirle el pago de la totalidad de la pensión de jubilación. La caja pagadora repetirá de las entidades obligadas el reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, habida consideración del tiempo de servicio del empleado en cada una de las entidades oficiales.

PAR.—La caja que reciba la solicitud la pondrá en conocimiento de las entidades interesadas, las cuales podrán objetarla con fundamento legal” (resaltado fuera de texto).

(27) “ART. 11.—Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.

Para el efecto de las cuotas parte a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.

La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación”.

(28) El Decreto-Ley 1299 de 1994 reguló algunas cuestiones relacionadas con el pago y la reserva presupuestal destinada al cubrimiento de cuotas partes pensionales a cargo de las entidades del orden nacional y territorial. A su vez, el Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988, se refirió en los artículos 10 y 11 al reconocimiento de la pensión, la definición de las cuotas partes, el pago de las mesadas y el derecho al recobro respectivo.

(29) Aquí debe agregarse que posteriormente, el Decreto 13 de 2001 reglamentó nuevamente esta figura:

ART. 1º—Tiene derecho a bono pensional:

a) De conformidad con el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, las personas que cumplan los requisitos previstos en dicha norma y se trasladen al régimen de ahorro individual, y

b) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1º del Decreto-Ley 1314 de 1994, los servidores públicos que a partir de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, se trasladen al régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

En los casos en que de acuerdo con la ley no corresponda emitir bonos pensionales, la entidad que haya reconocido o que reconozca la pensión, tendrá derecho a obtener el pago de la cuota parte correspondiente a los tiempos de servicio prestados o cotizados a otras entidades que se hayan tomado en cuenta para el reconocimiento de la pensión, de conformidad con las normas aplicables y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 490 de 1998 (negrillas fuera del texto).

(30) Así lo determinó en los artículos 122, 124, 126, 127,134 y 135.

(31) Por el cual se establece el régimen de los fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas.

(32) Exposición de motivos en la ponencia para segundo debate en cámara.

(33) Corte Constitucional Sentencia C-895 de 2009. Referencia: Expediente D-7749. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 1066 de 2006, “por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. Actor: Marcela Posada Acosta. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil nueve (2009).

(34) Consejo de Estado, Sección 4ª, sentencia del 26 de marzo de 2008, Radicado 25000232700020020042201 (16257).

(35) Proyecto de ley 295 de 2005 Cámara. Gaceta del Congreso 61 del 23 de febrero de 2005, pp. 6-11.

(36) Gaceta del Congreso 225 del 2 de mayo de 2005, p. 3.

(37) Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.

(38) Declarar exequibles las expresiones “y prescripción de la acción de cobro” y “el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva”, del artículo 4º de la Ley 1066 de 2006, “por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”.

(39) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., veintiocho de junio de dos mil doce. Ref.: Expediente 110010325000-2009-00026-00 (0584-2009). Actor: Martha Liliana Gómez Triana C/ Gobierno Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de la Protección Social.

(40) “El artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

(41) Radicado interno de julio 30 de 2004. M.P Ligia López Díaz.

(42) Artículo 2536 del Código Civil.

(43) Folio 4.

(44) Folios 5 y 6.

(45) Folio 7.

(46) Folio 8.

(47) Folios 9-12.

(48) Folio 12.

(49) Folios 13-17.

(50) Folios 18-25.

(51) Folios 26-34.

(52) Folios 35-53.