Sentencia 2010-00633 de junio 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Rad. 68001 2331 000 2010-00633 01

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Aníbal Carvajal Vásquez

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil trece.

Acción popular

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 15 de febrero de 2012, por el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto negó a las pretensiones de la demanda.

I. La demanda

El 25 de agosto de 2010, el ciudadano Aníbal Carvajal Vásquez promovió acción popular contra la Procuraduría General de la Nación, tendiente a la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad, la realización de construcciones respetando las normas jurídicas, el espacio público y el derecho a la accesibilidad.

1.1. Las pretensiones.

Solicitó el demandante que el tribunal accediera a las siguientes pretensiones:

“Primero: que se declare que la Procuraduría General de la Nación ha vulnerado derechos colectivos, como es el caso de la seguridad, la realización de construcciones respetando las normas jurídicas, el espacio público y el derecho a la accesibilidad.

Segundo: que se condene a la Procuraduría General de la Nación a reubicar la procuraduría provincial de San Gil a un inmueble en el que se pueda atender la población que presenta discapacidad o movilidad reducida conforme lo ordena la Ley 361 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

Tercero: que la Procuraduría General de la Nación sea condenada a pagar al accionante el incentivo de que trata la Ley 472 de 1998, así como a pagar las agencias y costas en derecho”(1).

1.2. Los hechos y omisiones en que se funda.

1. Indica que la procuraduría provincial de San Gil funciona en el segundo piso del edificio ubicado en la carrera 10 Nº 10 - 40 de dicho municipio.

2. Asegura que el inmueble en donde funciona la mencionada procuraduría carece de adaptaciones arquitectónicas que permitan a personas con discapacidad o movilidad reducida acceder a las oficinas de dicha entidad.

II. Actuación procesal

El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación para que contestara la misma y solicitara pruebas(2).

III. La contestación de la demanda

El apoderado de la Procuraduría General de la Nación contestó la demanda(3) oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en lo siguiente:

Indica que el inmueble en el que funciona la procuraduría provincial de San Gil no es propio y por tanto las adecuaciones para el acceso de personas con movilidad reducida o discapacidad deben ser hechas por la administración del edificio y no por la procuraduría.

Asegura que la Procuraduría General de la Nación con anterioridad a la presentación de la acción de la referencia se encuentra realizando estudios para la adecuación de las instalaciones de la procuraduría a nivel nacional para atender las necesidades de las personas con movilidad reducida.

IV. Audiencia especial de pacto de cumplimiento

Mediante auto(4) el a quo fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia especial de pacto de cumplimiento, correspondiendo esta al 11 de febrero de 2011 a las diez de la mañana (10:00 a.m.).

En dicha fecha, se llevó a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento, en la que no hubo ánimo conciliatorio, razón por la cual se declaró fallida(5).

V. Alegatos de conclusión

La Procuraduría General de la Nación presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, adicionalmente destacó la adquisición por su parte de una nueva sede para el funcionamiento de la procuraduría provincial de San Gil(6), informando la dirección de la misma y asegurando que esta cuenta con las especificaciones arquitectónicas y tecnológicas para el acceso de los usuarios que presenten algún tipo de discapacidad.

VI. La providencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de 15 de febrero de 2012(7), resolvió negar las pretensiones de la demanda(8) y conminar a la entidad demandada para que continuará con los trámites administrativos tendientes a adecuar las instalaciones donde funcional la procuraduría provincial de San Gil(9), al poner de presente los siguientes argumentos:

Destacó las gestiones de la Procuraduría General de la Nación tendientes al acondicionamiento de las distintas sedes donde funciona la entidad a nivel nacional, anteriores a la presentación de la acción popular, para concluir que en el sub lite no se evidencia vulneración de los derechos invocados.

Aseguró que el actor no probó que las personas con movilidad reducida no hayan podido acceder a la prestación de los servicios que presta la procuraduría, por falta de rampas de acceso.

Indicó que por tratarse de un bien privado, las adecuaciones de la procuraduría provincial de San Gil deben realizarse con el consentimiento del propietario del bien inmueble, trámite que se encuentra adelantando la entidad demandada.

Finalmente recordó que el carácter de la acción popular es preventivo y no sancionatorio.

VII. El recurso de apelación

El demandante interpuso recurso de apelación contra la mentada sentencia, aduciendo los siguientes argumentos:

Sostiene que la única prueba decretada y practicada por el Tribunal Administrativo de Santander fue el requerimiento hecho a la oficina de planeación del municipio de San Gil para que informara si el inmueble en el que funciona la procuraduría de ese municipio cuenta con acceso para personas con movilidad restringida, en cuya respuesta se expresó la carencia de zona de acceso a personas con movilidad reducida.

Asegura que sin importar el hecho anterior, el a quo dio valor probatorio a la certificación allegada en copia simple por la entidad demandada, a la audiencia de pacto de cumplimiento, donde se pone en conocimiento los programas que la procuraduría está adelantando para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 361 de 1997(10).

Indica que en el curso del proceso no se demostró que las supuestas actuaciones iniciadas por la procuraduría hayan sido suficientes para hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos invocada, razón por la que no le es dable al fallador de primera instancia concluir que no se vulneraron los derechos colectivos invocados.

Concluye que dada la naturaleza preventiva de la acción popular, el actor no estaba obligado a demostrar que las personas en estado de discapacidad no hayan podido ingresar a las instalaciones de la procuraduría provincial de San Gil.

Solicita revocar la sentencia de primera instancia, acceder a las pretensiones de la demanda y como consecuencia de lo anterior reconocer el incentivo al actor popular y condenar en costas a la demandada.

VIII. Concepto del Ministerio Público

El procurador primero delegado ante el Consejo de Estado emitió alegato de conclusión en el asunto de la referencia, manifestando que en el sub lite se evidencia un hecho superado, toda vez que con las acciones que tomó la entidad demandada para modificar la barrera arquitectónica que presentaba la edificación, se buscó garantizar los derechos colectivos de todos los usuarios.

Respecto del incentivo afirmó que en el caso sub judice al momento de dictar sentencia en primera instancia y ahora al resolver la apelación no existe una norma que consagre a favor del actor en acción popular el derecho a obtener el reconocimiento del incentivo, por lo que la sentencia impugnada que negó tal reconocimiento se deberá confirmar.

Por lo anterior, sostiene que no habría lugar a condena en costas a favor del actor popular porque la entidad demandada no fue parte vencida ni se acreditó su causación.

IX. Cuestión previa

Las consejeras de Estado María Elizabeth García González y María Claudia Rojas Lasso, mediante escritos de fecha 28 de mayo de 2013(11) manifestaron al magistrado ponente estar impedidas para conocer y decidir sobre el asunto de la referencia por estar incursas en la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante auto del 5 de junio de 2013(12) este despacho declaró infundados los impedimentos manifestados por las consejeras de Estado María Elizabeth García González y María Claudia Rojas Lasso.

X. Las consideraciones

10.1. Consideraciones preliminares.

El artículo 2º, inciso 2º, de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9º ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son los siguientes, a saber: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

10.2. Presentación del caso y problema jurídico.

Con el ejercicio de la presente acción se pretende la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública y el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales se estiman vulnerados como quiera que las instalaciones donde funciona la procuraduría provincial de San Gil no cuentan con los medios de acceso requeridos para las personas cuya capacidad se encuentra disminuida.

El a quo en la sentencia impugnada negó el amparo a los derechos colectivos invocados como vulnerados en la demanda y negó el reconocimiento del incentivo económico.

En orden a resolver lo pertinente, la Sala observa que el problema jurídico a dilucidar consiste en determinar si la parte demandada vulneró los derechos colectivos invocados al no adecuar las instalaciones en las que funciona la procuraduría provincial de San Gil para garantizar el acceso a ellas de las personas con movilidad reducida.

10.3. Análisis del caso.

Para resolver la Sala considera pertinente traer a colación las normas que se refieren a la protección especial de las personas discapacitadas. En ese sentido, el artículo 13 de la Constitución Política establece:

“ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

En desarrollo de esta disposición, y especialmente del mandato de protección de la población vulnerable fijado por el inciso 3º del artículo 13, el título III la Ley 361 de 1997(13), establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad(14) a las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad; a través de ellas se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada. Lo dispuesto en ese título se aplica igualmente a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.

Así, conforme al parágrafo del artículo 43(15) de la ley comentada, los espacios y ambientes descritos en el articulado de la ley, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación.

Por disposición expresa del artículo 45(16) de esta ley son destinatarios especiales de este título las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades esenciales, y en particular los individuos con limitaciones que les hagan requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal. Además, en virtud de lo previsto por el artículo 46(17) la accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios.

De igual forma, el artículo 47(18) ordena que los edificios que hayan sido construidos con anterioridad a la expedición de la pluricitada ley, deberán adaptarse de manera progresiva a las disposiciones por ella descritas. Así mismo, cuando se trate de edificios de varios niveles, estos deberán contar con ascensores o, en su defecto, rampas u otros mecanismos de acceso que cumplan con las especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas(19).

Señala además el artículo 50(20) ibídem, que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos antes citados, y en concordancia con las normas que regulen los asuntos relativos a la elaboración, proyección y diseño de proyectos básicos de construcción, le corresponde al Gobierno Nacional expedir las disposiciones que establezcan las condiciones mínimas que deberán tenerse en cuenta en los edificios de cualquier clase, con el fin de permitir la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de limitación, lo cual cumplió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al expedir el Decreto 1538 del 17 de mayo de 2005.

Lo dispuesto en este último decreto, según lo precisa su artículo 1º, es aplicable para:

“a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención y/o ocupación de las vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público;

b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público” (negrillas y subraya fuera del texto).

Finalmente, el artículo 52 de la Ley 361 de 1997, establece que lo dispuesto en el título IV de la ley en cita y en sus disposiciones reglamentarias (D. 1538/2005), será también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, quienes dispondrán de un término de cuatro años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para realizar las adecuaciones correspondientes.

De lo anterior se colige que en los edificios abiertos al público es imperativo realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la efectiva prestación y accesibilidad al servicio de las personas cuya capacidad se encuentra disminuida y que poseen algún tipo de limitación.

Así lo ha señalado esta corporación en reiteradas ocasiones(21), en las cuales se ha afirmado que:

“Tanto la Constitución Política como la ley garantizan condiciones mínimas de seguridad y desplazamiento para las personas con alguna limitación física o mental en espacios urbanos o al interior de edificaciones de propiedad de particulares o del Estado.

En efecto, como lo ordenan las disposiciones transcritas, en especial el parágrafo del artículo 43 de la Ley 361 de 1997 dichas edificaciones “deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación”.

El deber legal es claro y se materializa mediante la instalación o adecuación, entre otras, de rampas y ascensores (art. 53 ib.)”.

Para resolver el presente caso, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander mediante auto de 2 de marzo de 2010(22) decretó como pruebas las siguientes:

1. La documentación aportada con la demanda(23).

• No se allegó ningún documento adicional al escrito de demanda.

2. Librar oficio a la secretaría de planeación del municipio de San Gil, para que certifique las condiciones de accesibilidad que presenta el inmueble donde funciona la procuraduría provincial de San Gil, aclarando si una persona en silla de ruedas puede subir al segundo piso de dicho inmueble, y si tiene rampa de acceso para discapacitados.

• El secretario de planeación de San Gil certificó que el inmueble en el que funciona la procuraduría de ese municipio no tiene rampa de acceso para discapacitados y por ende una persona en silla de ruedas no podría subir al segundo piso(24).

3. La documentación aportada en la contestación de la demanda.

• Con la contestación de demanda se allegó la documentación relativa al poder conferido al apoderado de la Procuraduría General de la Nación(25).

Así las cosas, del acervo probatorio se concluye que en efecto, el inmueble donde opera la procuraduría provincial de San Gil no cuenta con las facilidades de acceso para la población con limitaciones físicas, lo que demuestra la vulneración de los derechos colectivos de aquellos.

La procuraduría aduce que la razón por la cual no puede proceder a realizar las adecuaciones es porque el inmueble en el cual opera no es de su propiedad, sino que se encuentra allí en calidad de arrendataria. Sin embargo, lo anterior no obsta para que la entidad demanda pueda solicitar autorización a los arrendadores o buscar otro inmueble que sí cumpla con las características necesarias para evitar la vulneración de los derechos colectivos. Esto, por cuanto, es ella la responsable de la prestación de un servicio público, el cual debe ser prestado en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos(26).

Si bien la entidad demandada ha adoptado ciertas medidas para procurar que la prestación del servicio se extienda a este sector de la población, estas resultan insuficientes pues la normativa ordena que se adecuen las instalaciones para facilitar el ingreso y desplazamiento de las personas con capacidad disminuida, de tal forma que ellos puedan acceder a la misma de manera independiente y sin ningún tipo de barreras o limitaciones. De lo contrario, se estaría aceptando el hecho de que quienes no presentan ningún tipo de limitación física sí puedan acceder a las instalaciones de la procuraduría, mientras que los usuarios discapacitados deben conformarse con llegar hasta el primer piso, lo cual además de vulnerar el mandato constitucional de no discriminación, desconoce el propósito del constituyente y del legislador de brindar a ese sector de la población una protección especial para hacer efectiva su integración a la sociedad.

Por lo anterior, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia impugnada, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto se refiere a la vulneración de los derechos colectivos invocados y por consiguiente se concederá el incentivo al actor popular.

Toda vez que la demanda se interpuso en vigencia de la Ley 472 de 1998 se reconocerá en favor del actor popular el incentivo económico de conformidad con lo dispuesto en su artículo 39 “El demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales”.

En relación con este incentivo se ha precisado que el mismo debe reconocerse cuando se profiere sentencia en la que se acogen las pretensiones del demandante, por así disponerlo el artículo 34 ibídem; que el estímulo económico previsto en la ley para el actor no está concebido como un castigo para la entidad o persona renuente a cesar en la vulneración de los derechos e intereses colectivos, sino como una compensación por la labor altruista del aquel, así dicha suma deba pagarse a costa de la entidad o persona responsable de la vulneración; que para que surja el derecho del actor a recibir el incentivo no solo debe haberse producido una violación del derecho colectivo imputable a la entidad obligada a su protección, bien por acción o por omisión, sino que además debe verificarse que dicha protección se obtuvo gracias a la intervención del actor; y que la actividad desplegada por el demandante en el proceso, la importancia del derecho objeto de protección y su trascendencia en la comunidad, y la oportunidad de su intervención para obtener el amparo del mismo, son criterios que debe utilizar el juez, no para reconocer el incentivo económico, sino para determinar el monto de este, según lo precisado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-459 de 2004.

Aplicados los anteriores conceptos al caso sub examine estima la Sala que debe concederle al demandante, a título de incentivo económico, la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De otra parte, en materia de acciones populares las costas están previstas en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en la siguiente forma:

“ART. 38.—El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Solo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar” (se resalta).

En ese orden, el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 42 de la Ley 794 de 2003, dispone lo siguiente:

“ART. 392.—En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (...).

9. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (...) (resalta la Sala).

De otro lado, prevé el artículo 393 que las costas serán liquidadas con sujeción, entre otras, a las siguientes reglas:

“(...).

“3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (se resalta).

Mediante el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció las tarifas de agencias en derecho.

En el artículo 2º de este acuerdo se definen las agencias en derecho como “la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o el trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento”.

Por su parte, el artículo 3º ibídem prevé que el funcionario judicial para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en ese acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables.

En el numeral 3.2 del artículo 6º ibídem se estableció que para las acciones populares y de grupo en la jurisdicción contencioso administrativa, la tarifa será en primera instancia hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en segunda instancia, hasta un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

En el anterior contexto, como quiera que no se encuentra acreditado que se hayan causado, la Sala no condenará en costas a la Procuraduría General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR los numerales primero y segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. AMPARAR los derechos invocados por el actor popular, en el sentido de declarar que la Procuraduría General de la Nación amenaza los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, de la comunidad de personas con limitación o movilidad reducida o disminuida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

3. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, que en el término de cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia, adopte y ejecute la solución pertinente para garantizar el acceso a las instalaciones de la procuraduría provincial de San Gil a las personas minusválidas, con limitaciones, o movilidad reducida o disminuida, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de este fallo.

4. RECONOCER a favor del actor, señor Aníbal Carvajal Vásquez, la suma equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 smlmv), por concepto del incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, a cargo de la Procuraduría General de la Nación.

5. NEGAR la condena en costas solicitada por el actor popular.

6. CONFORMAR el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia integrado por las partes y el Ministerio Público.

7. Devuélvase, ejecutoriada esta providencia, el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de junio de 2013.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, Presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso, ausente con excusa —Guillermo Vargas Ayala.

(1) Folios 1 a 2 del expediente.

(2) Folios 5 a 6 del expediente.

(3) Folios 26 a 31 del expediente.

(4) Folio 25 del expediente.

(5) Folios 39 a 40 del expediente.

(6) Folio 58 del expediente.

(7) Folios 89 a 95 del expediente.

(8) Literal primero sentencia del 15 de febrero de 2012.

(9) Literal segundo sentencia del 15 de febrero de 2012.

(10) Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

(11) Folios 151 a 152 del expediente.

(12) Folios 154 a 158 del expediente.

(13) Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

(14) Según el artículo 44 de esta ley, para los efectos de la misma, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.

(15) “ART. 43.—El presente título establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.

(...).

PAR.—Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación”.

(16) “ART. 45.—Son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades especiales y en particular los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal”.

(17) “ART. 46.—La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios.

El gobierno reglamentará la proyección, coordinación y ejecución de las políticas en materia de accesibilidad y velará porque se promueva la cobertura nacional de este servicio”.

(18) “ART. 47.—La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones.

Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales.

El gobierno establecerá las sanciones por el incumplimiento a lo establecido en este artículo”.

(19) “ART. 53.—En las edificaciones de varios niveles que no cuenten con ascensor, existirán rampas con las especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional o se encuentren vigentes”.

(20) “ART. 50.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores y en concordancia con las normas que regulen los asuntos relativos a la elaboración, proyección y diseño de proyectos básicos de construcción, el Gobierno Nacional expedirá las disposiciones que establezcan las condiciones mínimas que deberán tenerse en cuenta en los edificios de cualquier clase, con el fin de permitir la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de limitación.

La autoridad competente de todo orden se abstendrá de otorgar el permiso correspondiente para aquellos proyectos de construcción que no cumplan con lo dispuesto en este artículo”.

(21) Ver entre otras, sentencia del 3 de junio de 2010. M.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 15001-23-31-000-2005-01867-01. Actor Alfredo Escobar Acero.

(22) Folios 43 a 44 del expediente.

(23) Folios 1 a 2 del expediente.

(24) Folio 46 del expediente.

(25) Folios 32 a 36 del expediente.

(26) A folios 71 a 74 del expediente obra copia del contrato de promesa de compraventa de inmueble suscrito entre la Central Cooperativa Financiera para la Promoción Central, Coopcentral, y la Procuraduría General de la Nación.