Sentencia 2010-00639/43476 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 73001-23-31-000-2010-00639-01 (43476)

Actor: Francisco Javier Parra

Demandado: Nación-Rama Judicial y Otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete

Extractos «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa; 4) denuncia del pleito; 5) la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; 6) Caso concreto: análisis de la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial: a) el daño, b) Imputación fáctica y jurídica - indebida identificación del bien inmueble rematado dentro del proceso ejecutivo, dando lugar a la nulidad del remate y a que se despojara del mismo a su adjudicatario; 7) reconocimiento de perjuicios; 8) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto(7).

2. La oportunidad de la acción.

Observa la Sala que el Tribunal a quo se inhibió de pronunciarse de fondo, como consecuencia de declarar probada la caducidad de la acción, pues consideró que al actor le fue entregado el bien el 7 de febrero de 2007, por tanto, este tenía hasta el 8 de febrero de 2009 para incoar la acción de reparación directa de forma oportuna y que, como la demanda fue radicada el 1 de octubre de 2010, esta se encontraba caducada.

Pues bien, observa la Sala que el a quo incurrió en un error en cuanto a la fecha de entrega del bien, dado que la ubicó el 7 de febrero de 2007, sin embargo, según se anota en el acta de la diligencia suscrita por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, su Secretario, el Secuestre, los agentes de Policía y la persona que atendió a los funcionarios, en esta diligencia no intervino el hoy actor, adjudicatario del bien, sino que tuvo como propósito la entrega del mismo al secuestre recién designado por relevo del anterior, para que se ocupara de su debida administración(8).

El bien solo fue adjudicado en diligencia de remate del 6 de diciembre de 2007, adjudicación que fue aprobada mediante providencia del 19 de diciembre de 2007(9) y el inmueble fue entregado materialmente por parte del secuestre al hoy actor, el 20 de febrero de 2008, como consta en el acta firmada por ambos(10), de ahí que, bajo la tesis del a quo, el demandante tenía hasta el 21 de febrero de 2010 para incoar la demanda dentro del término de ley, pero la misma fue radicada el 1 de octubre de 2010, esto es, se encontraría por fuera del plazo legal.

No obstante, advierte la Sala que para aquel momento, la entrega material del bien el 20 de febrero de 2008, el actor no tenía conocimiento del yerro frente a la identificación del bien adjudicado a él, solo advirtió una posible confusión cuando tramitó una licencia de construcción para la reforma del inmueble y la Secretaría de Planeación Municipal de Fresno le informó que “el predio no concuerda con el certificado de tradición ni tampoco con la matrícula inmobiliaria”.

Así se lo hizo saber al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, mediante escrito del 21 de mayo de 2008, en el cual solicitó a ese despacho “dar clarificación a la negativa de Planeación Municipal, pues sería grave que yo esté mejorando una casa lote de terceras personas, máxime que recibí una casa en obra negra, en malas condiciones de salubridad, humedades por doquier, que requirieron de una importante inversión (…)(11).

De ahí que el actor supo que existía una irregularidad y por ello solicitó al Juzgado que aclarara la situación respecto de la identidad del inmueble que le fue adjudicado, pero para ese momento el bien seguía en sus manos, de modo que no se había consumado el daño que hoy reclama.

Con posterioridad, el 12 de diciembre de 2008, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno resolvió la petición elevada por el hoy actor, en la cual advirtió que el titular de ese despacho “y su secretario ad hoc junto con el abogado fuimos inducidos a error, engañados de mala fe por parte del señor Asdrúbal Giraldo, pues hizo que se secuestrara un predio que no correspondía al que el demandado había hipotecado(12)”.

En la misma providencia, ese despacho resaltó que “el ahora rematante, ni ningún otro, tiene acceso al expediente como para que él al estudiarlo se hubiera percatado del engaño, confió en que el Juzgado le vendía en martillo ese bien inmueble debidamente ubicado, identificado y libre de todo gravamen. Lo recibió sin ninguna prevención”.

De manera que, fue a partir de la providencia del 12 de diciembre de 2008 por la cual se declaró la nulidad del remate y se ordenó la devolución del dinero consignado por el actor para postular, que este tuvo conocimiento cierto del daño consistente en haber perdido el bien que le fue adjudicado, por una indebida identificación por parte del juzgado de conocimiento al momento de secuestrarlo, rematarlo y adjudicarlo(13).

Dicha providencia, según constancia secretarial, quedó ejecutoriada el 13 de enero de 2009(14), luego, el actor tenía hasta el 14 de enero de 2011 para incoar la acción de reparación directa y se observa que la demanda fue interpuesta el 1 de octubre de 2010, esto es, dentro del plazo de dos años previsto en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

3. La legitimación en la causa.

El demandante se encuentra legitimado para actuar, dado que en su calidad de rematante dentro del proceso ejecutivo promovido por Bancolombia en contra del señor Luis Alfonso Cardona, el bien rematado le fue adjudicado y luego, con la declaratoria de nulidad de dicha diligencia perdió la tenencia del inmueble, como consta en la providencia del 12 de diciembre de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno.

Igualmente, en cuanto a la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia, se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la causa petendi y las pretensiones del actor están fundadas en la presunta falla del servicio de la administración de justicia atribuible al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, sin que en el libelo se mencione acción u omisión alguna de parte de dicho Ministerio y sin que su vinculación se justifique por la representación judicial de la Rama Judicial, dado que esta no le corresponde al jefe de esa entidad sino al Director Ejecutivo de Administración Judicial.

Finalmente, la Nación-Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que es la entidad vinculada a la causa petendi(15) y está debidamente representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el artículo 99 numeral 8 de la Ley 270 de 1996.

4. Denuncia del pleito.

Ahora bien, en cuanto al denunciado en el pleito(16), esta Sección ya ha señalado que a dicha figura se le ha entendido como el mecanismo para la exigencia de la obligación de saneamiento por evicción que dispone el artículo 1899 del Código Civil(17), sin que exista una diferencia sustancial con el llamamiento en garantía, pues en ambas el interesado pretende la vinculación forzada de un tercero al proceso, solo que en la denuncia del pleito el denunciado tiene un vínculo material con una de las partes mientras que con el llamado en garantía hay un vínculo legal o contractual; no obstante, la jurisprudencia ha considerado que ambas figuras son equivalentes, pues en la práctica su aplicación diferenciada resulta inoficiosa(18).

Como ya se dijo, esta Sección ha interpretado, aunque la norma procesal civil no lo indique expresamente, que la denuncia del pleito procede siempre y cuando una de las partes invoque la intervención del tercero de quien adquirió a título oneroso, el derecho real que se discute en el proceso, para que este sea obligado al saneamiento por evicción si es el caso(19).

La demandada Nación-Rama Judicial denunció el pleito al señor Asdrúbal Giraldo Bedoya con fundamento en que este hizo incurrir en imprecisión al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno en la diligencia de secuestro del bien objeto del proceso ejecutivo, señalando que conocía al ejecutado y cuál era su casa, lo que condujo a que el Despacho aprehendiera un inmueble que no era el embargado.

Precisado lo anterior, se impone concluir que en este caso no procedía la denuncia del pleito, pues, como ya se dijo, su ámbito de aplicación se contrae a servir de instrumento procesal para materializar la obligación del vendedor de un saneamiento por evicción de la cosa vendida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1899 del Código Civil, sin que en el sub judice se hubiera solicitado la vinculación del comprador hacia su vendedor para que este saneara los vicios ocultos de derecho que afectaran la cosa enajenada.

Tampoco resultaba procedente estudiar la solicitud de la demandada como un llamamiento en garantía(20), dado que la entidad no señaló “de manera siquiera sumaria, la existencia de una relación legal o contractual en virtud de la cual se pueda derivar, prima facie, la existencia de una obligación del llamado para que se haga presente en el proceso”(21).

Pese a lo anterior, la vinculación del denunciado fue admitida por auto del 3 de febrero del 2011 sin que la parte demandante formulara recurso alguno al respecto de dicha providencia, por tanto, la misma quedó en firme y deberá la Sala entrar a estudiar de fondo la obligación que habría de corresponderle al tercero frente a las pretensiones de la demanda, lo cual hará al resolver de fondo el presente asunto.

5. Responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La jurisprudencia de esta Corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el legislador estableció tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos(22).

Igualmente, la misma jurisprudencia ha destacado como características de este sistema de imputación las siguientes: 1) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; 2) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; 3) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; 4) el título de imputación es el subjetivo, falla en el servicio y; 5) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(23).

Finalmente, la jurisprudencia de esta sección ha precisado que “en el concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia”(24).

6. Caso concreto: análisis de la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial.

a) El daño.

El demandante hace consistir el daño en que luego de que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, mediante diligencia de remate, le adjudicara un bien inmueble en el cual realizó gastos para su mejoramiento, ese despacho anuló la actuación despojándolo del mismo.

Sobre el particular, se demostró que dentro del proceso ejecutivo de Bancolombia contra el señor Luis Alfonso Cardona Escobar, ese despacho embargó y secuestró el bien inmueble ubicado en la calle 6 # 1-31 de Fresno, como se desprende de la diligencia realizada el 7 de febrero de 2007, en la cual solo se identificó de que constaba el mismo y a las personas que para ese momento lo ocupaban en calidad de arrendatarios y luego se le hizo entrega formal del bien al secuestre(25).

Posteriormente, según acta del 20 de febrero de 2008, suscrita por el hoy demandante y el entonces secuestre dentro del ya mencionado proceso ejecutivo, se dejó constancia de que el primero era el rematante del inmueble en pública subasta, el cual se encontraba ubicado en la calle 6 # 1-31 de Fresno con matrícula inmobiliaria #283-0010153 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fresno, que fue recibido a satisfacción y sin objeciones por el adjudicatario(26).

Finalmente, en la providencia del 12 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, se advierte que el bien de propiedad de la parte ejecutada fue adjudicado por remate al señor Francisco Javier Parra el 6 de diciembre de 2007, el cual se aprobó mediante Auto del 19 de diciembre de 2007(27).

No obstante, en la misma providencia del 12 de diciembre de 2008, el Juzgado decretó la nulidad del procedimiento de medidas cautelares a partir de la inscripción de la medida de embargo del inmueble con matrícula inmobiliaria 359-0010153 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fresno, igualmente, declaró la nulidad del remate y ordenó la devolución al rematante, señor Francisco Javier Parra, por parte de la ejecutante, del dinero consignado para postular.

De ahí que sí se concretó el daño alegado por el accionante, pues el bien que le fue adjudicado y que recibió de buena fe en una diligencia judicial, un año después de haber obtenido su titularidad y dispuesto sobre él, se le ordenó devolverlo como consecuencia de una indebida identificación del inmueble que fue sujeto a embargo y secuestro dentro del proceso ejecutivo, como pasa a explicarse.

b) Imputación fáctica y jurídica - indebida identificación del bien inmueble rematado dentro del proceso ejecutivo, dando lugar a la nulidad del remate y a que se despojara del mismo a su adjudicatario.

En efecto, en la providencia del 12 de diciembre de 2008, el Juzgado reconoció que se presentó una irregularidad consistente en haber secuestrado y rematado un bien distinto al que se hipotecó a la ejecutante, pues al rematante, hoy actor, se le adjudicó un bien para el que en realidad no postuló porque ni siquiera se encontraba embargado.

Sobre el particular, en dicha providencia se dijo lo siguiente:

“Evidentemente el señor Asdrúbal Giraldo Bedoya hizo incurrir en error al despacho, lo cual amerita investigación de tipo penal, que posteriormente se ordenará, por cuanto con dolo permitió que se secuestrara, avaluara y rematara un bien diferente al que, según sus propias y personales diligencias, fue el que se hipotecó a la ejecutante, siendo conocedor que tales actuaciones deberían recaer sobre el lote #8 y no sobre el lote #23.

“El yerro al cual se indujo al despacho, vinculó además al rematante, persona ajena al proceso, que únicamente compareció para obtener la adjudicación del bien que el juzgado erradamente le ofreció en venta y que, ante la imposibilidad de recibir el predio en debida forma, alertó al juzgado sobre las cuestiones que por esta providencia se analizan.

“(…)

“Bien Embargado:

Se trata del bien inmueble identificado con el lote #8, con el folio de matrícula inmobiliaria 359-0010153 que figura a nombre del demandado.

“Bien Rematado:

Se trata del bien inmueble identificado con el lote #23 con folio de matrícula inmobiliaria 359-0010164 que figuraba para la época de los hechos a nombre de Raúl Giraldo Bedoya y a partir de la última venta que hizo Asdrúbal Giraldo Bedoya figura a nombre de Etickson Darwin Giraldo Espinosa. No figura a nombre del demandado, como inicialmente él creía, lo creyó el abogado, la demandante y el Juzgado.

“(…)

“En orden a establecer lo planteado por el rematante, esto es, ¿cuál es el inmueble que realmente remató?, se tiene que de acuerdo con la inspección judicial se trataría del lote #8, para el que el rematante no postuló, inmueble que el Juzgado no ofreció, porque inicialmente no estaba ni secuestrado ni avaluado.

“Con la mera labor comparativa de los dos inmuebles en la inspección judicial practicada al bien inmueble ubicado en la carrera 1 entre calles 6 y 7, lote #8, y al inmueble ubicado en la calle 6 # 1-31, lote #23, se tienen las siguientes conclusiones:

a. Que el rematante, señor Parra, con fundamento en el avalúo del auxiliar de la justicia, el aviso y la oferta del Juzgado invitando a la postura acudió al llamado para rematar el ofrecido sobre la calle 6.

b. Que estaba interesado en el cartel que ofrecía en venta una casa de una sola planta, ubicada en la calle 6 entre carreras 1 y 2, no en una casa de tres plantas, ubicada en la carrera 1 entre calles 6 y 7.

c. Que ese convencimiento fue definitivo para que acudiera a la diligencia de almoneda.

d. Que de haber sabido la imprecisión y error del Juzgado, no hubiera rematado el bien inmueble.

“(…)

“Puestas así las cosas, es decir, demostrado el error sobre la identidad del objeto o error in corpore, es a todas luces claro, que en la venta judicial del bien raíz ubicado en la calle 6, no hubo acuerdo acerca del objeto del contrato, ya que el rematante creyó comprar este, y el juzgado, que fue así mismo engañado, entregó un bien inmueble que debió ser otro”(28) (Negrillas de la Sala).

En la misma providencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno reconoce que en la diligencia de secuestro del 20 de octubre de 2004, el señor Asdrúbal Giraldo Bedoya, quien se identificó como “comisionista” y encargado de administrar el inmueble, fue quien le señaló al Juez y demás funcionarios intervinientes en la diligencia que ese era el bien del demandado, que incluso lo tenía arrendado y como se dijo encargado del mismo firmó el acta.

Ese mismo despacho aceptó que “faltó más agudeza tanto del abogado de la demandante como del conductor de la diligencia, para observar que la dirección y ubicación efectivamente eran totalmente diferentes, pero eso no le resta el asombro que despierta la cadena de estafas y conductas delictivas que adelantó el señor Giraldo Bedoya”.

De lo anterior se desprende que, pese a que el bien embargado era el de la carrera 1 entre calles 6 y 7 de Fresno, lote #8, con matrícula inmobiliaria 359-0010153; en la diligencia de secuestro no fue este el predio que se aprehendió, sino el de la calle 6 # 1-31, lote #23, con matrícula inmobiliaria 359-0010164, porque tanto el juez como los demás intervinientes hicieron caso de un tercero quien se identificó como el encargado del inmueble hipotecado y que los condujo al que finalmente se secuestró, es decir, inexplicablemente y solo con su dicho, los convenció de que ese era el bien objeto de la diligencia.

De ahí que ese mismo bien fue entregado materialmente al actor como adjudicatario luego del remate, sin embargo, a dicho predio no correspondía la matrícula inmobiliaria antes mencionada, pues en realidad, el bien secuestrado, como lo advirtió la providencia, era el identificado con el folio 359-0010153 que ni siquiera figuraba a nombre del ejecutado, luego no era objeto del proceso ejecutivo y tampoco podía ser adjudicado al hoy demandante, razón por la cual, el Juzgado, en aras de sanear la actuación y no afectar los derechos de terceros, debió anular todo el procedimiento desde el remate y rehacer la actuación.

Siendo así, se observa que la providencia demandada no es contentiva de error jurisdiccional, por el contrario, fue emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno para subsanar una irregularidad frente a la identidad del bien materia del proceso ejecutivo que adelantaba y, con ello, advertir de la misma al hoy actor en su calidad de adjudicatario, dado que al parecer se encontraba adelantando mejoras a un predio que en realidad no era suyo.

Lo anterior por cuanto no hubo error en el decreto del embargo, dado que este sí recayó sobre el bien de propiedad del ejecutado, como lo aclaró la providencia del 12 de diciembre de 2008, la irregularidad ocurrió con posterioridad cuando al ejecutar la medida cautelar el despacho aprehendió un bien que no era el embargado, bien que fue entregado al secuestre y que luego este, a su vez, le entregó al hoy actor en su calidad de rematante adjudicatario del inmueble.

Lo que advierte la Sala, como ya lo hizo en un caso similar(29), es que en realidad se presentó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por una indebida identificación del inmueble al momento de su secuestro no del decreto de la medida, pues se secuestró uno cuyo folio de matrícula no correspondía con el embargado y que, finalmente, fuera rematado y entregado materialmente al hoy accionante, lo que dio lugar a que el mismo Juez de la ejecución anulara el remate y ordenara la devolución del dinero consignado por el rematante para postular.

Respecto de la participación del denunciado en el pleito, señor Asdrúbal Giraldo Bedoya, en la irregularidad en que incurrió el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, considera la Sala que un funcionario judicial no puede excusarse en la manifestación de que un particular, que no le exhibió documento alguno para acreditar la calidad en que intervenía en la diligencia de secuestro, lo indujo al yerro sobre la identidad del inmueble hipotecado porque le señaló cuál era, le aseguró que pertenecía al ejecutado y que por ese solo hecho determinó todos los acontecimientos posteriores.

En la providencia acusada de error se inculpa al denunciado en el pleito de una cadena de estafas a partir del loteo de un predio del cual se desprendieron los inmuebles involucrados en la falla de la administración de justicia en el sub judice, al punto que el bien rematado ni siquiera era de propiedad del ejecutado, pero fue inicialmente vendido por el señor Asdrúbal Giraldo Bedoya y, también se le acusa de haber falsificado documentos y la firma del ejecutado para obtener un crédito con el banco que finalmente promovió el proceso ejecutivo. Por todos estos motivos fue que el Juzgado expidió copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación, a quien le corresponde establecer si hay lugar o no a una persecución penal en su contra.

Sin embargo, el comportamiento de un tercero, ajeno a la ejecución, no era determinante del yerro que cometió el Juez, pues como director del proceso contaba con todas las herramientas para identificar plenamente el bien, solicitando a las autoridades competentes la información correspondiente, tales como la Secretaría de Planeación Municipal de Fresno o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, antes que un particular que simplemente irrumpió en la diligencia de secuestro y le indicó cuál era el supuesto inmueble objeto del litigio.

El mismo operador judicial en la providencia que anuló el remate, reconoció que el día de la diligencia de secuestro le faltó agudeza para observar que la dirección y ubicación del inmueble eran totalmente diferentes, pero pretendió excusarse señalando que el señor Asdrúbal Giraldo Bedoya lo “indujo a semejante error judicial, pues dirigió al despacho hacia otro bien inmueble, con la afirmación de que ese era el inmueble del demandado, con la manifestación de que él estaba encargado de dicho inmueble en calidad de comisionista”.

Para la Sala tal irrupción no sirve de excusa para exonerar o aligerar la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por la irregularidad cometida que afectó los intereses del hoy actor, en su calidad de adjudicatario de un bien que nunca habría recibido, de no ser por la negligencia con la que obró el director del proceso ejecutivo frente a la identificación del inmueble hipotecado.

Así las cosas, para la Sala no existe una responsabilidad compartida entre el denunciado en pleito y la entidad demandada Nación-Rama Judicial, pues corresponde dejar en manos de la autoridad competente las posibles conductas punibles frente al ejecutado y terceras personas, que según el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, el señor Asdrúbal Giraldo Bedoya pudo cometer, lo cual ya tomó su curso de acuerdo con la expedición de copias que ordenó ese despacho y de la que no se allegó noticias a este expediente.

Colíjase de todo lo anterior, que la Nación-Rama judicial es responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la indebida identificación del bien inmueble rematado en el proceso ejecutivo promovido por Bancolombia contra Luis Alfonso Cardona Escobar ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, lo que dio lugar a que el demandante tuviera que devolver el predio que le había sido adjudicado como mejor postor.

Como consecuencia, se revocará el fallo apelado.

7. Reconocimiento de perjuicios.

7.1. Daño emergente.

El actor solicita el reconocimiento de perjuicios por concepto de materiales de construcción y mano de obra para las mejoras que realizó al inmueble, de “ganancia ocasional del negocio” y de otros gastos generales por servicios públicos, vigilancia, impuestos, entre otros trámites.

Ahora bien, se comprobó que el 20 de febrero de 2008 el actor recibió el inmueble de manos del secuestre “en malas condiciones, alto grado de humedad en las paredes que actualmente la hacen inhabitable, sanitario dañado…”, según consta en acta de entrega suscrita por ambos(30).

De ahí que deba inferirse que el actor tuvo posesión del bien entre el 20 de febrero de 2008 y el 13 de enero de 2009, fecha en que la providencia que anuló el remate quedó ejecutoriada, muy probablemente unos días o meses más, pero será esa última fecha la que se tomará en cuenta para cerrar el período durante el cual el demandante efectuó gastos en el inmueble, dado que no se allegó constancia de cuándo el inmueble fue devuelto al Juzgado de la ejecución.

Así las cosas, se comprobó que entre el 20 de febrero de 2008 y el 13 de enero de 2009 el actor efectuó los siguientes gastos en el inmueble ubicado calle 6 # 1-31 de Fresno, rematada y entregada al demandante, los cuales se evidencian como consecuencia del contrato de obra civil para remodelar el primer piso de la casa, así como gastos en servicios públicos correspondientes al período ya indicado, los cuales pasan a relacionarse:

— Contrato civil de mano de obra celebrado el 12 de marzo de 2008 entre el actor Francisco Javier Parra y el señor José Luis Guzmán Alzate, por valor de $6’000.000, para que este último adelantara obras de cambio de tubería de acueducto, picar interna y externamente las paredes, estucar, pintar, cambiar las instalaciones eléctricas, enchapar el baño, cambiar inodoro y accesorios, entre otros, en la casa ubicada en la calle 6 # 1-31 de Fresno(31).

— Recibos de pago por concepto del contrato de mano de obra, según los cuales el señor José Luis Guzmán Alzate recibió de manos del señor Francisco Javier Parra el 21 de mayo de 2008 dos pagos por valor de $2’500.000 y $140.000, respectivamente(32).

— Seis facturas de compra de diferentes materiales de construcción, tales como cemento, tejas y otros, de fechas 21 de mayo, 15 y 30 de octubre, 12 y 13 de diciembre, todas del 2008, por las sumas de $554.000, $94.100, $22.000, $2.800, $1.800 y $2.600, respectivamente(33).

— Factura por instalación de vidrios grabados para baño del 17 de mayo de 2008, por valor de $190.000(34).

— Factura de compra de estructuras para ventanas del 21 de mayo de 2008, por valor de $160.000(35).

— Factura de compra de ventanas metálicas del 10 de abril de 2008, por valor de $390.000(36).

— Factura de compra de puertas y ventanales de corredera con reja de seguridad del 21 de mayo de 2008, por valor de $860.000(37).

— Factura de compra de materiales eléctricos del 3 de mayo de 2008, por valor de $13.900(38).

— Tres facturas de compra de varios materiales de construcción, tales como rejillas, varillas y otros, todas de fecha 9 de julio de 2008, por las sumas de $330.400, $404.600 y $1’078.500, respectivamente(39).

— Recibos de pago del servicio de energía eléctrica correspondientes a los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2008, por las sumas de $147, $1.950, $8.036, $6.947 y $8.143, respectivamente(40).

— Recibos de pago del servicio de gas domiciliario correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008 y enero de 2009 por los valores de $15.930, $32.150, $17.810, $18.730, $22.120, $37.050, $21.490, $21.570 y $5.040, respectivamente(41).

— Recibos de pago del servicio de acueducto correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2008, por las sumas de $3.468, $3.468, $3.468, $3.468, $3.485, $7.042, $7.025 y $3.621, respectivamente(42).

— Recibo de pago de fotografías digitales del inmueble de fecha 22 de enero de 2009, por valor de $45.000(43).

— Recibo de pago de gastos notariales del 9 de mayo de 2008, por valor de $36.000(44).

— Dos recibos de pago del impuesto de remate y de su registro, de fechas 19 de diciembre de 2007 y 1 de marzo de 2008, por valores de $25.000 y $50.500, respectivamente(45).

— Recibo del 18 de abril de 2008 por concepto de copia de escritura, por valor de $7.000(46).

— Acuerdo celebrado el 22 de mayo de 2008 entre el actor Francisco Javier Parra y la señora Dora Inés Maya para cuidar el inmueble ubicado en la calle 6 # 1-31 de Fresno, así como los materiales de construcción depositados en él, en el cual se pactó que la segunda recibiría una suma de $60.000 mensuales(47).

— Recibos de pago de vigilancia del inmueble correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero de 2009, según los cuales la señora Dora Inés Maya recibió $60.000 por cada uno de dichos meses(48).

— Recibo de pago por concepto de trámite ante la Secretaría de Planeación Municipal de Fresno, diseño de segundo piso y plano de la casa ubicada en la calle 6 # 1-31 de esa localidad, de fecha 9 de mayo de 2008, por valor de $300.000(49).

Ahora bien, respecto del contrato de obra civil, la Sala observa que este se pactó por un valor total de $6’000.000, pero de acuerdo con los recibos antes relacionados aparece que el contratista recibió de manos del actor una suma total de $2’640.000.

Sobre el particular, el contratista, señor José Luis Guzmán Alzate, declaró lo siguiente:

Preguntado. ¿Dígale al despacho a cuánto ascendió el valor de los arreglos efectuados por usted en el inmueble de propiedad del señor Francisco Javier Parra? Contesto. Pues la mano de obra que fue la que hice estaba en un valor entre seis y siete millones, no me acuerdo exactamente, solamente la mano de obra porque los materiales todos los dio Francisco. (…) Preguntado ¿Dígale al despacho si el señor Francisco Parra le canceló el valor total del contrato y si usted terminó con su trabajo, respecto de lo contratado? Contesto. Sí, yo todo lo referente al primer piso lo terminé y él me pagó todo el valor”(50).

Sin embargo, en el contrato de obra cuyo objeto era adelantar obras en la primera planta y construir una segunda, se hizo una nota aclaratoria del siguiente tenor: “se pacta $2’500.000 como mano de obra para el arreglo y adecuación del primer piso de la edificación de conformidad con lo descrito en la cláusula primera del presente contrato; el restante valor de $3’500.000 es concerniente a la construcción de la segunda planta del inmueble incluyendo la terraza y segunda plancha destinada para patios, lavadero, tanque de agua y escaleras de acceso en concreto para subir a la terraza”.

De acuerdo con lo anterior, en concordancia con lo dicho por el testigo de que él terminó las obras del primer piso de la casa para la cual se pactó un valor de $2’500.000 y que, como se verificó y lo señaló el actor, la segunda planta no se pudo construir porque la Secretaría de Planeación Municipal de Fresno no le otorgó la licencia de construcción, la Sala tomará en cuenta para la liquidación del daño emergente la suma que el actor pagó al contratista según los recibos allegados, por valor total de $2’640.000.

Por otro lado, en cuanto a lo que el demandante llamó “ganancia ocasional del negocio”, según el demandante, el valor comercial del inmueble para la fecha del remate era de $10’000.000, él pagó $5’000.000 por el remate y el avalúo posterior a la decisión de nulidad es de $18’000.000, a este último valor le resta la suma cancelada por el remate con un resultado de $13’000.000 que es lo que solicita como ganancia ocasional.

No obstante, el perito avaluador contratado por el actor emitió un informe de fecha 19 de marzo de 2009, en el cual estableció el valor comercial del inmueble en $18’180.000(51), sin hacer comparación alguna con el valor del avalúo a la fecha del remate y sin que en el plenario conste cuál era este, pues no se allegó al expediente; únicamente se agregó el recibo de pago del impuesto del remate donde solo aparece el valor de dicho gravamen pero no el monto del avalúo para ese momento.

La operación matemática que hace el actor tampoco tiene asidero, pues habla de un valor comercial actual de $18’000.000 cuando el perito que contrató lo tasó en $18’180.000.

De ahí que no se conoce en el expediente el valor del inmueble que el actor aduce para la fecha del remate, con base en la cual solicita una ganancia ocasional y, por tal motivo, no se accederá a su reconocimiento.

Lo mismo considera la Sala en caso de que la pretensión del demandante se encaminara al reconocimiento de un lucro cesante correspondiente a la valorización del inmueble pues esta no se encuentra probada y en cuanto al valor que pagó por el remate del bien, la misma providencia del 12 de diciembre de 2008 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno ordenó la devolución al rematante, hoy actor, del dinero consignado para postular.

Lo anterior por cuanto el actor no alegó que no se le hubiera devuelto la suma que consignó para postular como lo ordenó el Juzgado de la ejecución o que aquella no fuera indexada, de modo que no puede interpretarse la aludida ganancia ocasional por este concepto.

No obstante sí se reconocerá el valor del informe de avalúo comercial del inmueble por valor de $180.000 que el actor contrató para anexar a la presente demanda(52), dado que fue un gasto más en el que incurrió buscando acreditar los perjuicios reclamados.

Por consiguiente, la suma total de las erogaciones en que incurrió el actor es de $8’240.358.

Esta suma debe ser actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

FORMULAS-0639
 

Como consecuencia, se reconocerá, a título de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, la suma de $11’144.772,98 en favor del señor Francisco Javier Parra.

Frente a los recibos de pago del servicio público de energía eléctrica, no se reconocerán los valores que constan en los documentos anexados a folios 37, 38 y 42, del cuaderno 1, dado que la dirección del inmueble que aparece allí no corresponde a la del inmueble que el actor materialmente recibió, esta es, la calle 6 # 1-31, que sí aparece en los demás recibos antes relacionados.

Tampoco se reconocerá el valor del recibo por concepto de servicio de acueducto visible a folio 54 del cuaderno 1, pues corresponde al mes de enero de 2008 cuando el actor no había recibido el inmueble(53).

Así mismo, no se reconocerá el valor de $191.359 a que se refiere la cuenta de cobro que obra a folio 62 del cuaderno 1, pues es una constancia de que el actor debe ese valor al señor Jorge Arley Muñoz Ocampo por concepto de adecuación de unas instalaciones internas, pero el documento solo da cuenta de la deuda, mas no de que el actor hubiera pagado esa suma.

Lo mismo se predica del documento allegado a folio 63 del cuaderno 1, pues se trata de un recibo de pago de impuesto predial de un inmueble con dirección distinta al que recibió el actor.

Finalmente, el actor relacionó en la demanda el valor de $8’000.000 por concepto de plusvalía por despojo, sin embargo, no demuestra de dónde obtiene dicha cifra y tampoco la incluye en el valor total por concepto de perjuicios materiales que solicitó en el libelo(54).

7.2. Perjuicios Morales.

El actor también solicitó el reconocimiento de perjuicios morales. Al respecto, el señor Fernando Forero Ríos declaró lo siguiente:

“Pregunta la Apoderada del Demandante. ¿Tiene usted conocimiento de cuál fue la actitud o el sentimiento que generó en el señor Francisco Javier Parra el hecho de saber que le habían adjudicado un bien que no correspondía al del remate y que en virtud de ello se vería en la penosa situación de tener que devolverlo y perder su inversión? Contesto. Pues eso lo afectó mucho moralmente y económicamente y todo, a toda la familia le afectó esa situación pues la niña, a una de ellas, creo que le tocó retirarla de la universidad debido a ese problema. Preguntado. Manifiéstele al despacho si en la actualidad usted tiene conocimiento de la situación que vive el señor Francisco Javier Parra y su familia en relación con el bien inmueble adjudicado en forma errónea teniendo en cuenta la relación de amistad que existe entre ustedes dos. Contesto. Bueno, en este momento ellos se sienten muy mal con esta situación, ya que no ha habido ninguna clase de solución a ese problema” (sic a todo lo trascrito)(55).

Por su parte, el señor Félix Eduardo Cardona Bedoya se expresó en los siguientes términos:

Pregunta la Apoderada del Demandante. Manifiéstele al despacho de conformidad con la relación de amistad que se depreca de la narración de los hechos que usted ha realizado, ¿cómo puede usted expresar el sentimiento que le causó al señor Francisco Parra, el conocimiento de que el bien inmueble que había adquirido por medio de remate era equivocado y que, por consiguiente, podría perderlo? Contesto. Pues la desmoralizada que se pegó ese hombre fue mucha, pues a cualquiera que le pase una cosa de esas queda mal, pues de solo pensar que uno va a perder los ahorros en la inversión que había, eso pone mal a cualquier persona o ser humano. Preguntado. Manifieste si tiene usted conocimiento de la situación que vivió el grupo familiar del señor Francisco Parra por esta misma causa. Contesto. Pues mucho conocimiento no, pro si algo porque inclusive a mí me tocó que prestarle plata en varias ocasiones, por ahí para el mercadito, pues él quedó mal y a raíz de eso toda su familia quedó mal, pues fíjese que si está mal el jefe de la casa todos los demás también. Preguntado. Manifiéstele al despacho si usted tiene conocimiento de la situación actual por la que está atravesando el señor Francisco Parra, en relación con el bien inmueble de que trata este proceso. Contesto. Pues hasta donde yo sé, él por intermedio de un abogado está bregando a ver como soluciona el problema y delos demás hace días no sé nada. Lo que yo había oído decir era que le tocaba entregarle pero no sé qué habría pasado. (sic a todo lo trascrito)(56).

Como ya lo precisó esta Sección en los fallos de unificación del 28 de agosto de 2014(57) sobre daños inmateriales, el perjuicio moral se define como “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”.

Respecto del reconocimiento del daño moral por la pérdida de bienes inmuebles, la Sala ha aceptado su ocurrencia “siempre y cuando aquél esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud”(58).

En el caso que se examina los testigos no dieron cuenta de la magnitud de la afectación moral del demandante debido a la orden de devolver el inmueble que le había sido adjudicado, pues su relato se centra más en la afectación económica que en la tristeza, congoja o aflicción, sin que sus declaraciones permitan establecer con claridad en qué consistió cualquiera de estos sentimientos o de qué forma lo vieron expresado en el demandante, de manera que no puede darse por demostrado el perjuicio reclamado sin los elementos suficientes que determinen no solamente su existencia sino también su dimensión, tal como lo exige la jurisprudencia, motivo por el cual, habrá de negarse su reconocimiento(59).

8. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Tolima, el 10 de febrero de 2012 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

“1. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia.

2. DECLARAR que no existe responsabilidad del denunciado en pleito, señor Asdrúbal Giraldo Bedoya, en los hechos demandados.

3. DECLARAR que la Nación-Rama Judicial es administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados al demandante, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que dio lugar a que tuviera que devolver el predio que le había sido adjudicado dentro del proceso ejecutivo promovido por Bancolombia contra Luis Alfonso Cardona Escobar, ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno.

4. CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar al señor Francisco Javier Parra, la suma de $11’144.772,98, por concepto de daño emergente.

5. NEGAR las demás pretensiones.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, para el cumplimiento de esta sentencia”.

SEGUNDO: Sin lugar a costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 10010326000200800009 00, C.P: Mauricio Fajardo Gómez.

8. Fls. 12 a 14 cdno 1.

9. Así se anota en la parte considerativa de la providencia del 12 de diciembre de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Fresno, por la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo promovido por Bancolombia en contra del señor Luis Alfonso Cardona Escobar, en el cual se remató el bien adjudicado al actor, a partir de la inscripción de la medida de embargo del inmueble, pues este no correspondía al del deudor, igualmente, el Juzgado declaró la nulidad del remate y ordenó la devolución del dinero consignado para la postulación, al señor Francisco Javier Parra.

10. Fl. 15 cdno. 1.

11. Fls. 9 a 11 cdno 1.

12. Fls. 91 a 124 cdno 1.

13. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 3 de abril de 2013, Exp. 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), C.P: Mauricio Fajardo Gómez: “para la Sala resulta evidente que la interpretación de la regla consagrada en el artículo 136 del C.C.A., según la cual la caducidad de la acción de reparación opera al cabo de transcurridos ‘dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa’, se debe entender en el sentido de la concurrencia de dos situaciones: el acaecimiento del hecho y el conocimiento por parte de la persona que considera afectados sus derechos por el hecho, omisión u operación administrativa. En caso de que ambas situaciones se presenten de manera concomitante, el término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia; en caso contrario se deberá tener en cuenta la fecha en la cual la presunta víctima hubiere tenido conocimiento del hecho, omisión u operación administrativa”.

14. Fl. 124 vuelto cdno. 1.

15. La Sala debe, con el ánimo de dotar de claridad el tópico, reiterar que la legitimación en la causa se observa desde dos puntos de vista, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación, así: i) de hecho, que se entiende como la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado, es decir, corresponde a la relación jurídica que surge de la atribución de una conducta en la demanda, vale decirse, alude a la vinculación procesal y ii) material, que apunta a la participación real en los hechos de la persona (natural o jurídica). Esta última, comprende un análisis de imputación que solo puede despejarse al finalizar el examen del caso (sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de marzo de 2003, Exp. (13545), C.P: German Rodríguez Villamizar).

16. “Código de Procedimiento Civil. ART. 54.—Denuncia del pleito. Quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho a denunciar el pleito que promueva o que se le promueva, deberá ejercitarlo en la demanda o dentro del término para contestarla, según fuere el caso.
Al escrito de denuncia acompañará la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla y la relativa a la existencia y representación que fueren necesarias.
El denunciado en un pleito tiene a su vez facultad para denunciarlo en la misma forma que el demandante o demandado”.

17. “Código Civil. Artículo 1899. El comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta, deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderla. Esta citación se hará en el término señalado por las leyes de procedimiento”.

18. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 11 de marzo de 2013, Exp. 25-000-23-26-000-2011-00519-01 (45783), C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

19. Ibídem: “Original de la cita: ‘Este criterio ha sido refrendado por esta Corporación, véase Auto del 29 de junio de 2000. C.P.: María Elena Giraldo. Exp. 17677; Auto de 26 de marzo de 2007, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 32723; en este último se afirma: ‘De la lectura de la norma en comento se deduce que la vinculación de un tercero a través de la figura de la denuncia del pleito procede siempre y cuando exista ley sustancial que faculte a una de las partes a denunciar el pleito y está supeditada a que el denunciante la formule por escrito con la demanda o dentro del término de fijación en lista y la acompañe de prueba siquiera sumaria del derecho a formularla.
En conclusión, la denuncia del pleito procede siempre y cuando el demandante o demandado la formule respecto de la persona de la que adquirió, a título oneroso, el derecho real que se discute en la litis, para que ésta sea obligada al saneamiento en caso de evicción, y cuando existe ley sustancial que faculte a cualquiera de las partes a promoverla’”.

20. “Código de Procedimiento Civil. ART.—57. Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores”.

21. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 11 de marzo de 2013, Exp. 25-000-23-26-000-2011-00519-01 (45783), C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa: “Original de la cita: ‘Sobre el llamamiento en garantía esta Corporación ha precisado: “Esta institución encuentra su razón de ser en el principio de economía procesal, ya que dentro de la misma actuación que se adelanta con motivo de la Litis trabada entre demandante y demandado es posible decidir si se reúnen las condiciones para que, en virtud del vínculo jurídico invocado por quien llama en garantía, el tercero deba responder por las condenas impuestas a este. Se trata, entonces, de la configuración de dos relaciones jurídico-procesales distintas dentro del mismo proceso, una principal entre el demandante y el demandado, y otra eventual entre el demandado y el tercero llamado en garantía”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 13 de agosto de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio. Expediente: 43465’”.

22. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01 (17301), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2000-01353-01 (27452), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

24. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2002-00696-01 (26577), C.P. Hernán Andrade Rincón.

25. Fls. 2 a 14 cdno 1.

26. Fl. 15 cdno. 1.

27. Fls. 91 a 124 cdno. 1.

28. Fls. 91 a 124 cdno. 1.

29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01 (17301), C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “Para la Sala es claro que en el sub lite se acreditó la falla del servicio que se imputa a La Nación por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, pues el daño antijurídico que sufrió la demandante se produjo como consecuencia del error cometido por el Juzgado Doce del Circuito de Bogotá, en las diligencias de remate adelantadas dentro del proceso ejecutivo en cuyo desarrollo la señora Aura María Riveros de Garzon participó haciendo oferta para la adquisición en la venta forzada del inmueble embargado, error consistente en la equivocada identificación del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a dicho bien y que condujo a que se dejara sin efectos la adjudicación que a favor de la demandante se había efectuado en la diligencia de remate”.

30. Fl 15 cdno. 1.

31. Fls. 19 a 23 cdno. 1.

32. Fl. 24 cdno. 1.

33. Fls. 25 a 28 cdno. 1.

34. Fl. 29 cdno. 1.

35. Fl. 30 cdno. 1.

36. Fl. 31 cdno. 1.

37. Fl. 32 cdno. 1.

38. Fl. 33 cdno. 1.

39. Fls. 34 a 36 cdno. 1.

40. Fls. 39, 40, 41, 43 y 44 cdno. 1.

41. Fls. 45 a 52 cdno. 1.

42. Fls. 53, y 55 a 61 cdno. 1.

43. Fls. 64 y 89 cdno. 1.

44. Fl. 65 cdno. 1.

45. Fls. 66 y 67 cdno. 1.

46. Fl. 69 cdno. 1.

47. Fls. 71 y 72 cdno. 1.

48. Fls. 73 a 76 cdno. 1.

49. Fl. 77 cdno. 1.

50. Fls. 8 a 10 cdno. 3.

51. Fls. 79 a 90 cdno. 1.

52. Fl. 78 cdno. 1.

53. Según acta visible a folio 15 del cuaderno 1, el actor, en su calidad de rematante adjudicatario, recibió el inmueble de manos del secuestre el 20 de febrero de 2008.

54. Fl. 130 cdno. 1.

55. Fls. 11 y 12 cdno. 3.

56. Fls. 13 y 14 cdno. 3.

57. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, expedientes 26.251, 32.988, 27.709, 31.172, 36.149, 28.804, 31.170 y 28.832. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Ramiro Pazos Guerrero, Carlos Alberto Zambrano, Olga Mélida Valle de De La Hoz, Hernán Andrade Rincón, Stella Conto Díaz del Castillo, Enrique Gil Botero y Danilo Rojas Betancourth respectivamente.

58. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG2002-00226, C.P. Ricardo Hoyos; Subsección A, Sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 20.109. C.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente 17.119, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección C, Sentencia de 9 de julio de 2014, expediente 44333, C.P. Enrique Gil Botero. Postura reiterada en Sentencia del 13 de noviembre de 2014, Exp. 33727, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

59. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2002-00696-01 (26577), C.P. Hernán Andrade Rincón: “Se tiene entonces que frente al caso concreto, la parte actora no probó que por la pérdida de la máquina cortadora de espuma que le había sido adjudicada, había resultado moralmente afectado, pues de las pruebas obrantes en el expediente, no es posible establecer certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio. Además de lo anterior el planteamiento hecho por la parte actora no corresponde a la naturaleza que atañe a los perjuicios inmateriales, pues solicita el reconocimiento de dicho rubro por el sacrificio, lucha y persistencia en la demostración del daño que le fue causado por la demandada y no por el dolor y la tristeza que el daño le pudo ocasionar”.