Sentencia 2010-00644 de agosto 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 250002326000201000644-01 (43170)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: G.R. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Proceso: acción de reparación directa

Asunto: recurso de apelación

Contenido: descriptor: se confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque se configura la culpa exclusiva de la víctima. Restrictor: aspectos procesales - legitimación en la causa - caducidad de la acción/ presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado - el derecho a la libertad individual - culpa exclusiva de la víctima.

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(12), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes G.R., en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, B.R. y A.M. (padres) y D.R. y J.R. (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación - rama judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de la fiscalía especializada y los juzgados penales en las etapas de instrucción y juzgamiento a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del CCA, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(13), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(14). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(15).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(16).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 7 de julio de 2008 y radicó solicitud de conciliación prejudicial el 3 de junio de 2010, audiencia de conciliación que se llevó a cabo el 26 de agosto de 2010 por lo que contaba hasta el 14 de octubre de 2010 para presentar la demanda de reparación directa, lo cual tuvo lugar el 13 de septiembre de 2010, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del CCA.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(17).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(18) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(19).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(20).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediaran circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(21).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(22)(23), eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(24).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(25).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-37 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa” (...)” (resaltado fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, esta Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(26).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Solicita el apoderado de la parte demandante, se revoque la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al considerar que la culpa exclusiva de la víctima estaba fundada en el desconocimiento del a quo, de la actividad política de la occisa y su aspiración a ser elegida como alcalde del municipio de San Alberto; y también en el desconocimiento de la omisión de las funciones en que incurrió G.R., como subcomandante de Policía, al no realizar un informe sobre la muerte de la señora Aida Cecilia.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, descartando que no se haya configurado alguna causal eximente de responsabilidad a favor del demandado, o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo, y condenar a las entidades demandadas.

Se encuentra probado dentro del plenario, que el señor G.R., fue capturado el 1º de diciembre de 2003 por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS(27), en cumplimiento de orden de captura 0211527 emitida por la fiscalía seccional - Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a fin de que rindiera indagatoria(28), la cual se efectuó el 2 de diciembre de la misma anualidad(29); y así mismo, que en proveído del 3 de diciembre(30), la misma fiscalía delegada resolvió la situación jurídica del sindicado imponiéndole medida de aseguramiento por el punible de homicidio con fines terroristas en concurso homogéneo con concierto para delinquir.

Figura, además, que en resolución del 18 de mayo de 2004, la dirección nacional de fiscalías - Unidad Nacional de Derechos Humanos de Derecho Internacional Humanitario, profirió resolución de acusación contra el aquí demandante como presunto coautor del delito de homicidio con fines terroristas en concurso homogéneo con concierto para delinquir (31).

También está demostrado, que en fallo del 12 de enero de 2006(32), el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, absolvió al señor G.R. de las acusaciones endilgadas en su contra en aplicación al principio de in dubio pro reo, en virtud de ello le concedió libertad provisional; y ordenó compulsar copias para que se le investigara disciplinariamente.

De igual manera obra en el plenario, que en fallo emitido el 17 de abril de 2007 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar - Sala Penal, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los condenados, en la que negó la solicitud de declaratoria de nulidad de todo lo actuado(33); así como que posteriormente en proveído del 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, inadmitió la demanda de casación presentada por la parte civil del presente asunto.

Ahora bien, es importante precisar que la culpa exclusiva de la víctima declarada por el tribunal de primera instancia y causal del recurso de apelación aquí resuelto, fue la actividad irregular realizada por el señor G.R. en el ejercicio de funciones, como comandante de la policía en el municipio de San Alberto, durante la investigación desplegada por la muerte la occisa Aida Cecilia y su hija menor, de la cual se tenían indicios que se había generado por intereses políticos de las autodefensas; conjuntamente con su poca acción por la persecución contra algunos de los demás candidatos en las elecciones.

Ante las anteriores imputaciones, procede la Sala a efectuar un análisis de las pruebas obrantes en el sumario, con el fin de verificar si se encuentra acreditado el daño antijurídico; y si el mismo le es imputable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad, o cualquiera otra acción u omisión que permita atribuirle responsabilidad administrativa al Estado, o en su defecto, si por el contrario, se encuentra configurada una causal eximente de responsabilidad.

La Sala observa que de la ocurrencia de los hechos, miembros de la Policía Nacional de San Alberto, bajo el mando del capitán G.R., conocieron de primera mano la situación allí sucedida, tal como quedó plasmado en la sentencia absolutoria a favor de este último(34), y que al cuestionarle en indagatoria rendida y si le habría comunicado lo sucedido a las demás autoridades este respondió, “Dentro de la ocurrencia de los hechos se hizo presente el inspector de policía del municipio, quien realizó las diligencias, como es o era su competencia, de inspección de cadáveres. Al señor alcalde de apellido Jaimes, en forma verbal, al otro día a primera hora [...] al igual que rindiendo informes que obligatoriamente tengo que poner conocimiento de mis superiores [...] si llegado el caso no enteré al señor fiscal fue porque él en ocasiones muy frecuentes no permanecía en el municipio”; y más adelante, al preguntarle de manera precisa si envió informe de los hechos a la Fiscalía este respondió “la verdad no me acuerdo [...] las diligencias a las que había lugar eran realizadas por el señor inspector de policía de municipio”.

Por otro lado, se encuentra probado que el señor G.R. en su indagatoria manifestó que desconocía la postulación de la señora A.L. como candidata a la alcaldía del municipio de San Alberto; afirmó que su muerte era por problemas de convivencia y no por intereses políticos, reiteró que no tenía conocimiento que contra ella existieran persecuciones políticas, ni contra otro aspirante a las contiendas electorales; de lo expuesto advierte la Sala que si bien aún no estaban abiertas las inscripciones oficiales para los aspirantes electorales en la Registraduría Nacional, sí era de conocimiento público que la señora A.L. se encontraba vinculada con la política del municipio y que en su contra existían persecuciones políticas, lo anterior con fundamento en las afirmaciones realizadas tanto de particulares del municipio, de sus adversarios electorales y de los familiares de la occisa, quienes de manera contundente afirmaron que ella participaría en las elecciones públicas, y que su muerte se había ocasionado por un fin meramente político, y ella no era la única persona perseguida por grupos al margen de la ley, lo anterior con fundamento en lo establecido en la sentencia absolutoria, y de la cual se destacan los siguientes testimonios:

1. El de L.L., aspirante a la primera magistratura del municipio de San Alberto, quien afirmó “A.L.” estaba en campaña y para la fecha de la muerte no se había abierto las inscripciones”.

2. El de V.E. quien dijo “con A.L. tenían un grupo de 80 mujeres, que ella era líder buena y no viajó a Bogotá a un congreso que tenía porque se quedaba inscribiendo las cédulas”.

3. El de W.C., el sacerdote del municipio San Alberto, quien manifestó “A.L. estaba haciendo campaña para su candidatura”.

4. El de M.R., aspirante a la alcaldía, quien manifestó “cuando tuvo conocimiento que J.Z. había dicho que sería alcalde así le tocara poner los muertos le comentó a A.L. quien también aspiraba a la alcaldía y le dijo que ella iba hasta las últimas consecuencias, informa asímismo que fue amenazado, le tocó cerrar la sede y estuvo buscando a J.P. porque se suponía que era el duro ahí, el jefe de los paramilitares”.

5. El de A.F. candidato al consejo municipal expuso, “que faltando un mes y medio para las elecciones un grupo armado le ordenó que se retirara”.

6. D.L., gerente de una empresa llamada Indupalma, quien afirmó, “con A.L. y otros candidatos a la alcaldía a excepción del que ganó sostuvo una reunión que los de la cooperativa tenían la intención de lanzar un candidato y a razón de ese asesinato se retiraron y en fecha posterior asesinaron al presidente del sindicato [...] porque iba a denunciar un trasteo de votos”.

7. N.R., esposo de la occisa, aseveró, “dos sujetos fueron a su residencia a amenazarla para que se retirara de la campaña”.

8. Y.P., esposa de D.T., alias “El Cura”, aseveró que, “confirma la visita de A.L. a su marido a hablarle de las amenazas y D.T. le dijo que no conocía a esos tipos”.

Se itera, que se tiene demostrado que era de conocimiento público y de las autoridades del municipio de San Alberto que la señora A.L. era víctima de amenazas por su aspiración política.

Así las cosas, en virtud de los testimonios traídos a la discusión, donde los declarantes afirmaron que la señora A.L. tenía intenciones de participar en la contienda para ser alcaldesa del municipio de San Alberto, pudo evidenciarse que pese a que no se encontraba legitimidad de su postulación, por no encontrarse abiertas las inscripciones tal y como lo manifestó el demandante, lo cierto es, que la occisa tenía la calidad de un actor social, de una líder comunitaria, y que además la misma había laborado en la alcaldía municipal por 18 años, siendo estas circunstancias, que exceden la normalidad, o los peligros ordinarios dado su labor influyente en una población y por lo cual le es aplicable el principio democrático de manera que puedan ejercer su profesión libremente, en igualdad de condiciones y en el marco del respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos a todos los ciudadanos. El precedente jurisprudencial constitucional sostiene(35),

“(...) En efecto, la Constitución no limita el principio democrático al campo político sino que lo extiende a múltiples esferas sociales. Consecuencia directa justamente del carácter expansivo de la democracia participativa.

Ya la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el principio democrático que prohíja la Carta Política es a la vez universal y expansivo. Así “se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción””.

Con fundamento en lo anterior la Sala encuentra demostrado que era un hecho notorio, que miembros de las autodefensas perseguían a algunos miembros de la población que tenía[n] aspiraciones políticas dentro del municipio de San Alberto, entre los cuales, se encontraba la señora A.L., quien deseaba ostentar un cargo de elección popular para el periodo 2001-2003; por lo que no es claro que la policía de dicho municipio, en especial quien fungía como comandante, aduzca que desconocía de la situación a la que se veían sometidos los ciudadanos que aspiraban a cargos de elección popular, pues el mismo contaba con tres meses de laborar en ese municipio, tiempo suficiente para empaparse de la situación socio-política de dicha jurisdicción, pues este recibía parte de sus subalternos, quienes le informaban de todas las situaciones que ocurrían en el municipio de San Alberto, asimismo, de la red de apoyo de la comunidad, extraña la Sala el actuar pasivo de este funcionario policial quien debió informar a las respectivas autoridades o a sus superiores de estas irregularidades padecida[s] por los miembros de esa comunidad política, con el fin de garantizarles su derecho a la participación política en ese municipio, así como, a su integridad personal, no obra en el plenario ninguna investigación adelantada por su parte, o alguna campaña de prevención respecto de la seguridad que debían tener los aspirantes a los cargos públicos o actividad de seguridad en favor de los candidatos.

Asimismo, se encuentra que el señor G.R. incurrió en unas omisiones e inconsistencias, pues en la investigación desplegada como consecuencia de la muerte de la señora A.L. y su hija menor, se evidencia que la primera autoridad en llegar al lugar de los hechos fue la autoridad policial, quien se limitó a hacer simple presencia en el lugar, argumentando que su única labor fue “aislar el sitio”; por otra parte, al cuestionársele si habría elaborado algún informe con dirección a la Fiscalía en el que diera alguna descripción de los hechos, respondió, “La verdad doctor no me acuerdo. [...] las diligencias a que había lugar eran realizadas por el señor inspector de policía del municipio [...] No estoy seguro de que haya presentado el informe a la Fiscalía, pero de lo que sí puedo decir [...] rendí informes por escrito a mis superiores”.

Así las cosas, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, la Sala debe mencionar que no se encuentra demostrado que este hubiese comunicado a sus superiores de este hecho; por otra parte, respecto al informe dirigido exclusivamente a la Fiscalía para que se iniciara la correspondiente investigación preliminar, en su escrito de apelación, sostuvo que tal responsabilidad no se encontraba bajo su competencia, para lo cual pone de presente el artículo 310 de del Decreto 2700 de 1991(36), vigente para la época de los hechos, y añade que en el municipio habían varios funcionarios con potestad de policía judicial, y que además en la escena del crimen se había hecho presente el inspector de policía quien habría efectuado las labores correspondientes en la escena. No obstante, en la investigación penal adelantada, nunca se hizo mención de la participación o colaboración de ese último, y por el contrario en la sentencia absolutoria a favor del señor G.R. se pone en evidencia que la Fiscalía había conocido de la noticia criminal través de una llamada anónima reciba por esa entidad. Además de ello, la sola afirmación del demandante de existir otros funcionarios para aquel momento no es suficiente prueba de la existencia, este debía ir más allá de una afirmación para probarlo, máxime cuando se encuentra en debate el ejercicio de sus funciones en la investigación penal adelantada.

Resulta de igual manera importante resaltar, que en la sentencia absolutoria proferida a favor del señor G.R. en aplicación al principio de in dubio pro reo, dentro de las consideraciones expuesta por el despacho judicial, también se hizo alusión a la[s] irregularidades del aquí demandante durante la investigación de la muerte de la ex candidata a la alcaldía del municipio de San Alberto, y respecto de lo cual afirmó:

“No desconoce el despacho las omisiones que resalta el fiscal y el ministerio público en el procedimiento que llevó a cabo el referido teniente con ocasión del homicidio de A.L. y su menor hija S.L. donde no pasó un informe a la Fiscalía del conocimiento que tenía acerca de los hecho[s] para que se investigara el crimen muy a pesar de haber sido la primera autoridad que llegó al lugar [...] también es extraña su empecinad[a] posición en negar que A.L. no era candidata o informar que el crimen no provenía de las autodefensas, y destacar en cambio como causa probable del mismo el incidente que A.L. tenía con la amante de su esposo, cuando a cualquier persona con mediana inteligencia piensa que un incidente como ese de poca monta no puede ser causa que genere un atroz crimen, lo que debió ocurrírsele en su calidad de autoridad, tampoco podía desconocer ni ser sordo a lo que se rumoraba que el crimen era de autoría de las autodefensas, porque de las averiguaciones que hizo el subcomandante de la estación de policía señor s[í] fue informado que el fin del homicidio fue político como lo manifestó en su testimonio lo que es extraño es que no haya llegado al conocimiento del teniente”.

Finalmente, es importante manifestar que en la precitada sentencia absolutoria, aun cuando el juez de conocimiento no tuvo las probanzas para incriminar al señor G.R., sí ordenó que se compulsara copias para que contra este se iniciara una investigación disciplinaria en su contra.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto se reitera, fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, en ejercicio de sus funciones y en aplicación de su independencia en la valoración probatoria, considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para condenar penalmente al sindicado por los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada.

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

En conclusión, se confirmará la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección A de fecha 20 de octubre del 2011, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones antes expuestas, esto es, por encontrarse configurada la culpa exclusiva de la víctima.

6. Condena en costas.

En cuanto a la condena en costas, la Sala observa que la Ley 446 de 1998 indica, en el artículo 55, que solo hay lugar a su imposición cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente.

En el sub judice es evidente, que G.R. actúo temerariamente, pues, pese a tantas omisiones en el desarrollo de sus funciones como comandante de la Policía del municipio de San Alberto, en relación con la muerte de la señora A.L., que habían sido develadas por tribunal, insistió en presentar un recurso de apelación carente de fundamento. En efecto el artículo 79 del Código General del Proceso establece como uno de los casos en que se presume la temeridad, el haber interpuesto un recurso con manifiesta carencia de fundamento legal, y ello resulta evidente en este caso, puesto que, pese a que el juez de primera instancia le había atribuido la culpa exclusiva, con hechos que son palmarios, insistió en adelantar este recurso de apelación manifiestamente carente de cualquier fundamento.

En consecuencia, la Sala condenará en costas a la parte actora, las cuales se liquidarán a través de secretaría de la Sección Tercera.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de octubre del 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDENAR en costas a la parte actora, liquídense por secretaría.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

12 Corte Constitucional, Sentencia C-965 de 2003.

13 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (resaltado fuera de texto).

14 Consejo de Estado, auto de 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.

15 Consejo de Estado, auto de 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

16 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40324, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

17 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

18 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas). En: Afduam (4); 2000, p. 174.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, Exp. 10923.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 200 (sic), Exp.: 15989.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, Exp.: 8666.

22 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

23 D. 2700/91, ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp.: 10056.

25 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de enero de 2014, Exp.: 27689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41326.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27577, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

27 Folios 2-3, cuaderno 1.

28 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no autoincriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (...) En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp.: 36170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, Exp.: 40111 y del 8 de noviembre de 2016, Exp.: 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.

29 Folios 11-21, cuaderno 1.

30 Folios 22-62, cuaderno 1.

31 Folios 63-143, cuaderno 1.

32 Folios 177-279, cuaderno 1.

33 Folios 281-366, cuaderno 1.

34 Folio 266, cuaderno 2.

35 Corte Constitucional, Sentencia C-934 de 2004.

36 ART. 310.—Servidores públicos que ejercen funciones permanentes de policía judicial. Realizan funciones permanentes de policía judicial:
1. La policía judicial de la Policía Nacional.
2. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y todos los servidores públicos que integran las unidades fiscales.
3. El Departamento Administrativo de Seguridad.
Ejercen funciones especiales de policía judicial:
1. La Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.
2. Las autoridades de tránsito en asuntos de su competencia.
3. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.
4. Los alcaldes e inspectores de policía.
PAR.—En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de la policía judicial de la Policía Nacional, las funciones de policía judicial las podrá ejercer la Policía Nacional.