Sentencia 2010-0652 febrero 14 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Rad.: 73001-23-31-000-2010-0652-01(AC)

Actor: Samuel Machado Vega

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro.

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «3. Considera

3.1. Análisis de procedencia de la acción de tutela.

Se tiene que el actor plantea la vulneración de sus derechos fundamentales a partir de las decisiones de la Universidad del Tolima de cancelar su matrícula y de sancionarlo disciplinariamente por plagio, asimismo, de la determinación del Ministerio de Educación de no efectuar investigación de su caso.

La Carta Política de 1991, en su artículo 86, contempla la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante el ejercicio de la acción de tutela bajo las formas propias de un mecanismo preferente y sumario, la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Por su parte, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, prevé que este mecanismo sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como instrumento transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.

Sea lo primero indicar que las actuaciones censuradas pueden catalogarse, de un lado, en actos académicos (Universidad del Tolima), y de otro, en actos administrativos (Ministerio de Educación).

Respecto de los actos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, debe indicarse que son susceptibles de ser controvertidos a través de las acciones contenciosas de los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo, según lo considere pertinente el demandante, en consecuencia, no es esta vía constitucional la adecuada para conjurar los efectos de los actos censurados de la cartera ministerial en comento. En ese orden de ideas, se rechazará por improcedente la acción, frente a estos.

Ahora, frente a los actos académicos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado inveteradamente que no son susceptibles de contradicción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia, la acción de tutela se erige procedente para analizar la trasgresión de derechos fundamentales en torno a su contenido. Sobre la improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de estas actuaciones, dijo la Corte:

“1. Que de lo contrario se desmoronarían los centros educativos oficiales, pues todos sus actos (fijación de calendario estudiantil, exámenes de admisión, horario de clases, llamamiento a lista, programas, cuestionario de exámenes, calificaciones, grados, sanciones estudiantiles etc. etc.) pasarían inmediatamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; esos planteles se verían cohibidos para el desarrollo de sus fines por temor a los litigios, y tendrían que dedicar tiempo y esfuerzos requeridos por dichos fines a la atención de los procesos; de institutos educativos se tornarían en centro querellantes, cambio que en parte alguna prevé la legislación.

2. Que se implantaría una diferencia desprovista de todo fundamento entre los planteles públicos, cuyas sanciones académicas estarían sujetas a la jurisdicción, y a los privados, cuyas sanciones académicas escaparían a aquella, consecuencia de lo cual sería mayor autoridad académica y mayor orden en estos, menor en aquellos. En ninguna norma legal se ha querido establecer tal desventaja.

3. Que los centros educativos tanto públicos como privados, están sometidos a la inspección y vigilancia de la Rama Ejecutiva del Estado, ante la cual pueden ejercer los estudiantes cuando consideren injustas e ilegales las sanciones que se les haya impuesto”(1).

3.2. Por lo anteriormente expresado, la Sala abordará el estudio del fondo del asunto planteado, teniendo en cuenta que los motivos de inconformidad expresados por el actor frente a la actuación de la Universidad del Tolima se circunscriben a (i) la forma como se llevó a cabo el procedimiento que desencadenó su sanción disciplinaria por plagio, y (ii) el hecho de que fue cancelada su matricula universitaria, por razón del doble bajo rendimiento académico (BRA) que presentó, según afirma el tutelante, porque el docente Libardo Vargas Celemín no pasó las notas correspondientes a su asignatura durante los semestres 2008/B y 2009/A.

Respecto al procedimiento disciplinario que se llevó en su contra, debe indicarse en primer término que el actor, Samuel Machado Vega, inició estudios universitarios de Licenciatura en Lengua Castellana en la Universidad del Tolima en el año 2004, los cuales cursó sin ningún inconveniente hasta el segundo semestre del año 2008.

En efecto, el 25 de noviembre de 2008, el docente Libardo Vargas Celemín, Profesor Asociado de la Facultad de Educación de la Universidad en comento, envió misiva al Consejo de la Facultad de Educación en la que ponía en conocimiento la práctica por parte de Samuel Machado Vega, de plagio en la asignatura de Lengua Castellana, al incluir en dos trabajos párrafos enteros tomados de páginas de Internet. A efecto de probar dicha afirmación, anexó los citados trabajos e indicó que “Académicamente el estudiante perdió la materia, pues resulta incompatible que un futuro “maestro” intente engañar no solo a quien lo está orientando en la búsqueda de conocimientos nuevos, sino a la comunidad estudiantil” (fl. 28).

El proceso disciplinario inició con comunicación de la Directora de Unidad Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima dirigida a la Jefe de Programa Licenciatura en Lengua Castellana, informándole que el Consejo de la Facultad decidió que era necesario realizar los preliminares para considerar la posibilidad de abrir un disciplinario en contra del estudiante. En consecuencia, mediante Auto de 5 de diciembre de 2008 se dio apertura a la investigación disciplinaria por parte de la jefe de programa, tal actuación se notificó al interesado mediante comunicación de 9 de diciembre siguiente, y este presentó los descargos correspondientes y solicitó pruebas (fl. 27 a 59).

A través de auto de 20 de enero de 2009, fue resuelta la solicitud de pruebas denegando algunas (fl. 94 a 97), la cual fue recurrida en reposición por el investigado (fl. 100); no obstante la investigadora no repuso la decisión de 20 de enero, concedió el recurso de apelación y determinó que se recepcionarían los testimonios solicitados (fl. 102 a 104).

El estudiante presentó recusación contra la funcionaria investigadora Clara Lucía Pradilla Torres, por cuanto en oportunidad anterior, aquel había interpuesto una acción de tutela contra algunos directivos de la Universidad, entre los cuales estaba incluida esta (fl. 108 a 109), solicitud que fue denegada por la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, en vista de que el disciplinado no aportó pruebas de la recusación (fl. 110-111). De folio 141 se leen los testimonios rendidos, solicitados por el actor.

La investigación disciplinaria culminó con la expedición del Acuerdo 325 de 10 de agosto 2009, por medio del cual se impone una medida disciplinaria a un estudiante. En el cuerpo del citado Acuerdo, se lee textualmente lo siguiente:

“CONSIDERANDO:

Que el profesor Libardo Vargas Celemín quien orientó la asignatura Temas y problemas de investigación en Literatura durante el semestre B de 2008 presenta queja ante el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación por presunto plagio del estudiante Samuel Machado Vega Código 0510-00482004 del programa de Licenciatura en Lengua Castellana, la cual fue socializada en sesión del 25 de Noviembre de 2008.

Que una vez realizado el debido proceso y presentado el informe en la sesión del Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación del día 15 de Julio del presente año se concluyó “Que el investigado no logró demostrar la inocencia sobre la falta que se le imputa por lo tanto le asiste responsabilidad disciplinaria, debido a que no logró desvirtuar el cargo que le fue endilgado y se recomienda la imposición de una sanción acorde con lo estipulado en el estatuto estudiantil vigente” (resaltado fuera de texto original).

Que en consecuencia con los hallazgos, el Consejo de la Facultad considera que el estudiante cometió fraude, artículo 29 literal a) Acuerdo 6 de marzo 1º de 1996.

ACUERDA:

ART. 1º—Imponer la medida disciplinaria prueba de conducta agravada que condiciona la matrícula del estudiante durante el resto del periodo académico o semestre en que se cometió la falta y los dos semestres siguientes, artículo 28 literal d), al estudiante Samuel Machado Vega Código 0510-00482004 del programa de Licenciatura en Lengua Castellana de la Facultad de Ciencias de la Educación.

ART. 2º—Notificar del presente acuerdo personalmente al estudiante sancionado en cuya diligencia se le entregará copia del mismo.

ART. 3º—Hacer saber que procede el recurso de reposición. Si no fuere posible la notificación personal, se hará por edicto, de conformidad con lo preceptuado por el Código Contencioso Administrativo.

ART. 4º—En firme el presente acuerdo, se librarán los oficios pertinentes para la ejecución de la presente sanción.

ART. 5º—Notificar a la oficina de admisiones, registro y control académico.

Notifíquese, comuníquese y cumplase (sic)

Dado en Ibagué, el 10 de agosto de 2009.

Amparo Quintero Padilla Sandra Patricia Martínez

Presidente Consejo de Facultad Directora Unidad Académica”

A partir del anterior recuento, la Sala encuentra que la investigación disciplinaria surtió el proceso delimitado en el estatuto de los estudiantes, de manera que no se observa trasgresión del derecho al debido proceso del tutelante.

No obstante, llama la atención de la Sala el contenido del acuerdo sancionatorio al decir “Que el investigado no logró demostrar su inocencia sobre la falta que se le imputa, por lo tanto le asiste responsabilidad disciplinaria, debido a que no logró desvirtuar el cargo que le fue endilgado y se recomienda la imposición de una sanción acorde con lo estipulado en el estatuto estudiantil vigente”, frases contrarias al ordenamiento jurídico superior en tanto comportan la idea equivocada de que es el investigado quien debe probar su inocencia, cuando según los principios constitucionales de la buena fe y la presunción de inocencia (arts. 83 y 29, respectivamente, de la C.N. 1991) corresponde al investigador, a través de las pruebas arrimadas, llegar al convencimiento de que la conducta desplegada transgrede, en este caso, el reglamento estudiantil y en consecuencia, la existencia de la responsabilidad disciplinaria correspondiente.

Ahora bien, examinado en su integridad el Reglamento Académico de la Universidad del Tolima, contenido en el Acuerdo 006 de 1996, se evidencia que el régimen disciplinario aplicable se desarrolla de los artículos 31, en estos se delimitan: las medidas o sanciones disciplinarias por las faltas cometidas (art. 28), los tipos de faltas (art. 29), los términos procesales aplicables en el proceso disciplinario (art. 30) y las autoridades que ayudarán a los estudiantes a una mayor comprensión del estatuto y de los trámites (art. 31).

Lo anterior, a juicio de la Sala, comprende un desarrollo inadecuado del procedimiento disciplinario que debe gobernar al amplio estudiantado de la Universidad accionada, donde no se delimitan presupuestos como autoridades competentes para adelantar la investigación, ante quién se deben interponer los recursos procedentes, el tema de los impedimentos y recusaciones, entre muchos otros. En ese orden de ideas, se deja al margen de la discrecionalidad la forma como debe desarrollarse el proceso aludido, hecho que traspasa los límites de la autonomía universitaria tal como está concebida constitucionalmente, régimen al que, indefectiblemente, debe atenerse la institución.

Es evidente que cualquier decisión de naturaleza administrativa o académica de una universidad, hace parte de la denominada autonomía universitaria, la cual, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política, encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público, tanto en el campo de la orientación ideológica como en el manejo administrativo o financiero del ente educativo, no obstante, la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto.

Así, la propia Corte Constitucional ha indicado que: “La autonomía universitaria se refleja en las siguientes libertades de la institución: elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, establecer los programas de su propio desarrollo, aprobar y manejar su presupuesto y aprobar los planes de estudio que regirán la actividad académica. Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”(2).

En ese orden de ideas, las frases aludidas, contenidas en el Acuerdo 325 de 10 de agosto de 2009, bien pueden ser producto de una imprecisión gramatical, empero, es necesario requerir a la autoridad universitaria, para que suprima definitivamente dichos apartes de los acuerdos sancionatorios, y los adecue a unas palabras que obedezcan al sentido de la Constitución Política y de la manera en que se lleva a cabo la investigación, teniendo en cuenta que es al ente investigador a quien corresponde demostrar que la conducta ocurrió y merece sanción.

De otro lado, se ordenará a las directivas de la Universidad del Tolima reformar en su integridad el procedimiento disciplinario contenido en el Acuerdo 6 de 1996, de manera que se de adecue y obedezca a los principios del derecho disciplinario y sancionatorio concebido por nuestro ordenamiento jurídico.

3.3. Ahora, frente al segundo motivo de inconformidad del actor referente a la razón que desencadenó su bajo rendimiento, que a su vez conllevó a la cancelación de la matrícula correspondiente, fue sustancialmente el hecho de que en el semestre 2008-2 en la materia Temas y Problemas de Investigación en Literatura, obtuvo como nota general del semestre 0.0, para un promedio acumulado de 3.30, por lo que fue puesto en situación de condicional; asimismo, porque en el semestre siguiente 2009-1, en la misma materia, obtuvo nota general de 0.0, y promedio acumulado de 3.30 (fl. 185).

De conformidad con el Estatuto de los Estudiantes, Acuerdo 6 de 1996, artículo 24, parágrafo, quien presente un rendimiento bajo, esto es, con promedio de 3.5, será sometido a un periodo de prueba, y de persistir el bajo rendimiento, será cancelada su matrícula.

La materia aludida corresponde a aquella sobre la que el actor fue investigado por plagio, y en tal virtud, según afirma el propio docente titular de la misma, Libardo Vargas Celemín, en comunicación de 10 de marzo de 2009 (fl. 143): “aunque él presentó algunos trabajos, el hecho de existir un serio cuestionamiento sobre la autoría de ellos y ante la necesidad de figurar una nota, se dio por perdida la materia, dada la advertencia realizada en el inicio del semestre sobre las implicaciones del plagio. Sin embargo, una vez concluya la investigación y según su resultado, esta nota puede ser modificada de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Oficina de Registro Académico.” (resaltado de la Sala).

Lo anterior indica que antes de que fuera proferido el acuerdo que sancionó al actor (ago. 10/2009), el docente tomó la decisión de adjudicar una nota frente a la materia, dándola por perdida en vista del serio cuestionamiento sobre la autoría del plagio que se investigaba, en otras palabras, prejuzgó y determinó que la nota merecida era 0.0, sin que se hubiera determinado aún el resultado de la investigación disciplinaria, a la que ya se aludió.

Esto indica que la actuación de cancelación de matrícula adelantada contra el actor, trasgredió su derecho al debido proceso, en tanto se adjudicó una nota dando por perdida una materia, sin saber aún el resultado de la investigación.

Pues bien, la Sala no desconoce las normas de la universidad frente al tema del bajo rendimiento y las sanciones al respecto, empero, no es dable que antes de proferirse la sanción se imponga el castigo, que desencadenó nada más y nada menos que en la cancelación de la matrícula, que según el Estatuto Estudiantil, puede ser hasta por cuatro (4) periodos académicos (art. 28, par. 1º).

La medida al respecto no puede ser otra que dejar sin efectos la decisión del Consejo de facultad de cancelar la matrícula del estudiante Machado Vega, y ordenar su reintegro. Sin embargo, ello no puede subsistir de facto, de manera que por decisión de un juez de tutela se decida unilateralmente que continúe los estudios en el nivel siguiente. Así las cosas, es necesario que se le permita al discente reanudar el estudio de la materia Temas y problemas de investigación en la literatura, bajo la dirección de un docente distinto a aquel que la impartió en primer término.

Finalmente, la Sala considera necesario el concurso del Ministerio de Educación - Subdirección de inspección y vigilancia, para que esté atento a las actuaciones de la Universidad del Tolima, bajo el entendido de que su misión institucional no sólo se remite al simple papeleo y escucha de las versiones de las partes, sino a la corroboración de los hechos planteados en las quejas ante él presentadas, de forma que si es necesario que envíe un emisario, lo haga.

En consecuencia, tanto Universidad del Tolima como Ministerio de Educación - Subdirección de Vigilancia deberán presentar un informe al Tribunal Administrativo del Tolima, en el que detallen, el cumplimiento de este fallo y la veeduría al respecto, respectivamente.

En conclusión, la Sala CONFIRMARÁ PARCIALMENTE la decisión de primera instancia que rechazó por improcedente la acción de tutela en cuanto a la pretensión tendiente a dejar sin efectos los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.

De otro lado, la REVOCARÁ en lo que atañe a la actuación de la Universidad del Tolima, y en su lugar, CONCEDERÁ el amparo de los derechos al debido proceso y la buena fe de Samuel Machado Vega. Por consiguiente, DEJARÁ sin efectos la decisión del Consejo de Facultad de cancelar la matrícula del estudiante Machado Vega, y ORDENARÁ su reintegro, para lo cual se le debe permitir al estudiante REANUDAR el estudio de la materia Temas y Problemas de Investigación en la Literatura, bajo la dirección de un docente distinto a aquel que la impartió en primer término, señor Libardo Vargas Celemín.

Finalmente, se REQUERIRÁ a la Universidad del Tolima para que SUPRIMA DEFINITIVAMENTE de los acuerdos sancionatorios las imprecisiones gramaticales que fueron incluidas en el Acuerdo 325 de 10 de agosto de las que se aludió precedentemente y las ADECUE a unas palabras que obedezcan al sentido de la Constitución Política, respecto de los principios de buena fe y presunción de inocencia, teniendo en cuenta que es al ente investigador a quien corresponde demostrar que la conducta ocurrió y merece sanción. Asimismo, que REFORME en su integridad el procedimiento disciplinario contenido en el Acuerdo 6 de 1996, de manera que se de adecue y obedezca a los principios del derecho disciplinario y sancionatorio concebido por nuestro ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. FALLA:

1. CONFÍRMASE PARCIALMENTE la decisión de primera instancia que rechazó por improcedente la acción de tutela en cuanto a la pretensión tendiente a dejar sin efectos los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.

2. REVÓCASE esa decisión, en lo que atañe a la actuación de la Universidad del Tolima. En su lugar, se dispone:

3. CONCÉDESE el amparo de los derechos al debido proceso y la buena fe de Samuel Machado Vega. En consecuencia, DÉJASE sin efectos la decisión del Consejo de Facultad de cancelar la matrícula del estudiante Machado Vega, ORDÉNASE su reintegro, para lo cual se le debe permitir al estudiante REANUDAR el estudio de la materia Temas y Problemas de investigación en la literatura, bajo la dirección de un docente distinto a aquel que la impartió en primer término, señor Libardo Vargas Celemín.

4. REQUIÉRASE a la Universidad del Tolima para que:

4.1. SUPRIMA DEFINITIVAMENTE de los acuerdos sancionatorios, las imprecisiones gramaticales que fueron incluidas en el Acuerdo 325 de 10 de agosto de las que se aludió en la parte considerativa que antecede, y las ADECUE a unas palabras que obedezcan al sentido de la Constitución Política respecto de los principios de buena fe y presunción de inocencia, teniendo en cuenta que es al ente investigador a quien corresponde demostrar que la conducta contraria al reglamento estudiantil ocurrió y merece sanción.

4.2. REFORME en su integridad el procedimiento disciplinario contenido en el Acuerdo 6 de 1996, Estatuto de los estudiantes, de manera que se de adecue y obedezca a los principios del derecho disciplinario y sancionatorio concebido por nuestro ordenamiento jurídico.

5. REQUIÉRASE a la Universidad del Tolima y al Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de Inspección y Vigilancia, para que presenten en el término de quince (15) días un informe detallado al Tribunal Administrativo del Tolima, sobre el cumplimiento del presente fallo, la primera, y de la veeduría al respecto, la segunda.

Notifíquese esta providencia en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia T-314 de 1993, Corte Constitucional.

(2) Sentencia T-187 de 1993.