Sentencia 2010-00674/45270 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-31-000-2010-00674-01 (45270)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubla Velásquez Rico

Actor: Luis Elver Parra Montilla y otros

Demandados: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa - Apelación de sentencia

Bogotá D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Temas: Responsabilidad del estado por error judicial en providencia dictada dentro de una investigación penal que ordenó realizar allanamientos e incautaciones / Caducidad - en estos casos la caducidad se contabiliza desde la entrega de los bienes / legitimación en la causa por activa / legitimación de hecho y legitimación material - la legitimación de hecho se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal - la legitimación material se refiere a la vocación para reclamar la titularidad del derecho y es un presupuesto necesario para emitir sentencia de fondo / daños de persona jurídica no se pueden reclamar por sus miembros - cuando los daños por los que se demanda se causaron a una persona jurídica se debe otorgar poder por su representante legal y demandarse en nombre de la sociedad.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. Demanda.

El 25 de noviembre de 2010(1), los señores Luis Elver Parra Montilla(2), Ruby Banguera, Gloria Inés Parra Banguera, así como los menores José Enrique y Diego Andrés Parra Banguera(3), a través de apoderado judicial(4) y en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda contra la Nación - Fiscalía General de la Nación con el fin de que se le declarara responsable por el error judicial en que incurrió al incautarle al primero de los mencionados, de forma “ilegal”, sus elementos de trabajo.

Cabe aclarar que los demandantes acudieron al proceso a título personal y como personas naturales, según consta en el poder y en el libelo demandatorio.

Como consecuencia de esa declaración, cada uno de los demandantes pidió 100 SMLMV por prejuicios morales.

Asimismo, el pago de los siguientes daños materiales en la modalidad de daño emergente: i) $ 1.000.000 por los costos de la defensa penal del señor Luis Elver Parra Montilla, ii) $ 15.000.000 “por costos acaecidos en razón de las pérdidas que representó la inutilización y posterior deterioro de los bienes incautados, y en el tendido de la primera red para transmisión que al no ser utilizada fue en su mayoría hurtada o deteriorada por el tiempo”; iii) $ 15.000.000 para el señor Luis Elver Parra Montilla, equivalentes al dinero que debió “reinvertir en la compra y adecuación de nuevos equipos”.

1.1. Hechos.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, la parte actora indicó que el señor Luis Elver Parra Montilla contó con la oportunidad de establecer en la ciudad de Sandoná, Nariño, “un sistema” de televisión “derivado de Cablepacífico”, para lo cual se puso en la tarea de buscar socios y créditos, a fin de adquirir los equipos y herramientas necesarios para “acceder a ser operario” de esa empresa.

Aclaró que con el dinero y los contactos para iniciar una etapa precontractual con “Cablepacífico que requería la instalación y señales de prueba”, comenzó con el montaje de las redes, labor en la que invirtió $ 15.000.000 y tres meses de trabajo.

Señaló, que en septiembre de 2003, inició lo que sería la transmisión o señal de prueba de los primeros canales “que eran en esencia los mismos nacionales pero usando la señal de Cablepacífico”.

Alegó que el 29 de enero de 2004, la Comisión Nacional de Televisión le informó al Comandante de la Estación de Policía de Sandoná, Nariño, que la empresa “Goez Televisión E.U.” no contaba con título habilitante para prestar ese servicio y que de llegar a tener conocimiento de su prestación clandestina, le informara para tomar las medidas administrativas correspondientes.

El 18 de febrero de 2004, la Fiscalía 27 Local de Sandoná, Nariño, realizó una diligencia de allanamiento y registro a la empresa “Supercanales” y remitió un oficio a la “Oficina Única de Asignaciones” para que sometiera ese caso a reparto, “quedando elementos y equipos en custodia” del representante legal de esa sociedad, el señor Luis Elver Parra Montilla.

El 8 de marzo de 2004, la Fiscalía 14 Seccional de Pasto, Nariño, declaró “la no conexidad de las empresas Goez Televisión y Supercanales” y continuó con el conocimiento de la investigación en contra de la primera de estas.

El 12 de abril de 2004, la Fiscalía Décima Seccional de Pasto, Nariño, avocó el conocimiento de la investigación en contra del señor Luis Elver Parra Montilla, en su condición de representante legal de la empresa “Supercanales”.

De forma posterior, el 11 de mayo de 2004, la Fiscalía Décima Seccional de Pasto, Nariño, realizó un allanamiento y un registro a la sede de la empresa “Supercanales” y procedió a la incautación de unos equipos pertenecientes al señor Luis Elver Parra Montilla por un valor de $ 2.530.000.

El señor Luis Elver Parra Montilla solicitó a la Fiscalía Décima Seccional de Pasto, Nariño, la devolución de los equipos, mientras se adelantaba la investigación y se determinaba su responsabilidad; sin embargo, esa autoridad no accedió a la petición.

El 29 de junio de 2004, la empresa “Cablepacífico” le envió al señor Luis Elver Parra Montilla el contrato y la autorización para la transmisión de televisión, el cual (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) se vendría abajo por el actuar torpe e injustificado de la Fiscalía que sin que medie razón y en desatención a los ruegos y explicaciones de mi cliente procedió a la incautación de los equipos por el supuesto injusto por el que se le investigó por casi 4 años lo que dio al traste con esa primera intención de mi cliente de iniciar una empresa en la ciudad de Sandoná (...) (se destaca).

Según los demandantes, (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Una vez con la autorización y el contrato listo recurre a la señora Maritza Villareal de Sandoná quien presta quince millones de pesos para poder iniciar de nuevo el trabajo de instalación de redes puesto que para el momento las antiguas ya no se encontraban operativas, asimismo recurre a Elkin Carmona con quien realizó un contrato de compraventa de elementos usados pero en buen estado que aun ahora siguen en uso” (se destaca).

Entre tanto, el 22 de febrero de 2005, el señor Luis Elver Parra Montilla rindió indagatoria ante la Fiscalía; la cual, el 26 de abril de 2006, le decretó resolución de acusación por el delito de acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones; además, ordenó el comiso de los bienes incautados.

En contra de esa decisión se radicó un recurso de apelación y el 4 de septiembre de 2008, el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Superior de Pasto, Nariño, la revocó e hizo entrega de los bienes decomisados.

Por último, se afirmó que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“El resultado de la incautación no solo sería la afectación patrimonial de mi cliente sino también la moral propia y la de su familia que miraban con tristeza escapar una oportunidad para mejorar su nivel de vida; y además el sino nefasto que acompaña a quienes directa o indirectamente se ven vinculados o afectados dentro de un proceso penal en calidad de investigados o como familiares de los mismos”(5).

2. Trámite de primera instancia.

2.1. Admisión de la demanda y notificación.

La demanda fue admitida mediante auto proferido el 2 de diciembre de 2010(6), decisión que fue notificada en debida forma al Director Seccional de Fiscalías de Pasto, Nariño(7), y al Ministerio Público(8).

2.2. Contestación de la demanda.

La Fiscalía General de la Nación argumentó que dentro de los hechos objeto de demanda no incurrió en una falla del servicio, puesto que su actuación se limitó a cumplir con una obligación constitucional y legal; igualmente, que durante la investigación observó las estipulaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 114. Refirió que con la declaratoria de preclusión de la investigación demostró que el demandante gozó de todas las garantías y ritualidades “de la ley penal”.

Finalmente, sostuvo que “los daños materiales que afecten el patrimonio económico no generan perjuicios morales”; asimismo, que no se aportaron pruebas para acreditar los perjuicios materiales y que la copias simples de las facturas allegadas con la demanda no cumplen con los requisitos del Código de Comercio(9).

2.3. Etapa probatoria y alegatos de conclusión.

A través de providencia del 11 de abril del 2011(10), el tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 29 de septiembre de 2011(11), corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

2.3.1. La Fiscalía General de la Nación(12) reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

2.3.2. El demandante insistió en los fundamentos de la demanda y agregó que: i) el daño provino de la orden de incautación que profirió la Fiscalía General de la Nación; ii) los perjuicios morales surgieron de los eventos que rodearon la incautación, “es decir, el mismo hecho de la diligencia que redunda en vergüenza, temor y tristeza, el hecho del desamparo en el que la familia se vio luego que su padre quedó con los brazos cruzados por cuenta de la incautación”; iii) aclaró que le fue imposible conseguir las declaraciones de los acreedores o por lo menos copias de las letras de cambio con las que avaló los créditos; al igual que las personas que trabajaron en la instalación de las redes “por lo cual en el proceso se han echado de menos, no obstante esperamos poder, por lo menos en gracia de conocimiento poner a su disposición algunos elementos que se encuentren en el lapso previo a la sentencia”(13).

2.3.3. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda porque la Fiscalía actuó dentro de sus funciones y, los daños aparentemente causados no se demostraron(14).

II. La sentencia de primera instancia

En sentencia del 25 de mayo de 2012, Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda.

Para tomar esa decisión, indicó que el régimen aplicable era el subjetivo de falla del servicio; sostuvo que para acreditar sus pretensiones, la parte actora se limitó a solicitar la copia de la investigación penal que se adelantó en contra del señor Luis Elver Parra Montilla y de la cual se desprendia “que la entidad demandada actuó de conformidad con las facultades otorgadas por la constitución y la ley y en cumplimiento de sus funciones, sin extralimitaciones y sin la utilización de conductas basadas en decisiones desproporcionadas y por fuera de la ley”.

En último lugar, precisó que los demandantes no acreditaron los perjuicios morales y materiales que reclamaron, motivo por el cual (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) la inactividad probatoria por parte de la demandante, obstaculiza el arribo a conclusión alguna que favorezca sus pretensiones en razón a que no se ha demostrado el perjuicio que se dice causado y se esgrime como sustento de lo deprecado”(15).

III. El recurso de apelación

1. Recurso de la parte demandante.

El apoderado de los demandantes manifestó que el a quo pasó por alto tres aspectos en su sentencia. Así: i) el allanamiento que fue la causa del daño y de los perjuicios, porque fue un acto motivado de manera legal por una autoridad competente que resultó “vano, pues el supuesto hecho delictivo que lo motivó no existió”; además: “este acto desproporcionado y a la postre ilegal produce por sí mismo un daño real y un perjuicio autónomo que genera una obligación de reparar por parte de la administración”; ii) la incautación que provocó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“la separación del área de influencia de mis clientes de elementos de su pertenencia; elementos que como bien lo anota la magistrada no generaban para el momento emolumento alguno, por lo tanto malinterpretada o no la pretensión, se entiende que no es el daño moral por la pérdida de los aparatos lo que genera el perjuicio moral sino el hecho de observar la grotesca imagen de miembros de la fuerza pública irrumpiendo en su domicilio y realizando la incautación, lo que genera, de suyo propio un perjuicio moral que no requiere mayor profundización”.

iii) Los perjuicios sobrevinientes por incluir al demandante principal en una investigación penal que generó la suspensión de manera radical de un proceso “de normalidad en la vida de las personas”.

Por último, pidió la aplicación del principio de la reparación integral del daño y que se tuvieran en cuenta los (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Recibos auténticos de cada uno de los elementos adquiridos por mi cliente, los cuales al haber sido aportados al proceso, de manera legal deben ser analizados en conjunto, a fin de determinar el valor total de los elementos que mi cliente se vio forzado a adquirir a fin de restablecer el servicio, que para entonces, había sido autorizado por la autoridad competente”.

Con base en lo antes expuesto solicitó que se revoque la sentencia impugnada y se acceda a las pretensiones de la demanda.

2. Trámite de segunda instancia.

2.1. El 12 de octubre de 2012, se admitió el recurso de apelación presentado por los demandantes(16).

2.2. El 16 de noviembre de 2012, se corrió el término de traslado para alegar de conclusión(17).

2.2.1. La Fiscalía General de la Nación(18) reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

2.2.2. La parte actora guardó silencio.

2.2.3. Entre tanto, el Ministerio Público rindió su concepto y solicitó que se confirme la sentencia objeto del recurso de apelación, por las siguientes razones: i) la actividad ejercida por los servidores de la Fiscalía no fue desproporcionada, pues la información de la Comisión Nacional de Televisión permitió dilucidar que se estaban emitiendo señales de televisión sin las licencias exigidas por la ley; ii) en este caso se presentó una culpa exclusiva de la víctima, dado que el demandante se expuso al daño al no ejercer su actividad de acuerdo con la ley(19).

IV. Consideraciones

1. Competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del asunto.

A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la corporación(20), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(21).

2. Validez de los medios de prueba

Se debe aclarar que al caso sub examine se trasladó la totalidad del expediente 2010-0674, que la Fiscalía General de la Nación tramitó por el delito de acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones en contra del señor Luis Elver Parra Montilla; dentro de este obran pruebas documentales, testimoniales y la versión libre del mencionado ciudadano.

Así las cosas, la Sala indica que valorará las pruebas documentales trasladadas, de conformidad con la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, proferida el 11 de septiembre de 2013 dentro del expediente 20.601.

Aunado a ello, se advierte que las pruebas documentales en estudio se decretaron e incorporaron en la primera instancia sin que se tacharan por las partes en contra de las que se adujeron, en los términos del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil(22).

En cuanto a los testimonios de los señores Edilberto Antonio Agamez Arrieta, Roberto Javier Matituy Guerrero, Miguel Francisco Muñoz Córdoba, Hugo Andrés Cabrera Enríquez, Herney Simón Narváez Insuasty y Zoraida Floralba Martínez Pantoja(23), es preciso decir que serán valorados, porque de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Sala Plena(24) de la Sección Tercera de la corporación:

“la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración.

“(...) de tal forma que cuando uno de los extremos de la litis es la Nación representada a través de alguna de sus entidades, entonces es plausible afirmar que, si la prueba trasladada fue practicada por otra entidad también del orden nacional, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, entonces no le es dable a la Nación —como parte procesal— aducir, con base en el aludido precepto adjetivo, la carencia de validez del medio de convicción, pues es claro que la parte tuvo audiencia en la recopilación del mismo y pudo haber ejercido su derecho de contradicción a través de la entidad nacional que intervino en su recaudación” (se destaca).

De esta manera, como la Fiscalía General de la Nación recaudó dentro del proceso penal las declaraciones referidas, se cumplen los presupuestos anotados para su valoración en esta instancia.

En punto a la indagatoria que rindió el demandante principal, señor Luis Elver Parra Montilla, ante la Fiscalía General de la Nación, sin el apremio del juramento, se debe expresar que se apreciará de conformidad con la jurisprudencia de la subsección(25), dado que no es el único referente que se tendrá en cuenta y la misma será confrontada con las demás pruebas obrantes en el plenario; con esta, se determinarán los pormenores del proceso penal que se inició en su contra, así como las circunstancias en que se decomisaron los bienes objeto de la demanda y su propiedad.

3. Oportunidad de la acción.

En los casos en los cuales se pretende la reparación de los perjuicios que hubieran podido causarse por cuenta de la incautación de bienes muebles o inmuebles, ordenada en el marco de una investigación penal, la corporación ha distinguido dos situaciones. La primera, es aquella en la cual se solicita la reparación de los perjuicios causados por una orden de incautación que podría ser constitutiva de un error judicial, caso en el cual se ha considerado que:

“(...) sólo cuando queda ejecutoriada la providencia que determina la desvinculación del propietario de los bienes afectados a la etapa preliminar, se torna en irregular la tenencia del bien y surge la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de devolverlo a su propietario. O lo que es lo mismo, cuando se profiere la decisión que ordena la devolución del bien se tiene por estructurado el daño causado(26) (se destaca).

La segunda ocurre cuando se pretende la indemnización por el deterioro o la destrucción de los bienes incautados, eventos que podrían ser constitutivos de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En estos casos la corporación ha sostenido que “el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la entrega material de los [bienes], ya que sólo hasta ese momento los propietarios se pudieron percatar de los daños que presentaban”(27).

En este asunto, se demandó a la Fiscalía General de la Nación por la orden a través de la cual dispuso la incautación de unos “equipos” que el señor Luis Elver Parra Montilla utilizaba para la transmisión de la señal de televisión en el municipio de Sandoná, Nariño, de modo que la caducidad se contabilizará desde la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que ordenó su devolución al demandante.

Sobre el particular se encuentra que el 2 de diciembre de 2008, la Fiscalía Décima Seccional de Pasto, Nariño, ordenó “proceder a realizar (...) la devolución de los elementos que le fueran incautados”(28), la cual se materializó en este mismo día(29); en ese contexto, el plazo máximo para radicar la demanda feneció el 3 de diciembre de 2010 y, como esta se allegó el 25 de noviembre de ese año(30), fue oportuna.

No puede pasarse por alto que el 31 de agosto de 2010(31), los demandantes radicaron ante la Procuraduría 156 Judicial para Asuntos Administrativos de Pasto, Nariño, una solicitud de conciliación, que finalizó sin acuerdo el 25 de noviembre de ese mismo año, lapso durante el cual el término de la caducidad de la acción estuvo suspendido.

4. Legitimación en la causa.

4.1. Legitimación de hecho.

Sea lo primero decir que la legitimación en la causa por activa corresponde a un elemento inherente a la titularidad del derecho en controversia; consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de acuerdo con la ley sustancial tiene interés en que mediante sentencia de fondo se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida(32).

En casos como el presente, se debe distinguir entre la legitimación en la causa de hecho y la material.

La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta a través de la demanda, de manera que quien demanda a otro y como apoyo “le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la pretensión, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda”(33).

Para el caso en análisis, la legitimación de hecho, tanto por activa como por pasiva, se encuentra satisfecha, pues es claro que concurrieron al proceso como demandantes 105 señores Luis Elver Parra Montilla, Ruby Banguera, Gloria Inés Parra Banguera, así como 105 menores José Enrique y Diego Andrés Parra Banguera, quienes demandaron a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se le declarara responsable por el error judícial en el que habría incurrido. Asimismo, que el a quo admitió el libelo mediante el auto del 2 de diciembre de 2010(34), el cual se le notificó a la entidad accionada, quien contestó la demanda.

4.2. Legitimación material.

La legitimación material corresponde a la participación real de 105 sujetos procesales en los hechos que originan la presentación de la demanda. Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha sostenido:

La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado; el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien loatacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo parahacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(35) (se destaca).

De todo lo anterior se infiere que está legitimado materialmente en la causa por activa quien tiene la vocación para reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley. Igualmente, que la legitimación material es un presupuesto procesal necesario para proferir una decisión de fondo.

En este caso, el señor Luis Elver Parra Montilla alegó que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un error judicial y le ocasionó un daño, porque, mediante una providencia judicial, —que calificó de “ilegar, “torpe e injustificada”, y “sin que medie razón y en desatención a los ruegos y explicaciones”—, le incautó varios equipos de su propiedad, destinados a la transmisión de la señal de televisión, los cuales le fueron devueltos después de 4 años de investigación, situación que le generó a él y a su núcleo familiar los perjuicios morales y materiales que reclaman con esta demanda.

4.2.1. Hechos probados.

Con la finalidad de acreditar la propiedad de los bienes incautados y la legitimación en la causa por activa para demandar, el accionante aportó con su demanda las siguientes “facturas de compraventa”(36).

i) 0064 del 5 de septiembre de 2003, expedida por “Electro Suministros Elcar Ltda.”, por un valor de 11.210.000(37), en la que figura como comprador “Luis Elver Parra - Supercanales”. En esta se describió la compraventa de los siguientes bienes (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...)

REF.DETALLECANT
KTY-3Antena malla americana1
TSAntena malla 2,41
JLCAmplificador Jerrold14
PCM-55Moduladores Pico Macon7
BAVM-ZModuladores Blonder Tongue3
HM-55Moduladorees Holland4
RCAAntena Sólida 90-602

(...)”.

ii) 0143 del 10 de octubre de 2003, remitida por Carlos Torres al cliente “Luis Parra” y por la compra de “4 Betamax” que tuvieron un valor de $ 200.000(38)

iii) 0452 del 8 de febrero de 2004, de la empresa “American Tecnicompu”, cuyo comprador fue el señor Luis Elver Parra. Los elementos adquiridos tuvieron un valor de $ 2.400.000 y fueron los siguientes (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“1 Poard pc 100, disco duro 10 GZ, procesador Pentium II, RAM 128, Dribe 3 1/2, unidad de CD Rom 52 x, 1 monitor 13 pug deer, 1 teclado mouse”(39).

iv) 1212 del 28 de agosto de 2004, en nombre del señor Gregorio Ríos, por un valor de 3.770.000 y por la compra de: “coaxial R6 - LMS y Receptores Victory”(40).

Entre tanto, la subsección encontró probadas las siguientes circunstancias, dentro del proceso penal que se tramitó en contra del señor Luis Elver Parra Montilla:

i) Que el 23 de octubre de 2003 se registró en la Cámara de Comercio de Pasto, Nariño, la “entidad democrática, participativa, cívica y comunitaria denominada Asociación de Televidentes Supercanales”; ii) que su representante legal era el señor Luis Elver Parra Montilla y los suplentes los señores Herney Simón Narváez, Estela Gómez y Zoraida Martínez; iii) su objeto social se enmarcó en la “prestación del servicio de enlace de televisión internacional vía satélite, por intermedio de un punto fijo llamada cabecera donde existe una serie de antenas y equipos para captación de diferentes canales internacionales como nacionales, se distribuye señal a través de cable coaxial a la residencia de cada uno de los usuarios o asociados (...)”. Lo anterior, según el certificado de existencia y representación de entidades sin ánimo de lucro, expedido por la Cámara de Comercio de Pasto, Nariño, el 27 de octubre de 2003(41).

El 29 de enero de 2004, el jefe de la Oficina de Canales y Calidad del servicio de la Comisión Nacional de Televisión remitió el Oficio 2004 EE910 al comandante de la Estación de Policía de Sandoná, Nariño, en el que le informó que la empresa “Goez Televisión E. U.” no contaba con título habilitante para prestar el servicio de televisión en ninguna de sus modalidades y, por tanto, no podía cobrarle a los usuarios; además le solicitó(42) (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) proceda al sellamiento y como consecuencia a la suspensión inmediata del precitado servicio (...). Así mismo, si tiene conocimiento de la presunta prestación clandestina del servicio de televisión (...) tal situación sea puesta en conocimiento de esta entidad con el fin de adoptar las medidas administrativas a que haya lugar en conjunto con las demás autoridades competentes”.

El 11 de febrero de 2004, “con ocasión del oficio de fecha 29 de enero del 2004”, el comandante de la Estación de Policía de Sandoná, Nariño, rindió una declaración bajo juramento ante la Fiscalía 27 Local de esa ciudad e indicó que, además de la empresa “Goez Televisión”, también operaba la sociedad “Supercanales”, representada por el señor Luis Elver Parra Montilla. Así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) Llegó el oficio de la Comisión Nacional de Televisión, donde se solicita que se investigue si en el municipio existe la empresa Goez Televisión, la cual no cuenta con título habilitante para prestar el servicio de televisión en ninguna de sus modalidades, por lo tanto fuimos y verificamos que si existía dicha empresa y no tenía la documentación en regla, de igual manera, se averiguó sobre la existencia de otra empresa prestadora del servicio de telecomunicación, la cual tiene como razón social SUPERCANALES (...). “(...) Goez Televisión tiene 24 canales, los canales nacionales y señales internacionales y Supercanales emiten canales varios, no sé cuáles, la cuota mensual del servicio de televisión esta alrededor de los diez mil pesos, Supercanales se encuentra afiliando usuarios y cobra por la afiliación ocho mil pesos - Los representantes legales de los canales son: de Goez Televisión es el señor Nelsón Goez Vasquez y de Supercanales es el señor Luis Elberth Parra - según se verificó las dos empresas se encuentran transmitiendo señal de televisión normalmente.

“(...) la empresa Supercanales es reciente debe ser hace unos seis meses, aproximadamente (...)”(43) (se destaca).

En esa misma fecha, la Fiscal 27 Local de Sandoná, Nariño, llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro en la casa del Señor Luis Elver Parra Montilla y encontró los siguientes bienes (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) en dos (2) escaparates metálicos, de color rojo, incrustados se mira un Betamax marca SONY, con referencia SL 5500, quince (15) moduladores, nueve (09) de marca PICO HACOM, INC con referencia PCM55, tres (03) moduladores marca HOLLAND, con referencia HM 55, y tres (03) moduladores marca BLONDER-TONGUE con referencia BAVM-2, se mira equipos satelitales en número de tres (03) marca PRECISIÓN, referencia DMT-2050, titulados con cinta adhesiva y en letras a lapicero “Canal 20 - Telemundo - Canal 15 - Canal 2 Telefuturo”; los cables que salen de estos aparatos se encuentran conectados entre sí, unos dirigidos a la azotea y otros conectados a una (01) grabadora pequeña marca CBY Digital, con referencia CD-TY-150 color gris que posee una pantalla de televisión en el centro, cuya señal se estaba trasmitiendo en el momento de que se ingresó a este local (...).

Nos dirigimos hasta el segundo piso y en la azotea se encuentran cuatro (04) antenas de las siguientes características: una (01) antena grande de señal internacional, en maya, color negro, sin diámetro aproximado, una (01) antena mediana, color negro de 1.80 cm. de diámetro; dos antenas más de 60 cm., de banda KU, de color gris, las cuales se encontraban instaladas y conectadas, es decir, en pleno funcionamiento”.

El ente investigador le dejó al mencionado ciudadano los equipos en calidad de depósito y custodia y le recordó que le estaba prohibido “receptar y emitir señal alguna”(44).

El 19 de febrero de 2004, la Fiscalía 27 Local de Sandoná, Nariño, ordenó la incautación de los equipos de telecomunicaciones de la empresa “Supercanales”, en la medida en que la Policía Judicial constató que se encontraba “retransmitiendo señal de comunicaciones siendo necesario para evitar la continuación de esa conducta hasta que la Fiscalía competente decida lo pertinente aprehender materialmente los aparatos y equipos necesarios”(45).

El 26 de abril de 2004, la Comisión Nacional de Televisión certificó que “Supercanales” no contaba con el título habilitante para prestar el servicio de televisión en ninguna de sus modalidades(46).

El 11 de mayo de 2004, se realizó la diligencia de allanamiento y registro a la residencia del señor Luis Elver Parra Montilla con la finalidad de incautar los equipos utilizados para la transmisión de la señal de televisión, en concreto se decomisaron los siguientes (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) Tres (03) Betamax, de color negro, marca sony, modelo número SL-S505, otro modelo número SL-S550 y otro modelo número SL-S600 (...) equipos satelitales en número de tres (03), marca Precisión, color plateado, serie número 0202006145, otro número 0202006147, y otro número 0202006146. Un (01) monocanal, número de referencia 2614877. Un (01) estabilizador marca PALMTOP 2000, color gris, tamaño pequeño, sin número de serie. Dos (02) amplificadores, uno marca JERROLD, color gris, tamaño mediano, sin número de serie y otro de las mismas características al nombrado y que se encuentra incrustado en el anaquel correspondiente. Un (01) Betamax, marca Crown, serie número 0383-1552, color negro con gris, tamaño grande. Un (01) modulador, color plateado, modelo PCM55, número de serie 8202666 OG 2, un (1) anaquel metálico, color rojo, en el cual se encuentran incrustados siete (07) moduladores, de color negro, descritos de arriba para abajo: el primero marca Blonder Tongue, con número de serial 1204123, el segundo marca Pico Macan Inc, número de serie 6645118 MEB, el tercero marca Blonder Tongue, número de serie 3025470010, el cuarto Holland, número de serie W151978121, el quinto marca Pico Macan Inc, serie 07052234 ML 10, el sexto Holland, número de serie W959907, el séptimo marca Holland, número de serie W947429 (...).

“(...) Además de eso, la Fiscalía incauta cables coaxiales, en número de once y dos cables de conexión para video (...) en la azotea del inmueble, se encuentran instaladas antenas así: Dos (02) antenas, marcas RCA (...) uno de 90 cm. y otra de 60 cm., color gris, banda KU Dos (02) antenas se dejan en custodia del señor Luis Elberth Parra debido a que las dimensiones y el peso de las mismas, 3.2 metros aproximadamente y 2 metros, en malla, dificultan el traslado a la Comandancia de la Policía y se le informa que las mismas quedan a disposición y bajo su depósito (...)”(47).

El 22 de febrero de 2005, el señor Luis Elver Parra Montilla rindió indagatoria ante la Fiscalía Décima Seccional de Pasto, Nariño, y sostuvo: i) que fundó junto con otros ciudadanos la empresa “Supercanales”; ii) que nunca prestó el servicio de televisión, pues no contaba con los permisos para ello; iii) que buscó firmar un contrato de suministro con la empresa “Telepacifico” para distribuir el servicio de televisión, razón por la cual emitió algunas señales de prueba; iv) del mismo modo, que esa organización adquirió algunos equipos y unas antenas de captación de señales internacionales(48) (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Se lo sindica a Ud. De un delito de acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones, habida cuenta de que aparece acreditado que la empresa “Supercanales” de la cual Ud es el representante legal no contaba con título habilitante otorgado por la Comisión Nacional de Televisión para prestar el servicio de televisión por cable y sin embargo Ud lo hizo en la población de Sandoná. Qué tiene que manifestar al respecto. CONTESTÓ: Nosotros formamos la asociación, formaban la asociación el señor Herney Simón Narváez, la señora Zoraida Martínez, la señora Estela Gómez y la señora Ruby Banguera; la asociación se llamaba “Asociación de Televidentes Supercanales”, se fundó mediante un documento privado registrado en la Cámara de Comercio. La empresa como tal en elmomento del allanamiento nosotros no nos encontrábamos prestando elservicio, si existían unos equipos y unas antenas de captación de señalesincidentales internacionales; en ese momento solo se encontraba emitiendo para aproximadamente unas quince personas los canales nacionales, como señales de prueba, o sea que no se estaba cobrando hasta tanto no se solucionara un contrato de suministro que estábamos adelantando con la empresa Cablepacífico de la ciudad de Medellín, empresa que cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Televisión, según contrato de concesión 205 del 99 (...)” (se destaca).

El 9 de marzo de 2015, la señora Zoraida Floralba Martínez Pantoja rindió declaración ante la Fiscalía en mención y explicó que era socia fundadora de la empresa “Supercanales”; que sus aportes fueron de $ 8.600.000; que a los afiliados les cobraron una cuota por “inscripción” de $ 10.000; que la representación la tenía el señor Parra Montilla y que, hasta ese momento, no habían obtenido ninguna ganancia por cuanto sus equipos estaban decomisados(49) (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) Preguntado: usted conoce el motivo de la diligencia. Contestó: creo que por unos equipos de televisión que habían decomisado. Preguntado usted fue fundadora de la empresa Supercanales que se implantó en esta localidad. Contestó: sí yo fui una de las fundadoras (...) nosotros fuimos fundadores pero le dimos el poder al señor Luis Elberth Parra para que él organizara, lo que era redes, como estaba funcionando la empresa, el mensualmente nos rendía un informe, en un principio las condiciones de manejo las efectuaba únicamente don Luis Elberth Parra, lo único como fundadores nosotros habíamos colocado un porcentaje económico, que consistió en el caso mío fue la suma de ocho millones setecientos mil pesos, ese es mi capital que en un principio se colocó, luego se fue incrementando (...) esa empresa se la fundó hace más o menos hace un año y siete meses, en esa época solo se trasmitía los canales nacionales, los que se podía transmitir por medio de las antenas queteníamos (...) dinero no se cobró por mensualidad, solo se cobró la suma de diez mil pesos, y otros cinco mil pesos por la inscripción.

“(...) Preguntado la transmisión de dicha señal era permanente, o temporal. Contestó. Eso era temporal, ya que estábamos ensayando si la red estaba bien o estaba mal, colocábamos aviso que transmitiríamos tal novela a una hora determinada, esto para mirar si la señal la cogía nítida.

“(...) Preguntado usted ha recibido sus dividendos por dicha inversión por parte de Supercanales. Contestó no la empresa no hemos recibido nada hasta ahora no tenemos ninguna ganancia, lo que pasa es quecomo los equipos están decomisados no podemos ponerlos a trabajar, por tanto eso está quieto (...)” (se destaca).

Igualmente, ante esa misma autoridad, el 11 de marzo de 2005, el señor Herney Simón Narváez lnsuasty indicó que constituyó la empresa “Supercanales”, para lo cual se reunieron los “fundadores” con el objeto de (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

comprar equipos y mirar cómo era que iba a funcionar dicha empresa, pero esa empresa nunca pudo entrar a operar, solo dábamos señal pero para probar equipos que habíamos comprado, esa señal nunca fue permanente, transmitíamos solo cuando se nos antojaba probar los equipos (..)” (se destaca)(50).

Además, sostuvo que se inscribieron “más o menos unos treinta usuarios (...), ellos pagaron la suma de diez mil pesos por inscripción”.

A eso se le suma que, el 26 de abril de 2006, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pasto, Nariño, le “decretó” al señor Luis Elver Parra Montilla resolución de acusación “al encontrarse incurso en el injusto de acceso ilegal o prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones”, oportunidad dentro la cual dejó en claro que la incautación realizada, el 11 de mayo de 2004, recayó sobre los equipos de propiedad de la empresa Supercanales (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“En lo tocante con la incautación de los equipos técnicos utilizados por la empresa Supercanales para la realización de la actividad aquí investigada (...) el día 11 de mayo de 2004 la Fiscalía (...) allanó y registró el inmueble ubicado en el “Barrio Meléndez” (...) en donde se produjo la incautación de una gran cantidad de equipos y medios técnicos utilizados por la referida empresa en desarrollo de su objeto ilegal (...).

“(...) Los hechos, razones y consideraciones expuestas precedentemente son suficientes para comprobar que el señor Luis Elberth Parra Montilla, en su condición de socio y/o representante legal de la empresa Supercanales (...) actuó con plena comprensión de lo que hacía, deliberadamente, consciente de que prestaba el servicio público de televisión por fuera de la ley (...)”(51) (se destaca).

Bajo la idea que se sigue, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Pasto, Nariño, el 4 de septiembre de 2008, revocó la resolución de acusación y precluyó la investigación que adelantó en contra del señor Luis Elver Parra Montilla; también razonó de la siguiente forma (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) Del contenido de los elementos materiales probatorios allegados, evidencias físicas e información legalmente obtenida dentro de esta investigación, extraemos la diligencia de allanamiento practicada el 11 de febrero de 2004 por la Fiscalía (...) a la residencia de Luis Elver Parra (...) donde se encontraron instalados algunos elementos indispensables para emitir señales de televisión, correspondientes a la empresa denominada Supercanales que aparentemente funcionaba clandestinamente (...).

“(...) Sin embargo, analizando detenidamente el asunto en estudio, observamos que Luis Parra registró ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Pasto la empresa denominada Asociación de Televidentes Supercanales sin ánimo de lucro a partir del 23 de octubre de 2003 (...)”(52) (se destaca).

4.2.2. Análisis de la Sala.

En el contexto descrito, importa precisar que los equipos respecto de los cuales se afirmó que se adquirieron con las facturas de compraventa 0064 del 5 de septiembre de 2003, 0452 del 8 de febrero de 2004 y 0143 del 10 de octubre de 2003, no concuerdan con las cantidades y los seriales que se anotaron en el acta que recogió el procedimiento de incautación que la Fiscalía General de la Nación realizó el 11 de mayo de 2004.

En efecto, la factura 0064 registró la adquisición de: 1 antena “KTY-3 Malla Americana”, 1 antena “JS Malla 2/4”, 14 amplificadores “JLC Jerrold”, 7 moduladores “PCM-55 Pico Macon”, 3 moduladores “BAVM-2 Blonder Tongue”, 4 moduladores “HMf-55 Holland”, 2 antenas “RCA Sólida 90-60”; en contraste, en el acta de incautación se plasmó que se retenían los siguientes elementos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Dos (02) amplificadores, uno marca JERROLD, color gris, tamaño mediano, sin número de serie y otro de las mismas características al nombrado y que se encuentra incrustado en el anaquel correspondiente. (...) Un (01) modulador, color plateado, modelo PCM55, número de serie 8202666 OG 2, un (1) anaquel metálico, color rojo, en el cual se encuentran incrustados siete (07) moduladores, de color negro, descritos de arriba para abajo: el primero marca Blonder Tongue, con número de serial 1204123, el segundo marca Pico Macan Inc, número de serie 6645118 MEB, el tercero marca Blonder Tongue, número de serie 3025470010, el cuarto Holland, número de serie w151978121, el quinto marca Pico Macan Inc, serie número 07052234 ML 10, el sexto Holland, número de serie w959907, el séptimo marca Holland, número de serie w947429”.

Lo mismo sucede con la factura número 0143 del 10 de octubre de 2003, pues solamente describió que el señor “Luis Parra” adquirió 4 “Betamax”, pero sin indicar la marca ni el serial.

Por su parte, en la factura 0452 del 8 de febrero de 2004 aparece registrada la venta de “1 Poard pc 100 disco duro 10 GZ, procesador Pentium II, RAM 128, Oribe 3 1/2, unidad de CO Rom 52 x 1, monitor 13 pug deer, 1 teclado mouse”, los cuales no se encuentran relacionados en el acta sometida a examen.

En lo que respecta a la factura de venta número 1212 del 28 de agosto de 2004, se tiene que se elaboró en nombre del señor Gregorio Ríos, quien no hace parte de este proceso.

En conclusión, las facturas que se adosaron con la demanda no demuestran de forma fehaciente y, sin lugar a equívocos, que los elementos allí descritos correspondían a los mismos incautados el 11 de mayo de 2004 por la Fiscalía General de la Nación.

A pesar de las anteriores discrepancias, la subsección no puede desconocer que, en todo caso, el 11 de mayo de 2004, la Fiscalía realizó un allanamiento e incautó los equipos y elementos descritos en el acta que recogió ese procedimiento; aunque, frente a ese escenario, se debe exponer que los bienes objeto del decomiso no eran de propiedad del señor Luis Elver Parra Montilla, puesto que, al parecer, su titularidad recaía en la persona jurídica denominada “Asociación de Televidentes Supercanales”.

Todo lo anterior se desprende de las pruebas trasladas del expediente penal que la Fiscalía tramitó en contra del señor Parra Montilla, en especial, de la indagatoria que este rindió ante ese ente investigador y de los testimonios de sus socios, los señores Zoraida Floralba Martínez Pantoja y Herney Simón Narváez Insuasty.

De esta manera, la demanda para reclamar el daño en análisis debió radicarse por la referida asociación, porque de conformidad con el artículo 633(53) del Código Civil, las personas jurídicas tienen capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones así como para ser representadas judicial y extrajudicialmente.

En consonancia con lo anterior, el artículo 637 ibídem establece que:

Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación” (se destaca).

Por todo lo expuesto, en este asunto existe una falta de legitimación material en la causa por activa, dado que el derecho de acción se ejerció, en nombre propio y como persona natural por el señor Luis Elver Parra Montilla, cuando lo correcto era haberlo hecho en representación de la persona jurídica en la cual recaía la propiedad de los bienes objeto de la incautación que, a juicio de la parte actora, le generó el daño. En un caso de similares connotaciones, la Sección Tercera, Subsección B de la corporación sostuvo(54) (se transcribe de forma literal):

“(...) se debe tener en cuenta que el demandante tiene como primera carga acreditar que se le ocasionó un daño, para lo cual le corresponde probar la titularidad del derecho, hecho, bien o interés jurídicamente protegido que le fue menoscabado, es decir, su conexión con el objeto del daño, de manera que en virtud de éste se le pueda reparar(55), puesto que en principio, a quien resulta procedente indemnizar mediante la decisión judicial que se profiera, es a la persona a la que realmente se le causa un detrimento y que demanda debidamente por ello (...)

“(...) Con observancia de lo expuesto, la Sala advierte que a los demandantes no les asiste un interés sustancial en relación con las pretensiones que elevaron derivadas de los supuestos perjuicios que padeció la sociedad B&B Ingenieros y Cia. Ltda. a partir de la investigación penal que se adelantó contra ellos, por lo que al no habérseles causado dichos detrimentos, es evidente que éstos no cumplen con la condición personal de existencia del perjuicio y en ese orden de ideas, dichos demandantes no se encuentran legitimados materialmente para demandar su reparación.

“(...) En ese orden de ideas, los señores Bayeh Rangel lógicamente no podían demandar el resarcimiento de derechos vulnerados que nos (sic) le pertenecían, imposibilidad que a su vez se encuentra expresamente establecida por el ordenamiento jurídico, de modo que ahora resulta completamente inviable acceder a esas peticiones para concederles indemnización alguna, en tanto ello significaría repararlos por los detrimentos que sufrió otra persona” (se destaca).

En gracia de discusión, aunque se demostrase que el señor Parra Montilla era poseedor de los equipos incautados, para la Sala, en este caso, el daño por el cual demandó fue consecuencia de su actuar gravemente culposo(56), porque, como representante legal de la empresa “Supercanales” y sin contar con la licencia de la Comisión Nacional de Televisión, instaló unos equipos y unas antenas, a través de las cuales captó unas señales de televisión que le transmitió a sus “afiliados”, a cambio del pago de una cuota de afiliación.

Pues bien, ese comportamiento fue contrario a las previsiones de la Ley 182 de 1995(57), artículo 25, conforme al cual, previa autorización y en virtud de la concesión otorgada por la Comisión Nacional de Televisión, los operadores públicos, privados y comunitarios podían recibir y distribuir señales codificadas; en caso de receptar y distribuir las señales, sin esa autorización, el prestador sería considerado infractor y el servicio clandestino. Así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“ART. 25.—De las señales incidentales y codificadas de televisión y de las sanciones por su uso indebido. Se entiende por señal incidental de televisión aquella que se transmite vía satélite y que esté destinada a ser recibida por el público en general de otro país, y cuyaradiación puede ser captada en territorio colombiano sin que seanecesario el uso de equipos decodificadores.

“La recepción de señales incidentales de televisión es libre, siempre que esté destinada al disfrute exclusivamente privado o a fines sociales y comunitarios.

“Las señales incidentales, no podrán ser interrumpidas con comerciales, excepto los de origen.

Previa autorización y pago de los derechos de autor correspondientes, y en virtud de la concesión otorgada por ministerio de la ley o por la Comisión Nacional de Televisión, los operadores públicos, privados ycomunitarios v los concesionarios de espacios de televisión, podránrecibir y distribuir señales codificadas.

“Cualquier otra persona natural o jurídica que efectúe la recepción y distribución a que se refiere el inciso anterior con transgresión de lodispuesto en el mismo, se considerará infractor y prestatario de unservicio clandestino y como tal estará sujeto a las sanciones queestablece el artículo anterior (...)” (se destaca).

Cabe exponer que según el artículo 24 de la norma en análisis, cuando (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

Cualquier servicio de televisión no autorizado por la Comisión Nacional de Televisión, o que opere frecuencias electromagnéticas sin la previa asignación por parte de dicho organismo, es considerado clandestino. La Junta Directiva de la Comisión procederá a suspenderlo y a decomisar los equipos sin perjuicio de las sanciones de orden civil, administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.

“Los equipos decomisados serán depositados en la Comisión Nacional de Televisión, la cual les dará la aplicación y destino que sea acorde con el objeto y funciones que desarrolla.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía prestarán la colaboración que la Comisión Nacional de Televisión requiera.

Cuando sea necesario ingresar al sitio donde se efectúe la operación clandestina del servicio, el juez civil municipal decretará el allanamiento a que haya lugar” (se destaca).

De ahí que la Fiscalía General de la Nación, al incautar los equipos al señor Parra Montilla, el 11 de mayo de 2004, actuó en cumplimiento de un deber legal. Al respecto se recuerda que, de forma previa a esa diligencia, el 11 de febrero de ese mismo año, en la casa del mencionado ciudadano, la Fiscalía practicó una diligencia de registro y allanamiento y le dejó en depósito y custodia los equipos que se hallaron en su poder. Igualmente, que de forma enfática le indicó que no podía transmitir señales de televisión.

Sin embargo, como el señor Parra Montilla persistió con su actividad ilegal, la Fiscalía 27 Local de Sandoná, Nariño, ordenó, el 19 de febrero de 2004, la incautación de esos equipos, a fin de evitar la continuación de esa conducta, orden que se materializó el 11 de mayo de 2004, y la cual, de conformidad con el libelo introductorio, contiene el error judicial por el que se demanda.

Así pues, teniendo en cuenta las irregularidades señaladas en precedencia, a juicio de la Sala, a la Fiscalía no se le podía exigir una actuación diferente a la que, en efecto, desplegó, es decir, la incautación de los equipos y la apertura de una investigación penal en contra del señor Luis Elver Parra Montilla. Si bien la investigación que se le inició fue precluída, no puede pasarse por alto que la irregularidad de su conducta sí resultó determinante para que se procediera a decomisarle los elementos destinados a la transmisión de la señal de televisión, circunstancia que rompió el nexo de causalidad entre el daño irrogado y su imputación a la Nación, Fiscalía General de la Nación.

Recapitulando, y a modo de conclusión, se impone manifestar que la sentencia objeto del recurso de apelación será confirmada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.

5. Condena en costas.

Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 índica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 25 de mayo de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, por los fundamentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: María Adriana Marín—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Fol. 41, cdno. 1.

2 Debe aclararse que en la demanda y en los poderes se indicó que el accionante se llamaba Luis Elberth Parra; sin embargo, al verificar su Registro Civil de Nacimiento se estableció que la forma correcta de escribir su nombre es Luis Elver Parra Montilla (fol. 17, cdno. 1).

3 Para la fecha de presentación de la demanda ostentaban la condición de menores de edad, por tal razón comparecieron al proceso por intermedio de su padre, el señor Luis Elver Parra Montilla, según los registros civiles de nacimiento y el poder obrantes a folios 18, 20, 38 y 39 del cuaderno 1, respectivamente.

4 De conformidad con el poder obrante en los folios 38 y 39 del cuaderno 1.

5 Fols. 1 - 11, cdno. 1.

6 Fol. 42, cdno. 1.

7 Fol. 46, cdno. 1.

8 Fol. 42, vto. cdno. 1.

9 Fols. 50 - 54, cdno. 1.

10 Fol. 66, cdno. 1.

11 Fol. 79, cdno. 1.

12 Fols. 83 - 85, cdno. 1.

13 Fols. 81 y 82, cdno. 1.

14 Fols. 88 - 104, cdno. 1.

15 Fols. 110 - 125, cdno. segunda instancia.

16 Fols. 139 - 142, cdno. segunda instancia.

17 Fol. 144, cdno. segunda instancia.

18 Fols. 458 - 502, cdno. segunda instancia.

19 Fols. 145 - 152, cdno. segunda instancia.

20 Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 A de 2017.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, CP. Mauricio Fajardo Gómez.

22 “La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia.
“Los herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene de su causante, podrá expresarlo así en las mismas oportunidades.
“No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica”.

23 Obrantes a fols. 102 - 107, cdno. pbas.

24 Exp. 20601, sentencia del11 de septiembre de 2013, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

25 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Radicación: 25000-23-26-000-2011-01470-01(48553) acumulado con el 25000-23-26-000-2012-01158-01(56618); asimismo, las siguientes decisiones: i) 10 de noviembre de 2017, radicado 47001-23-31-000-2010-00494-01(42557) A; ii) 3 de agosto de 2017, Radicación: 05001-23-31-000-1996-02296-01(43977) A, iii) 10 de mayo de 2017, Radicación: 18001-23-31-000-2006-00150-01(48230); Iv) 8 de febrero de 2017, Radicación: 15001-23-31-000-2009-00093-01(48033), entre muchas otras.

26 i) Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 13392, M.P. Ricardo Hoyos Duque; ii) Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2014, radicado 25000-23- 26-000-2003-00653-01(29934), M.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterada por la Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 21 de enero de 2015, expediente 73001-23-33-000-2013-00651- 01(51643). Esta tesis también se reiteró por la Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 10 de mayo de 2017, radicado 68001-23-31-000-2003-00388-01(40068).

27 Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada por la Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 21 de enero de 2015, expediente 73001-23-33-000-2013-00651-01(51643). Consultar además: Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2017, radicación 50001-23-31-000-2005- 00274-01(39435).

28 Fol. 154, cdno. pbas.

29 Fol. 155, cdno. pbas., donde obra el acta de entrega definitiva.

30 Fol. 41, cdno. 1.

31 Fol. 40, cdno. 1.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de noviembre de 2017, expediente 11001-03-26-000-2008-00006-00 (34982).

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón, auto de 16 de marzo de 2017, radicación: 73001-23-33-000-2015-00450-01 (56715).

34 Según el auto admisorio de la demanda que obra a folio 42 del cuaderno 1.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 22 de noviembre de 2001, exp. 13.356. M.P.: María Elena Giralda Gómez; de 27 de abril de 2006, exp. 15.352. M.P.: Ramiro Saavedra Becerra, reiteradas por esta Subsección en fallo del 31 de mayo de 2016, exp. 50001-23-31-000-2002-20347-01(34851).

36 Así se indicó en el acápite denominado “pruebas” (fol. 9, cdno. 1).

37 Fol. 32, cdno. pbas.

38 Fol. 37, cdno. pbas.

39 Fol. 35, cdno. pbas.

40 Fol. 34, cdno. pbas.

41 Fols. 21 – 28, cdno. pbas.

42 Fol. 3, cdno. pbas.

43 Fol. 6, cdno. pbas.

44 Fol. 7, cdno. pbas.

45 Fol. 12, cderno. pbas.

46 Fol. 17, cdno. pbas.

47 Fols. 19 - 20, cdno. pbas.

48 Fols. 84 - 88, cdno. pbas.

49 Fol. 106, cdno. pbas.

50 Fol. 107, cdno. pbas.

51 Fols. 119 - 131, cdno. pbas.

52 Fols. 144 - 149, cdno. pbas.

53 “ART. 633.—Definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
“Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.
“Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”.

54 Sentencia del 14 de septiembre de 2017, radicación 20001-23-31-000-2010-00024-01(42286), M. P. Danilo Rojas Betancourlh.

55 Cita textual del fallo: “En este sentido, esta Subsección ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de agosto y del 9 de octubre de 2014, exp. 55001-23-31-000-1998-00029- 01(30391) Y50001-23-31-000-2001-00106-01(27438), C.P. Danilo Rojas Betancourth”.

56 En ese sentido, la Ley 270 de 1996, artículo 70 establece: “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

57 “Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.