Sentencia 2010-00691 de diciembre 11 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 540011102000201000691 01/3062 A

Aprobado según Acta 93 de la misma fecha

Magistrado ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá, D.C, once de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia. Esta Sala jurisdiccional disciplinaria es competente para conocer y decidir este grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, del(sic) Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento respecto a la falta por la que la disciplinada fue llamada a juicio, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales aplicables en este caso.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Ahora bien, procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales.

En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

2. Estudio de fondo.

La abogada Yenny Lizeth Cárdenas Nieto, fue llamada a juicio disciplinario y sancionada por la falta a la lealtad con el cliente de que trata el artículo 34.b de la Ley 1123 de 2007, modalidad dolosa, por haber garantizado un resultado al momento de su contratación, en el sentido de conseguir la detención domiciliaria, en concurso con la posible falta contemplada en el artículo 30.4 de la misma ley, sustentada en el hecho que habiendo sido suspendida de su profesión, siguió recibiendo dineros a cuenta de honorarios de una gestión que no podía realizar por dicha suspensión, engañando a personas analfabetas que creyeron en la actividad profesional de la togada, cuando nunca tuvo además intención de realizarla, con circunstancia de agravación además por los antecedentes disciplinarios.

Normas cuyo tenor literal es como sigue:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

(…).

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión…

ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…).

b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable…

En ese orden de ideas, a la luz del material probatorio obrante en la foliatura, procede la Sala a analizar si concurren o no elementos suficientes para derivar responsabilidad disciplinaria por parte de la togada Yenny Lizeth Cárdenas Nieto, teniendo en cuenta los cargos que le fueran imputados.

En relación con el fallo consultado, se encuentra que el a quo realizó un estudio, serio, juicioso y ajustado a las normas que rigen la materia para arribar a las conclusiones atribuyendo la responsabilidad y sanción impuesta.

Nótese como la disciplinada no acudió a defenderse en el proceso disciplinario, y que la conducta enrostrada encuentra pleno apoyo probatorio en las documentales y testimoniales recaudadas. Se cuenta con la inspección judicial al expediente del proceso penal con radicado 2009-80742, contra el señor Euclides Amaya, y de las copias tomadas, anexo 2, se tiene el poder conferido a la togada, para solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento por prisión domiciliaria, presentado ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, el día 25 de agosto de 2009, pero no obra memorial alguno de la togada dirigido a cumplir con su compromiso. En el auto mediante el cual se le reconoce personería para actuar a la doctora Cárdenas Nieto, se dejó constancia que está no informó de dirección alguna y que se tiene un número de teléfono celular, el cual no responde al ser llamada. Así mismo se tiene un memorial, radicado el 21 de enero de 2010, dirigido al juez por parte del condenado Euclides Rodríguez Ayala, pidiendo la concesión de prisión domiciliaria. También se tiene copia del auto datado 22 de junio de 2010, del mismo juzgado primero antes citado, reconociendo personería al abogado Miguel Antonio Galindo Penagos, como apoderado del condenado Rodríguez Ayala. De manera que no hay duda alguna que la togada no cumplió con el compromiso para el cual se le confirió el poder.

En cuanto a los pagos recibidos, están dentro de la foliatura los comprobantes de giros de Efecty, hechos por la señora Luz Marina Amaya y el señor Hermides Martínez, a la abogada disciplinada, así como el reporte de la misma empresa Efecty. (fls. 107-118 y 152-153).

También se tiene los testimonios de los señores Euclides Amaya Rodríguez, Hermides Martínez y Luz María Amaya Rodríguez, consistentes y coherentes, según los cuales la abogada se comprometió a obtener la prisión domiciliaria para el condenado que le otorgó el poder, para luego lograr la libertad.

Complementado las pruebas se allegó el certificado de antecedentes disciplinarios de la abogada Yenny Lizeth Cárdenas Nieto (fls. 124-128) en los cuales constan las múltiples sanciones que esta jurisdicción disciplinaria le ha impuesto, desde noviembre de 2008 hasta septiembre de 2009, siendo las dos últimas una sanción de suspensión por 2 años, del 25 de agosto de 2010 al 24 de agosto de 2012, y una exclusión de la profesión a partir del 17 de noviembre de 2011.

Por lo anterior, la togada incumplió con los deberes del abogado consagrados en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, numerales 5º y 18-a:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…).

5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión...

18. Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes situaciones:

a) Las posibilidades de la gestión, sin crear falsas expectativas, magnificar las dificultades ni asegurar un resultado favorable…”.

3. El quantum de la sanción.

Finalmente, en cuanto a la tasación de la sanción, teniendo en cuenta los parámetros fijados por el artículo 45 del estatuto del ejercicio de la abogacía, esta colegiatura encuentra que la impuesta está acorde con la gravedad de las faltas y con la circunstancia de haber sido ambas cometidas dolosamente por la jurista investigada —conforme lo resaltó la Sala a quo— lo que amerita la sanción impuesta debiendo ser confirmada.

Corolario de todo lo expuesto, la Sala procederá a confirmar en su integridad la sentencia consultada.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, mediante la cual se resolvió sancionar a la abogada Yenny Lizeth Cárdenas Nieto con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión, al hallarla responsable de infringir los artículos 30.4 y 34.b de la Ley 1123 de 2007.

2. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes dentro del proceso. Advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».