Sentencia 2010-00719 de octubre 20 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2010-00719-00

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil diez

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como nota preliminar, debe dejarse advertido que el presente conflicto se suscitó antes de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, esto es, con anterioridad al 12 de julio de esta anualidad, razón por la cual será decidido por la Sala, al no ser de recibo para este caso las modificaciones que se introdujeron al artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, pues como hubo de exponerse recientemente sobre el tema, "un conflicto de competencia, en cualquiera de sus modalidades, connota un conjunto de actos procesales concatenados e imposibles de escindir, con miras a resolver la disparidad de criterios sobre quién es el funcionario competente para conocer tal litigio; bajo esa perspectiva, dicho conglomerado de autos no puede ser considerado independiente uno con respecto al otro y, ahí, precisamente, estructura el concepto de actuación referida en precedencia y que trata aquella norma (L. 153/1887, art. 40) ... por supuesto, a partir de tal perspectiva, la actuación que (es) iniciada bajo el imperio de una determinada norma, debe continuar su trámite o curso amparada por ese preciso procedimiento hasta tanto culmine plenamente" (auto de 27 de septiembre de 2009, Exp. 2010-01055-00).

2. En tratándose del ejercicio de la acción de responsabilidad civil extracontractual, la competencia territorial es concurrente, en tanto que entran en juego el fuero personal —determinado por el domicilio del demandado— y el fuero circunstancial, esto es, el correspondiente al "lugar donde ocurrió el hecho”; de conformidad con lo previsto en los numerales 1º y 8º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.

3. Suficientemente conocido es que cuando existen fueros concurrentes dentro del factor territorial, la competencia se determina por la elección del demandante, quien es el único facultado por la ley para hacer la escogencia respectiva dentro de las posibilidades que le brinda la ley; por ende, en esos eventos, el funcionario judicial a quien se dirige la demanda no puede, en principio, desconocer tal selección, porque aquí tiene primacía la voluntad del quien formula la demanda, todo, claro está, sin perjuicio de que el demandado objete dicha escogencia, a través de las herramientas procesales previstas para ese preciso fin.

4. En lo que aquí concierne, el problema jurídico a resolver reside en puntualizar, precisamente, dónde se produce el hecho generador de responsabilidad aquiliana, cuando ésta se deriva de la propagación de informaciones a través de medios masivos de comunicación.

4.1. A ese respecto, vale la pena poner de presente que la comunicación es una relación humana "consistente en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre"(1),

Desde luego, el mensaje emitido por un medio masivo de comunicación y la alteración de las relaciones individuales y sociales que de él se siguen, pueden llegar a producir consecuencias positivas o negativas en el conglomerado humano al cual va dirigido(2)" y, por ese camino, es posible que tal actividad constituya una fuente de responsabilidad civil extracontractual, cuando la propagación de la información genera perjuicios de orden material y moral a los individuos que de alguna manera se ven afectados por el acto de publicación.

4.2. Ahora bien, fundamentalmente, todo intercambio comunicativo es un proceso que depende de la presencia de algunos elementos mínimos indispensables: un emisor, que es aquel que produce un mensaje, generalmente de interés, destinado a uno o varios receptores; el mensaje, que es básicamente la información transmitida por el emisor; el canal, que se puede concebir como el soporte material o el elemento físico a través del cual circula el mensaje, y finalmente, un receptor, o sea, el sujeto a quien va dirigido el mensaje.

Dada esa cadena de elementos, puede decirse, en línea de principio, que el hecho generador de la responsabilidad en este tipo de eventos, está dado por el suceso capaz de alterar un estado actual de cosas, esto es, el evento con idoneidad para modificar una imagen o una percepción de los receptores y que, por ende, tiene la virtud de afectar la espera personal, familiar y social de un sujeto determinado, sin importar, incluso, dónde se halla este en el preciso momento de la emisión.

Por ende, a juicio de la Corte, ese hecho generador de responsabilidad, por regla general, se produce donde se verifica la recepción del mensaje, porque en dicho lugar, precisamente, el acto de comunicación se perfecciona y, de contera, con el intercambio informativo así generado, es posible que se altere un estado de cosas concreto y particular, con consecuencias dañosas para los individuos afectados.

4.3. Por las anteriores razones, considera la Corte que cualquier juez colombiano podría ser elegido para conocer de los procesos de responsabilidad civil extracontractual que tienen como causa las emisiones de un programa televisivo de alcance nacional, toda vez que el mensaje emitido, en esos casos, tiene la potencialidad de ser recepcionado por todas las personas que habitan el territorio patrio, esto es, que al verificarse el acto comunicativo en cualquier lugar del país, el detonante de la responsabilidad sigue la misma suerte y, en esa medida, la atribución de competencia se extiende a los jueces que se hallan en aquellos sitios donde pudo recibirse el mensaje.

Justamente, el alto grado de libertad en el manejo de la información que se otorga a los medios y su posición preeminente en el marco del proceso comunicativo, tiene como correlativo natural una responsabilidad de mayor calado, la cual exige que concurran a responder los reclamos judiciales que se elevan en todos aquellos lugares a los que se extiende su cobertura, porque de no ser así, podría dificultarse el acceso a la administración de justicia de aquellos que se hallan en un lugar diferente a la emisión. Si la información masiva tiene la virtud de transformar realidades en un basto territorio, es de esperar que hasta allí llegue quien la suministra, para responder por los posibles agravios que pueda causar.

5. En este asunto, encuentra la Corte que según lo estipulado en el Contrato de Concesión 136 de 1997, suscrito entre la Comisión Nacional de Televisión y Caracol Televisión S.A., el canal utilizado por el productor del programa "Séptimo Día”; tiene la capacidad de trasmitir sus mensajes informativos en todo el territorio colombiano. Esto, en virtud de que la mencionada sociedad tiene a su cargo "...la prestación directa del servicio público de televisión en todo el territorio nacional. … "(3) (negrillas de la propias de la Corte).

De otro lado, los demandantes explicaron que el evento que finalmente desencadenó los perjuicios cuyo resarcimiento persiguen, fue la presentación de diferentes informaciones en el programa "Séptimo Día"; cuya recepción, a nivel nacional, se produjo el 26 de septiembre de 1999.

Acorde con lo anterior, se concluye que los demandantes podían seleccionar a cualquier juez del país para adelantar el proceso de responsabilidad civil extracontractual y, por ende, la elección del Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar no sólo fue válida, sino que, además, tornó privativa la competencia para ese despacho judicial, quien no podía desprenderse de ella por el sólo hecho de que la emisión del programa de televisión referido se efectuara desde Bogotá, porque, a la larga, —se insiste—, es la recepción comunicativa el acto que, en concreto, puede ser causa del perjuicio.

Por lo demás, entiende la Corte que la escogencia que hicieran los demandantes se hace todavía más atendible, si se repara en que, precisamente, en Melgar (Tolima) se realizaron las negociaciones que —según la demanda— se tildaron como constitutivas de estafa en el programa "Séptimo Día”; amén de que allí mismo se adelantó una investigación penal relacionada con las informaciones suministradas en esa emisión televisiva, esto es, que para los sedicentes afectados, ese pudo ser el lugar donde mayor repercusión tuvo el proceso comunicativo, quizá porque desde su perspectiva, en tal sitio existía una imagen comercial susceptible de deteriorarse con la actividad de los demandados, cosa que, por cierto, habrá de ser establecida a lo largo de esta actuación.

 

En consecuencia, el expediente será remitido al Juzgado Primero Civil del Circuito de dicho municipio, por ser el competente para conocer del caso, no sin antes avisar de lo aquí decidido al Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Radicar la competencia para conocer de este asunto en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar (Tolima).

2. Remitir la actuación al citado despacho e informar de esta decisión al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá. Ofíciese.

Notifíquese».

(1) Pasquali, Antonio. Comprender la Comunicación. Ed. Gedisa, pp. 101. Barcelona, 2007.

(2) Ver p. e., Klapper, Joseph T. Efectos de las comunicaciones de masas. Aguilar S.A. Madrid. 1974.

(3) Ver: Contrato de Concesión 136. CNTV. Cláusula 1, parágrafo.