Sentencia 2010-00791 de junio 3 de 2010

 

Sentencia 2010-00791 de junio 3 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2010-00791-00

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

(Discutida y aprobada en sesión de dos de junio de dos mil diez)

Bogotá, D.C., tres de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Entiende la Sala que su competencia en este caso, excluye el concepto de la Sala de Casación Penal por el cual se autorizó la extradición de Salvatore Mancuso Gómez. Esta conclusión se deriva de ver cómo la petición de amparo no cuestiona dicho concepto, sino que se funda en circunstancias sobrevinientes al mismo, como la expedición de la Ley 975 de 2005, el acto administrativo de suspensión de la extradición, con fines de facilitar que el extraditado representara organizaciones criminales en el proceso de negociación para la consecución de la paz, así como el acto administrativo de levantamiento de la suspensión, todo ellos, posteriores al concepto de la Sala de Casación Penal antes mencionada, lo cual dio lugar a admitir la demanda constitucional solamente contra las autoridades administrativas aquí accionadas(1).

En efecto, el concepto favorable de la extradición del gestor de la tutela, proviene del cuerpo decisorio de mayor jerarquía dentro de la jurisdicción ordinaria en materia penal.

En casos análogos al que es materia de estudio, esta Sala de la Corte ha reiterado que ‘(…) no es de olvidar que la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal es la encargada de emitir los conceptos que, independientemente de su acogimiento por el ejecutivo, implican una actividad autónoma y exclusiva que, aunque reglada carece de verificación o escrutinio de superior funcional, pues, dada la condición de órgano límite que ostenta esa corporación no existe organismo de mayor nivel’ (auto sep. 10/2003, Exp. 30561, reiterado en providencias jul. 24/2008, Exp. 2008- 01243-00 y dic. 15/2008, Exp. 02032-00).

En consecuencia, en la medida en que la labor desplegada por la Sala de Casación Penal tiene como meridiano absoluto la protección de las garantías básicas que el Estado social de derecho brinda a los ciudadanos, la acción de tutela contra decisiones de un órgano límite, constituiría una nueva mirada sobre los derechos fundamentales, como si el juez natural de máxima jerarquía no se hubiera ya ocupado de su examen y protección. De hecho, ha de hacerse énfasis en que la misma Constitución ha otorgado a la Corte Suprema de Justicia la atribución de proteger el ordenamiento todo, incluidas sin duda las garantías superiores, resguardo que no debe conocer mengua en el trámite de extradición.

Además, es de precisar que cuando la Sala de Casación Penal profiere una providencia con ocasión de un trámite judicial reservado a su exclusiva competencia, ninguna otra autoridad se encuentra habilitada para enjuiciar sus pronunciamientos, función que desde luego ejerce con exclusión de cualquier otro órgano, porque así lo manda la Constitución Nacional, y en especial porque al tratarse de un órgano de cierre, culmine de la jurisdicción ordinaria, las competencias que ejerce por expresa habilitación de la Constitución (C.P., art. 235), en este caso, la relativa al trámite de extradición, se ejecutan con prescindencia de cualquier otro órgano judicial, e incluso, no están previstas en el ordenamiento ni etapas ni escenarios para que ello ocurra, lo cual permite colegir que sus providencias son inmutables e intangibles por antonomasia.

Precisamente sobre ese aspecto, la Corte, tomando como norte los principios constitucionales y de manera reiterada, ha dicho que ‘no es concebible la colisión que representaría que una resolución final, según la propia Constitución, pudiera ser variada bajo el supuesto de su oposición a un derecho fundamental’ que ‘no puede el juez constitucional habilitar una competencia por fuera de la Constitución’ y que ‘mal podría el juez constitucional ampliar antojadizamente su competencia, so pretexto de que los límites de su poder es asunto que él mismo debe definir en el camino y que no le fueron fijados ex ante por el constituyente’ (autos jun. 29/2004, Exp. 11-00659-00; ene. 25/2005, Exp. 11-01495-00 y feb. 21/2005, Exp. 11-00159-00)”.

Por otra parte, el amparo constitucional impetrado está avocado al fracaso habida cuenta que las determinaciones adoptadas por el Gobierno Nacional, en el trámite de extradición, tienen naturaleza administrativa y en tal virtud, el ordenamiento jurídico dota al afectado de herramientas idóneas y eficaces, en cuyo escenario bien pudo someter a revisión de la autoridad gubernamental, los motivos de inconformidad del destinatario de la decisión, a través del ejercicio del recurso de reposición; oportunidad que fue despreciada por el actor debido a su propia incuria.

Respecto de la naturaleza administrativa del trámite de extradición, la Corte Constitucional en Sentencia 1106 de 2000, precisó que:

(...) En el proceso de extradición en Colombia, intervienen dos ramas del poder público en el desarrollo del trámite de la misma: la rama ejecutiva y la rama judicial, de donde resulta que la concesión o no de la extradición es un acto complejo.

En efecto, una serie de actos se desarrollan en sede administrativa a través de los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, entidades que previa la verificación de que concurren los elementos necesarios para su procedencia, dan curso al trámite de la extradición; y otros actos se desarrollan en sede judicial, en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación, sin que se pueda predicar que se trata de providencias judiciales (...)

se trata de un acto de cooperación internacional que no podría realizarse de otra manera y, que en todo caso, permitirá a quien resultare extraditado reclamar su libertad ante la autoridad judicial que conozca del proceso en el Estado requirente o receptor, conforme a los principios, usos y reglas del Derecho Internacional Humanitario, así como a los tratados y convenios internacionales que rijan la materia (...)”.

“(...) la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, comoquiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento.

“Por esto —y no por otra razón—, es que la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos casos, se circunscribe a emitir un concepto en relación con el cumplimiento del Estado requirente de unos requisitos mínimos que ha de contener la solicitud, los cuales se señalan en el Código de Procedimiento Penal.

Así, resulta claro entonces, que ese concepto de la Corte Suprema de Justicia puede ser acogido o no por el jefe del Estado, si es favorable, lo que significa que, en últimas, es el Presidente de la República como supremo director de las relaciones internacionales del país, quien resuelve si extradita o se abstiene de hacerlo....

y en Sentencia SU-110 de 2002, sostuvo que:

(...) la extradición es un instrumento de colaboración internacional en materia penal que ha adquirido su mayor relevancia en la lucha contra el delito de dimensión transnacional. Se trata de una decisión administrativa adoptada mediante trámite, en principio, breve y sumario, que no implica juzgamiento y tampoco puede dar lugar a un prejuzgamiento. La misma se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requirente podrá la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso”.

Ahora bien, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, exige el agotamiento previo de los medios previstos por el legislador para la protección de los derechos fundamentales al interior de las actuaciones de índole administrativo, pues tan especial mecanismo de amparo no está previsto para revivir oportunidades fenecidas, en este caso desperdiciados debido a la propia incuria del gestor del amparo lo cual hace improcedente la protección constitucional reclamada, en aplicación del artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.

En el mismo sentido, esta corporación en sentencia del 6 de septiembre de 2005 Expediente 110010203000200501039, dijo: “El trámite de extradición, sin duda alguna, ostenta unas características que, por su naturaleza, solo admite el control dentro de su propio ámbito; ciertamente que si así no fuera, advendría la participación de otras autoridades, como se pretende en este caso respecto de la Sala de Casación Civil, que no están habilitadas normalmente para hacerlo, y menos si se trata de irrumpir en el ejercicio que a las competentes les corresponde en las diversas etapas en que participan.

2. Lo anterior adquiere una mayor significación cuando está de por medio la emisión de conceptos que en forma autónoma y sin estar sujetos a control funcional emite la Sala de Casación Penal, cuya opinión adversa o favorable al extraditado, no vinculan a aquella.

Todo lo anterior permite recordar que la acción de tutela no se halla instituida para generar un trámite paralelo a los ya establecidos por la ley, ni para permitir la suplantación de las autoridades administrativas competentes; y menos en caso como el presente donde la actuación resulta en últimas examinada por la Sala de Casación Penal, que obra como órgano límite en la materia.

Y desde luego cumplida la actuación, la posterior del ejecutivo se halla revestida de un grado de discrecionalidad que, por fuerza, hace inadmisible su revisión por vía constitucional, mucho más si va en armonía con el concepto previo de la Corte, como ocurre en este caso. Bajo esas circunstancias, emerge la improcedencia de la acción de tutela, en los términos en que aquí se ha planteado, pues lo que se pretende, según evidencia la demanda respectiva, es que el juez constitucional participe en la revisión de los actos administrativos correspondientes, y que actuando así como autoridad única someta a tamiz los conceptos y decisiones de las autoridades competentes que por las circunstancias anotadas, resultan refractarios a la acción de tutela" (sents. 11 de feb. 11/2003, Exp. 00043-01; jun. 10/2003, Exp. 30307-01; ago. 17/2005, Exp. 00921-00).

Por otra parte, el accionante pretende utilizar la acción de tutela para conminar a las autoridades administrativas para la celebración de acuerdos internacionales en materia criminal, atribución que desborda la competencia del juez constitucional, pues ello a no dudar invade la órbita de competencia del Presidente de la República como supremo conductor de las relaciones internacionales a la luz del artículo 189 numeral 2º de la Carta Política.

No puede el juez constitucional intervenir en las diligencias que actualmente se adelantan en contra del petente, con sustento en un marco jurídico trasnacional vigente para la época en que se materializó la orden de entrega a los Estados Unidos de Norteamérica y las precisas reglas en que el país requirente adelanta el juzgamiento de los delitos cometidos en su jurisdicción.

A su vez, las deficiencias que señaló el accionante, en las labores de cooperación entre los Estados involucrados, corresponde a un trámite administrativo propio, ajeno al juez de tutela, y que podrá discutirse en el escenario de los procesos actualmente en curso, es decir, el fiscal o el juez, según el caso, que conduce en Colombia los procesos, puede ejercer la dirección de ellos y tomar los correctivos.

Igual consideración se predica para las víctimas de los procesos adelantados contra el actor, con sujeción a la normatividad de justicia y paz, pues hallándose en trámite las labores de investigación y juzgamiento ante las autoridades competentes, los terceros interesados en la reparación moral y patrimonial cuentan con herramientas para hacer efectivos sus derechos, al tiempo que el accionante no tiene vedada la oportunidad de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos, — además de la mentada reparación—, en orden a hacerse merecedor de los beneficios allí contemplados.

En suma, la acción de tutela no es el escenario judicial previsto para discutir la motivación de los actos administrativos proferidos en materia de extradición, ni sirve al propósito de fijar una política nacional en los procesos de concertación para la consecución de la paz, menos aún, está destinada a variar el escenario jurídico nacional e internacional para las labores de investigación y juzgamiento en materia criminal.

Finalmente, en relación con la queja consistente en la violación del derecho de petición, se observa que las solicitudes elevadas por el actor, respecto del trámite de extradición, la logística implementada en el adelantamiento de las investigaciones seguidas en su contra, en Colombia y en los Estados Unidos, así como la administración de los bienes entregados para la reparación a Ias víctimas y las actuaciones judiciales desplegadas con sustento en la información que ha brindado en el marco de colaboración con la justicia, han sido resueltas por las autoridades accionadas, algunas de ellas, respondidas en el presente trámite de tutela, motivo por el cual, en ese punto, la protección constitucional reclamada, carece actualmente de objeto.

Como corolario de lo anterior, se impone negar el amparo de tutela impetrado.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional reclamado.

Comuníquese telegráficamente esta decisión a los interesados y oportunamente. De no ser impugnado lo aquí resuelto, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) En igual sentido ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 6 de febrero de 2007, Expediente 11001020300020070009300 y de 29 de abril de 2009, Expediente 11001 0203000200900561-00.