Sentencia 2010-00794 de junio 3 de 2010

 

Sentencia 2010-00794 de junio 3 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-0203-000-2010-00794-00

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Discutido y aprobado en sesión de dos (2) de junio de dos mil diez (2010)

Bogotá, D.C., tres de junio de dos mil diez.

Decide la Corte la acción de tutela instaurada, mediante apoderado judicial, por Par Inurbe en liquidación contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los magistrados Sonia Esther Rodríguez Noriega, Abdón Sierra Gutiérrez y Alfredo Castilla Torres.

Antecedentes

1. Invocando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, el promotor del amparo solicita revocar la sentencia de 2 de diciembre de 2009 proferida por el tribunal accionado dentro del proceso de pertenencia —vivienda de interés social— instaurado por Laureano Riquett Rambal contra la unidad administrativa liquidadora de asuntos del Instituto de Crédito Territorial y, como consecuencia, ordenar “retirar la inscripción” de la mencionada sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

2. Como fundamentos de sus peticiones, el accionante expone, en suma, que Laureano Riquett Rambal instauró demanda de pertenencia sobre el inmueble ubicado en la ciudadela 20 de Julio, bloque 175, apartamento 402 del edificio Manatí de la ciudad de Barranquilla, contra la unidad administradora liquidadora de asuntos del Instituto de Crédito Territorial e indeterminados, demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad.

Señala que el juez de primera instancia tuvo en cuenta lo previsto en el artículo 407, numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil, quien profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones formuladas, frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación, resuelto por el tribunal, según fallo de 2 de diciembre de 2009, en el que revocó la decisión impugnada y decretó a su favor la prescripción extraordinaria de dominio con respecto al inmueble objeto del litigio.

Precisa que el ad quem no tuvo en cuenta la reiterada jurisprudencia de las altas Cortes en donde se señala con claridad que los bienes de las entidades de derecho público no son prescriptibles por ningún medio.

De otra parte, aduce que el extinto Inurbe ingresó en proceso liquidatorio, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2007, lo que dio origen a la creación de Par Inurbe en liquidación, entidad que es creada por intermedio de un contrato de fiducia, suscrito entre la Fiduprevisora y Fiduagraria.

3. La Corte admitió a trámite la demanda de tutela, tuvo en cuenta como prueba documental la acompañada con el libelo genitor, requirió copia de las piezas procesales pertinentes y dispuso librar las comunicaciones de rigor.

4. La Sala de Decisión Civil accionada, en respuesta a la demanda de tutela esgrimió los argumentos sobre los cuales edificó la determinación cuestionada, señalando en suma, que tal decisión no puede calificarse de arbitraria ni constitutiva de causales específicas de procedibilidad de la acción de amparo, por defecto fáctico, ni desconocimiento del precedente jurisprudencial, reiterando, que todos los fundamentos de la decisión están en el contenido de la providencia y en la valoración probatoria que hiciera la Sala en el caso concreto en su oportunidad.

5. Luis Alberto López Soto, invocando la representación del demandante en el proceso ordinario fuente del reclamo constitucional, en memorial allegado a la Corte, se opuso a la prosperidad de la demanda de tutela, en primer lugar porque en su sentir Par Inurbe en liquidación carece de interés jurídico para incoar la acción propuesta, en razón a que en la controversia judicial no estuvo involucrada ni fue considerada como sujeto procesal, amén de que las funciones del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana culminaron el 31 de diciembre de 2007, dejando de existir jurídicamente; y, en segundo lugar, porque el accionante desconoce la normatividad que para el momento operaba, tanto a favor de los adquirentes, como de la entidad, y las normas en cita (L. 388/97 y 2ª/91), en ningún momento impiden que un ciudadano acceda a su adquisición por los medios previstos por la ley, tal como la compra o la prescripción adquisitiva de dominio.

Consideraciones

1. La acción de tutela es un mecanismo especial establecido en la Constitución Política, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinados eventos, de los particulares.

Acorde con reiterada jurisprudencia constitucional, en línea de principio, esta acción pública no actúa tratándose de actuaciones o decisiones judiciales, salvo “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (sent. jul. 16/99, Exp. 6621), en cuyo caso es pertinente acudir al juez constitucional en procura de obtener protección de los derechos fundamentales comprometidos, siempre y cuando no sea posible remover la presunta afectación a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial o que existiendo estos se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. En el caso específico, la acción de tutela está llamada a prosperar, por cuanto resulta claro que la Sala de Decisión acusada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al fallar la segunda instancia del proceso de pertenencia instaurado por Laureano Riquett Rambal contra el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana ‘Inurbe’, incurrió en un proceder susceptible de amparo constitucional, dado que para acoger la prescripción adquisitiva solicitada trasgredió lo previsto por el numeral 4º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, en la medida que se demandó la usucapión de un inmueble de propiedad de una entidad de derecho público.

En asuntos análogos al que ahora es motivo de estudio, la Sala ha reiterado que no procede la declaración de pertenencia respecto de bienes de propiedad de las entidades de derecho público, tal como lo prevé la norma en cita.

Sobre este particular ha dicho que “[p]ara resolver la solicitud de tutela, liminarmente importa recordar lo que sobre el tema en cuestión, precisó recientemente la Sala(1) [en torno a que] ‘[l]a prescripción (praescriptio), es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas (usucapión o adquisitiva) o de extinguir las acciones y derechos ajenos (extintiva o liberatoria), concurriendo los requisitos legales (C.C., art. 2512).

“Tratándose de la usucapión, a más de la posesión durante el término legal, es menester la naturaleza prescriptible del bien (C.C., art. 2518) y el ordenamiento jurídico dispone su improcedencia ‘respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público’ (CPC, num. 4º, art. 407).

“Aunque el entendimiento de esta prohibición concernía a los bienes de uso público (C.N. art. 63; C.C., arts. 674 y ss.; L. 41/48, art. 1º), con la declaratoria de exequibilidad del numeral 4º del artículo 413 (hoy 407 según modificación del artículo 1º, numeral 210 del D.E. 2282/89) del Código de Procedimiento Civil y a partir de su vigencia el 1º de julio de 1971 (CSJ, sent. nov. 16/78, CLVII, 263), se extendió a los fiscales, esto es, aquellos cuyo dominio estatal ostenta idénticas características a las de la propiedad particular y, por ello, están en el comercio ‘de suerte que hoy, tanto los bienes de uso público como los bienes fiscales no pueden adquirirse por usucapión’ (S. Cas. Civil, sents. jul. 28/87, jun. 14/88, feb. 12/2001).

“La ratio legislatoris, conforme al fallo constitucional de exequibilidad del precepto, comporta una especial protección de los bienes de dominio de las entidades estatales, sean de uso público, sean fiscales, por lo cual, la consideración del Tribunal de Pasto a propósito de su imprescriptibilidad, no deviene caprichosa, arbitraria ni antojadiza, sino de su entendimiento de las disposiciones normativas.

“Naturalmente, la aplicación del precepto, presupone necesaria e indefectiblemente la propiedad del bien (prius) para la actuación de la prohibición (posterius).

“El supuesto fáctico de la norma (factum, tatbestand, fattispecie, état de chosé) atañe, ya a bienes imprescriptibles, ora ‘de propiedad de las entidades de derecho público’ y el mandamiento, efecto o consecuencia jurídica, es la improcedencia de la prescripción.

“Por consiguiente, respecto de bienes de propiedad de las entidades de derecho público no procede pertenencia, siendo menester e imprescindible el dominio.

“A contrario sensu, si el bien no es de propiedad de una entidad de derecho público no se verifica el supuesto fáctico ni se genera la consecuencia y, por tanto, procede la pertenencia, o sea, es susceptible de adquirirse por el modo constitutivo de la prescripción conforme a las reglas generales.

“2. Examinada la sentencia que es objeto de censura (fls. 9 al 12 de este c.) a la luz de lo anterior, no hay que hacer mayor esfuerzo para concluir que la Sala accionada incurrió en la vía de hecho que se le imputa, pues no obstante que constituía un punto pacífico que el inmueble cuyo dominio se pretendía adquirir por prescripción extraordinaria pertenecía a una entidad de derecho público, como es el ‘Inurbe’, quien en su condición de demandado propuso la respectiva excepción de mérito ‘de ser el bien imprescriptible y falta de legitimación por pasiva’, revocó la sentencia de primer grado que había resuelto de manera adversa las pretensiones, para en su lugar acceder a éstas, con estribo en la interpretación aislada que realizó del artículo 51 de la Ley 9ª  de 1989, actividad intelectiva que la llevó a soslayar la prohibición categórica que consagra el numeral 4º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, al tenor de la cual [l]a declaración de pertenencia no procede respecto de bienes (...) de propiedad de las entidades de derecho público (...)’” (sent. dic. 14/2007, Exp. 02042-00; ratificada en sents. jun. 3/2009, Exp. 00880-00; ago. 10/2009, Exp. 01325-00; ago. 11/2009, Exp. 01319-00 y nov. 6/2009, Exp. 01953-00).

3. En virtud de lo anterior, se impone conceder la tutela incoada, debido a que la autoridad judicial accionada definió el referido proceso de pertenencia sin aplicar el contenido y el alcance del citado numeral 4º del artículo 407 del estatuto procesal civil, cuestión que impone impartir las pertinentes órdenes para que se restablezcan los derechos fundamentales vulnerados con dicha determinación del tribunal.

4. De otra parte, en cuanto a la réplica de la tutela presentada por quien dice representar al demandante en el proceso ordinario para el cual se pide protección constitucional, no se tiene en cuenta toda vez que el poder conferido para ese caso determinado no lo habilita para actuar en el presente asunto, por ser este mecanismo un proceso judicial autónomo e independiente que para intervenir en él a través de abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulación.

DECISIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo solicitado. En consecuencia, dispone:

Ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que dentro del término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de esta decisión, tras dejar sin efecto la sentencia de 2 de diciembre de 2009 proferida dentro del proceso de pertenencia de Laureano Riquett Rambal contra unidad administrativa liquidadora de asuntos del Instituto de Crédito Territorial e Indeterminados, adopte la determinación que en derecho corresponda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia.

(1) Cfr. sentencia de tutela de 24.09.07, Expediente 01423-00.