Sentencia 2010-00800 de octubre 3 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001020300020100080000

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., tres de octubre de dos mil doce.

(Discutido y aprobado en Sala de 5 de septiembre de 2012).

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. De acuerdo con el canon 230 constitucional, los jueces, dentro del territorio colombiano, están sometidos al imperio de la ley, de donde puede colegirse, en principio, que las únicas decisiones que tienen la virtud de producir efectos son aquellas que encuentran fundamento en el ordenamiento sustancial y procesal interno, no así las dictadas con sustento en otras legislaciones, pues no ostentan el vigor necesario para ser ejecutadas. Este entendimiento responde al concepto clásico de la soberanía, que al igual que en muchos otros escenarios, también tiene incidencia en lo que concierne al sistema jurídico patrio.

A pesar de lo anterior, como el mundo globalizado de hoy no resiste que las fronteras de los países se cierren de forma tal que las determinaciones judiciales tomadas en un Estado carezcan de cualquier valor en otro, se ha previsto la viabilidad de su convalidación, pues la justicia tiende a ser transnacional, si se consideran los intereses comunes que convergen cuando de la asignación, reconocimiento o declaración de un derecho se trata.

Y las razones descansan en el beneficio que para los ciudadanos reporta el hecho de que una situación jurídica acontecida en una nación sea homologada en otra, pues ello es manifestación evidente de que su régimen iure no es local únicamente, sino que trasciende ese marco espacial, al punto de integrarse en la lógica de otra patria, cual si la disposición hubiese sido tomada allí.

De esta realidad no es ajena nuestra legislación procesal civil, ya que bajo el estricto cumplimiento de ciertas pautas es posible que una sentencia dictada en otro país adquiera firmeza en este, y por contera, se avalen sus efectos.

De ello da cuenta el artículo 693, según el cual, “[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

En la precitada ordenación legal están inmersos dos conceptos en torno de los cuales gira el reconocimiento de las decisiones judiciales foráneas: La reciprocidad diplomática y la legislativa, frente a las cuales, la Sala ha expuesto que para determinar la citada correspondencia “(...) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (...)” (fallo de feb. 24/2011, Exp. 2008-00595-00, entre otros).

Como regla general es necesario que junto con alguno de estos dos criterios, se cumplan los requerimientos que impone el artículo 694 ejusdem y que atañen a la verificación de ciertas formalidades y de otras circunstancias que deben rodear a la sentencia extranjera para que pueda surtir de manera plena los efectos que le son propios.

2. En el caso materia de análisis, se procuró que al proceso fueran allegadas las pruebas de la “reciprocidad diplomática” o de la “legislativa” y en lo concerniente a la primera se informó por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la coordinación del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales, que no existe alianza entre las repúblicas de Colombia y Alemania “que verse sobre el reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos países en procesos civiles y de familia” (fls. 158 y 169).

3. No obstante lo anterior, con las comunicaciones remitidas por dicha autoridad administrativa (fls. 68 y 109) junto con sus anexos, se acredita que en el referido sitio germánico se reconoce fuerza a los fallos extranjeros, quedando así probada la reciprocidad legislativa.

Así lo determina el §107 de la ley alemana “sobre el procedimiento en asuntos de familia, así como en asuntos de la libre jurisdicción” traducción oficial que se allegó (fls. 74 a 88 y 111 a 134) y dispone: “Los fallos, por medio de los cuales, en el extranjero, un matrimonio sea declarado nulo, sea anulado, de acuerdo con el vínculo matrimonial o bajo a conservación del vínculo matrimonial sea divorciado, o mediante las cuales se determine la existencia o no existencia de un matrimonio entre las partes, serán reconocidos únicamente si la administración de justicia provincial ha determinado que existen las condiciones para tal reconocimiento”.

A su turno, el §109 ibídem establece que “1. El reconocimiento de una decisión extranjera está excluido, si: *de acuerdo al derecho alemán, los tribunales del otro país no son competentes; *a uno de los participantes, quien invoca que él no se ha manifestado sobre el asunto principal, no le fue comunicado de manera regular o fue comunicado con retraso el documento que dirige el proceso, de manera que él no pudo defender sus derechos; *si la decisión es irreconciliable con una decisión decretada aquí o con una decisión extranjera anterior que deba ser reconocida o cuando el proceso que le sirve de base es irreconciliable con un proceso sub iudice. 2. El reconocimiento de un fallo extranjero en un asunto matrimonial no está en contra del §98, inciso 1º Nº 4, si uno de los cónyuges tuvo residencia habitual en el país cuyos tribunales han fallado. Si un fallo extranjero en un asunto matrimonial es reconocido por los estados de los cuales son ciudadanos los cónyuges, ello no se contradice con el §98”.

Y, este canon reza: “Los tribunales alemanes son competentes en asuntos matrimoniales, si: *uno de los cónyuges es alemán o lo era al momento del matrimonio; *ambos cónyuges tienen su residencia habitual en el país; *uno de los cónyuges es apátrida con residencia habitual en el país; *uno de los cónyuges tiene su residencia habitual en el país, a no ser que la decisión fallada, abiertamente, no fuera reconocida por el derecho de ninguno de los estados, de los cuales sea ciudadano alguno de los cónyuges”.

4. De acuerdo con lo anterior, es clara la presencia de una de las dos formas de reciprocidad requeridas para que, en principio, la solicitud de exequátur pueda abrirse paso.

5. Ahora bien, en relación con los condicionamientos aludidos por el precepto 694 del Código de Procedimiento Civil, la Sala no advierte ningún reparo en particular, habida consideración que el proveído objeto de homologación no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio patrio al momento de haber sido dictada (num. 1º).

Tampoco se opone a las leyes o disposiciones internas de orden público (num. 2º), pues al respecto, la causal de disolución sustento del fallo foráneo es similar a la que para tal efecto prevé el numeral 8º del artículo 154 de nuestro Código Civil, configurada por “[l]a separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años”; y aquella decisión refiere que “la solicitud de divorcio está fundamentada porque el matrimonio de las partes fracasó (§ 1566 párr. 1 BGB). Esto se presume irrefutablemente debido a que desde hace más de 3 años (es decir a partir de agosto de 2003) viven por separado (§ 1566 párrafo 2 BGB). Esto lo declararon unánimemente y a convicción del juzgado” (fl. 34).

Así mismo, se halla demostrada su ejecutoria (num. 3º), requisito este del que da cuenta el documento visible a folio 31 del plenario, según el cual, la sentencia fue “pronunciada el 16.05.2008 [y] entró en vigor a partir del 12.08.2008”.

De otra parte, como el asunto, no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, ya que de conformidad con la norma 163 del Código Civil, “[e]l divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero se regirá por la ley del domicilio conyugal. Para estos efectos, entiéndese por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges viven de consuno y, en su defecto, se reputa como tal el del cónyuge demandado”, y como en este evento se radicó en Alemania, cuya legislación procesal regula lo atiente a la disolución del vínculo matrimonial en su artículo 17 (fl. 130), se satisface el 4º requerimiento del canon ritual nacional arriba citado.

De igual forma, al no existir juicio en curso, ni sentencia ejecutoriada sobre la misma temática proferida por jueces colombianos (num. 5º) y tampoco contienda en el proceso de divorcio, toda vez que el “oponente est[uvo] de acuerdo con la solicitud de divorcio” (fl. 33), lo que patentiza que no se afectó el derecho de defensa, ni el de contradicción del no solicitante (num. 6º), es evidente el cumplimiento de las exigencias para atender la pretensión de la actora.

6. Con base en lo anterior, se otorgará efecto jurídico a la mencionada determinación de “divorcio”.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Conceder el exequátur a la sentencia proferida el 16 de mayo de 2008 por el Juzgado oficial Dusseldorf (Alemania), que decretó el divorcio de la solicitante con el señor Robert Walter Budo.

2. Inscribir esta decisión, junto con la providencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil del matrimonio, como en el de nacimiento de los cónyuges, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el precepto 13 del “Decreto 1873 de 1971”.

3. Librar, por secretaría, las comunicaciones pertinentes.

4. No Condenar en costas en la actuación.

Notifíquese».