Sentencia 2010-00807 de junio 4 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2010-00807-00

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., cuatro de junio de dos mil diez.

Discutido y aprobado en sesión de dos (02) de junio de dos mil diez .

Decide la Corte la acción de tutela instaurada, mediante apoderado judicial, por Carlos Hernando Gamez Méndez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Germán Octavio Rodríguez Velásquez, Pablo Ignacio Villate Monroy y Myriam Ávila de Ardila.

Antecedentes

1. El promotor del amparo demanda protección del derecho fundamental del debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades accionadas con ocasión de las providencias de 15 de septiembre de 2009 y 3 de marzo de 2010, de primera y segunda instancia, respectivamente, por cuya virtud se rechazó la demanda de pertenencia incoada sobre bien inmueble contra indeterminados.

2. Como fundamentos de su reclamo, el accionante expone, en síntesis, que la referida demanda fue inadmitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá por auto de 11 de agosto de 2009, para que se subsanara, entre otros motivos, aportando al expediente certificado de tradición y libertad del inmueble a usucapir, reciente y con la atestación de que trata el numeral 5 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, “porque el aportado no satisface las exigencias de la citada norma”, teniendo en cuenta que una de sus funciones es probar la existencia jurídica del bien; y a pesar de que fue corregida en tiempo el juzgado la rechazó, argumentando que el certificado especial expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no cumplía los presupuestos de la precitada disposición, según proveído de 15 de septiembre de 2009, contra el cual interpuso recurso de apelación, en cuyo trámite intervino el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, quien solicitó la revocatoria ya que no asistía razón al exigir un certificado de un inmueble que no tiene matrícula inmobiliaria, siendo imposible su individualización, requisito subsanable por medio de la prueba de inspección judicial forzosa establecida para verificar los hechos del proceso.

Agrega que el tribunal mediante auto de 3 de marzo de 2010 confirmó el auto apelado y, por ende, el error de procedimiento en que incurrió el juez a quo, sin tener en cuenta que el certificado especial expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá es amplio, claro y preciso, en tanto no deja duda de que el inmueble no tiene titulares de derechos reales de dominio inscritos, pues el certificado adosado expresa que sobre el inmueble denominado ‘Despensas’, ubicado en el municipio de Gachancipá, con la información catastral mencionada en la solicitud, no figura titular de derechos reales sujetos a registro.

3. La Corte admitió a trámite la demanda de tutela, tuvo en cuenta como prueba la documental acompañada con el libelo genitor, requirió copia de las piezas procesales pertinentes y dispuso librar las comunicaciones de rigor.

4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, en respuesta a la demanda de tutela, manifestó que acorde con la normatividad se ordenó allegar un certificado especial, que no es cualquier certificado sino uno que permita conocer con certeza quienes son los titulares de derechos reales del inmueble materia del litigio, de manera que se pueda ubicar el respectivo folio de matrícula del bien con la historia jurídica del mismo, así como la identificación plena de las personas que puedan ostentar esa condición, por lo que no existió violación del debido proceso al emitir la providencia censurada.

Consideraciones

1. Por lineamiento jurisprudencial, la acción de tutela frente a providencias judiciales procede sólo de manera excepcional, restrictiva, circunscrita y limitada en presencia de una ostensible vía de hecho lesiva de derechos fundamentales, verbi gratia, el acceso a la administración de justicia o el debido proceso y, además, cuando no exista otro mecanismo idóneo de defensa, se venere la exigencia de la inmediatez consustancial al restablecimiento del quebranto o a su evitación, y hayan agotado de manera diligente los medios ordinarios instituidos por el legislador hacía el interior del proceso y ante los jueces competentes.

La vía de hecho, ha señalado esta Corte, está remitida a una actuación subjetiva, arbitraria o caprichosa del juzgador, carente de toda sustentación lógica y violatoria de derechos fundamentales, de donde, contrario sensu, no incurre en ella, el operador judicial al adoptar una hermenéutica razonable, coherente y probable de las normas aplicables o del material probatorio, estando dentro de su competencia, pues la interpretación es esencial a la actividad judicial y, por tanto, el juez constitucional no puede interferir o inmiscuirse para imponer la que mejor le parezca, pues vulneraría la autonomía e independencia de los administradores de justicia.

2. En el caso específico, una vez examinada la providencia por cuyo medio el ad quem confirmó en sede de apelación la decisión del juez de conocimiento atinente al rechazo de la aludida demanda de pertenencia, encuentra la Sala que la disertación del interesado en torno a dicha determinación, se muestra ajena a este escenario constitucional, ya que con ella se pretende en estrictez reabrir la controversia de un asunto resuelto por las autoridades jurisdiccionales competentes en el ámbito de su autonomía e independencia judicial, sin que en sus pronunciamientos se detecte un comportamiento arbitrario con entidad de estructurar vía de hecho.

Al respecto, precisa señalar que el fundamento de la queja se derivó, en suma, de que tanto el juzgado como el tribunal coincidieran en el rechazo de la demanda al no hallar cumplido el requisito exigido en el numeral 5º del artículo 470 del Código de Procedimiento Civil, pero para llegar a tal conclusión es innegable que los funcionarios acusados desplegaron una labor valorativa del certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos de Zipaquirá (anexo a la demanda de pertenencia), de cara al citado canon, que no luce contraria al orden jurídico, porque para el juzgador tal documento “…no indica, en manera alguna (...) que el predio tiene o no tiene registradas personas con derechos reales sobre el mismo, algo que, desde luego, no podía certificar el funcionario registral si es que, como lo anuncia él mismo en el sobredicho certificado, el predio carece de historia registral, de donde, por obvias razones, no podía certificar lo que no consta” (fl. 16).

Y es que tratándose del apuntalado requisito de admisibilidad de la demanda de pertenencia de bien inmueble, ciertamente la jurisprudencia de la Corte ha destacado de tiempo atrás su importancia, en la medida que siendo en el proceso de pertenencia legítimos contradictores “las personas determinadas que figuren en el mencionado certificado como titulares de derechos reales, amén de las indeterminadas, es indudable que obligatoriamente deben ser llamadas como partes para que salgan a la defensa del título registrado, por lo que su no vinculación al proceso en legal forma, se traduce en una clara violación al legítimo derecho a no ser vencidos, sin haber sido oídos en juicio”; razón por la cual para promover el proceso de pertenencia sin menoscabo del derecho de defensa, “no basta anexar un certificado cualquiera expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos respectivo, sino uno que indique con claridad, con respecto al inmueble pretendido, quienes figuran como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguno como tal” (sentencia 6 de julio de 2000, Expediente R-7607, Sala de Casación Civil).

De ahí que si en el mismo documento certificación aparece que sobre el referido inmueble “no se halló información registral”, dicho aserto no conduce inexorablemente a la conclusión de que respecto del mismo no exista titular de derechos reales sujetos a registro, por lo que la apreciación de los jueces en tal sentido se muestra objetiva y coherente con lo exigido en la ley sobre el particular.

De manera que no encuentra la Corte que la decisión censurada sea fruto de capricho o de la simple voluntad de las autoridades demandadas, como tampoco resulta opuesta a los dictados de ordenamiento jurídico, ni se aparta de lo que revela la certificación en cuestión, sino a la conclusión a la que han llegado los operadores judiciales en su función valorativa e interpretativa en cuanto hace a la falta de idoneidad del mencionado documento.

3. Las anteriores razones se consideran suficientes para denegar el amparo solicitado.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrasdos: César Julio Valencia CopeteJaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.