Sentencia 2010-00808/46247 de marzo 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2010-00808-01 (46247)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Omar Ríos López y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y Ministerio del Interior y de Justicia.

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., ocho de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación de fallo; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales en punto de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5) las pruebas aportadas al proceso; 6) el caso concreto; 7) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad del señor Omar Ríos López, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada(8).

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 1º de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(9).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(10).

En el caso bajo estudio, se observa que el Juzgado 18 Penal del Circuito con funciones de conocimiento precluyó la investigación que se seguía contra el señor Omar Ríos López, mediante decisión adoptada en audiencia celebrada el 26 de febrero de 2009, contra la cual no se interpuso recurso alguno, de tal suerte que esta quedó ejecutoriada el mismo día, por lo que la demanda debía ser presentada a más tardar el 27 de febrero de 2011 y como ello ocurrió el 3 de noviembre de 2010, se concluye que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

En lo atinente a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

En este orden de ideas, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(11).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Con fundamento en las anteriores precisiones, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de acreditación.

Pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor Omar Ríos López(12) 

— Disco compacto (CD) que contiene la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra el señor Omar Ríos López y otros, llevada a cabo el 6 de junio de 2008, así como la audiencia de preclusión celebrada el 26 de febrero de 2009(13).

— Copia auténtica del acta de la audiencia preliminar celebrada el 11 de diciembre de 2008, en la cual el Juzgado 40 Penal Municipal con función de control de garantías revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor Omar Ríos López por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata(14).

— Copia simple del acta de la audiencia de preclusión celebrada el 26 de febrero de 2009, en la cual el Juzgado 18 Penal del Circuito con funciones de conocimiento precluyó la investigación seguida en contra del señor Omar Ríos López por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes(15).

5. (sic) El caso concreto.

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en la actuación, para la Sala se encuentra acreditado que se adelantó un proceso penal contra el señor Omar Ríos López, por la supuesta comisión de los delitos de supresión alteración o suposición del estado civil, concierto para delinquir y tráfico de migrantes.

En el caso bajo estudio, se observa que la parte actora formuló pretensiones por la privación de la libertad que afrontó el señor Omar Ríos López, pero solamente por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes, sin hacer mención alguna en el libelo inicial respecto del otro delito por el cual fue imputado y posteriormente condenado, con ocasión de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía.

Ahora, para abordar los argumentos expuestos en el recurso de apelación formulado por la parte demandante, se parte por advertir que le asiste razón al recurrente, al sostener que no existe tarifa legal para la demostración del tiempo de privación de la libertad, lo cual significa que el Tribunal de primera instancia incurrió en una imprecisión al considerar que el único documento con la virtualidad de acreditar el período de reclusión es la certificación expedida por el director del correspondiente centro penitenciario.

En este orden de ideas, la Sala considera que la privación de la libertad que sustenta la demanda puede ser demostrada a través de los distintos medios probatorios aceptados por el sistema procesal, particularmente con los documentos, diligencias y decisiones adoptadas en el marco del proceso penal, en la medida en que su contenido brinde certeza sobre aquella situación.

En el presente asunto, contrario a lo señalado por el Tribunal a quo, sí es posible determinar el tiempo en el cual el señor Omar Ríos López estuvo privado de la libertad, durante la investigación que se adelantó en su contra, a pesar de que no obre en el expediente certificación alguna al respecto.

En efecto, en la audiencia de preclusión celebrada el 26 de febrero de 2009, particularmente en el recuento procesal efectuado por la Fiscal encargada del caso, se puso de presente que el sindicado fue capturado el 4 de junio de 2008, el 6 de junio siguiente se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y en audiencia preliminar celebrada ante el Juez 40 Penal Municipal, el 11 de diciembre de 2008, se revocó la medida restrictiva y se ordenó la libertad inmediata del procesado.

Es así que de la exposición planteada por la Fiscal 40 Especializada se extraen las siguientes afirmaciones, que resultan relevantes para establecer lo atinente al tiempo de reclusión del señor Omar Ríos López:

“(...) el 4 de junio de 2008 se le da captura a estas personas(16), de acuerdo con las labores investigativas que se desarrollaron, la cual fue sometida a control de legalidad ante el Juez 58 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, en audiencia que se llevó a cabo el 6 de junio de 2008 y seguidamente se les formuló imputación, como señalé al inicio de esta audiencia, por los delitos de tráfico de migrantes, supresión alteración del estado civil y concierto para delinquir, cargos estos que no fueron aceptados por ninguno de los imputados, es decir, ni por (...) ni por Omar Ríos ni por (...). Igualmente solicitó la Fiscalía en dicha audiencia para el señor Omar Ríos (...) la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual fue otorgada (...)(17).

“(...) Los señores defensores solicitaron una revocatoria de la medida de aseguramiento que pesaba contra los procesados aquí presentes por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes, solicitud que se adelantó ante el Juez 40 Penal Municipal con función de control de garantías el 11 de diciembre de 2008 y que fuera resuelta favorablemente para los procesados (...)” (negrillas de la Sala).

La decisión proferida por el Juez 40 Penal Municipal con función de control de garantías, se encuentra contenida en el acta de la diligencia celebrada el 11 de diciembre de 2008 y en esta se dejó constancia de que la mencionada autoridad judicial “revoca la medida intramural que en la actualidad cumplen los señores (...) y Omar Ríos López en la Cárcel Nacional Modelo (...) y como consecuencia ordena la libertad de estas tres personas en forma inmediata para lo cual expide las correspondientes órdenes ante los directores de los establecimientos carcelarios a cargo y demás comunicaciones”(18) (se destaca).

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que se encuentra acreditado que el señor Omar Ríos López estuvo privado de la libertad desde el 4 de junio de 2008 —fecha en que fue capturado— hasta el 11 de diciembre del mismo año, cuando se revocó la medida de aseguramiento que le había sido impuesta por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes.

Bajo estas precisiones, impera concluir que sí se constató el daño —entendido, en este caso, como la restricción del derecho fundamental a la libertad—, sin embargo, este no puede entenderse como antijurídico por las razones que se pasan a señalar.

La Sala reitera que la demanda tiene como fundamento la supuesta privación injusta de la libertad que afrontó el señor Omar Ríos López por la investigación adelantada por la comisión de los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir, frente a los cuales se precluyó la misma, por solicitud de la Fiscal encargada del caso, quien consideró que no existía mérito para formular acusación contra el implicado, circunstancia que, en principio, resultaría suficiente para determinar que esta persona estuvo recluida por unos delitos frente a los cuales no se profirió decisión condenatoria y, por ende, se cumplirían los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado, bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad.

Sin embargo, la Sala no pierde de vista que el extremo demandante omitió pronunciarse frente a todo lo relacionado con el otro delito por el cual se investigó al señor Ríos López, esto es, el ilícito de alteración, supresión o suposición del estado civil, aspecto que resulta de suma relevancia en la presente controversia, máxime si se tiene en cuenta que por este hecho sí se profirió condena, en virtud del preacuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía.

Ciertamente, la revisión del material probatorio obrante en el expediente permite establecer que el señor Omar Ríos aceptó su responsabilidad en la comisión del delito de alteración, supresión o suposición del estado civil y, como consecuencia de ello, fue condenado a ocho (8) meses de prisión.

Como prueba de la anterior afirmación, resulta pertinente citar las siguientes manifestaciones de la Fiscal 40 Especializada en la audiencia de preclusión llevada a cabo el 26 de febrero de 2009.

“(...) cuando llegó al Juzgado Cuarto(19) y el día de sustentar la formulación de acusación, que fue el 10 de diciembre de 2008, se presentó un preacuerdo que la Fiscalía 40 Especializada celebró con los señores aquí presentes Omar Ríos López (...), en el cual señalaban que retiraba unilateralmente los cargos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes y ellos aceptaban cargos por el delito de alteración, supresión o suposición del estado civil. El señor Juez 4 Penal del Circuito aprobó el preacuerdo en relación con el delito de alteración, supresión o suposición del estado civil, dictó sentencia, condenando alos procesados hoy aquí presentes a ocho meses de prisión (...)(20)” (se destaca).

“(...) como lo mencioné, el 10 de diciembre de 2008 se firmó un preacuerdo, en el cual ellos aceptaron el delito de supresión, alteración o suposición del estado civil, a cambio de que la Fiscalía les disminuyera la pena, cargo por el cual ya fueron condenados como mencioné en esta audiencia, a 8 meses de prisión (negrillas de la Sala).

Las anteriores manifestaciones se acompasan con el contenido del acta de la audiencia preliminar, celebrada el 11 de diciembre de 2008 ante el Juez 40 Penal Municipal con función de control de garantías(21), documento en el cual se consignó la siguiente información:

“Toma la palabra uno de los defensores, indicando que de común acuerdo elevan esta solicitud. Indica como a sus asistidos les fue (sic) imputadas tres conductas delictuales y ya registradas, pero que hubo un acuerdo con la Fiscalía, aprobado por el juez de conocimiento en que acusaba solo por supresión, alteración o suposición del estado civil, artículo 238 del CP y fueron condenados por ese mismo cargo y hace ver que ya tienen cumplida la pena que les fue impuesta, pidieron perdón y están arrepentidas por su conducta” (Subrayas de la Sala).

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, la Sala encuentra que el señor Omar Ríos López no fue condenado por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes, pero sí por el delito de supresión, alteración o suposición del estado civil, razón por la cual es menester verificar si el período de reclusión excedió o no el tiempo correspondiente a la pena privativa de la libertad impuesta por la autoridad judicial.

Se ha explicado con antelación que el señor Omar Ríos López estuvo privado de la libertad desde el 4 de junio de 2008 hasta el 11 de diciembre del mismo año, para un total de 6 meses y 7 días, y como la condena impuesta por el delito de supresión, alteración o suposición del estado civil ascendió a 8 meses, se impone concluir que la privación de la libertad guardó concordancia con la pena privativa impartida prevista para la conducta delictiva en la cual, voluntariamente, aceptó haber participado el procesado, con ocasión del preacuerdo celebrado con el ente acusador.

Dicho de otra manera, el actor sustituyó el tiempo que estuvo privado de la libertad por no ser responsable de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes, con la pena que debió asumir por haber cometido la conducta punible de supresión, alteración o suposición del estado civil, cuestión que permite señalar que el actor, en este proceso, no sufrió realmente un daño antijurídico.

Al respecto, frente a un caso similar, esta Subsección consideró:

“En el proceso se demostró que el aquí actor estuvo privado de su libertad desde el 26 de septiembre de 1997 hasta el 3 de julio de 2003, esto es durante 5 años, 9 meses y 8 días; el delito de abandono de menor, del cual, se reitera, sí fue autor el señor Morales Gaviria tenía prevista una pena máxima de 6 años, por lo cual se concluye que el demandante, no obstante que fue absuelto del delito de secuestro simple, lo cierto es que su privación de la libertad no excedió el tiempo de la pena privativa de la libertad que debía afrontar por ser responsable de los otros dos delitos.

Con esa misma lógica, si el demandante en este proceso no estuvo privado de la libertad por un tiempo mayor al que debía, por ser autor de otros delitos, se impone concluir que no se configuró un daño antijurídico(22) (Se destaca).

Con fundamento en todo lo expuesto, la Sala concluye que la restricción de la libertad que afrontó el señor Omar Ríos López no deviene en injusta, dado que el período de la privación que se reclama en el presente caso coincidió con el de la condena impuesta por otro de los delitos por los cuales fue investigado, situación que pretendió obviar el extremo demandante, al parecer, bajo el argumento según el cual no existía vínculo necesario entre el delito aceptado y los otros dos frente a los cuales se dispuso la preclusión, planteamiento que no es de recibo y, por tanto, no hay lugar a la indemnización reclamada.

Comoquiera que no se estableció la existencia de un daño antijurídico, no hay lugar a analizar los demás elementos de la responsabilidad en el caso concreto, de tal suerte que no es necesario estudiar los argumentos alusivos a la culpa exclusiva de la víctima, comoquiera que el análisis de esta circunstancia eximente de responsabilidad resulta pertinente al efectuar el respectivo estudio de imputación, el cual, en este caso resulta inane ante la ausencia del primer elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado.

De conformidad con lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones, pero por las razones aquí expuestas.

7. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1º de agosto de 2012, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8 En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido los siguientes fallos: sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 21140, MP: Dr. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 22701, MP: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 23507, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 23 de febrero de 2012, expediente 18418, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 24008, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez y, más recientemente, sentencias del 23 de noviembre de 2016, expediente 45525, 14 de septiembre de 2016, expediente 43874 y del 24 de octubre de 2016, expediente 43159, entre muchas otras providencias.

9 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

10 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, exp. 13622. CP. Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, exp. 37410. CP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Sección Tercera, exp 13.168, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 2 de mayo de 2007, Sección Tercera exp. 15.463, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, exp 20.299, entre otras.

12 Teniendo en cuenta que la parte actora aportó con la demanda copia auténtica de dos actas de audiencias celebradas dentro del proceso penal y el CD que contiene las audiencias de formulación de imputación, imposición de medida de aseguramiento y de preclusión, se dará valor probatorio a los mencionados documentos, en tanto no fueron tachados por la parte demandada, contra la cual se aducen. De igual manera se advierte que se extraen, en lo pertinente, aquellos elementos probatorios que resultan relevantes para resolver la controversia.

13 Folio 34 del cuaderno Nº 2.

14 Folios 36 y 37 del cuaderno Nº 2.

15 Folios 32 y 33 del cuaderno Nº 2.

16 Anteriormente ya había identificado al señor Omar Ríos López y a otros procesados.

17 Minuto 15:12 a 16:13 de la audiencia de preclusión.

18 Folio 37 del cuaderno Nº 2.

19 En ese momento la Fiscal estaba presentando al Juez el recuento procesal y las distintas asignaciones que tuvo el expediente.

20 Minuto 8:49 a 9:50 de la audiencia de preclusión.

21 Diligencia en la cual se revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor Omar Ríos López por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2015, expediente 36.132, reiterado de manera reciente en otro caso similar a este, a través de fallo del veintidós (22) de febrero de 2017, expediente 45.733.