Sentencia 2010-00838 de junio 11 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2010-00838-00

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil diez.

Discutido y aprobado en sesión de nueve (09) de junio de dos mil diez (2010).

Decide la Corte la acción de tutela instaurada por Carmen Celina Gualdrón Sánchez y Melba Aurora Gualdrón de Lamus contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica (Cesar).

Antecedentes

1. Las promotoras del amparo demandan protección constitucional del derecho fundamental al debido proceso presuntamente conculcado por las autoridades accionadas con ocasión de la actuación surtida dentro del proceso divisorio seguido en su contra por Alexander Rodríguez García, Rubén Darío Gualdrón García y María Hipólita García Blanco, ya que no se ha “…dado cumplimiento estricto a lo establecido en el artículo 467 y siguientes del Código Civil (sic), pues la división material del inmueble se hizo parcialmente (…)”, teniendo en cuenta las partes procesales y no el número plural en que cada una de estas se encuentra integrada.

Por consiguiente, solicitan ordenar al partidor dividir el predio rural denominado Campo Alegre 1, lote número B, ubicado en la vereda El Barro, jurisdicción del municipio de San Martín, departamento del Cesar, para cada uno de los comuneros demandantes y demandados, estableciendo con claridad la porción de terreno que les debe corresponder, tal como se solicitó en la demanda y en su contestación, esto es, conformando diez cuotas partes del predio de mayor extensión, y no dos, como lo hizo el partidor.

2. Sustentan el reclamo constitucional, en síntesis, así:

Alexander Rodríguez García, Rubén Darío Gualdrón García y María Hipólita García Blanco adelantaron ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica, proceso divisorio en contra de Carmen Cecilia, Rosa Isbelia, Melba Aurora, Diego Héctor, Yaneth Alexandra y Claudia Teresa Gualdrón Sánchez, respecto del inmueble que les fue adjudicado en la sucesión de Luis Eduardo Gualdrón Granados.

Mediante sentencia de 6 de septiembre de 2007, se aprobó el trabajo de partición presentado dentro del proceso divisorio en el que se adjudicó un 40% del predio a la parte actora y el 60% restante a la demandada, sin hacer consideración “respecto del predio para cada uno de los propietarios en común y proindiviso, como si el 40% o 60% no debiera dividirse”; fallo confirmado en sede de apelación por el tribunal accionado.

Los juzgadores de instancia no tuvieron en cuenta la previsión establecida en el artículo 44 de la Ley 160 de 1994, en el entendido de que los predios rurales no pueden fraccionarse por debajo de la extensión determinada por el Incora como unidad agrícola familiar para el respectivo municipio o zona, aunque el tribunal accionado así lo dejó entrever.

De otra parte, con la aprobación del trabajo de partición se causó un daño económico a la totalidad de los comuneros que integran la parte demandada, en cuantía aproximada de $20.000.000, por las mejoras que realizaron en el inmueble objeto del proceso, pues el perito designado en la primera instancia estableció que estas debían ser canceladas por dicha parte a la demandante “… y a esta le adjudica 1.526 metros de cerca eléctrica y los hace aparecer como si fueran únicamente 400 metros”.

3. La Corte admitió a trámite la demanda de tutela, requirió copia de las piezas procesales pertinentes y dispuso librar las comunicaciones de rigor.

4. El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica - Cesar, enterado de la demanda de tutela, informó a la Corte, en oficio que se incorpora al expediente, que aunque los actores argumentan que no era factible la división material del bien común, en la contestación de la demanda manifestaron que el inmueble podía dividirse físicamente y de esa manera aceptaron la división material, no se opusieron a ella. Por tanto, si dentro de la oportunidad legal concedida para oponerse al decreto de división material, los demandados, hoy tutelantes, no pretendieron lo que por vía de tutela buscan, esta acción no debe prosperar.

Consideraciones

1. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política está concebida para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinadas hipótesis, de los particulares.

Por lineamiento jurisprudencial, tratándose de providencias judiciales, esta acción pública procede de manera excepcional, esto es “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (sent. jul. 16/99, Exp. 6621), siempre y cuando se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial establecidos en la Constitución y la ley para su salvaguarda.

2. En el asunto que ocupa la Corte, examinados los fundamentos de la demanda de tutela y los elementos de juicio allegados a la actuación, no se advierte un actuar caprichoso o arbitrario de las autoridades accionadas en la resolución del asunto sometido a su conocimiento que amerite la intervención del juez constitucional, en la medida que sus decisiones están soportadas en la realidad procesal y en la normatividad pertinente al caso.

En efecto, precisa destacar como en las sentencias definitorias del proceso, particularmente el fallo de segunda instancia de 3 de febrero de 2010 en cuanto selló el debate, se tuvo en cuenta la conducta procesal de los demandados quienes al contestar la demanda genitora del proceso no se opusieron  a la división material del inmueble en la forma planteada por los actores, en el sentido de asignar a estos el 40% del inmueble objeto del proceso en común y pro indiviso y a ellos el 60% restante.

En este sentido el ad quem consideró que si bien la finalidad del proceso divisorio no es otra distinta a la de liquidar la comunidad, lo cual impone entregar a cada comunero su derecho dentro de la cosa común, ello no impide a las partes en tales asuntos, dada la naturaleza dispositiva que acompaña a los procesos civiles que “puedan voluntariamente disponer de la división material conforme mejor convenga a sus intereses, claro está respetando el derecho de cada uno de ellos en la cosa común (…)”, razón por la cual no encontró atendible el argumento esgrimido por la parte demandada para controvertir el trabajo de partición debidamente aprobado, “cuando la decisión judicial atacada muestra total congruencia con lo pedido en la demanda y su contestación; pero además, porque ninguna objeción fue presentada oportunamente al trabajo de partición respecto a como fue presentada la división material”.

Ahora, tampoco se muestra disonante o contrario al orden jurídico lo dispuesto en torno a las mejoras plantadas en el inmueble en cuestión, en cuanto juzgó el tribunal que era inviable reconocer el valor de aquellas mediante la adjudicación de una mayor extensión de tierra a la que daba derecho la condición del comunero, sino tal como lo determinó el juez de conocimiento disponiendo el reconocimiento y pago de su valor, que lo fue en $11.990.000, crédito respecto del cual precisó que sus titulares “podrán ejercer el derecho de retención, o en su caso la correspondiente acción de cobro”, argumentando al efecto que su declaración en el juicio divisorio constituye la existencia de un derecho personal, cuya satisfacción corresponde a los modos legales de extinguir las obligaciones.

En contexto descrito, el reclamo de ahora no trasciende al ámbito de los derechos fundamentales, pues de la actuación obrante en copias se colige que el proceso se desarrolló con observancia de las normas que disciplinan el trámite del proceso divisorio, escenario donde los demandados tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos y controvertir las decisiones desfavorables a sus intereses, sin que en punto relativo a la manera como en la demanda se propuso la división física hubieran manifestado oposición alguna, aspecto de significativa relevancia para los jueces de instancia al proferir sentencia, tal como quedó visto líneas atrás.

La competencia del juez de tutela, cumple reiterar, no permite adelantar un nuevo examen de los temas objeto de la controversia ya decidida, cuyas conclusiones en el específico asunto deben mantenerse al no advertirse vía de hecho, dado que lo resuelto es propio de la interpretación y valoración respetable realizada por el operador judicial, aun cuando de ella eventualmente pueda disentirse o tener un punto de vista diferente; de allí que esta acción pública no se erija en medio propicio para pretender alcanzar una solución diversa a la dispensada por el juez de la causa frente al tema objeto de discusión, dentro del marco de su autonomía e independencia judicial, ni mucho menos para ventilar asuntos que fueron debatidos a espacio y de manera motivada en el decurso de las instancias, pues de lo contrario se quebrantaría el principio de la seguridad y certeza jurídica y, de paso, desnaturalizaría la finalidad ontológica de este mecanismo excepcional.

3. Coherente con lo anterior, se negará el amparo solicitado.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados:César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia.