SENTENCIA 2010-00853/47205 DE ABRIL 26 DE 2017

 

Sentencia 2010-00853/47502 de abril 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2010-00853-01(47205)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Melecio Bonilla García y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) prelación del fallo; 3) oportunidad de la acción; 4) legitimación en la causa; 5) parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad - reiteración de jurisprudencia; 6) pruebas recaudadas en el proceso; 7) el caso concreto: a) el daño, b) la imputación: las entidades demandadas no son responsables por la privación de la libertad del actor en virtud de una culpa exclusiva de la víctima, a quien se le halló combustible en su residencia el cual comercializaba sin autorización de la autoridad competente; 8) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos(10).

2. Prelación del fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Melecio Bonilla García, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(11), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

3. Oportunidad de la acción.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(12).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante Melecio Bonilla García, con ocasión de la privación de la libertad de la que dice haber sido víctima dentro de un proceso penal.

Se observa que la sentencia del 24 de marzo de 2010 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, por la cual se confirmó la sentencia absolutoria emitida el 24 de abril de 2009 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, cobró ejecutoria el 28 de junio de 2010, según constancia suscrita por la Secretaría de esa Corporación(13), ello quiere decir que el término para presentar la demanda vencía el 29 de junio de 2012 y la demanda fue presentada el 18 de noviembre de 2010, esto es, dentro del plazo indicado en el artículo 136 numeral 8º del CCA.

4. Legitimación en la causa.

El señor Melecio Bonilla García se encuentra legitimado para actuar, pues según la sentencia del 24 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, se encontró privado de la libertad dentro del proceso que se le adelantó por el delito de receptación de hidrocarburos(14).

La esposa y los hijos del señor Melecio Bonilla García también se encuentran legitimados para actuar, de conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados al expediente(15).

Por su parte, la Nación - Fiscalía General de la Nación, como también la Nación - Rama Judicial, se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas por el Fiscal General de la Nación y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, respectivamente, de conformidad con los artículos 49 de la Ley 446 de 1998, 99 numeral 8º de la Ley 270 de 1996 y con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección(16).

5. Parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad - reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(17) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(18).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Con esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Pruebas recaudadas en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

— Copia auténtica de la providencia del 23 de abril de 2008, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca que negó la solicitud de preclusión a la Fiscalía(19).

— Copia auténtica del acta de la diligencia de juicio oral celebrada el 26 de noviembre de 2008 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca(20).

— Boleta de libertad del 4 de diciembre de 2008, en favor del señor Melecio Bonilla García(21).

— Copia auténtica del acta de la diligencia de juicio oral celebrada el 20 de enero de 2009 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca(22).

— Copia auténtica de la sentencia del 24 de abril de 2009, por la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca absolvió de responsabilidad al señor Melecio Bonilla García, por el delito de receptación de hidrocarburos(23).

— Copia auténtica de la sentencia del 24 de marzo de 2010, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, confirmó la sentencia absolutoria del 24 de abril de 2009, en favor del actor(24).

— CD de audiencias del proceso penal seguido contra el señor Melecio Bonilla García por el delito de receptación de hidrocarburos(25).

— Certificación de ingresos mensuales del señor Melecio Bonilla García(26).

— Copia del certificado de existencia y representación legal del establecimiento “Distribuidora de Empaques MBG” de propiedad del señor Melecio Bonilla García(27).

— Copia del acta de compromiso contractual de compraventa de varios inmuebles ubicados en el municipio de Subachoque, suscrita el 30 de julio de 2010 por los señores Melecio Bonilla García y Hover Rodolfo Fonseca Sánchez(28).

— Solicitudes de levantamiento de la medida de prohibición de enajenación de los bienes inmuebles del señor Melecio Bonilla García(29).

— Respuestas del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca a las solicitudes de levantamiento de la medida de prohibición de enajenación de los bienes inmuebles del señor Melecio Bonilla García(30).

— Acta de reunión del 29 de septiembre de 2009 sobre el proyecto urbanístico “La Colmena” suscrita por el señor Melecio Bonilla García, la representante de la constructora “Pizano Echeverri” y funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal de Subachoque(31).

7. El caso concreto.

a) El daño

El daño, consistente en la privación de la libertad sufrida por el actor, se encuentra demostrado con la boleta de libertad Nº 022 del 4 de diciembre de 2008, en la cual consta que en audiencia celebrada en la misma fecha, el Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque con funciones de control de garantías ordenó la libertad del señor Melecio Bonilla García.

Igualmente, el daño se encuentra probado con las sentencias absolutorias dictadas en favor del actor, proferidas el 24 de abril de 2009 y el 24 de marzo de 2010 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, respectivamente.

b) La imputación: las entidades demandadas no son responsables por la privación de la libertad del actor en virtud de una culpa exclusiva de la víctima, a quien se le halló combustible en su residencia el cual comercializaba sin autorización de la autoridad competente

De los documentos relacionados se puede establecer que el señor Melecio Bonilla García estuvo privado de su libertad, acusado del delito de receptación de hidrocarburos.

No se allegó documento alguno donde conste la audiencia del 27 de enero de 2008 de formulación de imputación y de imposición de la medida de la medida de aseguramiento, sin embargo, en la providencia del 23 de abril de 2008, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, confirmó la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca que negó la preclusión, se dejó constancia de los hechos y de la legalización de la captura del señor Melecio Bonilla García, en los siguientes términos:

“Mediante informe ejecutivo adiado 26 de enero de 2008, suscrito por el Intendente José Olaya Sandoval, se indica que ese día a las 10:10 horas el patrullero Lázaro Moreno Ovalle recibió una llamada por cuyo medio se informaba que en la vereda ‘La Pradera’ en la vía que comunica con la vereda ‘Guamal Alto’ en una finca ubicada a la derecha subiendo se expendía combustible de manera ilegal.

Tras conocer la información, los policiales se dirigieron al lugar hallando unas pimpinas y canecas contentivas de hidrocarburo a la vista por cuya procedencia indagaron. La señora que los atendió manifestó que el propietario se encontraba en el pueblo, en uno de sus negocios, por lo cual se comunicaron con él para que se presentara en el lugar. Arribó MELECIO BONILLA GARCÍA quien se presentó como propietario de su contenido.

Tomadas las muestras a los recipientes encontrados se determinó que eran 21 galones de gasolina corriente y 41 galones de ACPM que presentaban niveles de marcación por debajo de los parámetros de Ecopetrol para su comercialización y que 160 galones presentaban óptimas condiciones de marcación.

“El imputado aportó tirillas de caja correspondientes al pago 148.618 galones de gasolina el 19 de enero de 2008 y de 148.000 galones del mismo producto el mismo día, las cuales corresponden a la estación de servicio Brío Mi Estación y original de factura de la misma fecha por 300 galones de ACPM (diesel), por valores de $ 999.000, $ 995.744 y $ 2’018.400, lo cual fue corroborado por Juan Carlos Amaya Ladino, quien suministró a MELECIO BONILLA el combustible el 19 de enero de 2008, quien refirió que él envía el combustible a su finca en una camioneta cisterna con capacidad de 200 galones en un compartimiento y 200 en el otro, en el vehículo de placas CSJ 095.

Se constató que el combustible encontrado en la estación de servicio Brío a cargo de Juan Carlos Amaya presenta óptimas condiciones de marcación del que allí se expende, lo que conllevó a la captura de MELECIO BONILLA y a que se le imputara el delito de receptación.

El 27 de enero de 2008 el Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque con funciones de control de garantías en audiencia preliminar legalizó la captura de Melecio Bonilla García, le formuló imputación por el delito de receptación y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de su residencia.

“Ante la solicitud de preclusión de la investigación por parte del representante de la Fiscalía y correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca en audiencia celebrada el 11 de marzo de la presente anualidad negó la preclusión deprecada, decisión ante la cual interpusieron recurso de apelación la Fiscalía y el abogado de la defensa (Negrillas de la Sala).

En la misma providencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, argumentó su decisión de confirmar la negativa a la solicitud de preclusión de la siguiente manera:

“Como puede apreciarse, los argumentos presentados por la recurrente no desvirtúan la participación del imputado en los hechos investigados, al contrario, lo corrobora al admitir que este compró para luego vender el combustible a él incautado por presentar irregularidad en su marcación.

“Más que desvirtuar la participación de Bonilla García en el hecho investigado, la fiscal argumenta un error en la conducta de este, al afirmar que el procesado no tenía cómo saber que el combustible que compraba en la estación de servicio ‘Brío’ no tenía la marcación que los protocolos establecidos por Ecopetrol fijan para el combustible comercializado legalmente, lo que constituye una causal de preclusión diferente a la alegada, como es la establecida en el numeral 2º del artículo 322 del Código de Procedimiento Penal, según el cual la preclusión es procedente cuando ‘exista una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el código penal’, siendo, de acuerdo a lo argumentado por la recurrente, el error de tipo consagrado como causal de ausencia de responsabilidad en el numeral 10 del artículo 32 del estatuto punitivo, que dispone la exclusión de la responsabilidad penal a quien ‘obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica’.

Si bien es cierto, como lo recuerda el representante del Ministerio Público en la audiencia de sustentación del recurso, la jurisprudencia ha establecido que el juez debe decretar la preclusión ‘si la causal alegada por el ente acusador aparece demostrada y aun cuando de lo establecido se infiere que la terminación del proceso debe ser dispuesta por otra’ (C.S.J., 8 de febrero de 2008. Rdo. 28908, MP: Yesid Ramírez Bastidas), también lo es que en el caso de la especie, hasta este momento procesal, no se ha acreditado que efectivamente el imputado haya actuado amparado por la causal de exclusión de responsabilidad anotada.

La anterior afirmación se hace, porque en principio, está demostrado que el combustible incautado a Bonilla García hubiera sido adquirido en la estación de servicio ‘Brio’ como se pretende hacer creer. En efecto, al hacerse la prueba de campo al combustible que se encontraba en el citado establecimiento comercial, este se encontró en óptimas condiciones de marcación y si el que tenía en su poder el imputado no lo estaba, es porque no fue adquirido en la citada estación de servicio, solo a esta conclusión se puede arribar, contrario a lo alegado por la Fiscalía, la defensa y el mismo imputado, estando la Sala en un todo de acuerdo con la juiciosa postura del representante del Ministerio Público” (Negrillas de la Sala).

En el plenario no se acreditó el motivo por el cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque con funciones de control de garantías dejó en libertad al señor Melecio Bonilla García a partir del 4 de diciembre de 2008, aunque este siguió vinculado al proceso penal, sin embargo, en la boleta de libertad Nº 022 de la misma fecha, se puede verificar que se informó al Comandante de la estación de Policía de la vereda de Pradera del municipio de Subachoque la puesta en libertad del actor quien estuvo confinado a su lugar de residencia.

Ahora bien, en la sentencia del 24 de abril de 2009 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, por la cual absolvió al señor Melecio Bonilla García del delito de receptación de hidrocarburos, se argumentó en síntesis lo siguiente:

En efecto, el delegado de la Fiscalía con la formulación de la acusación y posterior audiencia preparatoria, pretendió acreditar que BONILLA GARCÍA era el dueño del combustible que a la postre resultó con una marcación muy por debajo de los límites legales permitidos, además que demostrada está su presencia en la escena de los hechos y captura en flagrancia, sin embargo, consideramos que por esas solas circunstancias no se le puede endilgar responsabilidad en la conducta punible de receptación, pues, primero, este no ha negado que el combustible le perteneciera y, segundo, no se probó que el mismo tuviera conocimiento que fuera de dudosa procedencia y pese a ello procedía a su comercialización como lo pone de presente el fiscal y el representante de Ecopetrol, pues la prueba analizada en conjunto no acredita tal situación. Veamos:

“Fueron escuchados en su orden el Patrullero Lázaro Andrés Moreno y el Intendente de la Policía José Adolfo Olaya, investigadores con experiencia en realizar prueba de análisis de combustibles de Ecopetrol, acreditados como testigos presenciales de lo sucedido, quienes hacen un relato de las actividades que desarrollaron el 26 de enero de 2008, fecha en la cual fue aprehendido el acusado.

Relatan que procedieron a realizar desplazamiento hasta donde se indicaba que existía la vivienda del señor MELECIO BONILLA, en donde observaron varias canecas al lado de la casa, razón por la cual procedieron a indagar por el propietario de ese combustible obteniendo como respuesta que lo era el antes citado, quien no se hallaba en ese momento pero que minutos después hizo presencia y allí procedieron a examinarlo y lo hallaron bajo de marcación, razón por la cual leen sus derechos de capturado y este les indicó que esos hidrocarburos los había comprado en la bomba Brío de La Punta hasta donde fueron y examinaron el combustible allí almacenado, el cual arrojó que era bueno. Que en anterior ocasión habían estado en la misma vivienda del procesado examinando un combustible el que resultó legal.

“Es de resaltar que dichos testimonios fueron importantes para el delegado fiscal del caso, por cuanto probaban que el acusado estuvo en el lugar de los hechos, por tanto, su captura se produjo en flagrancia, mas no encontró el despacho finalidad distinta al hallazgo de un combustible bajo de marcación en la casa del señor MELECIO BONILLA, pero sin saber a ciencia cierta la cantidad total del combustible que allí se almacenaba, que fuera de procedencia ilegal y si este correspondía al mismo que adquirió el señor MELECIO BONILLA el 19 de enero de 2008, pues la prueba que se verificó el 26 del mismo mes y año en la estación de servicio Brio donde se dice que fue comprado, correspondía a otro combustible, según la evidencia documental y testimonial introducida.

“También se contó con el testimonio del perito químico William Alexander Rendón, acreditado por el solicitante como quien realizó la prueba científica sobre las muestras de combustible enviadas al laboratorio, precisando que estas corresponden a ACPM y a gasolina con etanol, pero presentan una concentración de 0.1 y 0.4 del marcador que dosifica Ecopetrol a sus combustibles, esto es, que está por debajo de los parámetros que estandariza la estatal petrolera.

“La fiscalía también llamó al señor Carlos Hernán Rodríguez y a la señora Claudia Cecilia Posada quienes, luego de hacer referencia a que, efectivamente, el señor MELECIO BONILLA compraba combustible en la estación de servicio Brio de La Punta situada en el kilómetro 12 de la autopista a Medellín comentan que el hidrocarburo era adquirido por este vía telefónica, que no estaba presente al momento de su cargue y traslado, lo cual se hacía en un vehículo que no era de la empresa y tampoco estaba autorizado para transportar combustible llevándoselo hasta su casa con las tirillas que arroja el surtidor y allí se cancelaba el valor al ser entregado. Que nunca han tenido problemas y tampoco se expiden facturas como sustento de la transacción, solo recibos que se soportan con las tirillas que expide el surtidor al realizar la venta, los cuales reconocen de allí donde laboran los que les fueron exhibidos.

“(…).

Ahora bien, es claro para el despacho que la fiscalía dentro del debate probatorio demostró el hallazgo de un combustible ACPM y gasolina de baja marcación y que el acusado era su dueño, según se lo manifestó a los policiales y de conformidad con la prueba que aportó de su adquisición conforme lo resaltó en su intervención final; pero vemos que dichas afirmaciones que dicen fueron probadas durante el juicio, carecen de la entidad necesaria para endilgar responsabilidad al acusado en el delito descrito en el canon 327C del Código de Penas.

“Nótese, no es que el combustible no tuviera marcación, sino que tenía una baja marcación, pero, se desconoce por qué causa o a qué situación se debió ese evento o contingencia, quedó la duda; según el razonamiento que hace el señor fiscal es que era de dudosa procedencia, pero ello no se probó por cuanto ninguno de los testificantes aclaró o explicó dicha situación en el juicio oral, no supieron y tampoco averiguaron de dónde provino el mismo, por cuanto simplemente se limitaron a enunciar que hallaron un combustible bajo de marcación, por tanto, ilegal.

“(…).

Para el delegado fiscal desde ningún punto de vista puede resultar circunstancial el hecho de que el acusado mantuviera ese combustible en su casa y manifestara voluntariamente que eso le pertenecía, pero lo que no acreditó fue el nexo causal entre el hallazgo de ese combustible con poca marcación y el conocimiento que tuviera de que se trataba de algo ilegal. Observemos:

“Los policiales de manera análoga hacen especial alusión a que el imputado voluntariamente aceptó ser el dueño del combustible, sin embargo, esa sola situación no lo convierte en directamente responsable del ilícito que se le reprocha, por el contrario, es una situación que se levanta a su favor, tal manifestación no solo revela que este desconocía su ilegalidad y por eso afirmó que era suyo, sino que si conociera que se tratara de algo ilegal hubiera negado tener relación alguna con el mismo según lo enseña la experiencia. La aceptación clara que el indiciado hizo es que el combustible lo había comprado en la bomba Brio, mas no que el combustible presentara baja marcación o tuviera ausencia del mismo. Es más, el acusado, que se convierte en declarante (artículo 394 ejusdem), al haber renunciado al derecho a guardar silencio sostuvo bajo juramento que desconocía la procedencia ilícita del combustible que le fue encontrado, por cuanto siempre lo ha comprado en la estación de servicio Brio porque esta se lo enviaba hasta su casa sin costo adicional alguno. Como se vio esta afirmación fue corroborada.

“En conclusión, a ninguno de los testificantes presentes en el juicio oral les consta que el acusado tuviera conocimiento de que el combustible por él distribuido fuera de dudosa procedencia o que este se dedicaba a adquirir hidrocarburos que no cumplen las especificaciones legales, por el contrario, las pruebas lo que demuestran es que este siempre lo adquiría en un sitio reconocido, pero se desconoce el cómo o el por qué se presentó esa baja marcación y si ello fue producto de una alteración del carburante.

“(…).

Son entonces varios los interrogantes que quedaron sin resolver, no fueron despejados. Es probable que el acusado no fuera ajeno a lo sucedido, que conociera o participara de los hechos, sin embargo, lo cierto es que la prueba no fue lo suficientemente clara y demostrativa de ello, convergiendo más duda que seguridad, situación que obviamente debe despacharse a favor del acusado en aplicación del principio universal del In Dubio Pro Reo” (Negrillas de la Sala).

Finalmente, en sentencia del 24 de marzo de 2010, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia, en favor del procesado.

De este modo, es claro que la actuación penal terminó, dado que las evidencias recaudadas no fueron suficientes para demostrar que el procesado Melecio Bonilla García obtuvo de forma ilegal el combustible hallado en su casa y que conociendo dicha circunstancia lo comercializaba. La Fiscalía solo pudo demostrar el hallazgo de un combustible de baja marcación frente a los estándares señalados por Ecopetrol en la casa del sindicado, pero no pudo comprobar que el actor hubiera provocado esa alteración del carburante y que, en esas condiciones, se dispusiera a comercializarlo.

De ahí que ante la ambigüedad del panorama que no ofreció suficiente certeza al juez penal para emitir una condena, este debió absolver al actor en aplicación del principio de in dubio pro reo, supuesto que, por regla general, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad y, por ende, da lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

No obstante, para la Sala no es claro que la imputación, efectivamente, deba atribuirse a las entidades demandadas, puesto que las pruebas que obran en el plenario arrojan la existencia de una culpa exclusiva de la víctima, como pasará a exponerse.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-96 del 5 de febrero de 1996 declaró la constitucionalidad de la norma citada, para lo cual sostuvo:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial (…). Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La Corporación ha señalado que la declaratoria de este eximente de responsabilidad impone que se determine si el proceder —activo u omisivo— de quien solicita la declaratoria de responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño y, de ser así, en qué medida. Así lo ha entendido esta Sección(32):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…)”(33)(Negrillas y subrayas de la Sala).

En línea con lo anterior, para identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(34) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(35), de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Así las cosas, en asuntos como el analizado, se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se encuentra probado que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la restricción de la libertad, circunstancias que deben determinarse si se presentaron en el sub lite.

En el caso que se examina, el proceso penal por cuenta del cual el señor Melecio Bonilla García estuvo privado de la libertad, específicamente, la providencia del 23 de abril de 2008, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, confirmó la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca que negó la preclusión, dejó constancia del siguiente hallazgo por el cual el actor fue capturado:

El imputado aportó tirillas de caja correspondientes al pago 148.618 galones de gasolina el 19 de enero de 2008 y de 148.000 galones del mismo producto el mismo día, las cuales corresponden a la estación de servicio Brío Mi Estación y original de factura de la misma fecha por 300 galones de ACPM (diesel), por valores de $ 999.000, $ 995.744 y $ 2’018.400, lo cual fue corroborado por Juan Carlos Amaya Ladino, quien suministró a MELECIO BONILLA el combustible el 19 de enero de 2008, quien refirió que él envía el combustible a su finca en una camioneta cisterna con capacidad de 200 galones en un compartimiento y 200 en el otro, en el vehículo de placas CSJ 095” (Negrillas de la Sala).

Para la época de los hechos regía el Decreto 4299 de 2005 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de “establecer los requisitos, obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, señalados en el artículo 61 de la Ley 812 de 2003, con el fin de resguardar a las personas, los bienes y preservar el medio ambiente”.

Dicha normativa dispuso que la refinación, el almacenamiento, el manejo, el transporte y la distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo son considerados servicios públicos que se prestan de conformidad con la ley, el decreto en mención y demás disposiciones sobre la materia (artículo 1º).

Su campo de aplicación se concretó a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP (gas licuado de petróleo): refinador, importador, almacenador, distribuidor mayorista, transportador, distribuidor minorista y gran consumidor (artículo 2º).

Entre otras, el Decreto 4299 de 2005 consagró las siguientes definiciones (artículo 4º):

Almacenador: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la actividad de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, en los términos del Capítulo IV del presente decreto.

Combustibles básicos: La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de junio de 2003 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o en aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual se transcribe: “Son mezclas de hidrocarburos derivados del petróleo que han sido diseñadas como combustibles de motores de combustión interna, ya sean solas o en mezcla con componentes oxigenantes, para reformular combustibles con mejores características de combustión. Para efectos de la presente resolución se entienden como combustibles básicos la gasolina corriente, la gasolina extra, el diésel corriente y el diésel extra o de bajo azufre” (Negrillas de la Sala).

Combustibles líquidos derivados de petróleo: Son todos los productos clasificables dentro de las categorías de las gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos, entre los cuales se cuentan: Combustibles para aviación (avigás), gasolina motor (gasolina extra, gasolina corriente, gasolina corriente oxigenada, gasolina extraoxigenada), combustibles de aviación para motores tipo turbina, queroseno, diésel extra o de bajo azufre, diésel corriente (ACPM), diésel marino (se conoce también con los siguientes nombres: diésel fluvial, marine diésel, gas oil, intersol, diésel número 2), y combustible para quemadores industriales (combustóleos-fuel oil) (Negrillas de la Sala).

Distribuidor minorista: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final, a través de una estación de servicio, o como comercializador industrial, en los términos del Capítulo VII del presente decreto.

Gran consumidor: Usuario que cuenta con instalaciones que permiten descargar y almacenar combustibles líquidos derivados del petróleo para su consumo final, en los términos establecidos en el Capítulo VIII del presente decreto.

Para ejercer la actividad de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo en el territorio colombiano, la persona natural o jurídica interesada debe obtener previamente una autorización del Ministerio de Minas y Energía, para lo cual dicha autoridad le exige una serie de documentos, entre ellos, el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en el que conste que dentro de su objeto social se encuentra la actividad de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo y el certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido por la autoridad competente, respecto de la planta de abastecimiento sobre la cual versa la solicitud que se tramita (artículo 12).

Igualmente, el almacenador se encuentra obligado a tomar las acciones correctivas formuladas por las autoridades competentes, relacionadas con el debido mantenimiento, limpieza, presentación, preservación del medio ambiente y seguridad, en sus instalaciones, tanques, tuberías, equipos y demás accesorios, conservando las mejores condiciones para la prestación de un eficiente servicio al público, entre muchas otras obligaciones para el almacenamiento seguro del combustible (artículo 13).

Por su parte, el distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, también requiere autorización previa del Ministerio de Minas y Energía para ejercer su actividad y presentar la documentación que la respalde la cual solo puede desarrollar a través de una estación de servicio (automotriz, de aviación, fluvial o marítima) o como comercializador industrial, en este último caso, únicamente podrá distribuir combustibles líquidos derivados del petróleo a usuarios finales que consuman un volumen igual o menor a diez mil (10.000) galones al mes de cada tipo de combustible (artículo 21, literales a), b), c) y d) parágrafo 7º).

Finalmente, el gran consumidor es todo usuario que en desarrollo de su actividad industrial y comercial consume más de diez mil (10.000) galones al mes de combustibles líquidos derivados del petróleo, para lo cual debe acreditarse ante el Ministerio de Minas y Energía y allegar los documentos para tal efecto, entre ellos, el certificado avalado por el representante legal de la compañía en el que conste que para el desarrollo de su actividad consume más de diez mil (10.000) galones de combustibles líquidos derivados del petróleo al mes, incluyendo la relación mes a mes de los consumos del último año, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, detallando el tipo de producto, volumen y uso del mismo (artículos 24 y 25).

Ahora, si bien en la causa penal no se probó que el señor Melecio Bonilla García hubiera incurrido en el delito de receptación, esto es, que adquiriera, transportara, almacenara, conservara, tuviera en su poder, vendiera, ofreciera, financiara, suministrara o comercializara a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o sistemas de identificación legalmente autorizados, “cuando tales bienes provengan” de los delitos de apoderamiento o de alteración de los sistemas de identificación de procedencia de hidrocarburos, tipo penal que le fue imputado (artículo 327C Ley 599 de 2000), lo cierto es, y así fue aceptado por el procesado, que se le halló una gran cantidad de combustible en su lugar de residencia.

En efecto, la captura del actor el 26 de enero de 2008, se produjo como consecuencia del hallazgo de 21 galones de gasolina corriente y 41 galones de ACPM (diésel corriente) en su residencia —los cuales presentaban baja marcación por causas que no pudieron establecerse ni atribuirse al actor—, además, se le encontraron 160 galones que sí tenían una óptima marcación según los investigadores que realizaron la inspección. Pero, en adición a ello, el actor, para justificar la procedencia del combustible que admitió que era de su propiedad, presentó unas tirillas o recibos según los cuales tan solo unos días antes, el 19 de enero de 2008, había comprado 148.619 galones de gasolina y otros 148.000 del mismo producto y 300 galones de ACPM en igual fecha, todos adquiridos en la estación de servicio Brío.

En vista de tales cantidades, se pregunta la Sala si resultaba arbitrario o infundado que el actor fuera capturado y se le iniciara una actuación penal cuando en su vivienda se encontró un producto del cual se advirtió que el demandante compraba en gran volumen y de manera frecuente, al parecer para comercializar, pues en virtud de la denuncia de una eventual venta ilegal es que se realizó la inspección por parte de miembros de la policía judicial a su lugar de residencia y se indagó sobre la calidad y procedencia del combustible, tal como lo prevé la ley procesal penal(36).

De ello no existió duda en la causa penal, pues incluso el juez de primera instancia al referirse a los testimonios de los agentes de policía que hicieron el hallazgo del combustible en la residencia del señor Melecio Bonilla García señaló que “las varias personas a quienes entrevistaron, desplegando actos urgentes y como policía judicial, manifestaron que don Melecio sí compraba allí el combustible en la bomba Brio y que llevaba cerca de cinco años comercializándolo, al igual que en una ocasión anterior le habían incautado otro combustible porque no tenía los permisos para vender pero que ese sí era legal”.

Igualmente, en la sentencia de segunda instancia del 24 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, se destacaron los testimonios de los señores Carlos Hernán Rodríguez y Claudia Cecilia Posada, trabajadores de la estación de servicio Brio, “quienes al unísono expresaron que el señor Melecio Bonilla García compraba combustible vía telefónica a la estación Brio ‘La Punta’ de manera frecuente y reiterada” (Negrillas de la Sala).

Las anteriores declaraciones coincidieron con las de la señora María Eugenia Nivia (esposa del procesado) y del propio acusado Melecio Bonilla García resaltadas en la misma providencia de segunda instancia, de las que se desprende que “el proceso de distribución se hacía de manera pública, incluso delante de la misma policía, quienes iban allí a que les vendiera combustible” (Negrillas de la Sala).

Incluso, en la audiencia de juicio oral del 20 de enero de 2009, el señor Carlos Hernán Rodríguez Bejarano, quien trabajó como conductor para la estación de servicio Brío para la época de los hechos endilgados al actor, declaró que conocía al señor Melecio Bonilla García “porque le llevaba combustibles a la finca para vender él allá”, señaló que le hacía “viajes de combustible a don Melecio” con gasolina y ACPM en una camioneta Nissan de estacas de placas CJD095 cada vez que el señor Juan Carlos Amaya, administrador de la estación de servicio Brío se lo solicitaba, aunque el carro era de otra empresa. También manifestó que estuvo llevándole gasolina al señor Melecio Bonilla García durante aproximadamente un año y medio, que el carro no iba sellado ni portaba permiso para distribuirle ese combustible al actor y que la última vez que lo hizo fue a mediados de enero de 2008(37).

De hecho, en la misma audiencia, la esposa del procesado, señora María Eugenia Nivia, ante la pregunta del defensor del acusado de si sabía que la gasolina que estaban vendiendo (ella y su esposo) era adulterada contestó que no.

También el procesado, señor Melecio Bonilla García, declaró en el juicio oral y señaló que por recomendación de un cliente suyo que le fue a comprar un galón de gasolina a su casa comenzó a comprarla a la estación de servicio de Brío porque se la llevaban a su casa y no le cobraban el transporte y que muchos de los policías del sector le compraban gasolina para sus patrullas.

De dichas evidencias se desprende que la razón por la cual el actor tenía en su casa varios galones o pimpinas de gasolina era porque se dedicaba a su venta, pese a que no era un almacenador, ni distribuidor mayorista, minorista o comercializador industrial como tampoco un gran consumidor de productos derivados del petróleo, en los términos del Decreto 4299 de 2005, dado que no poseía la autorización del Ministerio de Minas y Energía para ejercer ninguna de aquellas actividades en relación con el combustible que se halló en su residencia ni lo guardaba con las especificaciones y en las condiciones indicabas para los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, de acuerdo con lo dispuesto en dicha normativa.

Si bien al actor no se le halló responsable penalmente, pues las autoridades respectivas se concentraron en la calidad y procedencia de la gasolina encontrada en su residencia y en que a pesar de que ciertas cantidades no cumplían los estándares señalados por Ecopetrol, no se probó que el actor tuviera conocimiento de ello, lo cierto es que los soportes de compra del combustible que exhibió el día de su captura, así como las diversas declaraciones recibidas en la causa penal, daban cuenta de que era un comprador habitual de grandes cantidades de combustible sin la debida autorización de la entidad competente para este tipo de producto, actividad que tampoco guarda relación alguna con la de su establecimiento “distribuidora de empaques MBG”, cuyo objeta era la “venta de concentrados, sales, melaza y venta de empaques”.

El actor no exhibió ante las agentes de policía la documentación que lo acreditara como un agente distribuidor de combustibles líquidos derivados del petróleo o un gran consumidor con el certificado respectivo que justificara por qué requería los volúmenes de combustible si no era para su venta, pues, si compraba gasolina para uso doméstico o comparable al de cualquier otra persona, no se entiende que la estación de gasolina donde adquiría el combustible de forma habitual le enviara camionetas cisterna con el producto hasta su casa donde, ciertamente, el demandante no poseía una planta de almacenamiento ni tampoco una estación de servicio minorista como lo indica la ley.

A juicio de la Sala, dicho comportamiento, conllevó a la inspección adelantada por la policía judicial y la consecuente captura y actuación penal en contra del actor, pues la autoridad se desplazó a la residencia del demandante por una denuncia sobre una posible venta ilegal de gasolina y, en efecto, encontró cantidades almacenadas en canecas plásticas, de las cuales algunas resultaron adulteradas sin que luego la Fiscalía pudiera atribuirle dicha adulteración al actor y por ello no estructurar debidamente el tipo penal que le endilgó, pero que, claramente quedó evidenciado que el combustible sí era comercializado por el actor violando las normas previstas para dicha actividad.

Por tanto, el accionante con su conducta negligente, quizá por ignorancia o por la confianza que le producía que hasta los agentes de policía de la zona rural donde vivía le compraban gasolina, se dedicó a ejercer una actividad para la cual no se encontraba autorizado por la autoridad competente, con lo que dio lugar a su captura y posterior privación de la libertad, por las irregularidades encontradas en el combustible hallado en su casa y examinado por los investigadores de policía judicial, combustible que podía ser ilegal según las pesquisas realizadas hasta ese momento, de ahí que las autoridades de policía tenían serios motivos para presumir la comisión de un delito contra el orden económico social(38), el cual no era excarcelable e imponía la obligación de adelantar la actuación penal dentro de la cual podía ser factible, legalmente, la privación de su libertad como en efecto ocurrió, la cual fue sustituida por detención domiciliaria(39).

Siendo así, el demandante incurrió en un comportamiento irregular que ameritaba el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaba la restricción de la libertad.

Finalmente, la parte apelante señaló que la Nación-Rama Judicial incurrió en una falla en el servicio, dado que los jueces tanto de primera como de segunda instancia olvidaron decretar el levantamiento de la medida cautelar de prohibición al actor para enajenar sus bienes sujetos a registro, la cual había sido establecida desde la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento y que, como consecuencia, le produjo un perjuicio material determinado por el incumplimiento de un contrato de venta, menoscabo, que perduró varios meses después de que se decretara la absolución en favor del señor Melecio Bonilla García, dado que la medida solo se levantó hasta el 26 de octubre de 2010, por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Al respecto, observa la Sala que en el plenario no consta la providencia ni en el DVD de audiencias allegado al expediente; se tuvo acceso a la audiencia preliminar adelantada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque en la cual se habría decretado tal prohibición al actor, sin embargo, en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Facatativá el 16 de septiembre de 2010, respecto del establecimiento “Distribuidora de empaques MBG” de propiedad del accionante, consta que “por oficio 0000120 del Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque del 30 de enero de 2008, inscrita el 20 de febrero de 2008 bajo el número 00000782 del libro 08 se decretó: inscripción por medio de la cual el imputado no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los siguientes seis (6) meses o en su defecto si hubiere pronunciamiento de fondo que demuestre su inocencia por el delito que se le investiga”(40). Tampoco en las sentencias absolutorias de primera y de segunda instancia se hizo alusión a dicha medida cautelar.

Igualmente, se allegó copia del certificado de tradición de fecha 6 de septiembre de 2010 del inmueble con folio de matrícula Nº 50N-20061790, que en la anotación Nº 12 del 13 de febrero de 2008 registra: “prohibición 121 del 30-01-2008 Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque, especificación 0463 prohibición judicial de enajenar bienes sujetos a registro, preliminares Fiscalía 25-430-60-00-660-2008-00068, Nº 002 interno, este y 18 más (medida cautelar) (…). De: Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque, en función de control de garantías, a Melecio García Bonilla”(41).

También consta en el expediente copia de un documento denominado “acta de compromiso contractual” suscrito por el señor Melecio Bonilla García y el señor Hover Rodolfo Fonseca Sánchez el 30 de julio de 2010, según el cual acordaron que el primero le vendería al segundo varios inmuebles ubicados en el municipio de Subachoque con matrículas inmobiliarias Nº: 50N-20312519, 50N20312521, 50N-20312522, 50N-20312523, 50N-20312530, 50N-20312531, 50N-20312532, 50N-20312533, 50N-20312534, 50N-20312539, 50N-20312540, 50N- 20312541, 50N-20312542 y 50N-20312544, que, al parecer, corresponden a lotes de terreno de la urbanización La Colmena(42).

Así mismo, obran en el plenario las solicitudes del abogado de la defensa y del señor Melecio Bonilla García de fechas 31 de junio, 10 de agosto y 6 de septiembre de 2010, dirigidas al Juzgado Primero Penal Especializado de Cundinamarca para el levantamiento de la medida cautelar. En la última de ellas el señor Melecio Bonilla García asegura que, de acuerdo con el certificado de tradición antes mencionado la prohibición judicial fue extendida a los bienes inmuebles con los siguientes números de matrícula inmobiliaria: 50N-20312513, 50N-20312514, 50N-20312515,50N-20312515, 50N-20312516, 50N-20312517, 50N-203125019, 50N-20312521, 50N-20312522, 50N-20312523, 50N-20312524, 50N-20312530, 50N-20312531, 50N-20312532, 50N-20312533, 50N-20312534, 50N-20312539, 50N-20312540, 50N-20312541, 50N-20312542 y 50N-20312544(43).

Por último, se allegaron la respuesta y los oficios librados por el Juzgado Primero Penal Especializado de Cundinamarca el 20 de agosto de 2010, en los cuales le informa al peticionario que en la carpeta que reposa en ese despacho no consta el decreto de tal medida y, seguidamente, solicita a la Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque con funciones de control de garantías y a la Fiscalía, información sobre la existencia y vigencia de tal medida a fin de atender la petición del señor Melecio Bonilla García(44).

Finalmente, se arrimó un acta de reunión del 29 de septiembre de 2010, suscrita por el señor Melecio Bonilla García, el Director y el Subdirector de Planeación Municipal de Subachoque y una representante de la constructora Pizano Echeverri, para definir lo acordado respecto de la licencia de urbanismo para el proyecto La Colmena, según la cual “al no darse cumplimiento a lo acordado entre los interesados, la Administración Municipal dará nuevamente inicio al debido proceso sancionatorio, esto con el fin de afectar la póliza de cumplimiento Nº 072105700 expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO, cuya vigencia es del 19 de abril de 2007 hasta el 19 de abril de 2012”.

No obstante lo anterior, para la Sala solo se encuentra acreditado que el actor fue afectado con una medida de prohibición de enajenar sus bienes inmuebles por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque con funciones de control de garantías, que no se hizo alusión a ella en las sentencias absolutorias de primera y de segunda instancia y que, para el 6 de septiembre de 2010, según un certificado de tradición de uno de sus inmuebles, todavía registraba la anotación de dicha medida a pesar de que su absolución quedó en firme desde el 29 de junio de 2010.

Sin embargo, lo que no se encuentra demostrado es el daño alegado por el actor, pues aunque lo deriva del incumplimiento de un contrato de venta de unos inmuebles suyos, los documentos que allegó al expediente no evidencian la lesión patrimonial invocada, dado que no probó que tuvo que pagar una cláusula penal o una sanción originada por el supuesto incumplimiento contractual o por la administración municipal de Subachoque respecto del proyecto urbanístico que, al parecer, comprendía los inmuebles que el actor se comprometió a vender, lo que tampoco se encuentra suficientemente acreditado, puesto que no se allegaron los certificados de tradición correspondientes a esos bienes sino a otro que no coincide con los que enlistó en su última petición para el levantamiento de la medida cautelar.

Además, según el propio demandante, la prohibición judicial finalmente, se canceló en el registro de instrumentos públicos el 26 de octubre de 2010, sin haber demostrado que para esa fecha incurrió en pagos o erogaciones causadas por el tiempo que duró dicha prohibición.

Como consecuencia, la Sala considera que no le asiste razón a la parte apelante cuando alega que el actor sufrió una carga que no se encontraba en el deber de soportar, toda vez que la privación de la libertad sufrida por el demandante se debió a su propia culpa y, en cuanto a la restricción judicial que se extendió meses después de su absolución penal, no demostró que esta le causara la lesión patrimonial que alegó respecto de la venta de unos inmuebles de su propiedad, por lo que la responsabilidad que se pretende por una falla en el servicio de las autoridades judiciales carece del elemento medular para su configuración, esto es, el daño.

Por consiguiente, aunque por motivos distintos a los argüidos por el a quo, se confirmará la sentencia apelada.

8. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 15 de febrero de 2013.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 10010326000200800009 00, CP: Mauricio Fajardo Gómez.

11 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta Nº 9.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, CP: María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, CP: Mauricio Fajardo Gómez.

13 Fl. 71 c 2.

14 Fls. 74 a 85 c 2.

15 Fls. 107 a 115 c 2

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 25 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997- 05033-01 (20420), CP: Enrique Gil Botero.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 17 de octubre de 2013, expediente 5200123310001996745901(23.354), CP: Mauricio Fajardo Gómez.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 4 de diciembre de 2006, exp 13.168 y del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia del 26 de mayo de 2011, exp 20.299, todas con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez.

19 Fls. 90 a 100 c 2.

20 Fl. 48 c 2.

21 Fl. 103 c 2.

22 Fl. 28 a 31 c 2.

23 Fls. 13 a 27 c 2.

24 Fls. 74 a 85 c 2.

25 Fl. 135 c 2.

26 Fls. 104 y 105 c 2.

27 Fl. 106 c 2.

28 Fls. 116 a 118 c 2.

29 Fls.9, 10 y 19 a 128 c 2.

30 Fls. 4 a 8 c 2.

31 Fl. 129 c 2.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

34 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1º de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

36 “Ley 906 de 2004. Artículo 213. Inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo.
El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física descubiertos, antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano.
La Fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización”.

37 DVD archivo de audiencia de juicio oral del 20 de enero de 2009, fl. 135 c 2.

38 “Ley 599 de 2000, artículo 327C. Artículo adicionado por el artículo 1º de la Ley 1028 de 2006. El que sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles descritas en los artículos 327-A y 327-B adquiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre o comercialice a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o sistemas de identificación legalmente autorizados, cuando tales bienes provengan de la ejecución de alguno de estos delitos, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“En la misma pena incurrirá el que destine mueble o inmueble o autorice o tolere en ellos tal destinación o realice cualquier actividad que facilite la comisión de las conductas mencionadas en el inciso anterior”.

39 “Ley 906 de2004, artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.
Artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:
1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.
3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”.
Artículo 314. Sustitución de la detención preventiva. Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia (…)”.

40 Fl. 106 c 2.

41 Fls. 120 a 122 c 2.

42 Fls. 116 a 118 c 2.

43 Fls. 9, 10 y 119 c 2.

44 Fls. 4 a 8 c 2.