Sentencia 2010-00856/53765 de septiembre 28 de 2017

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 76001-23-31-000-2010-00856-01(53765)

Actor: L.F.R.V. y Otros

Demandado: Nación-Rama Judicial y Otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

Temas: Responsabilidad del Estado por la Privación Injusta de la Libertad - No existe responsabilidad de las demandadas debido a que la investigación en contra de los actores se precluyó por desistimiento de las víctimas.

Bogotá D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas, contra la Sentencia proferida el 28 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“1. DECLÁRASE administrativa y solidariamente responsables a la Fiscalía General de La Nación y a la Nación-Rama Judicial, por la detención injusta de los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., conforme lo expuesto.

“2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales los siguientes valores:

“Para D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., como directamente perjudicados, la suma correspondiente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

“3. CONDÉNASE a la Fiscalía General de La Nación y a la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de Lucro Cesante:

“A favor de la señora D.F.V., la suma de Cuatro Millones Quinientos Veintiséis Mil Cuarenta y Cuatro Pesos ($4’526.044.00).

“A favor de la señora F.A.O.V., la suma de Cuatro Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos ($4’299.743.00).

“A favor del señor J.L.V., la suma de Cuatro Millones Quinientos Veintiséis Mil Cuarenta y Cuatro Pesos ($4’526.044.00).

“A favor del señor L.F.R.V., la suma de Seis Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos ($6’336.462.00).

“4. DESE cumplimiento a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

“5. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

“6. Se RECONOCE Personería a la Doctora Sonia Eneray Mosquera Mosquera, abogada titulada, con T.P. 132.533 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada judicial de la Fiscalía General de la Nación en los términos del poder que obra a folio 111 del cuaderno 1”.

I. Antecedentes.

1. La Demanda.

En escrito presentado el 14 de julio de 2010, los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables “por la detención preventiva por un lapso de tiempo de 3 meses y 5 días aproximadamente de que fueron objeto y haber sido exonerados por sentencia con tránsito a cosa juzgada, mediante preclusión(1)”.

2. Las pretensiones.

A título de lucro cesante se solicitó la cantidad de $12’450.000 para los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., por los salarios dejados de percibir durante el tiempo de su detención.

Así mismo, por concepto de perjuicios morales solicitaron el equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V.

También la cantidad de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para las siguientes personas: A.E.V. y S.C.O., tía y sobrino de D.F.V.; Y.V.V. y J.D.V. hermanos de F.A.O.V.; Y.M.O.V. y A.L.V., hermana y madre de J.L.V. y; M.L.R., A.R., J.R., L.A.R.M., A.F.R. y F.R., sobrinos y hermanos de L.F.R.V.

Finalmente, por “daño a la vida de relación” solicitaron la suma de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V.

Igualmente, el valor de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para las siguientes personas: A.E.V. y S.C.O., tía y sobrino de D.F.V.; Y.V.V. y J.D.V., hermanos de F.A.O.V.; Y.M.O.V. y A.L.V., hermana y madre de J.L.V. y; M.L.R., A.R., J.R., L.A.R.M., A.F.R. y F.R., sobrinos y hermanos de L.F.R.V.

3. Los hechos.

En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 31 de octubre de 2009, los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V. fueron judicializados por solicitud de la Fiscalía 24 Seccional Especializada de Cali, por el supuesto punible de lesiones agravadas. Su captura fue legalizada y se les impuso medida de aseguramiento.

Posteriormente, se surtieron las etapas procesales de audiencia de escrito de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral.

El 5 de febrero de 2010, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali con funciones de conocimiento declaró la preclusión de la investigación que por el punible de lesiones personales agravadas adelantaba en contra de los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V.

A raíz de la investigación, los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V. permanecieron detenidos por tres meses y cinco días, tiempo durante el cual no pudieron aportar al sustento de sus familias ni al suyo propio.

Los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V. se desempeñaban, en su orden, como secretarias y soladores de zapatería, con salarios de $800.000 y $950.000, $1’000.000 y $1’400.000, respectivamente.

4. La oposición.

4.1. La Nación-Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali con funciones de conocimiento declaró la preclusión de la investigación a favor de los actores, a solicitud de la Fiscalía, la cual fue coadyuvada por el Ministerio Público, debido a que las víctimas desistieron de la acción penal.

No obstante lo anterior, las pruebas recaudadas en su momento por parte de la Fiscalía eran suficientes para ordenar la detención de los demandantes y la decisión judicial fue acorde con las normas legales y constitucionales, razón por la cual consideró que no se presentó un error jurisdiccional y que los actores se encontraban obligados a soportar la privación de su libertad.

Finalmente, propuso las excepciones de culpa exclusiva de la víctima debido a que los actores les causaron lesiones a unos servidores públicos (agentes de policía), situación que no fue desvirtuada por los acusados y de falta de legitimación en la causa por pasiva(2).

4.2. La Nación-Fiscalía General de la Nación sostuvo que la investigación en la cual se vieron involucrados los demandantes tuvo su origen en la captura en flagrancia de que fueron objeto y en las declaraciones de los agentes de policía lesionados por ellos.

Agregó que si bien la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento de detención preventiva con fundamento en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, era el juez de control de garantías quien decidía imponerla o no.

Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva(3).

5. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sentencia del 28 de mayo de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó solidariamente a ambas entidades demandadas.

La Sala a quo señaló que las accionadas eran responsables de la privación de la libertad que sufrieron los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V.; la Fiscalía por haber iniciado la investigación y formulado la acusación en su contra y la Rama Judicial por la decisión del juez de control de garantías de imponer la medida de aseguramiento.

Consideró que a los actores se les precluyó la investigación penal, razón por la cual mantuvieron intacta la presunción de su inocencia y su conducta no fue determinante en la producción del daño(4).

6. Objeto de la apelación.

6.1. La parte demandada, Nación-Fiscalía General de la Nación, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara.

Manifestó que esa entidad obró en ejercicio de las funciones de su competencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política y en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004 y con fundamento en este último solicitó la medida de aseguramiento, pero insistió en que la decisión de fondo la tomó el juez de control de garantías, quien restringió la libertad de los demandantes.

Reiteró que como ese ente acusador no impuso la medida de aseguramiento existía una falta de legitimación en la causa por pasivas(5).

6.2. La entidad demandada, Nación-Rama Judicial, también apeló la decisión de primera instancia y señaló que en la actuación penal se probó que los demandantes sí cometieron la conducta de lesiones personales agravadas contra servidores públicos en ejercicio de su cargo y que la imposibilidad de la Fiscalía de continuar con la acción penal se debió al desistimiento de las víctimas del delito.

Consideró que no se causaron perjuicios a los demandantes, pues las actuaciones estuvieron soportadas en la ley, dado que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali con funciones de conocimiento decretó la medida de aseguramiento en aplicación de los artículos 306 y 308 de la Ley 906 de 2004 con base en la solicitud y en las pruebas exhibidas por la Fiscalía y celebró las audiencias preliminares con respeto de las garantías fundamentales de los acusados.

Insistió en que se declarara la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva(6).

7. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

7.1. La demandada, Nación-Fiscalía General de la Nación, presentó escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación(7).

Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) prelación del fallo; 3) oportunidad de la acción; 4) legitimación en la causa; 5) parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 6) pruebas recaudadas en el proceso; 7) el caso concreto: análisis de la eventual responsabilidad de las demandadas por la privación de la libertad de los actores, en vigencia de la Ley 906 de 2004: 7.1.— Nación—Fiscalía General de la Nación; 7.2.—Nación—Rama Judicial: no existe responsabilidad del Estado debido a que la investigación en contra de los actores se precluyó por desistimiento de las víctimas del delito; 8) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos(8).

2. Prelación del fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad que habrían sufrido los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(9), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

3. Oportunidad de la acción.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta sección ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(10).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., con ocasión de la privación de la libertad de la que dicen haber sido víctimas dentro de un proceso penal.

Se observa que el Auto del 5 de febrero de 2010(11), proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali con funciones de conocimiento, por el cual declaró la preclusión de la investigación en favor de los actores quedó ejecutoriado ese mismo día según constancia suscrita por el Secretario de ese despacho(12).

Lo anterior quiere decir que el término para presentar la demanda vencía el 6 de febrero de 2012 y la demanda fue presentada el 14 de julio de 2010, esto es, dentro del plazo indicado en el artículo 136, numeral 8, del Código Contencioso Administrativo.

4. Legitimación en la causa.

Los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., se encuentran legitimados para actuar, pues como se desprende del Auto del 5 de febrero de 2010, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali, se encontraron privados de la libertad con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de lesiones personales agravadas.

Por su parte, la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial, se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas por el Fiscal General de la Nación y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, respectivamente, de conformidad con los artículos 49 de la Ley 446 de 1998, 99 numeral 8º de la Ley 270 de 1996 y con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección(13).

5. Parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(14) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(15).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante Sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

6. Pruebas recaudadas en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

—Copia auténtica del Auto del 5 de febrero de 2010, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali, por el cual declaró la preclusión de la investigación en favor de los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., por el delito de lesiones personales agravadas(16).

— Certificados laborales de los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., expedidos el 26 de febrero de 2010, por los Gerentes de almacén XX XXXXXX, Creaciones XXXXXXX y Creaciones XXXXXXX, respectivamente(17).

— Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de los demandantes y de algunos de sus familiares(18).

7. El caso concreto: análisis de la eventual responsabilidad de las demandadas por la privación de la libertad de los actores, en vigencia de la Ley 906 de 2004:

7.1. Nación-Fiscalía General de la Nación.

En punto de la responsabilidad de esta entidad que integra el extremo pasivo en la presente controversia conviene reiterar que, tal como lo ha puntualizado esta Subsección, con la expedición de la Ley 906 de 2004, el legislador al estatuir en nuestro ordenamiento jurídico el Sistema Penal Acusatorio distinguió de manera clara y precisa en cabeza de qué entidad recaen las funciones de investigar y acusar —Fiscalía General de la Nación— y sobre cual radica la función de juzgar —Rama Judicial—.

En ese sentido, la Sala en pronunciamiento reciente ha considerado:

“Así las cosas, a la luz de las disposiciones consagradas en la normativa procesal penal vigente, la facultad jurisdiccional se encuentra radicada única y exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, los únicos que pueden tomar la decisión de privar a una persona de su libertad son los jueces, ya sean de conocimiento o en función de control de garantías, tal y como en efecto sucedió”.

En este orden de ideas, como en el asunto bajo estudio el proceso penal se adelantó bajo los lineamientos de la Ley 906 de 2004, es válido concluir que la función jurisdiccional, en virtud de la cual se privó de la libertad a los ahora demandantes emanó de un Juez de la República, razón por la cual le asiste razón al ente acusador apelante, cuando señala que el daño antijurídico no le resulta imputable.

Así mismo, cabe destacar que la Sala no advirtió comportamiento alguno de dicha entidad contrario a su función de promover la acción penal y recaudar y/o practicar las pruebas sobre los hechos imputados a los acusados.

Tampoco se observó que el ente acusador indujera a los jueces penales a proferir decisiones equivocadas, o que incurriera en alguna actuación contraria a sus funciones como promotor de la acción penal o que por su inactividad la investigación debiera precluirse, pues como se verá, tal decisión que fue tomada por el juez penal de conocimiento, se debió al desistimiento de las víctimas del delito.

En todo caso, se itera, no fue la Fiscalía la entidad que impuso la medida de aseguramiento en contra de los actores, dado que la misma se debió a una decisión del juez de control de garantías.

7.2. Nación-Rama Judicial: no existe responsabilidad del Estado debido a que la investigación en contra de los actores se precluyó por desistimiento de las víctimas del delito.

Respecto de la privación de la libertad sufrida por los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., esta puede constatarse en el Auto del 5 de febrero de 2010, en el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali con funciones de conocimiento señaló: “Ahora, en la medida que contra los procesados pesa una medida cautelar personal de detención preventiva, es del caso revocar la medida de aseguramiento impuesta para en su lugar ordenar la libertad inmediata para ante el Director de la cárcel de Villahermosa y el Buen Pastor de esta ciudad, precisándoles que las aludidas mujeres se encuentran en su detención domiciliaria”.

La Sala considera pertinente destacar por qué motivo se precluyó la investigación por el delito de lesiones personales agravadas en favor de los demandantes, el que puede leerse en el Auto del 5 de febrero de 2010, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali con funciones de conocimiento, del cual se extrae lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“Una vez escuchada la pretensión de la Fiscalía y los argumentos para deprecar la preclusión a favor de los ciudadanos D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., solicitud que ha sido coadyuvada por la defensa y la representante del Ministerio Público, los que se centran en la aplicación de la causal 1ª del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, dígase de una vez que luego de analizados los argumentos de parte y confrontados con la situación fáctica, imperioso resulta para esta instancia judicial acceder a lo peticionado por las siguientes razones:

“Debe precisarse que el funcionario investigador está habilitado para deprecar la preclusión de la investigación cuando considere que no se debe continuar con el ejercicio de la acción penal.

“(…).

“Tiénese que los hechos que motivaron el inicio de esta investigación se presentaron el 30 de octubre de la pasada anualidad, aproximadamente a las 11:30 de la mañana en el barrio El Vergel de esta ciudad, cuando miembros de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali realizaban labores de patrullaje, siendo alertados por la ciudadanía sobre la comisión de un delito contra el patrimonio económico.

“Así, una vez se acercaron a la víctima de injusto, señora (...) se dirigieron en su compañía en búsqueda de los posibles autores del reato señalando la dama a un joven, persona que al ser requerida para practicarle una requisa agredió a los uniformados, ataque al cual se unieron otros ciudadanos y familiares quienes también profirieron agresiones físicas a los servidores públicos, pretendiendo de esa manera que; ejercieran sus funciones.

“En los referidos hechos resultaron lesionados los agentes de la Policía Nacional I.A.P., A.E.Y.G. y S.A.A. y de acuerdo con los dictámenes medico legales recibieron una incapacidad de 12, 7 y 5 días, respectivamente, sin secuelas de ninguna naturaleza. Por los reseñados hechos fueron acusados los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V.

“(…).

“Ahora, el desistimiento aparece señalado como causal de extinción de la acción penal en el artículo 77 ibídem, figura que a prima facie pareciere estar consagrada exclusivamente para los delitos que requieren querella, por estar taxativamente previsto en el artículo 76 de la Ley 906 de 2004; sin embargo, fue el propio legislador, en ejercicio de su libertad de configuración en materia penal, quien quiso darle alcance a la figura del desistimiento a delitos investigables de oficio.

“Así se consagró en el inciso 2º del artículo 37 de la Ley 906 de 2004, introducido por el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007 el siguiente precepto; la investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto.

“Tiénese entonces, que uno de los efectos de la querella, es precisamente el desistimiento, que no es otra cosa que la voluntad expresa de la víctima de que no se continúe con el ejercicio de la acción penal, figura jurídica que el legislador ha querido extender aun a delitos investigables de oficio.

“En ese orden, teniendo en cuenta que la afrenta hacia los servidores públicos no generó mayores traumatismos para su humanidad, como tampoco truncó el ejercicio de sus funciones, pues, finalmente hicieron efectiva su potestad coercitiva presentado ante las autoridades respectivas a los infractores de la ley penal, se colige la viabilidad de darle trámite al desistimiento presentado, como causal que imposibilita al Estado de continuar con el ejercicio de la acción penal.

“Hechas las anteriores precisiones, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley 906 de 2004, se declarará la cesación de la persecución de la acción penal, con efectos de cosa juzgada, a favor de D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V., por los hechos aquí investigados”(19).

Como consecuencia, ese despacho declaró la preclusión de la investigación, revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata de los señores D.F.V., F.A.O.V., J.L.V. y L.F.R.V.

La jurisprudencia de esta Sección ha señalado que en los casos en que la absolución o la preclusión de la investigación se den por causas distintas a las ya reconocidas por esta Corporación, solo habrá lugar a la reparación cuando se demuestre que la medida de aseguramiento se decretó sin el cumplimiento de los requisitos legales, esto es, por una falla en el servicio:

“6.11. El 10 de julio de 2007, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán aceptó el desistimiento presentado por la señora J.P.L. (querellante), declaró la extinción de la acción penal y ordenó la libertad de C.E.F.L.

“La jurisprudencia tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del in dubio pro reo, con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 Constitución Política.

“La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

“Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad.

“La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996”(20) (negrillas de la Sala).

Ahora bien, en el sub judice, la declaratoria de preclusión de la investigación en favor de los demandantes no conduce objetivamente a la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial, pues no fue resultado de que el juez de la causa penal determinara que el hecho no existió, no se cometió, no era punible o que se hubiera aplicado el principio del in dubio pro reo, sino que la causa penal no siguió adelante por desistimiento de las víctimas del delito, circunstancia que fue reconocida por la ley procesal penal para un delito querellable como son las lesiones personales.

Lo anterior implica que la preclusión de la investigación, por el desistimiento de las víctimas del punible, impidió que el juez penal decidiera si absolvía o declaraba responsables a los entonces acusados, decisión de la cual dependía la imputación al Estado por la privación injusta de la libertad de los hoy accionantes, bajo el régimen de responsabilidad objetiva.

De ahí que le asista razón a la entidad demandada Nación-Rama Judicial cuando señaló que en la actuación penal no se desvirtuó la comisión de la conducta de lesiones personales contra servidores públicos por parte de los acusados y que la imposibilidad de continuar con la acción penal se debió al desistimiento de las víctimas del ilícito.

Tampoco puede interpretarse la decisión de preclusión como una falla del servicio de la Fiscalía o del juez penal de conocimiento, pues, la extinción de la acción penal no se debió a un error o a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por acción, por omisión o por retardo en el procedimiento, sino a un mecanismo válidamente consagrado por la ley para los delitos querellables(21) como aquel que se le imputaba a los demandantes y que con fundamento legal debió aceptarse por el juez de la causa penal(22).

De igual modo, advierte la Sala que no se demostró irregularidad alguna en el procedimiento de captura, su legalización y el decreto de la medida de aseguramiento de que fueron objeto los demandantes, actuaciones específicas de las cuales los actores no alegaron irregularidad alguna, aunque fundaron sus pretensiones en que “en forma injusta estas personas tuvieron que soportar una detención prolongada que los afectó social y económicamente”(23).

No obstante, no se demostró la declaratoria de alguna nulidad o que se atendiera una petición de los entonces procesados por una privación ilegal o por una - prolongación indebida de la privación de la libertad, o que se presentara alguna anomalía en la audiencia celebrada por el juez de control de garantías o en las etapas posteriores del proceso penal, de hecho, en la demanda se relata que “se, surtieron las etapas procesales de audiencia de escrito de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral”(24) sin cuestionamiento alguno al respecto por parte de los accionantes.

Colíjase de lo anterior, que el daño consistente en la privación de la libertad de los demandantes no fue antijurídico y no le es imputable a las demandadas, pues no se configuró ninguno de los eventos del título objetivo, como tampoco una falla del servicio a cargo de la administración de justicia, sino una circunstancia excepcional, aunque válida para la ley procesal penal, que extinguió la acción punitiva.

8. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la Sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de mayo de 2014 y negar, pretensiones.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico,—Carlos Alberto Zambrano Barrera, Aclara voto.

1. Fls. 28 a 36 cdno 1.

2. Fls. 53 a 61 cdno 1.

3. Fls. 70 a 76 cdno 1.

4. FIs. 119 a 146 cuaderno de segunda instancia.

5. FIs. 148 a 151 cuaderno de segunda instancia.

6. Fis. 152 a 156 cuaderno de segunda instancia.

7. FIs. 195 a 215 cuaderno de segunda instancia.

8. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 10010326000200800009 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9. De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta 9.

10. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el Auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11. FIs. 7 a 10 cdno. 1.

12. FI. 10 vuelto cdno. 1.

13. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Auto del 25 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997- 05033-01 (20420), C.P. Enrique Gil Botero.

14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 17 de octubre de 2013, expediente 5200123310001996745901 (23.354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

15. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias del 4 de diciembre de 2006, Exp 13.168 y del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en Sentencia del 26 de mayo de 2011 Exp. 20.299, todas con ponencia del, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

16. Fls. 7 a 10 cdno. 1.

17. Fls. 24 a 27.

18. FLs. 3 a 6 y 11 a 20 cdno. 1.

19. Fls. 7 a 10 cdno. 1.

20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 10 de noviembre de 2016, Exp. 18001-23-31-000-2007-00377-01 (46504), C.P: Guillermo Sánchez Luque.

21. “Ley 906 de 2004. ART. 74.—Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad:
“(…).
“2. lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C.P. art. 112 inc. 1º y 2º) (...)”.

22. “Ley 906 de 2004:
“ART. 76.—En cualquier momento de la actuación y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los procedimientos.
“Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado la imputación, le corresponde a la Fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las diligencias.
“Si se hubiere formulado la imputación le corresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar el parecer de la Fiscalía, determinar si acepta el desistimiento.
“En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá retractación. “ART. 77.—Extinción. La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley” (el texto vigente hasta la modificación realizada por el artículo 6º de la Ley 1826 de 2017 se encontraba en el artículo 74 original).
“ART. 77.—Extinción. La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley”.

23. FI. 29 del libelo, cdno 1.

24. Ibídem.