Sentencia 2010-00890/53417 de marzo 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2010-00890-01(53417)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Luis Felipe Realpe Silva y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: apelación sentencia - acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad / Verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa / Culpa exclusiva de la víctima - circunstancia eximente de responsabilidad cuando el procesado, con su conducta, dio lugar a la investigación y a la medida restrictiva de la libertad; en este caso, fue hallado en el lugar en el que se preparó el acto terrorista que dio lugar al proceso penal.

Bogotá, D. C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) legitimación en la causa; 4) el ejercicio oportuno de la acción; 5) las pruebas aportadas al proceso; 6) el caso concreto; 7) la culpa exclusiva de la víctima en casos de privación injusta de la libertad; y 8) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad del señor Luis Felipe Realpe Silva, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada(14).

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón de los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 26 de agosto de 2014, dado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(15).

3. Legitimación en la causa.

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentra demostrado que el señor Luis Felipe Realpe Silva fue procesado por la supuesta comisión de los delitos de homicidio con fines terroristas, terrorismo, tentativa de homicidio y rebelión, que en el curso de esa actuación estuvo privado de su libertad y que la controversia concluyó con decisión de preclusión, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

Los demandantes Jacqueline Realpe Collazos, Heidy Lizeth Mosquera Realpe, Marly Realpe Ospina, Cristian David Ramírez Realpe, Sebastián Ramírez Realpe, Marco Aurelio Realpe Silva, Otilia Judit Realpe Silva, Franci Stella Noguera Realpe, Rubiela Noguera Realpe, Paola Andrea Romero Noguera, Claudia Patricia Romero Noguera y Stefani Cuspián Noguera acreditaron la calidad con la que afirmaron acudir al proceso (hijos, nietos, hermanos y sobrinas de la víctima directa)(16), razón por la cual se encuentran legitimados en la causa por activa de hecho, sin perjuicio del análisis atinente a la legitimación material como condición necesaria para acceder a las pretensiones.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(17).

En el caso bajo estudio, se advierte que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali dispuso la preclusión de la investigación en favor del señor Luis Felipe Realpe Silva, en audiencia celebrada el 30 de abril de 2009, por lo que la demanda podía ser presentada a más tardar el 1º de mayo de 2011 y como ello ocurrió el 26 de mayo de 2010(18) se concluye que se hizo oportunamente, máxime si se tiene en cuenta la suspensión del término caducidad, con ocasión de la conciliación prejudicial.

4. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de acreditación.

— Relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor Luis Felipe Realpe Silva(19) 

— Copia auténtica del acta y CD que contiene la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra el señor Luis Felipe Realpe Silva, a cargo del Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali(20).

— Copia auténtica del escrito de acusación presentado por el Fiscal Especializado ante los Juzgados Penales de Cali(21).

— Copia auténtica del acta de la audiencia de preclusión, celebrada el 30 de abril de 2009 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, en la cual se dispuso la libertad inmediata del señor Luis Felipe Realpe Silva(22).

5. El caso concreto.

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en la actuación, para la Sala se encuentra acreditado que se adelantó un proceso penal contra el señor Luis Felipe Realpe Silva, por la supuesta comisión de los delitos de homicidio con fines terroristas, terrorismo, tentativa de homicidio y rebelión.

De igual manera, se acreditó que el señor Realpe Silva fue capturado el 10 de septiembre de 2010, con ocasión de la diligencia de allanamiento y registro que se llevó a cabo en el inmueble en el que al parecer habitaba(23) y en el cual se hallaron elementos relacionados con el acto terrorista perpetrado en días anteriores, razón por la cual la Fiscalía solicitó ante el Juez de Control de Garantías la legalización de la captura, así como la imposición de la medida de aseguramiento; lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“(…) Con respecto al señor Luis Felipe Realpe Silva, quien la Fiscalía solicita legalización de captura en flagrancia, (…) tenemos para manifestar lo siguiente:

“A consecuencia del atentado perpetrado entre el 31 de agosto y el 1º de septiembre se comenzó a desarrollar un programa metodológico que conllevara a la identificación e individualización de las personas que participaron en este acto demencial, lo cual condujo a la Fiscalía, a través de sus investigadores, que existía un inmueble en el cual se había preparado el carro bomba. Ante estas circunstancias y la verificación por parte de policía judicial de la existencia del inmueble, (…) del barrio Simón Bolívar con todas las características suministradas a la Fiscalía a través de los investigadores esenciales y elementales como la siguiente: que se trataba de un inmueble que con anterioridad constaba de una puerta y una ventana, que para poder ejecutar la acción demencial los terroristas compraron el inmueble y una vez compraron dicho inmueble, dentro del inmueble permanecía una persona de avanzada edad y que ese inmueble procedieron a tumbar la ventana para colocar un garaje - puerta, hecho que corroboraba todas las circunstancias y que permitía inferir razonablemente a la Fiscalía para expedir la orden de registro y allanamiento a dicho inmueble, dentro de las actividades desarrolladas en la madrugada del día de ayer, que permitió la captura de las personas que hoy aquí están presentes y el registro de otros inmuebles (…).

“(…) Desde el mismo momento en que se adquirió el inmueble por parte de los terroristas, dentro del inmueble permanecía una persona de avanzada edad que salía inicialmente cuando el carro bomba estaba dentro del inmueble, salía por la noche, fumaba y volvía e ingresaba y que después de que colocaron el carro bomba se desapareció para los días de la acción, volviendo a reaparecer dos o tres días antes del registro del inmueble”(24).

A continuación, el Fiscal señaló los elementos materiales probatorios y evidencia física hallada en el inmueble donde fue capturado el señor Luis Felipe Silva Realpe y, en ese sentido, indicó que en el lugar se encontraron, entre otros, los siguientes elementos(25): “i) Un rin de vehículo de la misma dimensión y características de las del carro bomba; ii) una sustancia pulverulenta – que luego se identificó como explosivo-; iii) una tapa de gasolina; iv) una mecha de tiempo; v) detonadores y fósforos; vi) puntillas; vii) bolsas con explosivos y viii) cordón detonante”.

Con fundamento en la referida situación fáctica, el Fiscal solicitó al Juez de Control de Garantías legalizar la captura, previa manifestación de que la diligencia de registro y allanamiento fue legalizada con antelación por el Juez 6 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cali, motivo por el cual se convalidó la actuación en virtud de la cual resultó aprehendido el señor Realpe Silva.

En cuanto a la imputación de cargos se destaca que el Fiscal consideró probable la participación del aquí demandante porque se trataba de la persona que permanecía en el inmueble en el cual se preparó el carro bomba, aunado a que se encontraba en aquel predio cuando se realizó la diligencia de registro y allanamiento, de ahí que se le atribuyera la conducta consistente en “conservar explosivos” y, posteriormente, se le formulara imputación por los delitos de homicidio con fines terroristas, terrorismo, tentativa de homicidio y rebelión(26).

De acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos relatados por el Fiscal, el Juez 26 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali impuso al señor Luis Felipe Realpe Silva medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva.

Una vez presentado el escrito de acusación y previo al agotamiento de la etapa de juicio oral, el Fiscal del caso presentó solicitud de preclusión de la investigación a favor del señor Luis Felipe Realpe Silva, por considerar que existían dudas acerca de su participación en los delitos por los cuales fue acusado, petición que fue acogida por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, autoridad judicial que, sobre el particular, expuso lo siguiente (se transcribe de forma literal, con los errores que pueda contener):

“(…) Acto seguido, se ocupa de la situación de Luis Felipe Realpe Silva, para señalar que no cuenta con elementos de juicio para estimar que participó de manera consciente y voluntaria, pues según lo ha advertido a partir de los elementos materiales probatorios con los que cuenta, dentro de las tareas planificadas por el gestor del comportamiento delictual, es decir, alias ‘Pucheca’, quien teniendo conocimiento de las características y el precio de la vivienda solicitada por el delincuente y sin percatarse de la real destinación que se le daría a la casa, interesado más bien en la comisión, ofrece la casa y sus oficios para contactar al comprador con el propietario, concretándose la negociación.

“Aunque no concluye aquí su protagonismo, pues pasó a vivir en la citada morada, la verdad es que no lo fue por un convenio para el desarrollo de las acciones delictuales, sino con la intención de sortear la situación que afrontaba, en torno al preciado derecho a un techo, pues por desavenencias personales había sido desalojado de la vivienda que ocupaba donde un familiar.

A pesar de la petición que eleva el Fiscal, cuesta mucho creer que un hecho de la magnitud que se percibe a través del álbum fotográfico, que fija la evidencia en la citada residencia, hubiese pasado desapercibido para su único morador, así se le hubiese permitido pernoctar en el cuarto más distante, menos cuando en la cocina que, hasta donde se sabe, no le había sido restringido su ingreso, se encontraban varios residuos de los elementos empleados en la preparación del carro bomba y de acuerdo con el plano de distribución de la vivienda, dicha dependencia era adyacente al garaje (se destaca).

“(…) observemos entonces como la duda surge en beneficio de la inocencia del acusado en el ejercicio del acontecer delictivo, toda vez que según lo señala la Fiscalía, encontrándose en desarrollo del juicio no se cuenta con elementos materiales probatorios, que desvirtúen su postura defensiva en cuanto que ningún grado de injerencia tuvo en el atentado terrorista, pues simplemente pretendía solucionar temporalmente su problema de vivienda, aprovechando el contacto que había tenido con el comprador del inmueble, en virtud de su mediación en calidad de comisionista, tal como lo indicó en su interrogatorio de indiciado, ratificado por Otilia Realpe de Noguera, Francy Stella Noguera Realpe y la entrevista efectuada al acusado Carlos Alberto Mosquera Montaño, a pocas horas de su captura (…)”.

En cuanto a la privación de la libertad del ahora demandante, se evidencia que esta se produjo desde el 10 de septiembre de 2008 -fecha en que fue capturado, con ocasión de la diligencia de registro y allanamiento- hasta el 30 de abril de 2009, cuando se llevó a cabo la audiencia de preclusión y se dispuso su libertad inmediata.

En punto de la actuación penal adelantada, se encuentra acreditado que en audiencia celebrada el 30 de abril de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali acogió la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía, por las razones transcritas en precedencia, las cuales, en síntesis, estuvieron asociadas con la falta de demostración de la responsabilidad penal del acusado, en la medida en que no se contaba con elementos materiales probatorios que lo vincularan directamente con la explosión del carro bomba que dio lugar al proceso y lo único que involucraba al señor Realpe Silva era su permanencia en el inmueble en el cual se preparó el acto terrorista.

La situación puesta de presente impone el estudio del caso bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad, en la medida en que la preclusión de la investigación se sustentó en la duda acerca de la participación del procesado en la comisión de los delitos imputados y por los cuales se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.

Con fundamento en lo hasta aquí expuesto podría pensarse que habría lugar a declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, como en efecto lo hizo el Tribunal a quo, de no ser porque en este caso se advierte que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, como circunstancia eximente de responsabilidad, por las razones que se pasan a explicar.

Es de anotar que si bien no se planteó la culpa exclusiva como un argumento de los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas, estas sí apelaron la responsabilidad patrimonial atribuida en primera instancia, de ahí que resulte posible analizar esta circunstancia como eximente de aquella.

6. La culpa exclusiva de la víctima en casos de privación de la libertad.

Tratándose de casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la prosperidad de las pretensiones ni la obligación de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública.

En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado fue de tal magnitud que justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado por el juez penal.

Dicho de otra manera, no toda absolución en un proceso penal deviene en la responsabilidad patrimonial del órgano judicial, puesto que cuando la investigación tuvo sustento probatorio y de ella se pudo desprender la posible participación del sindicado en el delito, es la conducta de la víctima la causante del daño, sin perjuicio de que, en sede de la justicia ordinaria, se hubiere proferido sentencia absolutoria(27).

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima, como circunstancia de exoneración de responsabilidad del Estado, esta Subsección ha expuesto razonamientos como el que se cita a continuación:

“Así las cosas, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivode aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que el hecho desplegado por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(28).

A partir de estas consideraciones y con la precisión de que, en este escenario procesal, a esta jurisdicción no le corresponde calificar las decisiones adoptadas por el juez penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, la Sala considera que el material probatorio que reposa en la actuación da cuenta de algunas situaciones que incidieron en la privación de la libertad del señor Luis Felipe Realpe Silva.

La primera de ellas fue la presencia del sindicado en el inmueble que fue objeto de registro y allanamiento, en el cual se encontraron elementos relacionados con el artefacto explosivo empleado en el acto terrorista, puesto que esa circunstancia permitió inferir a las investigadores el conocimiento que aquel tenía respecto de la instalación y manipulación del carro bomba.

La situación más relevante que, en criterio de la Sala, involucró al señor Realpe Silva con los hechos investigados, tiene que ver con su supuesta necesidad de vivir en el mencionado inmueble, justamente para la época en que se planeó y ejecutó el acto terrorista, puesto que la Fiscalía fue enfática en concluir que la persona en mención habitó el predio con el propósito de solucionar la dificultad generada a raíz de inconvenientes familiares por los cuales fue desalojado de la vivienda de un familiar.

Ciertamente, la conclusión a la que llegó el ente acusador para pedir la preclusión de la investigación, no resulta coherente con las manifestaciones de los testigos en la presente actuación, quienes indicaron en sus declaraciones que el señor Realpe Silva vivía desde hacía varios años con su familia, de ahí que resulte, por lo menos, cuestionable la presencia del acusado en otro lugar, en las condiciones tan particulares que se indicaron en el proceso penal.

En efecto, el señor Henry Ruiz Ríos, en su declaración afirmó (se transcribe de forma literal, con los posibles errores):

“Yo al señor Felipe lo conozco hace unos seis años, (…) conozco a las hijas, a la hermana (…), el hermano (…) y conozco los nietos. (…) La casa donde vive el señor Felipe es pegadita a la casa donde yo vivo, en el barrio El Rodeo. (…) Preguntado: Sírvase manifestar al despacho como es la relación de Luis Felipe Realpe Silva con los miembros de su familia. CONTESTÓ: lo que he visto muy bien, porque es una familia muy unida con los hermanos, sus hijos, sus sobrinos (…)”(29) (se destaca).

Por su parte, el señor Carlos Augusto Muñoz, en diligencia de testimonio manifestó (se transcribe de forma literal, con los posibles errores):

“Yo conozco al señor Luis Felipe desde hace unos veinte años porque él vive allá al frente de la casa mía en el Barrio el Rodeo, él ahora vive con una hermana que se llama Otilia. (…) ellos la van muy bien entre la familia porque cada que hacen fiestas se reúnen allí y como yo vivo en frente a mí me han invitado también”(30) (se destaca).

Las declaraciones que se acaban de trascribir se oponen a los fundamentos del Fiscal que solicitó la preclusión, en la medida en que refieren que el señor Luis Felipe Realpe Silva vivía con su familia en un lugar distinto al que fue capturado, de ahí que no resulte posible concluir, como lo hizo el juez penal, que su presencia en el inmueble en que se hallaron los materiales explosivos era circunstancial.

Ahora bien, respecto de la posibilidad que le asiste a esta Jurisdicción para apartarse de las consideraciones y conclusiones del juez penal en un determinado evento, cuando las circunstancias así lo permitan, esta corporación ha sostenido lo siguiente:

“En primer lugar, es menester señalar que, si bien a esta jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, lo cierto es que, según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción (…)”(31) (se destaca).

Dicho de otra manera, si bien la conducta del señor Luis Felipe Realpe Silva no tuvo implicaciones penales desde el punto de vista de una condena por los delitos imputados, no puede perderse de vista que su presencia en el lugar donde se preparó el carro bomba fue motivo suficiente para proceder su captura e imponer la medida de aseguramiento, al margen de que luego, por apreciaciones subjetivas del Fiscal, se arribara a la conclusión de que el acusado se encontraba en el inmueble por dificultades para la consecución de vivienda, lo cual, según se acaba de explicar, resulta controvertible, a la luz de la prueba testimonial recaudada en este proceso.

En este orden de ideas, si bien la actuación no trascendió a la etapa de juicio oral y se dispuso la preclusión de la investigación, lo cierto es que la conducta del hoy demandante sí resultó, como mínimo, cuestionable por el hecho de estar en un inmueble que no era de su propiedad ni habitaba a título, por ejemplo, de arrendamiento, sino que ocupó con la supuesta aquiescencia de las personas involucradas en el acto terrorista, sin conocerlos, situación que en su momento resultó suficiente para que el juez de control de garantías impusiera la medida de aseguramiento, al margen de que, más adelante se aceptara la solicitud de preclusión presentada por el ente acusador.

Lo anterior para señalar que aun cuando se precluyó la investigación, por duda resuelta al favor del procesado, lo concreto es que su conducta resultó determinante para la actuación penal seguida en su contra, habida cuenta de que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos resultaron sospechosas para los funcionarios que lo capturaron y lo pusieron a órdenes de la autoridad judicial, pues no puede entenderse como algo normal que una persona cohabite con otras y desconozca absolutamente sus actividades, máxime tratándose de algo de connotaciones tan evidentes como la elaboración de un carro bomba.

Ciertamente, resulta necesario destacar que fue precisamente el Juez Penal de Conocimiento quien consideró poco creíble la explicación rendida por el Fiscal, en relación con las razones para que el procesado estuviera en la casa sin advertir la presencia de los explosivos, tan es así que, a pesar de haber accedido a la preclusión, cuestionó que los hechos hubieren pasado desapercibidos para el morador del inmueble.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la causa determinante del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía ni de la Rama Judicial al solicitar e imponer medida de aseguramiento, respectivamente, al señor Luis Felipe Realpe Silva, sino justamente la conducta de aquel –vivir en un inmueble de personas desconocidas y en presencia de artefactos utilizados para la realización de un acto terrorista- quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la investigación que se adelantó en su contra y a las decisiones proferidas por la autoridad judicial; asunto distinto es que el juez penal de conocimiento, con posterioridad, aceptara la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía, entidad que dio por cierta una supuesta situación de dificultad para conseguir una vivienda, aun cuando el acusado vivía con su familia en la misma ciudad con bastantes años de antelación, según se indicó en líneas anteriores.

Todo lo anterior para significar que la absolución del procesado no deviene en la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, por cuanto en el caso bajo estudio se estructuró la culpa exclusiva de la víctima, quien con su actuación dio lugar a la investigación penal y a la restricción de su libertad, lo cual se traduce en la exoneración del extremo pasivo frente a la imputación efectuada por el daño antijurídico supuestamente irrogado a los demandantes.

Como consecuencia de lo hasta aquí señalado, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, negará las pretensiones por haberse verificado la culpa exclusiva de la víctima como circunstancia de exoneración de responsabilidad.

7. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 26 de agosto de 2014, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, por haber operado la culpa exclusiva de la víctima, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

2. SIN condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Al respecto se puede consultar la sentencia del 24 de mayo de 2017, Expediente 49.740, sentencia del 30 de agosto de 2017, Expediente 51.057, sentencia del 23 de octubre de 2017, Expediente 52.070, sentencia del 6 de diciembre de 2017, Expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala.

15 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz, reiterado en sentencias del 22 de junio de 2017, Expediente 49.885 y 10 de noviembre de 2017, Expediente 47.294, entre muchas otras providencias.

16 De conformidad con los registros civiles de nacimiento que obran a folios 3 a 15 del cuaderno principal.

17 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, Exp. 13622. C. P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, Exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, Exp. 37410. C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Folio 72 del cuaderno principal.

19 Se tiene en cuenta que el tribunal decretó como prueba la copia del expediente contentivo de la actuación penal, documento que fue aportado por el Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Cali, por lo que se le dará valor probatorio al mismo, en tanto no fue tachado por las partes. De igual manera se advierte que se extraen, en lo pertinente, aquellos elementos probatorios que resultan relevantes para resolver la controversia.

20 Folios 42 a 46 del cuaderno principal.

21 Folios 243 a 245 del cuaderno 1.

22 Folios 195 a 198 del cuaderno principal del expediente 47011.

23 Según se indicó en el escrito de acusación, toda vez que se afirmó: “Luis Felipe Realpe Silva, es el encargado de cuidar la casa donde se prepara el carro bomba y se encaletan los explosivos desde el 20 de agosto de 2008 hasta el 10 de septiembre de 2008, fecha en que fuera capturado” (se destaca).

24 Minuto 33:30 a 37:30 de la grabación de la audiencia contenida en el CD que obra a folio 46 del cuaderno principal.

25 Minuto 38: 10 y siguientes la grabación de la audiencia contenida en el CD que obra a folio 46 del cuaderno principal.

26 Minutos 40:34 y siguientes de la grabación que contiene la etapa de formulación de imputación - CD que obra a folio 46 del cuaderno principal.

27 Al respecto puede consultarse la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014). Exp. (38438). C. P. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463. C. P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

28 Sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M. P. Hernán Andrade Rincón. Exp. 39049, reiterada en providencia del 23 de octubre de 2017, Exp. 49750, entre otras.

29 Folios 115 y 116 del cuaderno principal.

30 Folios 117 y 118 del cuaderno principal.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, Exp. 39.816, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.