Sentencia 2010-00894 de junio 18 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2010-00894-00

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., dieciocho  de junio de dos mil diez.

Discutido y aprobado en sesión de dieciséis de junio de dos mil diez .

Decide la Corte la acción de tutela instaurada por Cristian Giovanny Alzate Guerrero contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y Unidad de Fiscalía Delgada ante la Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes

1. Invocando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y libertad, el promotor del amparo solicita ordenar al tribunal accionado revocar la providencia que confirmó la proferida por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que negó su petición de  rebaja de pena  por confesión prevista en el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, considerando el sentido común y los principios y garantías constitucionales, así como el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

2. El accionante expone que fue condenado a 27 años de prisión por los punibles de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, según sentencias de 1 de junio de 2005 y 12 de julio de 2006, proferidas por el Juzgado  Diecinueve Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, respectivamente, cuyo cumplimiento es vigilado por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.

Ante el mencionado Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad solicitó redosificación de la condena por confesión con base en el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, petición denegada mediante auto de 24 de noviembre de 2009, confirmado en sede de apelación con proveído de 23 de marzo de 2010, bajo el argumento de que el encartado fue capturado en situación de flagrancia y, por consiguiente, no procedía aplicar el beneficio de que trata la citada norma, y porque tampoco confesó en su primera versión, pues esto último ocurrió en una segunda oportunidad, más exactamente en la ampliación de la indagatoria.

Asevera que solicitó rebaja de pena ante la Fiscalía General de la Nación, Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, invocando los artículos 413 y 414 de la Ley 600 de 2000, porque con su ayuda se logró investigar y juzgar a un copartícipe de las infracciones penales por las que fue condenado, pedimento también denegado mediante oficio DFGN/B-5017-MAMA de 3 de julio de 2009, tras considerar que si bien su versión sirvió para procesar y condenar a Andrés Iván Borrero Samboni éste no era cabecilla de una organización delictiva.

En estas condiciones señala que no puede entenderse ni aceptarse que la justicia tome su testimonio como única prueba dentro de un proceso para condenar a una persona, y después indique que no es merecedor de un descuento punitivo por colaboración con la justicia, o por confesión, porque dicho trato es discriminatorio y vulnera los principios fundamentales de igualdad, libertad y debido proceso.

3. La demanda de tutela correspondió por reparto a la Sala de Casación Penal de esta corporación, quien por auto de 31 de mayo de 2010, dispuso remitir las diligencias por competencia a la Sala Civil de la Corte, tras considerar que el accionante también manifiesta su inconformidad con la decisión de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

4. Admitida a trámite la demanda de tutela y libradas las comunicaciones de rigor, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, el Tribunal Superior del mismo distrito judicial y la Unidad de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, emitieron respuesta al respecto, según oficios que obran en el expediente.

Consideraciones

1. En reiterados pronunciamientos la Corte ha destacado el carácter excepcional de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, para obtener la inmediata protección, a través de un procedimiento preferente y sumario, de los derechos fundamentales frente a su vulneración o amenaza por acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, por los particulares.

Debido a su naturaleza excepcional, dicho mecanismo, en línea de principio, no actúa frente a providencias o actuaciones, salvo la presencia de una ostensible y manifiesta “vía de hecho”, no susceptible de remediar a través de los instrumentos regulares de control, siempre y cuando se cumplan el requisito de la inmediatez en su ejercicio.

2. En el caso específico el demandante cuestiona, de un lado, las providencias de primera y segunda instancia de 24 de noviembre de 2009 del  Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y 23 de marzo de 2010 de la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad que denegaron la solicitud de redosificación de la pena formulada con fundamento en el artículo 283 de la Ley 600 de 2000; y, del otro, el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de 3 de julio de 2009, denegatorio de la solicitud de concesión de beneficios por colaboración eficaz con la administración de justicia, formulada por el encartado Alzate Guerrero, por no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 413 de la citada ley.

Conforme al anterior planteamiento, esta acción pública no puede abrirse paso, por cuanto, en primer término, la providencia del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y su confirmatoria en sede de apelación no se muestran opuestas al orden jurídico, pues tales determinaciones las soportaron las autoridades acusadas mediante una interpretación aceptable del artículo 283 de la Ley 600 de 2000; y, en segundo lugar, porque frente a la decisión de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el reclamo constitucional desconoce el principio de la inmediatez, teniendo en cuenta que entre la resolución DFGN/B-5014/FCM del 20 de agosto de 2009 (decisoria del recurso de reposición interpuesto contra la que a su vez negó la concesión de beneficios por colaboración con la administración de justicia) y la interposición de la demanda de tutela —26 de mayo de 2010—, transcurrieron más de ocho (8) meses, lapso superior al establecido por la constante jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional (sentencias 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01 y 4 de septiembre de 2007, exp. 2007-01316-00); circunstancia que descarta la urgencia del reclamo e inhabilita al juez de tutela para adentrarse en el contenido de la queja.

En efecto, la negativa a conceder la rebaja de pena por confesión, se fundamentó en que Alzate Guerrero fue capturado en estado de flagrancia, situación confirmada y aprobada por el juzgado que lo condenó, por lo que, entonces, se configuró la excepción establecida en el artículo 283 de la Ley 600 de 2000 en donde precisamente se contempla que el beneficio cobija a quienes se encuentren “fuera de los casos de la flagrancia”, postura acogida por el Tribunal accionado en providencia de 23 de marzo de 2010, decisoria del recurso de apelación, en tanto consideró que para dar estricto cumplimiento al contenido de la precitada norma “…debe verificarse de forma precisa la confluencia de cada uno de sus requisitos esto es (i) no haber sido capturado en flagrancia (ii) [c]onfesar en la primera versión ante funcionario judicial (iii) [q]ue la confesión sea el fundamento de la sentencia”, puntualizando en el caso particular que el encartado fue aprehendido en situación de flagrancia y, por  consiguiente, no era dable aplicar el beneficio allí dispuesto, pues la norma de manera expresa excluye a las personas capturadas en tal situación, amén de que el justiciable sólo confesó los hechos en una segunda oportunidad ante los funcionarios judiciales, más exactamente en la ampliación de la indagatoria y no en la primera como lo exige el precepto aludido, lo que de por sí lo exceptúa del beneficio.

Bastante se ha dicho, la intervención del juez constitucional se explica en presencia de un error mayúsculo que cercene abruptamente el ordenamiento jurídico, no susceptible de remedio por los cauces regulares de defensa judicial,  siempre y cuando se cumplan los demás requisitos de procedibilidad, pues, la acción de tutela no es un recurso más para atacar las determinaciones adoptadas hacia el interior del trámite, mucho menos cuando éstas son producto de una labor hermenéutica admisible efectuada por la autoridad en el marco de su competencia.

3. De manera que si, como quedó visto, la decisión del tribunal, confirmatoria de la de primera instancia, dista de configurar vía de hecho, y, de otra parte, el interesado no activó a tiempo este mecanismo excepcional de cara a la decisión de la unidad delegada, no queda otro camino que denegar el amparo solicitado.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: César Julio Valencia CopeteJaime Alberto Arrubla PaucarRuth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.