Sentencia 2010-00904 de julio 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 1100102030002010-00904-00

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Discutido y aprobado en Sala de veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012).

Bogotá D.C., cuatro de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, el recurso extraordinario de revisión procede, entre otras, frente a las sentencias ejecutoriadas emitidas por los tribunales superiores, con apoyo exclusivo en las causales consagradas en el canon 380 ibídem.

Remedio que, como tiene dicho la Corte, constituye una garantía para los afectados pues con su formulación se busca obtener la aniquilación de un pronunciamiento injusto, causales 1ª a 6ª; procurar el restablecimiento del derecho de defensa cuando ha sido seriamente quebrantado, 7ª y 8ª; o el mantenimiento mismo de la cosa juzgada, 9ª, supuestos estos que habilitan romper el carácter de firme e inmutable con el que los fallos se hallan revestidos por virtud de los efectos de la res judicata.

Ahora bien, por la connotación restringida que le es propia al referido mecanismo, para su prosperidad no es suficiente que la providencia que se cuestione haya sido proferida de modo incorrecto o que esté fundamentada de manera irregular, sino que es preciso que el impugnador invoque y demuestre por lo menos una de las hipótesis legalmente establecidas al efecto, cuyos supuestos fácticos deben constituir auténticas novedades procesales, para dar a comprender que ella solo tiene cabida ante “circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna”, que, por tanto, “constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empecé antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta” (Sent. 234, dic. 1º/2000, Exp. 7754).

2. En el presente escenario, los recurrentes acuden a la causal séptima para que se invalide lo actuado en el proceso ordinario de simulación en el que fueron demandados, argumentando, en esencia, que el apoderado de su contendora se precipitó a solicitar su emplazamiento con la manifestación de ignorar su domicilio y lugar de residencia, y no encontrarse registrados en el directorio telefónico, sin reparar que en la escritura pública que solemnizó el negocio jurídico cuestionado se indicó que el domicilio de los citados es Bogotá, ciudad en cuyo directorio telefónico, años 2001 a 2008, está enlistado Rafael Antonio García León.

3. Preliminarmente debe verificarse si la formulación de la demanda que convoca la atención de la Sala es oportuna, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, “el recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales, 1º, 6º, 8º y 9º del artículo precedente”, con la precisión de que “Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7º del mencionado artículo, los dos años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco años”.

Acá, los inconformes afirmaron conocer de la sentencia fustigada el 8 de julio de 2009, dato que no fue controvertido ni desvirtuado, mientras que el libelo extraordinario lo radicaron el 3 de junio de 2010, esto es, que no transcurrió el bienio que prevé el precitado canon.

4. El motivo invocado se configura por “estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 (hoy 140), siempre que no haya saneado la nulidad”, y “(...) su fundamento está, pues, en la injusticia que implica adelantar un proceso a espaldas de quien ha debido brindársele la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o cuando menos de ser oído, notificándolo o emplazándolo debidamente, o asegurando su correcta representación (...)”, sentencia de revisión de 24 de noviembre de 2008, Exp. 2006-00699.

En lo relativo a las circunstancias que deben preceder a una petición de emplazamiento, para que el mismo se entienda surtido en debida forma, la Corte de vieja data ha expresado, en pronunciamiento que no obstante las modificaciones legislativas conserva su vigencia y es perfectamente aplicable tanto a las situaciones en él descritas como al caso aquí examinado, lo siguiente:

“Dentro de las complejas connotaciones que a la lealtad procesal le suelen ser atribuidas, se destaca aquella en virtud de la cual se le impone al litigante la obligación de honrar la palabra dada, esto es, de no traicionar la confianza que el juez o las partes depositan en sus dichos. De las muchas manifestaciones que las partes deben hacer, adquiere particular importancia aquella por cuya virtud se le autoriza para que afirme que ignora la habitación y el lugar de trabajo del demandado, e, igualmente, que este no figura en el directorio telefónico, o que está ausente y se desconoce su paradero, todo ello con miras a que el juez decrete su emplazamiento en los términos del artículo 318 ibídem. Como es sabido, por mandato del artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, debe hacerse personalmente la notificación al demandado o a su representante o apoderado judicial, del auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general la de la primera providencia que se dicte en todo proceso, disposición con la cual quiso asegurarse el legislador que el demandado tuviera un conocimiento directo e inmediato de la causa adelantada en su contra, con el fin de garantizarle el cabal ejercicio del derecho de contradicción. De manera excepcional, y con miras a salvar el escollo que se le presenta al demandante que desconoce el paradero de su demandado, dispone el artículo 318 ejusdem que ‘... Cuando el interesado en una notificación personal manifieste bajo juramento, que se considera prestado por la presentación de la solicitud, que ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado personalmente y que este no figura en el directorio telefónico, o que se encuentra ausente y no conoce su paradero, el juez ordenará el emplazamiento de dicha persona ...’ Si ‘... transcurridos cinco días —agrega más adelante la norma— sin que el demandado haya comparecido a notificarse, el juez le designará curador ad litem, con quien se surtirá la notificación ...’ Mas, como acaba de decirse, esta forma excepcional de convocar al litigio al demandado, por su propia naturaleza solo suple la notificación personal de que trata el artículo 314 idem, en la medida en que se satisfaga de manera exacta el supuesto fáctico que la norma prevé, es decir, que el demandante ignore la habitación o el lugar del trabajo del demandado. Pero esta nesciencia que exige la ley como supuesto de índole factual, vista a la luz de los principios éticos antedichos, no puede ser la ignorancia supina, es decir la de aquel negligente que no quiere saber lo que está a su alcance, o la del que se niega a conocer lo que debe saber, pues en estas circunstancias, es de tal magnitud su descuido que, frente a la confianza que tanto el juez como la parte le han depositado y que reclaman de él un comportamiento leal y honesto, equivale a callar lo que se sabe, es decir, es lo mismo que el engaño. De ahí que, luego de describirlo como un ‘comportamiento socarrón, notoria picardía que trasciende los límites de la ingenuidad’ haya dicho la Corte: ‘... En conclusión, si de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil solo puede procederse al emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente del auto admisorio de la demanda cuando se ignore su habitación y el lugar de su trabajo, es claro que tal medio de notificar no puede emplearse cuando quien presenta la solicitud de emplazamiento si conoce esos lugares o al menos, cuando existen razonables motivos para inferir que no es posible desconocerlos ...’ (Sent. oct. 23/78)”, sentencia de revisión de 3 de agosto de 1995, Exp. 4743.

5. Como hechos relevantes para la resolución del presente asunto, se resaltan:

a) Que Insafil Ltda. vendió un inmueble ubicado en el municipio de Girón, Santander, a Sandra Patricia y Elcy Judith Garzón Martínez, José Antonio Acevedo Gómez y Rafael Antonio Garzón León, negocio que elevaron a la escritura pública 243 de 19 de octubre de 1994 otorgada en la Notaría Cincuenta y Nueve del Círculo de la capital de la República, en la cual se señaló que los compradores están “domiciliados en Santafé de Bogotá” (fls. 23 a 26, cdno. 1).

b) Que el 1º de octubre de 2003, el apoderado de la mencionada persona jurídica, en ese momento en liquidación obligatoria, pidió la simulación absoluta del aludido acuerdo de voluntades, para lo cual convocó a los adquirentes y a Edgar Antonio Garzón Martínez, de quienes manifestó, bajo la gravedad del juramento, que “desconocemos el domicilio o lugar de residencia ... y tampoco figuran en el directorio telefónico de la ciudad [Bucaramanga]” (fls. 39 a 43 ibídem).

c) Que el 23 de noviembre de 2004, el Juzgado Primero Civil del Circuito de la capital de Santander ordenó el emplazamiento de los contradictores, previa petición del mandatario de la reclamante, reiterando lo que con antelación había advertido en el pliego introductor (fls. 52 y 53 id).

d) Que se designó curador ad litem a los accionados, con quien se surtió la notificación, sin que se opusiera a las súplicas de la sociedad (fls. 68 a 70).

e) Que el 5 de junio de 2008, el tribunal confirmó la sentencia de primer grado, que declaró absolutamente simulada la venta contenida en la escritura, dispuso las anotaciones pertinentes y ordenó la devolución del inmueble en el término de un (1) mes; pero la adicionó precisando que la “declaratoria de simulación no afecta la cadena de tradición de los terceros adquirentes de buena fe”, y que la “indemnización o restitución por equivalencia”, es por la suma de trescientos ochenta y cinco millones trescientos dos mil trescientos ochenta pesos ($385.302.380), folios 27 a 43 del cuaderno de apelación.

f) Que el 12 de noviembre de la prenombrada anualidad, el a quo ordenó seguir adelante la ejecución por la condena dineraria impuesta a los demandados (fls. 5 y 6, cdno. 4).

g) Que el 8 de junio de 2010, se admitió a trámite el incidente de nulidad formulado por los promotores de la revisión, con fundamento en las causales 8 y 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el cual quedó en la etapa instructiva, por efecto de la interposición del recurso extraordinario y el envío de las diligencias a la Corte (fls. 13 a 27, cdno. 7).

h) Que Publicar S.A. certificó que Rafael Antonio García León aparece en los directorios telefónicos de Bogotá entre los años 2002 y 2008, y, particularmente para la fecha de la demanda de simulación, registraba las direcciones calle 37 sur Nº 29-54 y carrera 11 A Nº 10-70 S (fls. 163 a 184, cdno. de la Corte).

6. Si bien el artículo 30 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del 318 del estatuto procesal civil, no incorporó la exigencia de manifestar que la persona objeto de notificación no aparece en el directorio telefónico a efecto de proceder con su emplazamiento, no por ello se eliminó el deber de diligencia, verificación y cuidado que implica aseverar que de alguien se “ignora la habitación y el lugar de trabajo”, pues, es claro, que a la luz de las herramientas tecnológicas que hoy en día se ofrecen, es viable localizar a un individuo no solo con el “directorio telefónico”, bien en papel o digital, sino también con los “motores de búsqueda” que ofrece internet.

Al respecto, la Sala en sentencia de 24 de octubre de 2011, Exp. 2009-01969-00, explicó que “sabido que el artículo 30 de la Ley 794 de 8 de enero de 2003 —la cual empezó a regir a partir del mes de abril de esa anualidad— derogó el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y, entre otras connotaciones, suprimió la carga de aseverar que el sujeto a notificar no aparece en el directorio telefónico, es que, en principio, en virtud a que esa modificación normativa ya era obligante a la sazón de la petición de emplazamiento de que aquí se trata, pudiera entenderse que la ligera manifestación en ese sentido realizada por los allí demandantes no implicaría quebranto alguno de cara a la validez del trámite de intimación de tal modo surtido; empero, no puede olvidarse que la norma en comento lejos estuvo de eliminar el deber procesal específico que se desprende de la manifestación que es menester elevar en el sentido de que se ‘ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien deba ser notificado’, es decir, que, con todo, la parte litigiosa que así pide, ni más faltaba, aún soporta la exigencia de asumir las anejas cargas procesales que dicho ejercicio judicial impone, puesto que al ejercitarla surge el inaplazable e imperioso deber de constatar escrupulosa y acuciosamente lo que se afirma, a fin de efectuar dicha actuación correctamente por cuanto que solo así se obtiene el adelantamiento de un litigio impoluto. En ese orden de ideas, los imperativos de corrección y lealtad procesales le imponen al demandante acceder a medios de información más asequibles, como puede ser, por vía de ejemplo, el listado de las personas que se encuentran en los directorios telefónicos, con miras a poder decir de manera contundente que desconocían realmente el lugar donde recibían notificaciones los demandados; por supuesto que, como ya lo pusiera de presente la Corte, no le es dado a la parte hacer valer en su favor su propia negligencia e, igualmente, que no averiguar lo que está allí evidente, es decir la ignorancia supina, es tanto como incurrir en engaño”.

7. En tales circunstancias, se abre paso la impugnación extraordinaria promovida por Rafael Antonio Garzón León, toda vez que en el sub examine, la demandante tenía a su disposición elementos suficientes para deducir, razonablemente, que su domicilio no era la ciudad de Bucaramanga, sino Bogotá, pues, en efecto contaba con la declaración de voluntad que al respecto se emitió en la escritura pública en la que se formalizó el negocio jurídico debatido; y con ella, diligentemente, hubiera podido advertir que figuraba en el directorio telefónico de esta capital con dos direcciones claramente especificadas y a las cuales era preciso enviar las comunicaciones de que trata el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil; información que inevitable e imperativamente imponía que era en tales lugares, claramente determinables, donde debía hacerse tanto la citación como la notificación de rigor legal.

De tal manera que la petición de emplazamiento, en lo que a él atañe, resultó, evidentemente, apresurada e infundada, con lo que se desatendieron los requisitos del canon 318 ibídem, en su texto actual, que valga reiterarlo es el aplicable a este caso concreto, y por ese camino se malogró el enteramiento que se hizo por medio de curador ad litem, sin que se vislumbre la existencia de la temeridad a que se refiere Insafil S.A. en liquidación en el escrito de réplica.

Y es que, como lo ha predicado la corporación “si en gracia de discusión —y solo en esa medida— se admite que [los demandantes] no supieron del domicilio de sus demandados, fue debido a su negligencia grave, que por ser tal ha de ser asimilada al dolo, desde luego que, vistas las circunstancias de hecho que la rodearon, carece de toda exculpación posible” (Sent. ago. 3/95, Exp. 4743).

Se estructura, entonces, la nulidad denunciada, esto es, la prevista en el numeral octavo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la que por lo demás no fue saneada, habida cuenta que quien fue indebidamente vinculado solo acudió al litigio, una vez ejecutoriada la sentencia de seguir adelante la ejecución por la condena impuesta en el declarativo, y con el único propósito de alegar su irregular convocatoria; articulación que por lo demás quedó en la etapa instructiva por virtud del presente remedio, sin que sea necesaria su culminación en atención a la decisión a tomar.

8. A pesar de lo anterior, es importante advertir que no concurre igual éxito respecto de los restantes opugnadores, por las siguientes razones:

a) Si bien en la escritura pública 243 de 19 de octubre de 1994, otorgada en la Notaría de Cincuenta y Nueve de Bogotá, consta que en esta ciudad se encuentran domiciliados José Antonio Acevedo Gómez, Elcy Judith y Sandra Patricia Garzón Martínez, tal atestación no está acompañada de una dirección de respaldo o las indicaciones que precisen en que parte concreta de la capital podían ser localizados (fls. 23 a 26, cdno. 1).

b) De igual manera, de las pruebas recaudadas no se establece la posibilidad de que su oponente, con o sin esfuerzo, pudiera precisar el lugar del domicilio o residencia de los otorgantes del instrumento, ni que aquel tuviera conocimiento de que todos ellos reciben notificaciones en el mismo sitio que Rafael Antonio Garzón León, como informan en el libelo (fl. 82).

c) Tampoco se advirtió sobre la existencia de información de los encartados en directorios, redes sociales o bancos de datos, de tal manera que se facilitara su enteramiento por medios escritos, electrónicos o tecnológicos, lo que sirve de respaldo a la afirmación del promotor del ordinario en el sentido de que no conocía su paradero.

d) El malestar frente a que se divulgó el edicto en “el periódico de Bucaramanga Vanguardia Liberal” no es suficiente para desvirtuar que dicho medio de comunicación es de amplia circulación nacional, como lo exige el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, lo consideró el a quo en el proveído de 23 de noviembre de 2004 y fue certificado por el jefe del departamento servicio al cliente de la publicación (fls. 53 y 57, cdno. 1), frente a lo cual se entiende cumplido el fin garantista del anuncio.

e) En cuanto a la situación de Martha Yolanda Baquero Carrascal, Damián Camilo y Edgar Andrés Garzón Baquero, quienes actúan como cónyuge supérstite y herederos del fallecido Edgar Antonio Garzón Martínez, es de advertir que su inconformidad no deriva del hecho de que se inició el trámite con posterioridad a la defunción de este, sin que fueran convocados como continuadores de su personalidad, sino que coadyuvan el argumento de que “no se cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil para solicitar el emplazamiento de los demandados”, proceder que sanea cualquier irregularidad predicable respecto de ellos antes de su intervención.

Esto es así, en la medida que si no se dirigió la acción en su contra y ni siquiera fueron citados en el transcurso del proceso, en la calidad que acreditan, mal podían reclamar que fueron indebidamente notificados sin vincular tal situación al incumplimiento de los requerimientos contemplados en el artículo 81 ibídem, por haberse adelantado el proceso con posterioridad al deceso de uno de los demandados, como si este siguiera con vida, respecto de lo cual guardaron silencio.

Con tal proceder se convalidan las actuaciones en relación con quienes comparecen como esposa e hijos del causante, sin que sea viable, por la naturaleza extraordinaria de esta vía, hacer extensivos los efectos anulatorios frente a circunstancias ajenas a las propuestas, ya que al pasar por alto las demás irregularidades existentes se entiende que no las consideraron lesivas para sí, asumiendo, por ende, las consecuencias de su omisión. Lo anterior sin perjuicio de las medidas de saneamiento que debe tomar el funcionario correspondiente como consecuencia de la prosperidad parcial del recurso.

En ese sentido, en fallo de 5 de diciembre de 2008, Exp. 2005-00008, expuso la Sala que “su finalidad correctora [del recurso de revisión], excluye la posibilidad de replantear la cuestión litigiosa decidida en las instancias, enmendar falencias, yerros u omisiones de las partes, ‘situaciones graves y perjudiciales que hubieran podido evitarse en el proceso con una gestión oportuna y eficaz de la parte afectada con la sentencia cuya revisión se pretende’ (CXLVIII pág. 46), mejorar la conducta procesal, abordar puntos o medios conocidos no propuestos ab initio por circunstancias imputables y tampoco autoriza al juzgador a analizar ex officio aspectos diferentes a los invocados en la causal ni a realizar un estudio detenido del debate, por supuesto que no es una instancia más, sino un recurso extraordinario y excepcional (Sent. 029, jul. 25/97)”.

9. Ahora bien, retomando lo concerniente al vicio procesal que aquí se materializa exclusivamente respecto de Rafael Antonio Garzón León y ante la improsperidad para los demás, es conveniente advertir que su declaración abarcará las actuaciones surtidas con posterioridad a la admisión de la demanda, dado que, según el artículo 146 ibídem “la nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este”, conclusión a la que arribó la Sala en reciente pronunciamiento de casación, a pesar de estar en presencia de un litisconsorcio necesario por pasiva.

En efecto, en sentencia de casación de 1º de marzo de 2012, Exp. 2004-00191-01, expuso la corporación que “al verificarse el indebido emplazamiento de los ‘sucesores de Jaime Lara Aguancha’, dentro de los cuales se cuenta el recurrente en casación, señor Alberto José Lara del Castillo, el cargo se abre paso, razón por la cual se declarará la nulidad de lo actuado, a partir de los emplazamientos realizados, dejando bien claro que la decisión beneficia únicamente al inmediatamente citado, no así a los demás recurrentes, y que las pruebas practicadas conservarán su validez y tendrán eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirlas, según lo previsto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil”.

La Corte no desconoce que en fallo de revisión de 1º de diciembre de 1995, Exp. 5082, se señaló que en presencia de un “litisconsorcio necesario”, el fenómeno anulatorio “no se puede escindir y habrá de surtir efectos frente a toda la parte demandada en el proceso ordinario, en aplicación de lo preceptuado por la parte final del inciso tercero del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil”, por lo que se dispuso abolir toda la actuación desde la propia formación de la relación jurídica procesal; sin embargo, un nuevo examen del asunto conduce a la Sala a rectificar dicho precedente y, por ende, a concluir de modo diverso, como pasa a explicarse:

a) Para determinar los efectos de la nulidad declarada, el legislador contempló una norma específica, valga decir, el artículo 146 ib., que sin excepción alguna sobre la naturaleza de la relación sustancial que se debate o las partes que acuden al litigió, consagró que “la nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este”.

Por lo tanto, no es en otro lugar del estatuto procesal civil en donde debe averiguarse sobre las secuelas del vicio adjetivo declarado, máxime cuando ese canon representa un evidente desarrollo del principio de la economía procesal, cuyo postulado es, en esencia, “obtener el mayor resultado con el mínimo de actividad procesal”.

b) El artículo 142 ibídem disciplina la oportunidad y el trámite de las “nulidades” de índole procedimental; el último apartado del inciso tercero, como se desprende de su fácil lectura, en manera alguna ordena que en tratándose de “litisconsortes necesarios” el vicio en favor de uno invalide las actuaciones surtidas respecto de los otros; llanamente establece que “la declaración de nulidad solo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario”.

Y beneficiar, en el contexto aludido, no significa dejar sin efecto actuaciones, sino simplemente resaltar que ante la bienandanza de la petición de nulidad de un listisconsorte necesario, los demás se aprovecharán de sus excepciones, de sus pruebas, de sus recursos y de sus alegatos, etc.; lo cual guarda perfecta concordancia con el artículo 51 ib. en el entendido de que “cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás”.

c) En suma, una interpretación lógica y sistemática de las reglas incorporadas en los preceptos 142 y 143 del Código de Procedimiento Civil, lleva a determinar que cuando se decreta una nulidad, lo procedente es renovar exclusivamente la actuación viciada, sin reparar en que el solicitante integre un litisconsorcio necesario, pues, los “beneficios” de los demás “litisconsortes” dependerán del resultado de los actos que formule aquel.

10. Como resultado de lo anterior, al declarar fundada la causal séptima de revisión en lo que atañe únicamente a Rafael Antonio Garzón León, con la consecuente invalidación de todo lo actuado en el respectivo litigio con posterioridad al auto que le dio inicio, las pruebas allí practicadas conservarán validez, y tendrán eficacia respecto de quienes tuvieron la oportunidad de contradecirlas.

11. La Corte estima que no es del caso imponer la multa prevista en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, porque lo que de acuerdo con lo discurrido se puede reprochar de la demandante es su incuria en averiguar el domicilio, residencia y lugar de trabajo de su contraparte, mas no que haya procedido con malicia, que, a juicio de la Sala, es el comportamiento que pretende reprimirse con la aludida sanción pecuniaria.

12. No habrá lugar a condena en costas de acuerdo con lo reglado en el inciso final del artículo 384 ibídem, y en el numeral 6º del canon 392 ejúsdem, pues, es claro que el éxito de la demanda en relación con uno de los impugnantes aprovechará, en los términos atrás precisados, a los otros. Adicionalmente, se cancelará la caución prestada, por extinción del riesgo amparado, según la regla cuarta del precepto 679 ib.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. Falla

1. Declarar la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario de simulación seguido por la Sociedad Santandereana de Filtros Infasil S.A. en Liquidación contra Rafael Antonio Garzón León y otros, únicamente respecto del citado Garzón León, con posterioridad al auto admisorio de la demanda.

2. Desestimar, por infundado, el recurso extraordinario de revisión en lo que se refiere a José Antonio Acevedo Gómez, Elcy Judith y Sandra Patricia Garzón Martínez, así como Martha Yolanda Baquero Carrascal, Damián Camilo y Edgar Andrés Garzón Baquero, cónyuge supérstite y herederos del fallecido Edgar Antonio Garzón Martínez, frente a quienes conservan validez las pruebas practicadas.

3. Ordenar la cancelación de las inscripciones ordenadas en las sentencias que dieron término a la precitada causa.

4. Exonerar de las costas a los impugnantes ante la prosperidad parcial del recurso.

5. Cancelar la caución que otorgó la parte recurrente en este asunto, previas las constancias de rigor.

6. Devolver, cumplido lo anterior, el expediente al juzgado de origen, junto con copia de esta providencia, a fin de que adopte los correctivos del caso, según se consideró.

7. Prevenir a la secretaría para que cumpla lo aquí dispuesto.

Notifíquese y devuélvase».