Sentencia 2010-00911/44177 de marzo 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2010-00911-01(44177)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Alexander Duque González y otras

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Temas: Prueba de la condición de compañera permanente / medios de prueba de la legislación procesal civil - de los documentos de identificación otorgados en el extranjero / valoración probatoria - marco normativo que establece la protección del desmovilizado / de la responsabilidad del Estado por su falta al deber de protección y cuidado a personas que requieren medidas especiales de seguridad - desmovilizados o reinsertados a la vida civil - lesiones a desmovilizado / no se probó que el daño resultara imputable a la demandada.

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado; 2) la oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa: 3.1) por activa: 3.1.1) de la condición de compañera permanente; 3.1.2) de los documentos de identificación otorgados en el extranjero; 3.2) por pasiva; 4) del marco normativo que establece la protección del desmovilizado; 5) de la responsabilidad del Estado por su falta al deber de protección y cuidado a personas que requieren medidas especiales de seguridad - desmovilizados o reinsertados a la vida civil; 6) el análisis de la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en el caso concreto: a) el daño, b) imputación a título de falla del servicio por omisión; 7) costas.

1. Competencia funcional del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia en atención a que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En efecto, la cuantía del proceso supera la exigida por la Ley 954 de 2005 para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa (500 SMLMV)(1), pues por concepto de perjuicios materiales se solicitó la suma de $ 456.000.000, en la modalidad de lucro cesante en favor de la víctima del daño.

2. La oportunidad de la acción.

Según la historia clínica que reposa en el plenario, el ataque con arma de fuego del cual fue víctima el señor Alexander Duque González y que desencadenó las lesiones físicas objeto de reclamación ocurrieron el 24 de septiembre de 2008(2). De ahí que el término de dos años de caducidad de la acción de reparación se habría de vencer el 25 de septiembre de 2010.

Sin embargo, faltando un día para el cumplimiento del plazo legal, el 24 de septiembre de 2010 se suspendió el cómputo de la caducidad en atención a que en esa fecha la parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial II Administrativa(3), trámite que se prolongó hasta el 9 de diciembre de 2010, luego de ser declarada fallida la audiencia por falta de ánimo conciliatorio.

Así pues, en consideración a que la demanda fue interpuesta el 10 de diciembre de 2010, día en que se vencían los dos años de caducidad, se concluye que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prescrita por el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

3. La legitimación en la causa.

3.1. Poractiva.

Recuerda la sala que el tribunal de primera instancia declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Mireya Silvana Arbeláez Cruz, Danna Daniela y Francy Yurani Duque Arbeláez, por no haberse acreditado la condición de cónyuge de la víctima de la primera de las mencionadas y la calidad de hijas en la que actuaban las demás.

En relación con la señora Mireya Silvana Arbeláez Cruz, el a quo puso de presente que no se practicaron pruebas testimoniales para demostrar su vinculación afectiva con la víctima y acto seguido indicó que los registros de nacimiento de las menores demandantes fueron otorgados en la República del Ecuador sin cumplir con las formalidades de ley para refrendar su validez en Colombia.

Uno de los argumentos de la apelación estribó en censurar esta determinación por hallarla nugatoria del principio que impone la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma.

Planteado el tema controversial en relación con la legitimación de las demandantes, la Sala abordará el análisis respectivo.

3.1.1. Delacondicióndecompañerapermanente.

Para resolver esta cuestión, la sala considera necesario advertir que si bien se ha concebido la prueba testimonial como un elemento idóneo para demostrar la relación afectiva y la convivencia sostenida entre dos personas a efectos de inferir la condición jurídica de compañero permanente en mérito de la cual concurre, lo cierto es no se pueden dejar de lado otros elementos de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil que siendo válidamente recaudados puedan conducir a la misma conclusión.

En punto a este tópico, la Corte Constitucional(4) ha sostenido reiteradamente que la calidad de compañero permanente no se encuentra sujeta a formalismos, sino que basta con la intención, singularidad y compromiso de una persona para constituir una comunidad de vida permanente.

Lo anterior se traduce en que no puede considerarse un imperativo normativo la exigencia de una prueba específica y restrictiva para demostrar la existencia de la unión marital de hecho.

Dicho lo anterior, la sala evidencia que en el expediente existen otros elementos de prueba que dan lugar a inferir la condición en que adujo actuar la demandante Mireya Silvana Arbeláez Cruz.

De la lectura de la historia clínica que obra en el plenario se desprende con claridad que quien asistió al señor Alexander Duque González durante su estancia en el Hospital Santa Clara, luego de ser víctima del ataque, fue la señora Mireya Silvana Arbeláez Cruz, a quien constantemente se identificó en el documento público en referencia como compañera permanente de aquel.

Así se registró en las anotaciones visibles a folios 35, 44, 71 y 161 del cuaderno 2 en las que de manera consistente e inequívoca se individualizó a aquella como la compañera permanente y acudiente responsable del paciente.

Con base en lo anotado, la sala estima que le asiste legitimación en la causa a la señora Mireya Silvana Arbeláez Cruz en calidad de compañera permanente de Alexander Duque González, lo que amerita modificar el fallo apelado en relación con ese aspecto.

3.1.2. Delosdocumentosdeidentificaciónotorgadosenelextranjero.

Evidencia la sala que los documentos aportados como prueba del parentesco supuestamente existente entre Alexander Duque González y las menores Francy Yurani Duque Arbeláez y Danna Daniela Duque Arbeláez, en calidad de padre e hijas correspondieron a las cédulas de ciudadanía(5) Nº 210082506-12 y 210082362-0 de la República de Ecuador(6).

Cabe indicar al respecto que para otorgar mérito probatorio a los referidos documentos públicos expedidos en el extranjero resulta imperativo remitirse a la previsión contenida en el artículo 259 del estatuto procesal civil, cuyo tenor consagró que:

“Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano”.

Emerge con nitidez que la norma de orden público establece dos exigencias inesquivables para valorar en Colombia los documentos públicos elevados en el extranjero:

i) Deberán ser autenticados ante el notario o cónsul del país de procedencia.

ii) La firma del cónsul se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Adicionalmente, los documentos que se pretenden hacer valer como medio probatorio en un proceso adelantado ante la Jurisdicción interna deben ceñirse a lo regulado por la Ley 455 de 1998, que incorporó al ordenamiento nacional la Convención suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, a través de la cual se previó la posibilidad de sustituir la legalización de documentos otorgados en el extranjero por el de apostille correspondiente.

Así las cosas, se impone colegir que por disposición legal expresa se exige que los documentos públicos elevados en el extranjero deben reunir los requisitos de autenticidad previstos en las normas nacionales a efectos de valorar su contenido. En defecto, serán desestimados como prueba.

En consideración a que los documentos de identidad de Yurani Duque Arbeláez y Danna Daniela Duque Arbeláez aportados al expediente no satisfacen las exigencias de ley para apreciarlos, a lo que se suma que no existe otro elemento de prueba dirigido a demostrar la condición que se alega, o al menos la de terceros damnificados, la sala confirmará la falta de legitimación en la causa por activa de las menores en mención.

3.2. Porpasiva.

Igualmente, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que contra esta entidad se dirigió la demanda al endilgársele la omisión en el deber de protección de la vida del demandante Alexander Duque González.

4. Del marco normativo que establece la protección del desmovilizado.

Una de las situaciones que se han presentado a lo largo de las últimas décadas con ocasión del conflicto interno armado que ha atravesado el Estado Colombiano ha consistido en la dejación de armas de quienes, siendo miembros de grupos armados al margen de la ley, han optado por desmovilizarse con el fin de reinsertarse a la vida civil y encausar su conducta en el marco de la legalidad.

Como respuesta a este fenómeno social, el legislador expidió la Ley 418 1997, por la cual se consagraron instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. Dicha disposición fue objeto de reformas y de prórrogas adoptadas mediante las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 142 de 2010, que, en síntesis, se orientaron a conceder beneficios y garantías para viabilizar la convivencia pacífica e incentivar el programa de reincorporación de los desmovilizados a la sociedad.

Alternamente, en desarrollo de esas políticas de reinserción, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 128 de 2003, contentivo del catálogo de beneficios otorgados a aquellos que por decisión individual abandonaran voluntariamente sus actividades como miembros de organizaciones subversivas y se entregaran a las autoridades oficiales.

Siguiendo ese esquema normativo se previó que las personas que pretendieran acceder a los beneficios previstos en el referido decreto debían presentarse ante jueces, fiscales, autoridades militares o de policía, representantes del Procurador, representantes del Defensor del Pueblo o autoridades territoriales, quienes informarían inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la guarnición militar más cercana al lugar de la entrega.

Desde el momento de la entrega del desmovilizado a las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 4º del Decreto 128 de 2003, al Ministerio de Defensa Nacional le asistiría el deber de prestar la ayuda humanitaria inmediata que requiriera el desmovilizado y su grupo familiar, dirigidas a cubrir sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, vestuario, transporte, atención en salud y debía realizar la valoración integral del desmovilizado.

Igualmente, debía gestionar la consecución de instalaciones especiales de seguridad para efectos de alojar a los desmovilizados y así procurar su integridad personal y permanencia.

A su turno, el artículo 8º del decreto en mención, en relación con los beneficios de protección y seguridad que habrían de prestarse al desmovilizado y su grupo familiar, estableció:

“ART. 8º—Beneficios de protección y seguridad. El Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior(7), según corresponda, coordinarán con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Policía Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al desmovilizado o reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto último fuese necesario”.

Posteriormente, el Decreto 2816 de 2006, por el cual se diseñó y reglamentó el programa de protección de derechos humanos, en su artículo 7º dispuso que “Toda persona u organización que presente solicitud de protección, es responsable de la información que allegue al programa. Si la solicitud se presenta a través de un tercero, este deberá acreditar autorización escrita de su representado”.

Igualmente, en el artículo 10 del reglamento se previeron los criterios que debía seguir la autoridad competente para la evaluación de la solicitud de protección, tales como el origen de la amenaza y la relación causal. En ese orden, la amenaza debía estar originada en la violencia armada. En ese sentido se indicó que “la amenaza debe estar originada en la violencia armada organizada y, en razón, o como consecuencia del ejercicio directo de las funciones, cargo o actividad del solicitante”.

Finalmente, el artículo 13 del mencionado decreto dispuso que “La Policía Nacional o el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a solicitud del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, realizarán el estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza al solicitante, que será presentado ante el CRER, como insumo para el análisis y la recomendación de las medidas correspondientes”.

5. De la responsabilidad del Estado por su falta al deber de protección y cuidado a personas que requieren medidas especiales de seguridad - desmovilizados o reinsertados a la vida civil.

En múltiples oportunidades, la Sección Tercera de esta corporación ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la responsabilidad que se atribuye al Estado por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte o lesiones que sufren personas que en virtud de su condición de vulnerabilidad, por razones conexas con el conflicto armado interno, se someten a un estado superior de peligro que demanda una especial protección y cuidado de parte de los estamentos de seguridad, como ocurre en el caso de quienes se han acogido al proceso de desmovilización de organizaciones armadas al margen de la ley y de reinserción a la vida civil.

A propósito de la cuestión reseñada, esta Subsección se pronunció frente a la responsabilidad que se imputó al estamento público demandado por razón de la muerte de una persona que, tras haber pertenecido al M-19, había dejado las armas y se había reincorporado a la sociedad, no obstante lo cual fue objeto de amenazas contra su vida, las que a pesar de ser conocidas por el ente de seguridad no fueron debida y oportunamente atendidas. En esa oportunidad, la sala resolvió:

“El señor Arias López sí se encontraba bajo amenazas de muerte, al parecer por haber pertenecido al M-19, y que de ello dio información a su círculo social, a la gobernación del Tolima y al Ministerio Público; de hecho, la personería municipal de Ortega (Tolima), después del atentado en el que aquel perdió la vida, certificó que el hecho se presentó “por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno” (…) en virtud de la primacía de los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad humana, bastaba con que la entidad en posición de garante, en este caso la gobernación del Tolima, conociera de la situación de amenaza en que se encontraba el funcionario, para que, a través del Comité Especial de Docentes Amenazados, adelantara el estudio pertinente y, de ser del caso, gestionara los trámites para su reubicación, sin perjuicio de que, en el marco del proceso, se instara al solicitante para que reuniera los demás requisitos que considerara necesarios para continuar con el mismo, pues, no era admisible, de ninguna manera, que la administración, en su afán de dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico, sacrificara el deber constitucional que le asistía respecto del señor Arias López, esto es, el de salvaguardar y proteger, por encima de todo, su vida y su integridad; no obstante, esto no se hizo. (…) la jurisprudencia ha sido enfática en sostener que es deber del Estado brindar atención y protección a todas las personas que residen en su territorio, en especial a aquellas que se encuentren en alta situación de vulnerabilidad y en riesgo de muerte por amenazas de terceros, para lo cual debe adoptar todas las medidas necesarias y que tenga a su alcance para garantizarle su seguridad, de suerte que, si omite tal obligación, compromete su responsabilidad y debe resarcir los daños que, con su conducta activa u omisiva, llegue a causar, tal como sucedió en el presente caso, en el que, pese a que la muerte de José Oscar Arias López fue causada por un tercero, el departamento del Tolima tenía conocimiento de que la víctima estaba amenazada de muerte y, sin embargo, no adelantó ninguna gestión tendiente a proteger su vida”(8).

A su turno, la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación, en providencia de 2015, consideró que al Estado, en cabeza del Ministerio de Defensa, le asistía el deber de protección especial y de seguridad respecto de las personas que ostentaran la condición de desmovilizados o reinsertados, debido al nivel de riesgo al que se encontraban expuestos y que se hallaba vinculado al entorno del conflicto interno armado:

“El deber de especial protección que tienen las autoridades frente a los reinsertados, se acentúa en situaciones de emergencia en las cuales sus derechos fundamentales estén expuestos a un nivel significativo de riesgo, y mucho más cuando ello es consecuencia del conflicto armado. (…) Habida cuenta de su especial nivel de riesgo, consustancial a su condición en el marco del conflicto interno, se impone para el Estado una especial protección tendiente a garantizar las condiciones básicas de su seguridad personal, protección que inclusive, por mención del artículo 42 de la Constitución Política debe hacerse extensiva a quienes conformen, junto con el individuo reinsertado, un núcleo familiar.

“(…).

“Para la sala es fehaciente que existió una falla en el servicio, toda vez que obra en el plenario solicitudes por parte del demandante de protección debido a su condición de reinsertado, e igualmente del testimonio del ex consultor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, así como de los demás medios probatorios apreciados en conjunto, se observa que la parte demandante no fue objeto de la respectiva protección de su integridad personal acorde con las circunstancias particulares de su caso, es decir, el estado de riesgo en que se encontraba por ser un desmovilizado de las FARC.

“(…) Es claro entonces, que en el presente asunto, al Estado se le imponía el deber de brindar protección y atención al demandante, en especial por su alta situación de vulnerabilidad y riesgo, para lo cual debía adoptar las medidas necesarias para mitigar dicha situación y garantizar de forma efectiva el derecho fundamental a la seguridad personal, por lo que, como manifestó el a quo, la administración se limitó a cumplir con el programa de reinserción en su aspecto económico, sin tomar en cuenta la seguridad personal del ciudadano Espitia Villa”(9).

En oportunidad posterior, la Subsección B, de la Sección Tercera de este Alto Tribunal, al decidir una demanda interpuesta en ejercicio de la acción de reparación directa contra al Ministerio de Defensa, por los perjuicios derivados de la muerte de un miembro de las autodefensas, concluyó que si bien las personas en condición de desmovilizados requerían una protección especial del Estado, atendiendo a las particularidades de cada caso, en ese evento no se demostró que para la época de los hechos la víctima se hubiera hallado en tal situación:

“La Sala advierte que si bien para la fecha en que se dio el deceso de John Jairo Rivera Varela ya se encontraba en vigencia la Ley 782 de 2002, mediante la cual el gobierno nacional quedó facultado para la creación de zonas para la ubicación temporal de miembros de grupos armados al margen de la ley que se encontraran incursos en un proceso de paz, territorios dentro de los cuales se suspendieron la ejecución de órdenes de captura y se asignó a la Fuerza pública un deber de especial protección en favor de quienes se encontraran en proceso de reincorporación a la vida civil, no solo al interior de estas, sino además, amplió su protección hasta los territorios de paso obligado para su desplazamiento hacia ellas o ante un eventual retorno al lugar de origen, lo cierto es que lo que se acreditó al interior del expediente es que la creación de esta zona especial, de cara a la desmovilización del Bloque “Mineros” se dio en una fecha posterior a la de la muerte de John Jairo Rivera Varela”(10).

Posteriormente, en un caso en el que se solicitó la declaratoria de responsabilidad del Estado por la muerte de una persona desmovilizada y reinsertada a la población civil, hecho que se produjo como consecuencia del obrar ilícito y premeditado del ente castrense en medio de un enfrentamiento armado, la Subsección B de esta Sección decidió condenar a la entidad accionada con base en los siguientes razonamientos:

“Está proscrita toda conducta realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados, como lo fue la conducta cometida en el caso de autos por los militares que participaron en la operación desplegada en el sector denominado La Maya, ubicado entre los caseríos de Carital y Sevillano Jurisdicción de Ciénaga la zona rural de Tello —Huila—, consistente en quitarle la vida a unos reinsertados no combatientes y luego exhibirlos como delincuentes dados de baja durante un enfrentamiento armado”(11).

Por oposición y atendiendo a esos mismos reflexiones, se ha concebido la ausencia de responsabilidad que se endilga al Estado en aquellos eventos en los que no se evidencia que la víctima se hubiera hallado inmersa en una situación de peligro o amenaza que exigiera un despliegue de medidas especiales de protección(12).

Como se aprecia, la postura imperante respecto del régimen de responsabilidad y el título de imputación que ha servido como orientación para la resolución de casos análogos al que ocupa la atención de la sala ha privilegiado la aplicación del régimen subjetivo bajo el título de falla del servicio por omisión en la posición de garante del Estado, cristalizada en el incumplimiento del deber de protección y cuidado sobre personas que requieren la adopción de medidas especiales de seguridad, en consideración a la situación de peligro al que se exponen en condición de desmovilizados de grupos subversivos o paramilitares que abandonan las actividades ilegales ejecutadas al interior de estos grupos y se entregan voluntariamente ante las autoridades oficiales.

Se agrega que el conocimiento de la situación de riesgo o amenaza puede tenerse porque existe requerimiento previo del reinsertado en condición de vulnerabilidad o porque la autoridad, por cualquier otro medio, conoce o infiere la situación de amenaza o riesgo por la que atraviesa determinada persona o bien.

Esta carga de protección se acentúa de cara al hecho de que, según la normativa que sirve de apoyo al proceso de desmovilización, los entes encargados de salvaguardar la vida e integridad de la población civil deben tomar las medidas necesarias, requeridas para brindar seguridad tanto al desmovilizado o reincorporado, como a su familia.

En ese orden, si bien en tanto la solicitud de protección constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, cuando este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se materializa, también lo compone la notoriedad pública de la situación de peligro que haga forzosa la intervención del Estado; ciertamente, para configurar esa imputación resulta indispensable igualmente establecer que el hecho dañoso se dio como consecuencia directa del riesgo al que se sometía la víctima con ocasión de su desmovilización, cuestión que, por supuesto, excluye una manifestación de violencia aislada y que en nada se vincule con la vulnerabilidad que representa su reinserción a la vida civil o con el conflicto interno armado en medio del cual se desarrollaba su actividad ilícita antes de adquirir tal condición.

6. El análisis de la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en el caso concreto.

a) El daño

Se precisa que aun cuando en los hechos que le sirven de sustento a esta reclamación se narra la ocurrencia de dos atentados contra la integridad del señor Alexander Duque González, las pretensiones invocadas dan cuenta de que el daño cuya reparación se pide consiste en las secuelas sufridas por la víctima como consecuencia del ataque perpetrado en su rostro con arma de fuego, que le causó la pérdida de la visión, hecho que acaeció el 28 de septiembre de 2008.

En efecto, el daño consistente en las lesiones físicas padecidas por el señor Alexander Duque González con ocasión de dos impactos de arma de fuego que le generaron la pérdida de la visión y deformidad física en su rostro, se encuentran probadas de acuerdo con los siguientes medios de prueba:

— Dictamen rendido el 24 de marzo de 2009 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de establecer las secuelas derivadas del ataque de que fue objeto Alexander Duque González. En esa oportunidad, extrajo de la historia clínica Nº 97447845 procedente del Hospital Santa Clara de Bogotá, lo siguiente(13) (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“Ingresó el 24 de septiembre de 2008ª las 20 horas ocho minutos procedente del Hospital de Suba con tubo orotraqueal con dos heridas por arma de fuego que comprometen la ley de globular derecho izquierdo, con lesión de huesos de la cara, por tac cerebral no se evidencia mayor lesión en cerebro (…)”.

Como conclusión de la experticia, el órgano forense consignó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“CONCLUSIÓN de establecer como mecanismo causante: proyectil de arma de fuego. Amerita 45 días de INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL DEFINITIVA: Como secuelas medico legales: 1.- Deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente. 2.- Pérdida funcional del órgano de la visión. 3.- Pérdida anatómica del órgano de la visión”.

— Informe médico legal rendido el 21 de septiembre de 2010, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, sobre las lesiones no fatales sufridas por el señor Alexander Duque González, en el cual concluyó(14) (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“MECANISMO CAUSAL: trauma craneofacial por proyectil de arma de fuego.

“INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL: definitiva de sesenta (60) días.

“SECUELAS MÉDICO LEGALES:

“Deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente.

“Perdida anatómica del órgano de la visión de carácter permanente”.

Como se aprecia, las secuelas físicas permanentes sufridas por Alexander Duque González, que comportaron la pérdida funcional de su visión y la deformidad física de su rostro, se encuentran plenamente acreditadas y además revestidas del carácter de antijurídico, en tanto el actor no estaba obligado a soportarlas(15).

b) Imputación a título de falla del servicio por omisión

Se recuerda que la inconformidad planteada en el recurso de apelación que se resuelve acusa la falla del servicio por omisión del Estado en la prestación del servicio de protección a la víctima como causa de las lesiones sufridas, carga que en el sublite, según el censor, se exigía por la sola demostración de la condición de desmovilizado del señor Alexander Duque González, lo cual hacía presumir su vulnerabilidad como blanco de atentados.

A lo dicho añadió que en cuanto el señor Duque González fue utilizado por la Policía Nacional en labores de inteligencia, existían razones suficientes para inferir el alto grado de riesgo en el que se hallaba su vida, circunstancia que tornaba imperativo que el Estado ejerciera su deber de protección con el reinsertado, sin que le fuera exigible a este solicitar un esquema de seguridad adicional al desplegado cuando se hallaba bajo la custodia del mayor Zayd Eduardo Pabón Ortega.

Puesto de presente el escenario argumentativo de la apelación, la sala verificara los elementos probatorios que informan la presente causa, como lo hace a continuación:

— Oficio del 5 de febrero de 2008, a través del cual el área de operaciones técnicas de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional informó a la Coordinación del Programa para la Atención Humanitaria al Desmovilizado lo siguiente(16) (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“(…) el día 03 de enero se presentó voluntariamente el señor ALEXANDER DUQUE GONZÀLEZ, alias Chorizo identificado con CC. Nº 10.140.898 de Pereira, manifestando ser el cabecilla de milicias del Frente 48 de las FARC, quien suministró información sobre el área general comprendida entre las localidades del Azul y Teteye las cuales pertenecen al municipio de Puerto Asís (Putumayo), logrando obtener elementos operacionales de alto interés para la inteligencia policial, al igual que algunas poblaciones en territorio ecuatoriano.

“En este sentido las actividades de verificación desarrolladas sobre el área de interés en compañía del desmovilizado Alexander Duque González, permitió complementar una base de datos respecto de las células de milicias que el Frente 48 de las FARC tiene asentados sobre el río San Miguel límite fronterizo; algunos de los cuales fueron identificados e individualizados; así mismo se logró la ubicación de varios inmuebles los cuales son utilizados por guerrilleros como lugares de refugio con el fin de evadir puestos de control y patrullajes por parte de la Fuerza Pública y también de personas que conforman la estructura logística de las FARC.

“Así mismo se logró obtener información de primera mano de varios narcotraficantes contactos del cartel del norte del Valle, quienes poseen vínculos con los cabecillas del frente 48 de las FARC, identificando los corredores de movilidad para el transporte de alcaloides y su modus operandi, lo anterior de gran importancia dentro del proceso investigativo que se adelanta contra el frente 48 de las FARC.

“Dicha información ha permitido diseñar algunas estrategias y cursos de acción encaminadas a la obtención de mayor información y posible reclutamiento de milicianos de esta estructura terrorista e integrantes de la estructura logística.

“En este orden de ideas, es conveniente conceptuar que la información aportada por el reinsertado es valiosa y de alto contenido estratégico y operacional para la inteligencia policial por lo tanto la Dirección de inteligencia Policial recomienda cancelar al desmovilizado la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000)”.

— Milita en el plenario la constancia de entrega física del desmovilizado Alexander Duque González por parte de la Policía Nacional al encargado del programa de atención humanitaria al desmovilizado, en la que consta que la fecha de llegada fue del 2 de enero de 2008, procedente del Frente 48 de las FARC(17).

— Certificación expedida el 7 de febrero de 2008, por la cual el Comité Operativo para la Dejación de las Armas - CODA hizo constar que Alexander Duque González “perteneció a una organización armada al margen de la ley, se desmovilizó y manifestó su voluntad de abandonarla”(18).

— Formato único de “solicitud salida hogar de paz personal desmovilizado a cargo del PHD(19)“, en el cual se observa que el 2 de enero de 2008 el señor Alexander Duque González elevó autorización de salida del Hogar de Paz con el fin de apoyar las operaciones de inteligencia en contra de objetivos del bloque sur de las FARC en el Putumayo y cuyo regreso se programó para el 31 de enero de 2008. Dicha autorización fue concedida(20).

— Formato de autorización de salida del hogar de paz elevada por Alexander Duque González en los mismos términos que la anterior, pero a partir del 27 de marzo de 2008 hasta el 27 de abril de 2008.

Dicha autorización fue concedida, bajo la prevención de que “a partir de la salida del hogar de paz el desmovilizado quedabajolaabsolutaresponsabilidaddesuunidadmilitarinvestigativay/opolicial y la misma debe velar por su integridad física desde este momento hasta el momento en que el desmovilizado ingrese al respectivo albergue”(21) (destacado en el texto original).

— Acta de verificación del consentimiento del programa de atención al desmovilizado diligenciada el 27 de marzo de 2008 por el desmovilizado Alexander Duque García, en cuyo texto se lee(22) (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“En la ciudad de Bogotá, D.C. a los 27 días del mes de marzo de 2008, se hizo presente en el programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado - Ministerio de Defensa Nacional, el Mayor ZAID EDUARDO PABON ORTEGA, jefe Operacional Bloque Sur, Dirección de inteligencia Ponal, quien trae consigo al desmovilizado ALEXANDER DUQUE GONZÁLEZ C.C. Nº 10.140.898 de Pereira, 36 años a partir del 70308 hasta el 27042008 con el objeto de recibirle información útil y orientación necesaria para la POLICIA NACIONAL en sus labores de lucha contra las organizaciones armadas al margen de la ley y la protección de la ciudadanía, igualmente donde este comando indica que se encargará de suministrar al desmovilizado la atención en los términos del Decreto 128 de 2003 y por último donde autoriza que el Mayor ZAID EDUARDO PABON ORTEGA, Jefe Proceso Operacional Bloque Sur, Dirección de Inteligencia Ponal, reciba al desmovilizado y se encargue de la seguridad del mismo en desplazamientos que sean necesarios.

“De igual manera se presentó al desmovilizado ALEXANDER DUQUE GONZALEZ, quien manifestó que en ejercicio libre de los derechos, libertades y deberes que le impone su condición de ciudadano colombiano y en especial el de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, en forma voluntaria espontánea suministrará la información y orientación en mención.

“Así las cosas, una vez verificado el consentimiento y voluntad, el Programa concede la autorización con salida al desmovilizado ALEXANDER DUQUE GONZÁLEZ, de igual forma de esta autorización al señor Mayor ZAID EDUARDO PABON ORTEGA, Jefe del Proceso Operacional Bloque Sur, Dirección de Inteligencia Ponal quien hizo el requerimiento en cuestión. En consecuencia, el día 270308, el desmovilizado ALEXANDER DUQUE GONZÁLEZ, es recibido por el Mayor ZAID EDUARDO PABON ORTEGA, quien se compromete a responder por la seguridad del mismo en el referido desplazamiento.

“La Unidad Militar Policial Judicial o de Seguridad que corresponda tendrá en cuenta el artículo 13 del Protocolo II adicional a la Convención de Ginebra de 1949 (adoptado como legislación interna de la Ley 171 de 1994), de acuerdo al cual la población civil y las personas civiles gozarán de protección General contra los peligros procedentes de operaciones militares. No siendo otro el motivo de la presente diligencia se lee y firma por los que en ella intervinieron.

“Es obligación de la Unidad militar, policial o judicial, una vez culmine la colaboración del desmovilizado, (apellidos y nombres), enviar la certificación de resultados de acuerdo con formato anexo. Si el reinsertado no llega con dicha certificación no será recibido nuevamente por el programa”.

— Historia clínica del paciente Alexander Duque González, diligenciada por el Hospital Santa Clara, y en la cual se reportaron los siguientes datos;

• El 24 de septiembre de 2008, el señor Alexander Duque González ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara, frente a lo cual se registró (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“PACIENTE DESMOVILIZADO DE UNA ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY HOY A LAS 2:00 P.M EN VÍA PÚBLICA RECIBE DOS HERIDAS POR ARMA DE FUEGO, TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITAL DE SUBA (…) SE TRASLADA A NUESTRA INSTITUCIÓN PARA MANEJO INTEGRAL.

“EXAMEN FÍSICO. INGRESA PROVENIENTE DEL HOSPITAL DE SUBA E AMBULANCIA MEDICALIZADA BAJO SEDACIÓN, SIN INOTROPIA, MONITORIZADO. (…) C/C: CABEZA VENDADA IMPREGNADA DE SANGRE, PROCEDEMOS A RETIRAR HERIDA POR ARMA DE FUEGO NÚMERO 1 PROBABLE ORIFICIO DE ENTRADA EN ÓRBITA DERECHA CON PROBABLE ORIFICIO DE SALIDA EN REGIÓN PARIETOTEMPORAL IZQUIERDA, HERIDA POR ARMA DE FUEGO NÚMERO DOS PROBABLE ORIFICIO DE ENTRADA EN PUENTE NASAL CON PROBABLE ORIFICIO DE SALIDA PARIETOTEMPORAL IZQUIERDA SE EVIDENCIA COMPROMISO DE GLOBO OCULAR DERECHO E IZQUIERDO”(23).

• Según la epicrisis, el 25 de noviembre se consignó ingreso del paciente por interconsulta del Hospital(24) (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Paciente 33 años, invidente, en compañía de cónyuge quien refiere que hace una hora en el sector de coque popular fue agredido por desconocido quien lo atacó con objeto punzante (aguja de jeringa) en región posterior de cuello con dos pinchazos”.

El paciente salió del hospital al día siguiente y se dejaron las siguientes notas sobre su estado (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

ANÁLISIS:

“PACIENTE CON PUNCIÓN TRAUMÁTICA EJERCIDA EN VÍA PÚBLICA POR DESCONOCIDO ADEMÁS INOCULADO HASTA EL MOMENTO SIN EVIDENCIA DE DETERIORO NEUROLÓGICO, NI SIGNOS DE INFECCIÓN, TENIENDO EN CUENTA EL RIESGO BIOLÓGICO SE CONSIDERA DESCARTAR PROCESO INFECCIOSO AGUDO. SE SOLICITA VIH.

“(…).

“EVOLUCIÓN

26/11/08- PACIENTE ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, SIN DETERIORO NEUROLÓGICO O INFECCIOSO. SE DECIDE DAR SALIDA CON CONTROL POR MEDICINA INTERNA”.

— Oficio del 25 de noviembre de 2008, en cuyo contenido la Alta Consejería para la Reintegración Social Económica de Personas y Grupos Alzados con Armas de la Presidencia de la República hizo constar que Alexander Duque González se encuentra certificado como población especial de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas de la Presidencia de la República(25).

Del recuento probatorio que antecede se tiene acreditado que el 2 de enero de 2008, el señor Alexander Duque González, quien para entonces fungía como miembro activo del Frente 48 de las FARC, decidió voluntariamente dejar las armas y desmovilizarse para ser reintegrado a la sociedad civil.

De manera simultánea, se ofreció a colaborar en las labores tácticas de inteligencia a cargo de la Policía Nacional, suministrando información sobre el área general comprendida entre las localidades de Azul y Teteyé, las cuales pertenecen al municipio de Puerto Asís (Putumayo).

Con ese propósito, el señor Duque González elevó autorización de salida ante el Hogar de Paz al que fue ingresado como parte del proceso de desmovilización a cargo del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, con el fin de dirigirse en compañía y bajo la custodia de la Policía Nacional al departamento del Putumayo, para apoyar las operaciones de inteligencia en contra de objetivos del bloque sur de las FARC.

La autorización solicitada fue conferida en dos oportunidades por el representante del PAHD(26) del Ministerio de Defensa para los fines señalados dentro los períodos comprendidos entre el 2 de enero de 2008 y 31 de los mismos mes y año y entre el 27 de marzo de 2008 y el 27 de abril de la misma calenda. En ambas ocasiones, se concedió el permiso de salida con la advertencia de que el desmovilizado quedaba bajo la responsabilidad de la unidad militar investigativa y policial que debía velar por su integridad física, para cuyo propósito se asignó al mayor Zaid Eduardo Pabón, Jefe del Proceso Operacional Bloque Sur, desde el momento de su partida hasta el día que regresara al respectivo albergue.

Gracias a la información brindada por el desmovilizado Duque González se obtuvieron datos de gran interés para la inteligencia policial que permitieron identificar y localizar varios grupos militantes de la FARC sobre el río San Miguel, así como inmuebles utilizados como refugio de esa organización y corredores viales empleados para el tráfico de alcaloides.

Cinco meses después de haber culminado el período respecto del cual se autorizó la salida del Hogar de Paz al cual fue ingresado en desarrollo del proceso de desmovilización, el señor Duque González, mientras este se encontraba en una vía pública, fue víctima de dos disparos con arma de fuego que impactaron su rostro y que le causaron las lesiones físicas que constituyen la materia de reclamación.

Dos meses más tarde, fue objeto de un ataque con una jeringa en una calle, que no le causó daños en su salud. Con todo, sobre este punto se recuerda que aun cuando hay evidencias sobre la ocurrencia del hecho aludido, el análisis del caso se centrará en la imputación de las lesiones producidas con arma de fuego, toda vez es que es ese acontecimiento el cual desencadenó el daño cuya reparación se reclama.

Aclarado esto último, el relato fáctico que acaba de plasmarse merece varios comentarios:

— En primer lugar, aun cuando las disposiciones normativas que regularon y reglamentaron los beneficios de que serían merecedoras las personas que voluntariamente dejaran las armas y decidieran reincorporarse en condiciones pacíficas a la vida civil, entre ellos, el de ser sujetos, de manera genérica, de las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al reincorporado como a su grupo familiar, lo cierto es que, para la sala, las mismas habrían de guardar correspondencia con las particularidades propias que exigiera cada caso concreto, de cara a las condiciones de tiempo, modo y lugar en que debían suministrarse.

En efecto, en el evento que se analiza surge con nitidez que una vez el demandante manifestó su decisión de desmovilizarse y de apoyar las labores de inteligencia militar para facilitar la gestión encausada a identificar y localizar los distintos asentamientos de los grupos subversivos en la región del Putumayo, luego de obtener el permiso respectivo para dejar el albergue, el estamento policial asumió el cuidado y protección del actor durante el período en que se llevaron a cabo las tácticas estratégicas adelantadas en ese departamento, con base en la información que alternamente suministraba Alexander Duque González, deber que se ejecutó de manera satisfactoria al punto que regresó ileso a la capital del país.

En los lapsos que no se hallaran comprendidos dentro de ese período de dispensa, se colige que el desmovilizado habría de permanecer resguardado en el Hogar de Paz designado para su acomodación y para garantizar su seguridad, dado que no de otra forma se explica esta instancia la razón que justificaba la necesidad de que mediara un permiso y autorización para su salida de ese albergue, siendo este el lugar en donde el Ministerio de Defensa, ente a cargo del PAHD, ejercía su deber de custodia y cuidado sobre el reincorporado.

Esta conclusión se vigoriza por el hecho de que a la luz de los dispuesto en el segundo inciso del artículo 4º del Decreto 128 de 2003, en desarrollo de ese deber de protección “durante este proceso de desmovilización, el Ministerio de Defensa Nacional gestionará la consecucióndeinstalacionesespecialesdeseguridadparaefectosdealojaralosdesmovilizados,demaneraqueseprocuresuintegridadpersonalypermanencia”.

— En relación con el tiempo transcurrido entre el 27 de abril de 2008, día en que el desmovilizado debía regresar al albergue luego de permanecer en zona rural y el 24 de septiembre del mismo año, fecha en que ocurrió el hecho dañoso en la ciudad de Bogotá, impera una oscuridad que impide tener conocimiento de lo acontecido en ese lapso.

A diferencia de lo mencionado en las referencias jurisprudenciales citadas en las que se han resuelto casos semejantes, la orfandad probatoria advertida en el sublite impide formarse un convencimiento firme acerca del estado de especial vulnerabilidad que atravesaba el actor y el acaecimiento de escenarios concretos de atentados o afrentas que alertaran a las autoridades sobre su eventual recurrencia.

En ese sentido, se ignora si el señor Duque González fue víctima de amenazas sobre posibles atentados contra su vida, su integridad o la de su familia que ameritaran la adopción de medidas especiales de protección adicionales a aquellas prestadas cinco meses antes cuando se trasladó a la zona rural del Putumayo en condición de informante.

Tampoco obra prueba en el proceso de que el desmovilizado hubiera acudido a las autoridades policiales en procura de seguridad para sí o para su núcleo familiar o de que hubiera formulado ante el órgano competente la solicitud de protección de que trata el Decreto 2816 de 2006, señalando la existencia de alguna amenaza vinculada con la violencia armada organizada de la que fue parte, para que, a su turno, se abriera paso al estudio del nivel de riesgo al que se hallaba expuesto y en el cual debían fundamentarse las medidas que eventualmente procedieran.

— Se suma a lo dicho, el desconocimiento que reina frente al avance del proceso de reinserción en que se hallaba la víctima en el momento en que acaeció el hecho, esto es, si para entonces ya no permanecía salvaguardado en el Hogar de Paz asignado por el Ministerio de Defensa como lugar de vivienda y garantía de su seguridad, si lo había abandonado voluntariamente y dónde y en qué situación se encontraba cuando fue víctima del ataque.

Si bien se infiere que el hecho aconteció en Bogotá, debido a que fue en esta ciudad donde le brindaron la atención médica inmediata, no se sabe a ciencia el lugar por el que transitaba. Por la referencia consignada en la historia clínica, se tiene que fue en una vía pública, sin que allí se mencionara que fue en un barrio donde la mayoría de sus residentes eran policías, como lo indicó el actor en la demanda.

— Frente a las circunstancias que rodearon la comisión del hecho, la sala advierte que no reposa prueba alguna merced a la cual se reportaran ciertos indicios que brindaran luz acerca de la forma como ocurrieron los hechos, de la identificación del agresor y de los motivos que impulsaron la ofensiva.

Así pues, se ignora por completo el fundamento que le sirve de cimiento a la aserción del demandante, según el cual el punible se produjo por miembros de la misma Policía Nacional, pues al registrarla omitió acompañarla de información adicional específica que permitiera trascender el ámbito de la conjetura y de la suposición o, a lo sumo, que ofreciera datos que desprendieran un alto grado de probabilidad de que el homicidio se cometió en el marco y con ocasión del conflicto armado o por parte de los mismos integrantes de la Policía Nacional.

Contrario sensu, no resultaría ajustado a la sana lógica y a las reglas de la experiencia suponer que fueron miembros de la Policía Nacional quienes perpetraron el ataque cuando fueron los representantes de esa misma institución los que se vieron beneficiados en sus tácticas de inteligencia por cuenta de la información suministrada por el desmovilizado, luego de que decidiera dejar las armas, al punto de que conceptuaron favorablemente respecto de la procedencia de una recompensa en su favor por razón de su ayuda(27).

En ese sentido, se precisa que no obran en el plenario las piezas procesales correspondientes a la investigación penal que habría de iniciarse como consecuencia del acto criminal, habida consideración de que a pesar de haberse guardado silencio sobre su decreto, no obstante haber sido solicitada en la demanda, la parte actora convalidó esa inactividad probatoria al no impugnar esa decisión y al no insistir en que se arrimaran al plenario tales piezas procesales.

La incertidumbre plasmada en relación con las circunstancias que rodearon la comisión del hecho, así como de las razones que alentaron su realización, dan lugar a un universo de probabilidades que pudieron fungir como fundamento tanto circunstancial como motivacional de los acontecimientos analizados.

En ese orden, el escenario de la duda viabiliza la reflexión de que cualquiera pudo haber sido la inspiración que incitó el ataque violento perpetrado en contra del señor Duque González, sin que estrictamente ese acontecimiento se encontrara ligado a su condición de desmovilizado, ni vinculado al conflicto interno armado.

Corolario de lo expuesto, no queda otro camino que concluir que las lesiones sufridas por el desmovilizado no resultan imputables a la falla del servicio por omisión en el deber de protección que se acusa del ente demandado, dado que: i) no se demostró que la víctima se hubiera hallado en una situación especial de peligro que hubiere sido previa y plenamente conocida por la autoridad de policía y que tornara imperiosa la adopción de medidas de precaución tendientes a resguardar su integridad y, ii) no cuenta esta instancia con los elementos de juicio indispensables para establecer la relación de causalidad existente entre el hecho violento y la condición de desmovilizado de la víctima al momento de los acontecimientos o que estos se hallaran permeados por el conflicto interno armado.

Aún en gracia de discusión, la Subsección considera pertinente indicar que tampoco sería procedente analizar este asunto bajo la perspectiva del daño especial, habida cuenta de que no existen pruebas en el expediente que señalen que el ataque fue producto de algún tipo de enfrentamiento o confrontación entre las Fuerzas Militares y un grupo al margen de la ley o que el ataque iba dirigido a un objetivo militar, presupuestos necesarios para aplicar dicho título de imputación a casos como el presente.

Por las razones expuestas, esta sala modificará la sentencia de primera instancia en punto a la legitimación en la causa por activa de la compañera permanente de la víctima y mantendrá incólume lo demás.

7. Costas.

De conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, en este asunto no hay lugar a la imposición de costas, por cuanto no se evidencia en el subexamine que alguna de las partes hubiere actuado temerariamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, la cual quedará de la siguiente manera:

“PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Francy Yurani Duque Arbeláez y Danna Daniela Duque Arbeláez, por las consideraciones que anteceden.

“SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

“TERCERO: Sin condena en costas”.

2. Sin condena en costas por la segunda instancia.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

1 El monto pretendido supera el exigido en la época de la presentación de la demanda —10 de diciembre de 2010— para que el asunto tuviera vocación de doble instancia ($ 257.500.000), teniendo en cuenta que el salario mínimo de esa época ascendía a $ 515.000.

2 Fls. 152-239 C2.

3 Fls. 17-18 C1.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-151 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.

5 Se precisa que si bien dentro de nuestra legislación interna la cédula de ciudadanía no cuenta con vocación probatoria para acreditar el parentesco, del contenido de los documentos aportados y que fueron expedidos en la República de Ecuador se aprecia que los mismos no son equivalentes a los que reciben ese nombre en territorio nacional, dado que, por un lado, aquellos se expidieron respecto de menores de edad, lo que no ocurre en Colombia y, además, en su texto consta quienes son los progenitores de quien figura como titular del documento, cuestión que permite inferir que el mismo no obstante rotularse como cédula de ciudanía en la República vecina, al parecer, cumple funciones semejantes al registro civil de nacimiento que se expide en Colombia.

6 Fls. 2 y 3 del C2.

7 Expresión sustituida por la expresión “Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas”, mediante el art. 9º, Decreto Nacional 1391 de 2011.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 27 de marzo de 2014, exp. 29.332, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 7 de septiembre de 2015, exp. 33.289, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 30 de marzo de 2017, exp. 44.384, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 6 de julio de 2017, exp. 51.596, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

12 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 12 de marzo de 2015, exp. 32.993, C.P. Hernán Andrade Rincón (e). “Descendiendo al caso concreto, aunque las pruebas indican que al parecer la señora Zuly Maritza Tovar Casallas fue asesinada por grupos al margen de la ley que delinquían en municipio de La Palma, esta circunstancia no significa, de modo alguno, que el Estado estaba en la obligación de protegerla de manera especial, pues, se reitera, no hay evidencia en el expediente de que el Ministerio del Interior u otra entidad Estatal tuvieran conocimiento de la situación de riesgo en el que, según la demanda, se hallaba la ahora víctima y de la cual se hubiera derivado el deber de adoptar medidas específicas para preservar la vida de la señora Tovar Casallas”.

13 FLS. 65-67 C2.

14 Fl. 43 C1.

15 Si bien en el expediente reposa un informe de diagnóstico de logo audiometría rendido el 11 de noviembre de 2010 por el Hospital Santa Clara ESE III Nivel de Bogotá, de conformidad con el cual el señor Alexander Duque G. sufrió una disminución del 100% en su oído derecho e informe de diagnóstico de audiometría rendido el 11 de noviembre de 2010 por el Hospital Santa Clara ESE III Nivel, en cuyo contenido hizo constar que el señor Alexander Duque G. padece “hipoacusia conductiva leve bilateral”, la sala desconoce la causa que produjo dicho padecimiento y si el mismo guarda conexidad con el daño que constituye la materia de reclamación.

16 Fls. 8-9 C2.

17 Fl. 23 C2.

18 Fl. 27 C2.

19 Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.

20 Fls. 20 C2.

21 Fl. 48 C1 y 21 C2.

22 FL. 47 C1.

23 Fls. 93-94 C2.

24 Fl. 34-35 y 42 C2.

25 Fls. 212 C2.

26 Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.

27 Se aclara que aun cuando está demostrado que la Policía estimó procedente una recompensa en favor del demandante Alexander, el pago de la misma no es objeto de pretensión.