Sentencia 2010-00950/48130 de octubre 23 de 2017.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Rad.: 68001-23-31-000-2010-00950-01 (48.130)

Actores: Héctor Mardoqueo Rivera Balcero y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete

Extractos «IV. Consideraciones.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(13), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Caducidad de la acción.

En concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(14), en los eventos de privación injusta de la libertad el término de caducidad de dos (2) años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o queda ejecutoriada la providencia absolutoria —lo último que ocurra—.

En el asunto sub examine, se encuentra acreditado que el Juzgado Noveno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga, en audiencia pública del 8 de febrero de 2008(15), dio lectura al fallo absolutorio del 14 de diciembre de 2007 proferido a favor del señor Héctor Mardoqueo Rivera Balcero, por el delito de actos sexuales con menor de catorce años; sin embargo, en esa audiencia el Ministerio Público y la Fiscalía interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos por el a quo el mismo día.

Remitido el asunto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, en audiencia del 1 de julio de 2008(16), escuchó las alegaciones de la Fiscalía, declaró desierto el recurso que interpuso el Ministerio Público, por cuanto no compareció a la diligencia y, concluido el debate, convocó a los intervinientes a una audiencia el 17 de julio siguiente, para dar lectura al sentido del fallo.

En la audiencia del 17 de julio de 2008(17), la referida Sala Penal dio lectura al fallo en el sentido de confirmar la sentencia absolutoria a favor del señor Héctor Mardoqueo Rivera Balcero y señaló que contra esa providencia procedía el recurso de casación.

Según constancia suscrita por el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga(18), la Sentencia penal absolutoria quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 2008, esto es, luego de cumplirse el traslado para interponer el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, que confirmó el fallo absolutorio.

Pues bien, la parte demandante dio inició al cómputo de la caducidad de la acción a partir de la fecha de ejecutoria referida en la constancia secretarial —28 de noviembre de 2008—, razonamiento del cual se aparta la Sala, pues, a su juicio, el fallo penal absolutorio cobró fuerza ejecutoria cuando quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que lo confirmó.

En efecto, como no obra en el expediente prueba de que se haya interpuesto o tramitado el recurso de casación de que trata el artículo 183 de la Ley 906 de 2004(19), la sentencia penal absolutoria cobró fuerza ejecutoria, en concordancia con lo previsto en al artículo 331 del Código de Procedimiento Civil(20), aplicable por la remisión expresa del artículo 25 de la Ley 906 de 2004(21), el 18 de julio de 2008, esto es, el día siguiente a la fecha en que se notificó en estrados la sentencia de segunda instancia, a través de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el fallo absolutorio(22).

Ahora, es cierto que a la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia no concurrieron el acusado (hoy demandante) ni su defensor, pero la notificación en estrados de la decisión se surtió en debida forma, si se tiene en cuenta que el 1 de julio anterior, en audiencia a la cual aquéllos sí concurrieron, ese Tribunal, además de declarar desierto el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público, convocó a las partes intervinientes a la audiencia de lectura de fallo del 17 de julio siguiente.

Así, como el acusado y su defensa fueron citados oportunamente, pero no comparecieron ni justificaron su ausencia a la audiencia del 17 de julio de 2008, se entiende que quedaron notificados en estrados de la decisión que se dictó en ella. Sobre el particular, esta subsección ha señalado:

“Ahora bien, el artículo 169 de la Ley 906 del 2004, vigente para la época de los hechos, señala que por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados.

En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación, salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación”(23).

Acá resulta oportuno precisar que las afirmaciones contenidas en las constancias secretariales sobre la ejecutoria de las providencias no reemplazan el cómputo de los términos que establece la ley para ese propósito; al respecto, la Corte Suprema de Justicia precisó:

“De antaño, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que las constancias que realizan los secretarios de los despachos judiciales o algún funcionario judicial no reemplazan los términos establecidos en la ley, teniendo en cuenta que los mismos son de carácter público y, en consecuencia, deben cumplirse sin excepción aun cuando haya errado en la contabilización de los mismos y plasma (sic) en una constancia algo distinto a lo establecido en la ley, así sea por equivocación.

“Respecto de estos casos la Corte Suprema de Justicia ha definido que ciertamente, como lo destaca el Tribunal haciendo eco de la reiterada jurisprudencia de la Corte sobre el tema, las constancias secretariales cumplen una función puramente informativa, sin capacidad alguna para modificar la iniciación o el vencimiento de los términos establecidos por la ley. Así, por ejemplo, una providencia quedará indefectiblemente ejecutoriada tres días después de notificada si no ha sido recurrida, sin importar que el secretario hubiese anotado una fecha distinta a la que legalmente correspondería, porque la firmeza la deriva directamente de la ley y no depende de un acto secretarial”(24) (se resalta).

En consecuencia, como la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que confirmó el fallo absolutorio del 14 de diciembre de 2007, se notificó por estrados ese mismo día, esto es, el 17 de julio de 2008, esa decisión cobró fuerza ejecutoria al día siguiente, es decir, el 18 de julio de 2008, puesto que no se interpuso el recurso de casación, de manera que la acción de reparación directa, en los términos del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, podía ejercerse hasta el 19 de julio de 2010.

Sin embargo, como la parte actora presentó: i) solicitud de conciliación ante la procuraduría el 9 de noviembre de 2010(25) y ii) demanda en ejercicio de la acción de reparación directa el 3 de diciembre siguiente, queda claro que para esos momentos había operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Vistas así las cosas, se revocará la sentencia proferida por el a quo, en cuanto negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará que, en este asunto, operó el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la Sentencia del 21 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE que, en el presente caso, ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

b) ABSTIÉNESE de condenar en costas.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

13. Expediente 2008 00009.

14. Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

15. Según acta visible a folio 115 del cdno. 1.

16. Según acta visible a folio 116, cdno. 1.

17. Según acta visible a folio 117 del cdno. 1.

18. Folio 59, cdno. 1.

19. El artículo 183 de la Ley 906 de 2004, para la época de los hechos, indicaba: “El recurso se interpondrá ante el tribunal dentro de un término común de sesenta (60) días siguientes a la última notificación de la sentencia, mediante demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos”.

20. “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”.

21. La Ley 906 de 2004 no reguló, de manera expresa, el tema de la ejecutoria de las providencias.

22. En este mismo sentido, la Sentencia del 8 de febrero de 2017 (exp.45.669), la Subsección precisó: “Así las cosas, se concluye que la Sentencia del 27 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que confirmó la providencia del 3 de noviembre de 2006, se notificó ese mismo día, esto es, el 27 de febrero de 2007 y cobró ejecutoria al día siguiente puesto que no se interpuso el recurso de casación”.

23. Sentencia del 8 de febrero de 2017, expediente 45.669.

24. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de tutela 13.726 del 10 de junio de 2003, reiterado en Sentencia de casación del 6 de abril de 2006 (rad. 22705), en Sentencia de casación del 9 de noviembre de 2006 (rad. 23213), en Sentencia de casación del 26 de septiembre de 2007 (rad. 27998), en Sentencia de casación del 5 de diciembre de 2007 (rad. 25363) y en Sentencia de tutela del 23 de octubre de 2008 (rad. 39124).

25. Folio 60, cdno. 1.