Sentencia 2010-00990 de diciembre 3 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño

Rad.: 680011102000201000990 01

Registro proyecto: 21 de noviembre de 2014

Ref.: Apelación abogado

Denunciado: Javier Vicuña de la Rosa

Denunciante: Álvaro Robles Doria

Primera instancia: Suspensión por 24 meses

Decisión: Confirma

Prescripción: 23 de julio de 2015 y 9 de marzo de 2015.

Aprobado según Acta 99 de 3 de diciembre de 2014

Bogotá D.C., tres de diciembre de dos mil catorce.

I. Objeto de la decisión

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 17 de mayo de 2013, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander1, mediante el cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 24 meses, al abogado Javier Vicuña de la Rosa, por encontrarlo responsable de incurrir en la falta consagrada en el artículo 35.3 de la Ley 1123 de 2007.

II. Hechos y actuación procesal de primera instancia

1. La investigación se originó en la queja presentada el 12 de octubre de 2010 por Álvaro Robles Doria, en contra del mencionado abogado, toda vez que lo contrató para que lo representara al interior de un proceso de restitución de inmueble arrendado por no pago de los cánones de arriendo, el cual se tramitaba ante el Juzgado 2 Civil Municipal de Barrancabermeja, bajo el radicado 2009-00287.

El quejoso señaló que, posteriormente, el abogado le manifestó que “la casa iba a salir en remate” y que para poder evitarlo sería necesario el pago de $55.000.000, los cuales fueron entregados por el quejoso en tres pagos.

Sin embargo, el quejoso consideró que su abogado no estuvo pendiente del trámite del proceso, lo que lo llevó a solicitarle la devolución de la documentación entregada, así como, la entrega de los $55.000.000 millones de pesos.

Así las cosas, el abogado entregó al quejoso la documentación, acompañada de un paz y salvo por concepto de honorarios, por el trámite de un “proceso de compra de inmueble arrendado” y se comprometió a devolver la suma de $55.000.000. No obstante, para la fecha en que se presentó la queja, el abogado no había devuelto la mencionada suma.

2. Se acreditó la condición de sujeto disciplinable del abogado Javier Vicuña de la Rosa, identificado con cédula de ciudadanía 13.491.763 y portador de la tarjeta profesional Nº 93957 mediante constancia de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura 09161-20102.

3. En auto del 19 de noviembre de 2010, la Sala de primera instancia ordenó la apertura de proceso disciplinario en contra del citado profesional y fijó fecha para la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional prevista por el artículo 104 de la Ley 1123 de 20073.

4. Dada la falta de comparecencia del disciplinado al proceso y una vez cumplido el correspondiente emplazamiento, se declaró persona ausente al abogado Javier Vicuña de la Rosa y se le nombró como defensor de oficio al doctor Ramiro Serrano Serrano, mediante auto del 15 de junio de 2011.

5. Los días 28 de junio, 23 de agosto, 1º de diciembre de 2011 y 8 de marzo de 2012, se adelantó la Audiencia de Pruebas y Calificación. Durante esta se recibió la ampliación y ratificación de la queja, se escuchó la manifestación del defensor de oficio, se solicitó copia íntegra de los procesos tramitados bajo los radicados 287-2009 y 216-2010, ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Barrancabermeja y el Juzgado 2º Civil Municipal de Barrancabermeja, respectivamente. Finalmente, se formuló pliego de cargos en contra del togado.

5.1. En la ampliación y ratificación de la queja, el señor Álvaro Robles Doria indicó que se tramitaron dos procesos de restitución de inmueble arrendado en su contra, el primero de ellos, ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Barrancabermeja bajo el radicado 287-2009 y el segundo, ante el Juzgado 4º Civil Municipal de la misma ciudad, bajo el radicado 216-2010. En virtud de ello, contrató los servicios del abogado Javier Vicuña de la Rosa.

Agregó que su intención era la de adquirir el bien objeto de litigio, por lo que, cuando el abogado le manifestó que la casa iba a salir a remate, le entregó $55.000.000.

El quejoso manifestó que se enteró de la negligencia del abogado cuando el Juzgado realizó una inspección judicial al predio y adelantó la posterior diligencia de lanzamiento.

5.2. El defensor de oficio señaló que la actuación del abogado Javier Vicuña de la Rosa no se enmarcó en el desarrollo del ejercicio profesional, toda vez que el encargo consistió en la compra de un bien objeto de remate, actividad para la cual, no es necesario ser abogado.

Así las cosas, alegó que la conducta del abogado no era sancionable desde la óptica disciplinaria, lo cual no lo eximía de las eventuales acciones civiles o penales que el señor Álvaro Robles Doria pudiese adelantar.

5.3. El 1º de diciembre de 2011, la Sala seccional de primera instancia formuló pliego de cargos en contra del abogado Javier Vicuña de la Rosa, por la presunta comisión de las faltas previstas en los artículos 37.1, a título de culpa y 35.3, a título de dolo, de la Ley 1123 de 2007, los cuales establecen:

ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas.

ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

5.4. El 15 de noviembre de 2011, el abogado Javier Vicuña de la Rosa remitió un escrito mediante el cual se pronunció sobre los hechos objeto de queja. En este señaló que fue diligente en el trámite de los procesos que se adelantaron ante el Juzgado 2 Civil Municipal de Barrancabermeja y el Juzgado 4 Civil Municipal de Barrancabermeja.

Por otro lado, indicó que el señor Álvaro Robles Doria le entregó los $55.000.000 para que negociara la compra de un inmueble, lo cual no se enmarcó en el ejercicio de la profesión de abogado, a cambio de lo cual recibiría el pago de una comisión.

6. Los días 1º de noviembre de 2012 y 14 de febrero de 2013 se desarrolló la Audiencia de Juzgamiento. En esta, el abogado defensor presentó sus alegatos de conclusión.

Al respecto, señaló que la actividad desarrollada por su defendido se enmarcó en el ámbito comercial y no en el ejercicio propio de la profesión. Agregó que no se había probado la falta de diligencia del abogado Javier Vicuña de la Rosa al interior de los procesos de restitución de inmueble arrendado que tramitó y que la conducta descrita en el artículo 35.3 de la Ley 1123 de 2007 que se la había imputado a su defendido no se configuró, toda vez que el dinero entregado por el señor Álvaro Robles Doria fue producto de una transacción comercial.

III. Decisión de primera instancia

El 17 de mayo de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 24 meses al abogado investigado, tras hallarlo responsable de la falta prevista en el artículo 35.3 de la Ley 1123 de 20074.

En primer lugar, el a quo se refirió a lo relacionado con la falta a la debida diligencia profesional. Al respecto manifestó que el señor Álvaro Robles Doria otorgó poder al disciplinado para actuar al interior del proceso tramitado bajo el radicado 2009-287, ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Barrancabermeja. En el marco de dicho proceso, el abogado contestó la demanda, presentó excepciones y estuvo atento en la práctica de pruebas. No obstante, el proceso terminó por desistimiento de la parte actora, el cual fue aceptado mediante auto del 27 de enero de 2010.

Posteriormente, la misma demandante presentó una solicitud de prueba anticipada, la cual correspondió al Juzgado 4º Civil Municipal de Barrancabermeja. El 8 de marzo de 2010 se adelantó la diligencia de inspección judicial, el perito avaluador rindió el dictamen y el abogado de la parte demandante solicitó el decreto de medidas previas.

El 4 de junio de 2010, se presentó demanda de restitución de inmueble arrendado en contra del quejoso y se anexo prueba anteriormente referida. La demanda correspondió por reparto al Juzgado 4º Civil Municipal de Barrancabermeja y se tramitó bajo el radicado 2010-261. El 22 de junio de 2010 se dictó auto admisorio de la demanda, frente al cual el abogado de la parte demandante presentó recurso de reposición.

El 16 de julio de 2010, se adelantó diligencia de inspección judicial. El 21 del mismo mes, el quejoso otorgó poder al abogado Javier Vicuña de la Rosa. Por auto del 23 de julio de 2010, se dispuso no reponer el auto admisorio de la demanda y no decretar las medidas cautelares por falta de caución. El 23 de julio de 2010, el quejoso revocó poder al abogado Javier Vicuña de la Rosa. Así las cosas, determinó que no existía certeza sobre la materialidad de la conducta y por ende, no era clara la configuración de la falta.

Con base en lo expuesto, La Sala de primera instancia determinó que el abogado no había faltado a su deber de diligencia profesional. Señaló que si bien se le había formulado cargos al togado por la inactividad entre marzo y julio de 2010, a lo largo del proceso se demostró que el abogado recibió el poder para representar los intereses de su cliente hasta el 21 de julio del mismo año y que, por tanto, no le era exigible ninguna actuación para los referidos meses.

En segundo lugar, la Sala de primera instancia determinó que el abogado Javier Vicuña de la Rosa si incurrió en la falta prevista en el artículo 35.3 de la Ley 1123 de 2007.

Al respecto, manifestó que los resultados del primer proceso fueron favorables al quejoso toda vez que, una vez contestada la demanda, la parte demandante desistió de la misma. Hecho lo anterior, y de acuerdo con el dicho del quejoso, el abogado le solicitó $55.000.000 porque supuestamente el bien inmueble sería objeto de remate.

Así, manifestó que los recibos indicaban que el dinero fue entregado para “consignar a proceso de la casa”; “adelantar proceso de compra de inmueble”; “proceso casa Torcoroma”; lo cual desmentía lo alegado por el togado en su defensa ya que, la gestión por la cual se entregó el dinero si se relacionaba con el ejercicio de la profesión de abogado, mas no como intermediario comerciante.

La Sala determinó que el togado solicitó ese dinero para un remate falso. Así las cosas, consideró probada la materialidad de la conducta y la configuración de la falta descrita en el artículo 35.3 de la Ley 1123 de 2007.

Finalmente, el a quo señaló que, teniendo en cuenta los daños causados al quejoso, por la cuantía de la suma entregada y dado que se trata de una persona de tercera edad, debía sancionarse al abogado Javier Vicuña de la Rosa con 24 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

IV. Apelación

El 4 de julio de 20135, presentó recurso de apelación. En este señaló que en todas las declaraciones, el quejoso reconoció que la entrega de dinero se dio en virtud de una negociación de tipo comercial, mas no profesional pues, se trataba de la compra de un predio en la cual, el fungiría como intermediario. Señaló que ese tipo de negociaciones no implicaba la calidad de abogado.

Adicionalmente, manifestó que al no adelantarse la compra, los dineros fueron devueltos al quejoso, descontando los honorarios pactados. Así las cosas, señaló que no era cierto lo manifestado por el quejoso en cuanto a que él le debía dicho dinero.

Señaló que al ver que el proceso disciplinario avanzaba, decidió apersonarse del mismo, por lo que radicó un memorial el 14 de febrero de 2013, en el cual solicitó el aplazamiento de la siguiente audiencia, con el propósito de hacerse presente y aportar pruebas tendientes a demostrar su inocencia. Sin embargo, según el quejoso, la Sala seccional no atendió su solicitud, lo que vulneró sus derechos al debido proceso y la defensa.

Con base en lo expuesto, el disciplinado consideró que el fallo del a quo fue equivocado, toda vez que el juez encargado del conocimiento de este tipo de controversias es el juez civil, mas no el disciplinario.

Agregó que el no aplazamiento de la audiencia, implicó un desconocimiento de sus garantías fundamentales, lo cual debería conducir a la declaración de nulidad del proceso, pues considera que fue sancionado, únicamente, con base en las declaraciones del quejoso.

Finalmente, el disciplinado solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado, o en susidio, se revocara el fallo proferido en su contra.

V. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta Corporación tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de las decisiones emitidas por los consejos seccionales de la judicatura, de acuerdo con lo establecido por los artículos 112.4 de la Ley 270 de 1996 y 59.1 de la Ley 1123 de 2007. Dicha competencia, en casos de apelante único como el presente, se constriñe al análisis de los argumentos señalados en el recurso de apelación y debe respetar el principio de prohibición de reformatio in pejus.

2. Identificación del disciplinado.

Se investigó al abogado Javier Vicuña de la Rosa, identificado con cédula de ciudadanía 13491763 y portador de la tarjeta profesional 93957. En los últimos 5 años, el abogado presenta los siguientes antecedentes disciplinarios:

Radicado númeroTipo de sanciónFecha de inicio de ejecución de la sanciónFecha de terminación de ejecución de la sanción
68001110200020090104401 Suspensión por 2 meses 29 de agosto de 2011 28 de octubre de 2011
68001110200020110009001 Suspensión por 16 meses 22 de mayo de 2014 21 de septiembre de 2015
68001110200020110051301 Suspensión por 1 año 28 de noviembre de 2013 27 de noviembre de 2014

3. Análisis del caso concreto

Solicitud de nulidad

De acuerdo con el artículo 98 de la ley 1123 de 2007, son causales de nulidad:

“1. La falta de competencia.

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.

En el presente caso, el abogado sancionado argumenta que se violaron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa al no atender el memorial presentado el 14 de febrero de 2013, donde solicitó el aplazamiento de la audiencia, con el propósito de hacerse presente y aportar pruebas tendientes a demostrar su inocencia. De igual forma, sostiene que se le sancionó, únicamente, con base en el dicho del quejoso.

Al respecto, la Sala considera que tales situaciones no conllevan a nulitar el procedimiento surtido en el caso de marras. Al respecto, es preciso señalar que el abogado defensor, así como, el disciplinado fueron citados el 14 de noviembre de 2012, a la Audiencia de Juzgamiento del 14 de febrero de 2013 y solo hasta el mismo 14 de febrero de 2013, el abogado Javier Vicuña de la Rosa radicó un memorial en donde solicitó el aplazamiento de la mencionada audiencia.

En efecto, en dicho memorial, el abogado solicitó el aplazamiento de la audiencia, así como, la práctica de las pruebas testimoniales de los señores Jorge Sepúlveda Grisales y Janny Moya. No obstante, la Sala de primera instancia consideró improcedente la solicitud, por la siguientes razones:

“En relación con la solicitud del abogado investigado para el aplazamiento de la audiencia del 14 de febrero del año en curso y para el decreto de testimonios, teniendo en cuenta que dicha audiencia fue realizada con el defensor de oficio designado y que ya finalizó la etapa probatoria en estas diligencias, estando el expediente en turno para proferir la sentencia respectiva, se entiende que el hecho ha sido superado y por lo tanto no es posible pronunciarse de fondo sobre la solicitud efectuada”.

Así las cosas, esta Sala considera que la solicitud de nulidad del abogado carece de fundamento, pues el abogado no solo fue representado al interior del proceso por el abogado Ramiro Serrano Serrano, sino que contó con diferentes oportunidades para hacer valer las pruebas que a bien tuviere.

En ese sentido esta Sala resalta que pese a que el disciplinado conocía el trámite del presente proceso, no se hizo presente ninguna de las fechas en que se llevó a cabo la audiencia de pruebas y calificación.

Adicionalmente, esta corporación coincide con el a quo en cuanto a que la Audiencia de Juzgamiento no es el momento procesal oportuno para solicitar pruebas testimoniales y por lo tanto, el abogado no puede pretender por vía de la declaratoria de nulidad subsanar las deficiencias en su estrategia defensiva, pues como se expuso anteriormente, la figura de la nulidad no fue prevista para tal fin.

Por otro lado, el abogado alegó que el fallo sancionatorio proferido en su contra se basó, únicamente, en el testimonio del quejoso. Sin embargo, esta Superioridad constató que la Sala seccional valoró todo el material probatorio obrante el proceso. Así, tuvo en cuenta los recibos expedidos por el propio disciplinado, los expedientes de los procesos objeto de encargo, la versión libre del abogado Javier Vicuña de la Rosa allegada mediante memorial y lo declarado por el quejoso a través del escrito de queja, así como, mediante la ampliación y ratificación de la misma.

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que solo las irregularidades sustanciales que violen derechos fundamentales como el de defensa y el debido proceso implican la declaración de nulidad y, dado que en el presente asunto no se observa ninguna vulneración a los derechos fundamentales del disciplinado, no se accederá a la pretensión de nulidad planteada.

Cargo único

El abogado sugiere que, el señor Álvaro Robles Doria le entregó la suma de $55.000.000 para la realización de una actividad comercial, consistente en la intermediación para la compra de un bien inmueble, a contraprestación del pago de una comisión.

El disciplinado considera que tal situación, escapa al ámbito de aplicación del régimen disciplinario, puesto que la actuación no se desarrolló en el marco del ejercicio profesional y que, en cualquier caso, dado que la negociación no se completó, devolvió los dineros al señor Álvaro Robles Doria.

Sin embargo, obran en el expediente tres recibos, suscritos por el togado, por las sumas de $10.000.000, $12.000.000 y $33.000.000 en donde se establece que la suma se entrega por concepto de “proceso casa Torcorona”6.

Adicionalmente, se verificó que una vez el señor Álvaro Robles Doria revocó poder a su poderdante, este redactó y suscribió un documento que establece que devuelve los documentos entregados para la contestación de la demanda a petición de su cliente, quien decidió continuar con la misma bajo su propio riesgo.

Agrega que el señor Álvaro Robles Doria se encuentra a paz y salvo por concepto de honorarios y que el togado deberá devolver la suma de $55.000.000 “que habían sido entregados para adelantar proceso de compra de inmueble”7.

Expuesto lo anterior, esta Sala comparte el criterio del a quo en cuanto a que la suma de los $55.000.000 fue entregada para el cumplimiento de un encargo profesional.

Adicionalmente, es necesario resaltar que no obra prueba alguna dirigida a demostrar que el abogado Javier Vicuña de la Rosa, efectivamente, devolvió el dinero a su cliente.

Así, esta Sala encuentra probada la materialidad de la conducta y, en consecuencia, confirmara el fallo apelado, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, sancionó al abogado Javier Vicuña de la Rosa con 24 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, tras declararlo responsable de la comisión de la falta prevista en el artículo 35.3 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y de ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de nulidad de lo actuado por la supuesta vulneración a los derechos fundamentales del togado, conforme a las consideraciones anteriormente expuestas.

2. CONFIRMAR integralmente la sentencia del 17 de mayo de 2013, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander8, mediante el cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 24 meses, al abogado Javier Vicuña de la Rosa, por encontrarlo responsable de incurrir en la falta consagrada en el artículo 35.3 de la Ley 1123 de 2007; conforme con las motivaciones de esta providencia.

3. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho Registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

4. Devuélvase al expediente al Consejo Seccional de Origen para lo de ley.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Mercedes López Mora, presidenta—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera —Néstor Iván Javier Osuna Patiño.

1 M.P. Carmelo Tadeo Mendoza Lozano.

2 Folio 16 C.O.

3 Folios 18 C.O.

4 Folios 149 al 157 C.O.

5 Folios 164 al 166 C.O.

6 Folios 3, 4 y 5 C.O.

7 Folio 13 C.O.

8 M.P. Carmelo Tadeo Mendoza Lozano.