Sentencia 2010-00999/3739-2013 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001233100020100099902

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Número Interno: 3739 - 2013

Actor: Empresas Municipales de Cali - Emcali - EICE ESP.

Demandado: Jairo Hormaza Córdoba

Bogotá D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Problema jurídico a dilucidar.

En esta oportunidad se debe hacer el estudio de legalidad del acto administrativo cuestionado, para lo cual corresponde a la Sala establecer si el reconocimiento pensional efectuado al Sr. Jairo Hormaza Córdoba con sustento en disposiciones extralegales del orden territorial, puede protegérsele en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

Se demanda la Resolución 2263 del 18 de agosto de 1994, mediante la cual se ordenó reconocer pensión vitalicia de jubilación al demandado.

Aspectos que se hallan probados en el plenario

i) La parte actora acepta en el hecho 4.6 de la demanda(8) que conforme al registro civil de nacimiento del accionado, obrante en los expedientes administrativos que reposan en Emcali, para el momento en que se le otorgó la pensión vitalicia de jubilación al Sr. Hormaza Córdoba —18 de agosto de 1994 contaba con 56 años de edad, lo que indica que había nacido en 1938.

ii) Emcali fue creada como un Establecimiento Público a través del Acuerdo 50 del 25 de noviembre de 1961 del Concejo Municipal de Santiago de Cali, publicado el 1º de diciembre de la misma anualidad (fls.17-33).

iii) Para ajustarse al marco de la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios, el Concejo Municipal a través del Acuerdo 14 del 26 de diciembre de 1994 (publicado el 1º de diciembre de ese año), transformó a Emcali de Establecimiento Público a Empresa Industrial y Comercial del Estado —EICE— ESP (fls.34-57).

iv) Conforme información de la Jefe de Sección Prestaciones Sociales de la institución demandada, el accionado prestó sus servicios en el Ministerio de Educación Nacional del 28 de mayo de 1973 al 4 de abril de 1983, y en Emcali del 31 de mayo de 1983 al 30 de diciembre de 1993, para un total de 20 años 4 meses 6 días (fl.73).

v) Por medio de la Resolución 104 del 14 de octubre de 1983 la Junta Directiva de Emcali dispuso el reconocimiento de unos beneficios extralegales para sus empleados públicos (fls.13-15), señalando en el numeral 3º del artículo cuarto de la misma que:

Artículo cuarto

Con retroactividad al 1º de enero de 1983, aplíquense los siguientes beneficios a favor de todos los Empleados Públicos de las Empresas Municipales de Cali, Emcali:

(…)

3. Al personal de Empleados Públicos que cumpla los requisitos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes de Emcali se pagará jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio” (resalta la Sala).

vi) Se advierte que la anterior regulación de la Junta Directiva corresponde con lo que se tenía pactado en las convenciones colectivas de trabajo sobre el monto de la pensión, a tal punto que en el artículo 108 del acuerdo colectivo pactado para los años 1994-1995, que se ve a fl.70, dice:

108. Cuantía de la pensión

Emcali jubilará al personal que cumpla los requisitos establecidos por la ley y la convención vigente en Emcali, con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio. Quien ingrese a laborara en Emcali a partir del 1º de enero de 1992 y haya trabajado en otras entidades oficiales, así haya cumplido los requisitos legales o convencionales, si no ha servido en Emcali diez (10) años o más, se jubilará con el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio (subrayas ajenas al texto citado).

vii) Por medio de la Resolución GG 23847 del 29 de diciembre de 1993 se le aceptó renuncia al cargo de auxiliar de ingeniería que regentaba el accionado, a partir del 31 del mismo mes y año (fl.9).

viii) Mediante la Resolución 2263 del 18 de agosto de 1994, la Gerencia de Emcali “reconoce y ordena el pago de pensión mensual de jubilación al señor Jairo Hormaza Córdoba” (fls.10-11).

En este acto se dice que a) la junta directiva mediante el numeral 3º del artículo 4º de la Resolución 104 de 1893 estableció que la pensión de jubilación se pagará con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas por el empleado en el último año de servicio; b) se pagará la pensión a partir del 31 de diciembre de 1993 en un monto de $ 594.000, y como el accionado también había laborado en el Ministerio de Educación, del monto de la pensión correspondía a dicho ministerio pagar la suma de $ 167.076,18; c) [c]uando el Seguro Social asuma el riesgo de vejez, se pagará únicamente el mayor valor si lo hubiere entre la pensión otorgada por el ISS y la que esté reconociendo Emcali.

ix) La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de octubre de 1996(9) confirmó la decisión de primera instancia, que había proferido el 10 de febrero de 1995 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declarando la nulidad del numeral 3º del artículo 4º de la Resolución 104 de 1983 de la Junta Directiva de Emcali (fls.58-64).

Anotaciones de la sala y resolución del caso.

1. Competencia para la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos del orden territorial.

La Constitución Política de 1886 consagró inicialmente en su artículo 62 la competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de servicios que darían derecho a pensión del Tesoro Público.

Luego, con ocasión de la reforma constitucional de 1968(10), la competencia para fijar tanto las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional, como el régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, tal como quedó establecido en el numeral 9º del artículo 76 de la Carta; por su parte, el numeral 21 del artículo 120 ídem, autorizó al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9º del artículo 76(11).

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 corresponde al Congreso, mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f), el cual dispone:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

[...]

19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

[...]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública:

f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales, y estas no podrán arrogárselas. [...]” (Lo destacado es ajeno al texto).

Se presenta entonces, una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales; aquel mediante la ley marco determina unos parámetros generales, conforme a los cuales, este último habrá de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos.

En desarrollo de lo anterior fue expedida la Ley 4ª de 1992 que en su artículo 12 habilitó al Gobierno para fijar mediante decreto el régimen prestacional de los empleados de las entidades territoriales y se proscribió cualquier potestad reguladora que en materia prestacional se pretendiera por parte de las Corporaciones Públicas Territoriales. Dice este artículo:

“ART. 12.—El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad […]” (lo resaltado no corresponde al artículo citado).

Del esbozo anterior se deriva que antes de la Constitución de 1991 la competencia para fijar el régimen prestacional, tanto de empleados públicos del orden nacional como territorial, estaba exclusivamente atribuida al Congreso de la República, y que a partir de la expedición de la Norma Superior actual, el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel territorial lo determina el Gobierno de conformidad con la ley, en virtud de la competencia conjunta derivada del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Carta Política y habilitado por el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992.

De lo dicho queda establecido que ni en vigencia de la Constitución Política de 1886 ni a partir de la de 1991 podían las entidades territoriales expedir regulaciones en materia pensional, al carecer de facultades para ello.

2. Marco jurídico aplicable en materia pensional a los empleados territoriales

Antes de la vigencia de la Ley 33 de 1985, la norma aplicable para los empleados de los niveles departamental y municipal era la Ley 6ª de 1945, precepto que establecía en el literal b) de su artículo 17, como requisito para tener derecho a la pensión sin distingo de sexo, llegar a la edad de 50 años y haber laborado 20 años de servicio continuo o discontinuo para el Estado.

El requisito de edad para dichos empleados fue modificado, primero, por la Ley 33 de 1985(12) que lo fijó en 55 años sin importar el sexo, luego por la Ley 71 de 1988 que lo señaló, en caso de tratarse de pensiones por aportes, en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres; requisito que fue fijado en esos mismos términos en la Ley 100 de 1993 para el régimen solidario de prima media con prestación definida hasta el año 2014, pues a partir del 1º de enero de dicho año, las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a 57 años si es mujer y 62 si es hombre, salvo aquellos que resultaren beneficiarios del régimen de transición dispuesto en el inciso del artículo 36 de esta última ley.

En efecto, conforme el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 “la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”.

El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, exceptuó de su aplicación a los empleados oficiales (del orden nacional y territorial) que a la fecha de su promulgación —febrero 13 de 1985— hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, para los cuales se continuarían aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad; pero este no es el caso del demandado, puesto que para el 13 de febrero de 1985 tenía 12 años de servicio, si tenemos en cuenta laboró con el Ministerio de Educación desde el 28 de mayo de 1973 hasta el 4 de abril de 1983, y a partir del 31 de mayo de 1983 hasta el 30 de diciembre de 1993 con Emcali.

Pero como el Sr. Hormaza Córdoba había nacido en 1938, significa que tanto para el 1º de abril de 1994 —que entra a regir a nivel nacional el sistema pensional consagrado en la Ley 100—, como para el 30 de junio de 1995 —que entró a regir a nivel territorial—, contaba con más de 40 años de edad, motivo por el cual es beneficiario del régimen de transición dispuesto en el aludido inciso 2º del artículo 36, y en ese orden de ideas el marco legal que le aplica para su reconocimiento pensional es la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1º exige 55 años de edad y 20 de años de servicio continuos o discontinuos, y la jubilación será equivalente al 75% del salario promedio durante el último año de servicio.

3. Situaciones pensionales irregulares convalidadas conforme el artículo 146 de la Ley 100 de 1993

No obstante lo anotado con relación a la competencia privativa del Congreso de la República, compartida con el Ejecutivo Nacional, para establecer el régimen prestacional de los empleados públicos en todos los órdenes, en el nivel territorial se habían expedido regulaciones para el reconocimiento de la prestación pensional contrariando el ordenamiento constitucional y legal, motivo por el cual el legislador para garantizar la vigencia del artículo 58 Superior sobre derechos adquiridos, así como la vigencia del principio de favorabilidad y de confianza legítima, dispuso en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 la convalidación en materia pensional de aquellas situaciones jurídicas individuales, que se hubieren definido con sustento en disposiciones municipales o departamentales con antelación a la fecha de vigencia de esta norma a nivel territorial(13). Prescribe el artículo 146:

ART. 146.Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o cumplan dentro de los dos años siguientes] los requisitos exigidos en dichas normas(14).

Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente ley”.

El inciso 1º del artículo 146 se refiere a situaciones pensionales definidas con anterioridad a su vigencia, bajo cuyo amparo ha aceptado esta corporación que quienes tengan reconocida la pensión irregular antes de dicha fecha la mantengan. Entre tanto el inciso 2º habla de situaciones en las cuales con antelación se han cumplido los requisitos previstos en las disposiciones locales para adquirir el derecho a la pensión.

Así las cosas, el supuesto del primer inciso es que el derecho se haya reconocido, y el del segundo es que se hayan cumplido los requisitos para su reconocimiento así el acto administrativo haya sido expedido con posterioridad(15).

Es más, el Consejo de Estado ha considerado en su jurisprudencia que dentro de las disposiciones del orden territorial quedaron incluidas las regulaciones consagradas en Convenciones Colectivas de Trabajo(16), motivo por el cual no le asiste razón al ente recurrente cuando plantea en su alzada que estas no son una disposición departamental o municipal que permita convalidar y/o sanear la irregularidad al amparo del mencionado artículo.

Respecto de la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional en el nivel territorial, el artículo 151 establece que entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995, por consiguiente, en principio, únicamente las situaciones particulares definidas con anticipación a esta fecha deben ser respetadas, en tanto que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997(17) retiró del ordenamiento jurídico el aparte subrayado del artículo 146, que permitía la convalidación de derechos con fundamento en disposiciones locales dentro de los dos años siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social.

(sic) situaciones pensionales que se consolidaron en el lapso del 30 de junio de 1995 al 30 de junio del 1997, por consiguiente es dable concluir que también las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron, con base en disposiciones y/o regulaciones extralegales municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997, se deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el tantas veces aludido artículo 146(18).

4. Decisión

Teniendo en cuenta el marco jurídico y jurisprudencial esbozado, así como los hechos que se hallan probados, tenemos:

El Sr. Jairo Hormaza Córdoba prestó sus servicio como empleado público inicialmente en el Ministerio de Educación Nacional entre el 28 de mayo de 1973 y el 4 de abril de 1983; posteriormente en Emcali cuando era establecimiento público del orden municipal, entre el 31 de mayo de 1983 y el 30 de diciembre de 1993, donde desempeño un cargo de un empleado público, aspecto que no discute ninguna de las partes, lo que implicaría que no pudiera beneficiarse de convenciones colectivas de trabajo.

Quedó despejado que el marco legal que le aplica para su reconocimiento pensional es la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100, por ende le asistía el derecho a pensionarse con 20 años de servicio y 55 años de edad.

Para el momento que le es reconocida su pensión de jubilación mediante la Resolución 2263 del 18 de agosto de 1994, cumplía con ambos requisitos, pues, para ese año contaba con 56 años de edad según lo confiesa la misma demandante y un tiempo de servicio de 20 años 4 meses 6 días, de los cuales había laborado con Emcali 10 años 7 meses.

Significa lo dicho que lo único que no se le aplicó del marco legal que regía su prestacional pensional fue lo atinente al porcentaje para liquidar la misma, que según el artículo 1º de la aludida ley corresponde al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, entre tanto la Junta Directiva de Emcali, sin competencia para ello, por medio de la Resolución 14 de octubre de 1983 (numeral 3º de su artículo 4º), había dispuesto que la pensión de sus empleados públicos se pagaría con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio”; extendiendo por esa vía la aplicación de la pactado en la Convención Colectiva de Trabajo que disponía exactamente lo mismo.

Ahora, cualquier irregularidad surgida del hecho que se le haya reconocido el monto de su pensión conforme la regulación de la Junta Directiva, es decir, con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio, quedó purgada y/o convalidada a la luz del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, puesto que el acto administrativo a través del cual se reconoció su pensión de jubilación con base en dicha disposición extralegal del orden territorial, es de fecha anterior al 30 de junio de 1997, fecha límite hasta la cual era factible —al amparo del mencionado artículo— sanear pensiones así otorgadas.

Adicionalmente no tiene asidero el razonamiento de la entidad demandante en su apelación, al plantear que dentro de las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales no quedan cobijadas las Convenciones Colectivas de Trabajo; pues, como se dejó dicho en anteriores apartes, esa discusión quedó terminada con la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2011 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, reseñada en el pie de página 16, al estimar que “en últimas, uno y otro eran extralegales, y en ambos casos, los saneó el legislador”.

Para culminar es preciso señalar que ninguna influencia negativa para el caso particular tiene la sentencia del Consejo de Estado del 2 de octubre de 1996, que confirmó la nulidad del numeral 3º del artículo 4º de la Resolución 104 de octubre de 1983 de la Junta Directiva de Emcali que había concedido beneficios extralegales a sus empleados públicos, porque a pesar de los efectos ex tunc de esa providencia lo cierto es que es de fecha posterior al acto de reconocimiento de la pensión del demandado, además que cualquier ilegalidad en cuanto al monto de la pensión ya había quedado purgada en virtud del tan mencionado artículo 146, por lo tanto no importaba que su sustento hubiera desaparecido del mundo jurídico.

Corolario de lo dilucidado y sin necesidad de adicionales argumentos, se impone la confirmación de la sentencia del Tribunal que negó las pretensiones de la demanda.

Decisión

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia del 25 de abril de 2013, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de la referencia, conforme lo expuesto en la parte motiva.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

8 Fl.80.

9 Expediente Nº 11.697, CP Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

10 Acto legislativo 01 del 11 de diciembre de 1968.

11 Nótese que el Decreto 1333 de 1986, “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”, en su artículo 291 señalaba:
ART. 291.—El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos municipales será el que establezca la ley, que también dispondrá lo necesario para que, dentro del marco de su autonomía administrativa, los Municipios provean al reconocimiento y pago de dichas prestaciones” (destaca la sala).
En similar sentido el Decreto 1222 de 1986, “Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”, en su artículo 234 consagraba:
ART. 234.—El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de los departamentos es el que establece la ley” (resalta la Sala).

12 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público”. Dice el inciso primero 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985:
“ART. 1º—El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. (…). (Destaca la Sala).

13 A nivel territorial el sistema general de pensiones entró a regir a partir del 30 de junio de 1995, así se desprende del parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 que reza:
PAR.—El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental”.

14 Lo resaltado entre paréntesis fue declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997, MP Dr. Hernando Herrera Vergara. Entre otras cosas, dijo la Corte Constitucional:
Estima la Corte que como se ha ordenado en anteriores circunstancias, es preciso, en aplicación del principio de unidad normativa examinar la constitucionalidad del artículo mencionado en su integridad ya que este guarda una relación inescindible con los apartes demandados.
El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones (…).
Así pues, como lo determina expresamente el inciso primero del artículo 146 de la ley 100, las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, en materia de pensiones de jubilación extralegales, continuarán vigentes, con lo cual se desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente no son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva ley.
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segunda social (ley 100 de 1993)”.

15 Al respecto sostuvo la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 16 de marzo de 2006, radicado Interno 3985-2005, CP Dr. Tarsicio Cáceres Toro, que: (...) El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 consagra, por un lado, la protección de derechos adquiridos en situaciones individuales definidas y, por otro, el derecho a pensionarse con arreglo al régimen territorial cuando se hayan cumplido los requisitos con anterioridad a la vigencia de este artículo.
En similar sentido se puede consultar, por mencionar otra de tantas, sentencia del 28 de enero de 2010 de la misma Subsección A, radicado interno 0688-09, CP Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

16 Se pueden consultar al respecto: sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del 7 de abril de 2011, radicado Interno 2073-07, CP Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; del 21 de mayo de 2011, radicados internos Nos. Internos: 2333-10 y 1721-08, CP Dr. Luís Rafael Vergara Quintero, y la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 29 de septiembre de 2011, radicado interno 2434-2010, CP Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
En la sentencia de Unificación del 29 de septiembre de 2011, se dijo:
En principio podría pensarse, como en efecto lo hizo la Sala en múltiples fallos, que las disposiciones del orden territorial, como Decretos y Ordenanzas, regulaban, sin competencia, el régimen pensional de los empleados públicos, mientras que en lo que se refiere a las convenciones colectivas, regulaban la aplicación solo para los trabajadores oficiales y no para empleados públicos; pero en últimas, uno y otro eran extralegales, y en ambos casos, los saneó el legislador.
La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación contractual y consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la Universidad, quienes tenían autonomía administrativa y presupuestal, pero que, como se precisó en consideraciones precedentes, no podían regular salarios y prestaciones de sus empleados porque esto le correspondía al legislador.
(…)
En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos, dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior” (líneas y resaltado de la Sala).

17 Expediente D1585. Desfijación edicto 17 de septiembre de 1997.

18 Ver sentencia del 1º de marzo de 2012 de la Sección Segunda, Subsección A, radicado interno 0790-10, CP Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.