Sentencia 2010-00999 de agosto 5 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 05001-23-31-000-2010-00999-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Damián Esteban Zapata Delgado

Demandado: Nación, Ministerio de la Protección Social y Otros

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En el presente asunto el actor invoca la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social y el mínimo vital, cuya amenaza o violación se examina para adoptar la decisión a que haya lugar, previo el siguiente razonamiento:

La acción de tutela fue concebida en el artículo 86 de la Constitución Política, como mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que existiendo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el asunto objeto de estudio, el actor solicita que se ordene al Ministerio de la Protección Social que asuma el valor de $ 6.000.000 o al que haya lugar, por los servicios médicos prestados a su bebé y a su compañera permanente durante el proceso de parto en la Clínica del Prado de Medellín.

Afirma que él y su compañera son personas de escasos recursos y que no tienen los medios económicos para enfrentar una demanda por unos hechos que no le son atribuibles y que tampoco poseen los recursos necesarios para pagar por más acuerdos que hagan.

En primer lugar, debe precisarse que de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tiene derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciben aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

Lo anterior significa que el Estado no puede desproteger a los menores recién nacidos y por tanto deben atenderse en las entidades en las que el Estado realice aportes.

La Clínica del Prado es una entidad de salud de carácter privado que presta sus servicios de salud a particulares y contrata con las EPS y las ARS para atender pacientes del sistema contributivo o subsidiado.

La Clínica tiene un contrato con la EPS Coomeva y presta sus servicios a los pacientes de acuerdo con las normas que rigen el sistema y cuando la clínica atiende a dichos pacientes cobra las cuotas moderadoras autorizadas por el ordenamiento jurídico.

La menor de edad Natalia Morales Román, ingresó a la clínica el 3 de febrero del presente año en proceso de parto, dicha menor se acreditó como beneficiaria de su madre, la señora Mery Morales Román quien está afiliada a la EPS Coomeva como cotizante.

La menor ingresó a la clínica con 37 semanas de embarazo y un trabajo de parto inicial, donde se le practicó el procedimiento quirúrgico de parto vaginal de conformidad con los protocolos médicos establecidos. Luego de dos horas de dar a luz a una bebé, empezó a presentar cianosis, es decir, dificultad respiratoria generalizada, razón por la que fue trasladada a la unidad neonatal por lo delicado de su situación.

Pese a la atención especializada que le fue brindada su estado clínico no mejoró y se produjo su muerte el 4 de febrero de 2010 a las 10:45 a.m.

Por lo anterior, tanto la Clínica del Prado y la EPS Coomeva se niegan a cubrir los costos que demandó la atención de la menor recién nacida.

En relación con la entidad que debe hacerse cargo de la atención en salud de un recién nacido por el periodo que este estuvo sin afiliación, cuando la madre es beneficiaria de un afiliado del régimen contributivo, la Ley 100 señala lo siguiente:

ART. 163.—La cobertura familiar. El plan de salud obligatorio de salud tendrá cobertura familiar.

Para estos efectos, serán beneficiarios del sistema el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del núcleo familiar y que dependan económicamente de este; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de este.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional reglamentará la inclusión de los hijos que, por su incapacidad permanente, hagan parte de la cobertura familiar.

PAR. 2º—Todo niño que nazca después de la vigencia de la presente ley quedará automáticamente como beneficiario de la entidad promotora de salud a la cual esté afiliada su madre. El sistema general de seguridad social en salud reconocerá a la entidad promotora de salud la unidad de pago por capitación correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 161 de la presente ley (se resalta).

Por consiguiente, en el régimen contributivo todo niño que nazca a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 queda automáticamente afiliado a la EPS a la cual se encuentre afiliada la madre, debe observarse que la ley no distingue la calidad de beneficiaria o cotizante y que dicha afiliación automática se predica exclusivamente respecto de la EPS a la cual se encuentre afiliada la madre.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la hija del actor desde su nacimiento pertenecía al sistema general de seguridad social en salud y en consecuencia no cabe duda de que la EPS Coomeva debió afiliarla y cancelar los servicios médicos prestados por la Clínica del Prado.

Tratándose de recién nacidos en donde la madre se encuentre afiliada como beneficiaria de un cotizante, sus hijos quedan también afiliados automáticamente, es decir que los gastos que se deriven de su atención en salud deben ser cubiertos por la EPS a la cual quedó afiliado el menor.

No desconoce la Sala que la EPS Coomeva y la Clínica del Prado brindaron la atención médica hospitalaria debida a Natalia Morales, en calidad de beneficiaria al momento de atender el parto y posteriormente a la bebé, sin embargo, se presentaron irregularidades al no tramitar la afiliación de la recién nacida por parte de la EPS demandada.

Por lo expuesto se considera que en el presente caso, no existe carencia de objeto, como lo afirma la EPS demandada, toda vez que no han cesado los motivos que originaron la acción de tutela, es decir que continúa la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor.

Por las razones que anteceden y sin necesidad de mayores argumentaciones, se revocará el numeral primero de la sentencia impugnada que negó la tutela interpuesta respecto de la EPS Coomeva y la Clínica del Prado y se ordenará que dentro las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia la EPS Coomeva adelante los trámites pertinentes tendientes a pagar las sumas que se adeudan a la Clínica del Prado por los servicios prestados a la menor Natalia Morales Román y a su hija que falleció al poco tiempo de nacer.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el numeral 1º de la providencia impugnada, proferida el 24 de mayo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negó la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social en la acción de tutela interpuesta por el señor Damián Esteban Zapata Delgado contra la EPS Coomeva y la Clínica del Prado.

En su lugar se dispone:

Ordénase a la EPS, Coomeva que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia adelante los trámites necesarios para que sufrague los servicios médicos que le prestó la Clínica del Prado a la menor Natalia Morales Román y a su hija recién nacida.

Confírmase en lo demás.

Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Envíese copia de este fallo al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha».