Sentencia 2010-01022/2582-2013 de diciembre 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicado: 15001233100021001022 01 (2582-2013)

Actor: Martín Panqueva Panqueva

Demandado: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 01 de 1984

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., primero de diciembre de dos mil dieciséis SE-131.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cuestión previa.

La Sala advierte que en el presente proceso se solicitó la nulidad del Acuerdo 078 del 1º de diciembre de 2009 proferido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por medio del cual se modificó la estructura orgánica del ente universitario.

Sin embargo, dentro de la demanda no se plasmaron las razones jurídicas para sustentar la petición de nulidad del acto mencionado, lo que imposibilita que la Sala emita un juicio de legalidad sobre el mismo. En efecto, el demandante solo se refirió al derecho que le asiste a la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 por haber sido suprimido su cargo en el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes adscrito al centro de educación superior, empero, nada expresó en relación con las normas vulneradas en la expedición del Acuerdo 078 de 2009(3).

Por tal razón, es claro que el accionante incumplió con la exigencia prevista por el ordinal 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo esto es, no explicó las normas violadas y el concepto de violación en relación con este acuerdo.

Sobre la acreditación de dicho requisito la subsección(4) debe precisar que solo se satisface cuando en la demanda se señalan de forma clara las normas que se consideran violadas o desconocidas por el acto demandado, así como la sustentación de los cargos que se formulan, sin que ello demande que su exposición se haga bajo un modelo estricto de técnica jurídica. Así las cosas, solamente si el libelo introductor carece por completo de este requisito se considera defectuoso por la falta de uno de sus presupuestos y en consecuencia, no es posible efectuar el examen de legalidad requerido, como sucede en el presente caso respecto a la solicitud de nulidad del Acuerdo 078 de 2009.

Bajo tales presupuestos, la Sala únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la comunicación del 12 de enero de 2010 suscrita por el rector de la universidad mencionada, acto administrativo que definió la situación jurídica del demandante al terminar la relación laboral del ente universitario con este y sobre el cual sí se esbozaron las razones para atacarlo.

Problemas jurídicos.

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿El señor Martín Panqueva Panqueva era un empleado público con derechos de carrera administrativa y por tanto tenía derecho al pago de la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 ante la supresión del cargo que ocupaba?

A efectos de resolver el primer problema jurídico, se abordará el estudio de los siguientes temas: (i) la carrera docente; (ii) supresión de un cargo de carrera administrativa como justa causal de retiro del servicio. Derecho a la indemnización y; (iii) caso concreto.

1. De la carrera docente.

El Decreto 2277 de 1979 “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”; reguló todo lo relacionado con el ingreso, ejercicio, ascenso y retiro de los docentes y les otorgó a estos el carácter de empleados oficiales de régimen especial, siempre que cumplieran el servicio en entidades públicas.

A su vez, el artículo 5º ibídem, preceptuó que solo quienes acreditaran tener un título “docente” o estar inscritos en el escalafón nacional, podrían ser nombrados para ser educadores en planteles oficiales de educación. En cuanto a la provisión de los cargos se definió que la autoridad competente debía, cada año, determinar la planta de personal de los establecimientos educativos oficiales, y que únicamente podía ocupar los empleos incluidos en la misma, la que a su vez requería ser aprobada por el Gobierno Nacional. El incumplimiento de estas prerrogativas generaban, en los términos del artículo 7º del Decreto 2277 de 1979 un nombramiento ilegal.

En cuanto a la carrera docente, la misma se definió en el artículo 26 ibídem como “[...] el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga el derecho a la profesionalización, actualización y capacitación permanente, establece el número de grados del escalafón docente y regula las condiciones de inscripción, ascenso y permanencia dentro del mismo así como la promoción a los cargos directivos de carácter docente [...]” (resaltado de la Sala).

En lo que respecta a la garantía de permanecer en el empleo, el artículo 28 ejusdem, protegió al educador vinculado en el servicio oficial al prohibir su suspensión o destitución sin que previamente hubiese sido suspendido o excluido del escalafón, lo que advirtió, solo procedía por ineficiencia profesional o mala conducta comprobada. De igual manera, el artículo 31 del Decreto 2277 de 1979 al que se hace alusión en esta providencia, dispuso que “[...] El educador tiene derecho a permanecer en el servicio mientras no haya sido excluido del escalafón o no haya alcanzado la edad de sesenta y cinco (65) años para su retiro forzoso [...]” (resaltado de la Sala).

Ahora, para que un pedagogo pudiera disfrutar de los derechos y garantías de la carrera docente, enunciados en el párrafo anterior, no era necesario, superar las etapas de un concurso público de méritos, puesto que el decreto en mención no lo exigía. En efecto, en su artículo 27 la normativa contempló solo tres requisitos para acceder al mismo, así: i) ser educador oficial inscrito en el escalafón docente; ii) ser designado para un cargo docente en propiedad y iii) tomar posesión del mismo.

Es preciso aclarar, que fue con la expedición del Decreto 1706 de 1989 “por el cual se reglamentan los artículos 7º, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, y se dictan otras disposiciones”, que se determinó que los nombramientos del personal docente y directivo docente, nacional y nacionalizado, se harían por concurso convocado y realizado de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Ministerio de Educación Nacional. Así lo determinó el artículo 14 de dicha disposición:

“[...] ART. 14.—Nombramientos por concursos. Los nombramientos del personal docente y directivo docente, nacional y nacionalizado, se harán por concurso convocado y realizado de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Educación Nacional [...]”.

Conforme a lo anterior, el sistema de selección mediante concurso fue ajeno a la carrera docente hasta antes del año 1989 cuando entró en vigencia el Decreto 1706, por tanto, con anterioridad al mismo y en virtud del Decreto 2277 de 1979, los educadores accedían a la misma una vez cumplieran los requisitos de que trata el artículo 27 ibídem, enunciados con anterioridad.

La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación se pronunció sobre este tema, y emitió un concepto en el que hizo alusión a las normas que regulan el acceso a los derechos de carrera administrativa de los docentes, desde la expedición del Decreto 2277 de 1979 y hasta la actualidad con el Decreto 1278 de 2002. Al respecto señaló(5):

“[...] De esta manera, es preciso destacar varios puntos determinantes a la hora de resolver la consulta: (i) el Decreto 2277 estableció un régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente; (ii) para ingresar a la carrera docente y gozar de los derechos y garantías de ella —primordialmente de la estabilidad y permanencia en el empleo—, solamente debían acreditarse las tres exigencias señaladas: inscripción en el escalafón, nombramiento en propiedad y posesión (en el sistema de contratación este paso no tiene aplicación); (iii) por tanto el sistema de selección mediante concurso fue ajeno en un principio a la carrera docente; (iv) el tipo de nombramiento que procedía era en propiedad y era parcialmente discrecional acreditando el escalafonamiento; en la carrera docente no existía el nombramiento en provisionalidad [...]” (resaltado de la Sala).

En el mismo pronunciamiento, esta corporación consideró que por estar la situación de los docentes regulada por un régimen especial (Decreto 2277 de 1979) el cual no contempló la posibilidad de ingresar al servicio docente de manera provisional, forma de vinculación que tampoco la incluyó el Decreto 1706 de 1989, no era posible entonces aplicar las normas para provisión transitoria de empleos previstas en la carrera administrativa general (decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973 y Ley 61 de 1987), pues ello excedía los parámetros previstos en el régimen especial, mucho más cuando este no previó norma de remisión al mismo.

Se debe agregar a lo anterior, que luego de la entrada en vigencia del Decreto 1706 de 1989, las demás normas relacionadas con el régimen aplicable a los docentes, mantuvieron el requisito de sobrepasar las etapas propias del concurso público de méritos para acceder a la carrera administrativa.

En efecto, así lo fijó la Ley 60 de 1993 la cual reiteró que los educadores de los servicios educativos estatales tienen el carácter de servidores públicos de régimen especial y determinó en el inciso 2º del artículo 6º que ningún departamento, distrito o municipio podría vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, situación que de obviarse, convertiría en ilegal el nombramiento.

Así mismo, la Ley 115 de 1994 “Ley general de educación”, en su artículo 105 señaló que el nombramiento de personal educativo, directivo y administrativo al servicio público estatal, se efectuaría por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. A su vez, determinó que únicamente podían ser nombrados como educadores quienes previo concurso, hubieren sido seleccionados y acreditaran los requisitos legales. La misma disposición advirtió una excepción a este mandato relacionado con los docentes que prestaban el servicio en zonas de difícil acceso, respecto de los cuales el parágrafo 1º ibídem ordenó respetar su estabilidad laboral, aspecto declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-562 de 1996 “[...] en el entendido de que, a partir de la notificación de la presente sentencia, aquellos docentes, que laboran en zonas de difícil acceso y que sean vinculados sin el requisito del concurso, sólo podrán permanecer en la carrera docente en la medida en que continúen laborando en este tipo de zonas [...]”.

Por su parte el Decreto 1140 de 1995 “por el cual se establecen los criterios y las reglas generales para la organización de las plantas de personal docente, directivo docente y administrativo del servicio público educativo estatal y por parte de los departamentos y distritos y se dictan otras disposiciones” reguló en los artículos 7º y 8º lo concerniente al concurso público de méritos de que trata el artículo 105 de la Ley 115 de 1994 analizado, en los cuales advirtió que no es posible el nombramiento de docentes y directivos sin el previo concurso.

De igual manera, la Ley 715 de 2001 señaló que establecidas las plantas, los educadores, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrían su vinculación sin solución de continuidad. En el inciso 2º del artículo 38 ibídem se indicó “[...] Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo [...]” mandato que fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-617 de 2002(6), la cual lo declaró exequible en tanto que encontró legítimo que el nuevo régimen no se aplicara a quienes se vincularon con anterioridad al mismo, por no encontrarse estos en la misma situación y además, porque el legislador no podía desconocer los derechos adquiridos.

Conforme lo expuesto, los docentes que fueron nombrados en propiedad, posesionados y escalafonados, mantienen sus derechos de carrera docente, sin importar que hubieren ingresado sin concurso con base en el Decreto 2277 de 1979, o en los términos de los decretos 1706 de 1989, 1140 de 1995, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1278 de 2002.

En conclusión:

A los educadores vinculados en vigencia del Decreto 2277 de 1979 y con anterioridad a la entrada al ordenamiento jurídico del Decreto 1706 de 1989, la Ley 60 de 1993, la Ley 115 de 1994, el Decreto 1140 de 1995, la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1278 de 2002, no les era exigible la superación de las etapas de un concurso público de méritos para ser beneficiarios de los derechos y garantías propios de la carrera docente, y solo les bastaba cumplir con los siguientes requisitos para acceder al mismo: i) ser educador oficial inscrito en el escalafón docente; ii) ser designado para un cargo docente en propiedad y iii) tomar posesión del mismo.

2. Supresión de un cargo de carrera administrativa como justa causal de retiro del servicio. Derecho a la indemnización.

La supresión de un cargo de carrera administrativa se puede producir, entre otras razones, por la fusión o liquidación de la entidad pública, por reestructuración de la misma, por modificación de la planta de personal, por reclasificación de los empleos, por políticas de modernización del Estado. La finalidad de la medida se dirige a hacer más eficaz la prestación del servicio público.

El Estado no está obligado a mantener los cargos pertenecientes a la carrera administrativa por siempre, ya que estos no son inamovibles, pues pueden existir razones y situaciones que justifiquen la supresión de los mismos, como lo es el interés general(7). En ese sentido, la supresión de empleos es causa legal de retiro del servicio de los empleados del sector público en carrera administrativa(8), y se justifica en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos del servicio para hacer más ágil, eficaz y eficiente la función que deben cumplir(9).

Ahora, la Ley 909 de 2004 en su artículo 44 señaló que en caso de supresión del cargo, los empleados en carrera administrativa pueden optar por: (i) ser incorporados a empleos equivalentes de manera preferencial o; (ii) a recibir una indemnización en caso de no poderse dar el primer evento dentro del término de seis meses.

El segundo de los eventos ocurre cuando es imposible el reintegro del servidor público al cargo que venía ocupando, momento en el cual surge la obligación en cabeza de la administración de pagar la indemnización en los términos fijados en los parágrafos 1º y 2º del artículo 44 referenciado.

Así, para el reconocimiento y pago de las indemnizaciones el tiempo de servicios continuos debe contabilizarse a partir de la fecha de la posesión en la entidad en la cual se produce la supresión del empleo. Para efectos de calcular la misma, la norma prevé la siguiente tabla:

“[...] PAR. 2º—La tabla de indemnizaciones será la siguiente:

1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salarios.

2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5) cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año; y quince (15) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos [...]”

Por su parte, el Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998”, en el artículo 90 precisó los factores a tener en cuenta para determinar la base con la cual debe liquidarse la indemnización; y en el artículo 91 dispuso que la misma está a cargo de la entidad que retiró al empleado. Al respecto indicó:

“[...] ART. 91.—El pago de la indemnización estará a cargo de la entidad que retira al empleado y deberá cancelarse en efectivo dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de liquidación de la misma. En caso de mora en el pago se causarán intereses a favor del ex empleado a la tasa variable de los depósitos a término fijo (DTF) que señale el Banco de la República, a partir de la fecha del acto de liquidación.

“PAR.—Los valores cancelados por concepto de indemnización no constituyen factor para la liquidación de ningún beneficio laboral, pero son compatibles con el reconocimiento y el pago de las prestaciones sociales a que tuviere derecho el empleado retirado [...]”.

En conclusión:

El artículo 44 de la Ley 909 de 2004 otorgó el derecho a los empleados públicos inscritos en carrera administrativa a quienes se le suprimió el cargo que ocupaban a: (i) ser incorporados en empleos equivalentes de manera preferencial o; (ii) a recibir una indemnización en caso de no poderse dar el primer evento, dentro del término de seis meses, conforme lo señalado en los parágrafos 1º y 2º ibídem, la cual deberá pagar la entidad en la que se suprimió el cargo.

3. Solución al caso concreto.

El señor Martín Panqueva Panqueva expresó que al estar inscrito en el escalafón docente, ser nombrado en propiedad como educador y al tomar posesión del cargo, lo regula el régimen especial del Decreto 2277 de 1979, y por tanto, le asisten los derechos propios de los empleados en carrera administrativa.

De esta manera, consideró que ante la supresión de su empleo, le era aplicable lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, esto es, tenía derecho a ser reincorporado en otro o a recibir la indemnización de que trata dicha norma.

Pues bien, dentro del proceso está probado lo siguiente:

Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia fue creada mediante Decreto 2655 de 1953(10), norma que en el artículo 2º incorporó al ente universitario las facultades, institutos y demás dependencias que integraban las escuelas normales superiores universitarias de Tunja y Bogotá(11).

Se demostró que el consejo superior de la universidad demandada, mediante el Acuerdo 01 de 1961 creó como organismo docente el “Instituto Tecnológico”(12), al cual le asignó como una de sus dependencias el “Colegio de Bachillerato Técnico de Duitama Rafael Reyes” que sustituía al antiguo Instituto Pedagógico Industrial(13). Este tenía como finalidad desarrollar programas de educación media y básica primaria(14) y la dirección del mismo la ejercía el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia(15).

Se probó además, que el rector de la entidad demandada expidió la Resolución 00096 del 18 de febrero de 1985 a través de la cual nombró al demandante en el empleo de profesor de tiempo completo grado 7º en el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama (fl. 18 del expediente).

Se acreditó que el señor Martín Panqueva Panqueva tomó posesión del cargo el 26 de febrero de 1985 según el acta 3914 de dicha fecha (fls. 17, del expediente y 19, anexo).

También quedó demostrado que el demandante fue inscrito en el escalafón nacional docente en el grado 7º a través de la Resolución 12852 del 19 de diciembre de 1984, (fl. 14, anexo) y que ascendió al grado 14, conforme lo prueba la Resolución 4520 del 9 de septiembre de 1998 visible en el folio 6 del expediente.

Así las cosas, para la Sala el señor Panqueva Panqueva probó que fue nombrado en propiedad en un cargo docente antes de la entrada en vigencia del Decreto 1706 de 1989, que tomó posesión del mismo y que estaba inscrito en el escalafón docente.

Ello implica que acreditó el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 27 del Decreto 2277 de 1979 para ser beneficiario de las garantías de estabilidad y permanencia que otorga la carrera docente, sin que le sea exigible para ello la superación del concurso de méritos, puesto que al momento de su ingreso al servicio (1985), tal prerrogativa no la contemplaba el ordenamiento jurídico especial que regulaba la actividad de la docencia.

Bajo tales parámetros y una vez se suprimió el cargo que ocupaba el demandante, le asistía el derecho a ser reincorporado o, en su defecto, a recibir la indemnización de que trata la Ley 909 de 2004 en el artículo 44. No obstante, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no le otorgó ninguno de los dos, con lo cual le desconoció los derechos de carrera de que era titular.

Ahora, el ente universitario explicó que nunca adoptó, conforme lo manda el artículo 6º del Decreto 2277 de 1979, la planta de personal del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, y que por tanto el nombramiento del demandante era ilegal y no tenía derechos de carrera administrativa.

Sobre el particular, la Sala resalta que la razón que tuvo la entidad para suprimir el instituto mencionado como órgano que le era adscrito, no fue otra que la imposibilidad de continuar con la prestación del servicio de educación básica primaria y secundaria por mandato de la Ley 715 de 2001, y así lo plasmó en el Acuerdo 078 de 2009 (fls. 8 y 9 del expediente).

La subsección advierte, que en ningún momento la universidad fundamentó la decisión en la ilegalidad de los nombramientos de los empleados públicos que conformaban la planta de personal del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, y tampoco se evidencia prueba que determine que la causa por la cual no reconoció los derechos de carrera hubiese sido la aludida ilegalidad.

Además, en vigencia del nombramiento del señor Martín Panqueva Panqueva la entidad no declaró la insubsistencia del mismo ni tampoco solicitó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo declarar la nulidad de este, pese a que así lo ordenaba el artículo 7º del Decreto 2277 de 1979 al indicar en el inciso 2º “[...] Todo nombramiento que no cumpla con las estipulaciones fijadas en los artículos 5º y 6º de este Decreto es ilegal ypodrá ser declarado nulo por la jurisdicción contencioso administrativa. Así mismo, la autoridad nominadora que lo haya proferido deberá declarar la insubsistencia correspondiente tan pronto tenga conocimiento de la ilegalidad so pena de incurrir en causal de mala conducta [...]” (resaltado de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, el acto de nombramiento del demandante durante toda la relación laboral mantuvo intacta la presunción de legalidad, luego no es aceptable la razón esbozada por la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia para sustentar la negativa al reconocimiento de los derechos de carrera del mismo. De otro lado, debe anotarse que la Sala no puede pronunciarse sobre dicho tema dentro del presente proceso por cuanto dicho acto administrativo no fue objeto de demanda.

En conclusión: El señor Martín Panqueva Panqueva cumplió con los requisitos fijados por el Decreto 2277 de 1979 para adquirir los derechos propios de un docente en carrera administrativa, en consecuencia le asiste el derecho a que la entidad demandada le pague la indemnización de que tratan los parágrafos 1º y 2º del artículo 44 de la Ley 909 de 2004. No procede la reincorporación ante la inexistencia de un cargo similar en la institución, a la cual, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, no le es permitido prestar el servicio de educación básica primaria y secundaria.

Decisión de segunda instancia.

Por lo expuesto la subsección A revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de descongestión, el día 25 de julio de 2012, que denegó las pretensiones de la demanda, para en su lugar: i) Declarar la nulidad de la comunicación del 12 de enero de 2010 y ii) Condenar a la demandada al pago de la indemnización de que trata la Ley 909 de 2004 en el artículo 44 parágrafos 1º y 2º en favor del señor Martín Panqueva Panqueva, en los términos señalados en precedencia.

El pago de las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán en su valor, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente formula:

R = Rh
 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el señor Martín Panqueva Panqueva desde la fecha en que fue desvinculado del servicio en virtud del acto acusado, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la providencia).

Condena en costas.

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo sección segunda, subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓQUESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de descongestión, el día 25 de julio de 2012 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Martín Panquieva Panquieva en contra de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

2. En consecuencia, DECLÁRESE la nulidad de la comunicación del 12 de enero de 2010 proferida por el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por la cual se retiró del servicio al señor Martín Panqueva Panqueva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDÉNESE a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a reconocer y cancelar al señor Martín Panqueva Panqueva la indemnización por supresión de cargo de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

4. DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(3) Folios 38 a 46 del expediente.

(4) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda, subsección A. C.P. William Hernández Gómez. Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2016. Rad. 110010325000201100651 00. Número interno: 2542-2011. Actor: Beatriz Alicia Noguera Pardey. Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación.

(5) Consejo de Estado. Sala de consulta y servicio civil. Concepto del 17 de septiembre de 2004. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Rad. 1603.

(6) Sentencia del 8 de agosto de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño.

(7) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C., 18 de marzo de 2015. Rad. 41001-23-31-000-2002-00005-01(2762-13). Actor: Luis Alberto Aguirre Cortés. Demandado: municipio de Algeciras-Huila. Ver también la Sentencia C-370 de 27 de mayo de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(8) Artículo 41, Ley 909 de 2004.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2013. Rad. 25000-23-25-000-2001-07280-01 (0698-2009). Actor: Ana María Verano Puche. Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá (DAMA).

(10) http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103443_archivo_pdf.pdf

(11) Ibidem.

(12) Artículo 2º. Acuerdo 01 de 1961, folio 3 del expediente.

(13) Artículo 2º parágrafo 3º ibídem. En la certificación emitida por la entidad demandada el 11 de febrero de 2010, enuncia a la institución educativa como “Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes” (fl. 16), nombre que se ha usado a lo largo de toda la sentencia. No obstante, en otra certificación de fecha 10 de junio de 2008 la nombra como “Colegio Rafael Reyes de Duitama” (fl. 5). La Sala infiere, por el contenido de las certificaciones que se refiere a la misma institución.

(14) En el considerando del Acuerdo 078 de 2009 se citó el artículo 53 del Acuerdo 038 de 2001 que determinaba ello, lo que concuerda con el contenido del artículo 2º del Acuerdo 033 de 2004 (fls. 8 y 10 del expediente).

(15) Artículo 8º. Acuerdo 033 de 2004, folio 11 del expediente.