Sentencia 2010-01028/0219-13 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000 23 25 000 2010 01028 01

Nº Interno: 0219-13

Actor: Alberto de Jesús Guzmán Ramírez

Demandado: Comisión Nacional de Televisión

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: 2. Consideraciones.

2.1. Problema jurídico.

En el marco del recurso de apelación, el problema jurídico se circunscribe a determinar si las comunicaciones 20101500221714 del 20 de mayo de 2010(7) y 20103000059963 del 21 de mayo de 2010(8), proferidas por el director general (e) de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la secretaria general de la entidad fueron emitidas sin competencia y con violación de las normas superiores. Estas comunicaciones son del siguiente tenor:

i) Radicado 2010150221741

Fecha: 20-05-2010

Bogotá, D.C.

Doctor

Alberto de Jesús Guzmán Ramírez

La ciudad

Respetado Doctor Guzmán

Como es de su conocimiento distintas instancias estatales se han referido a la situación laboral de los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, cuyo periodo institucional ha concluido. Al respecto me permito citar algunos apartes de los conceptos más relevantes:

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente Gustavo Aponte Santos, concepto Nº 1860 de 6 de diciembre de 2007 expresó lo siguiente:

“…

6) Al vencerse el periodo de dos años de un miembro de elección, de la junta directiva de la CNT, éste debe retirarse inmediatamente del cargo, pues se cumple el término fijo para el cual fue elegido, sin. que sea procedente continuar en el desempeño del cargo, pues estaría extendiendo el periodo, sin perjuicio de que sea reelegido para un periodo igual, conforme a las disposiciones vigentes.

El vencimiento de un periodo institucional por tratarse de un cargo de elección, ya sea por mandato constitucional o legal de un servidor público, produce su separación automática del cargo y en tal virtud, debe dejar válidamente de desempeñar las funciones del mismo, sin que incurra en abandono del cargo puesto que el carácter institucional del periodo hace imperativo que tan pronto el funcionario lo cumpla, cese inmediatamente en sus atribuciones y no desarrolle actuación adicional ni expida actos administrativos con posterioridad al vencimiento del término, pues ya carece de competencia para ello.

(…)

El carácter institucional del periodo, de acuerdo con el actual parágrafo del artículo 125 de la Carta, implica que el plazo es imperativo, de forzoso cumplimiento, de manera que no se puede extender el ejercicio de cargo más allá del termino y en ese sentido se debe entender derogada la disposición transcrita para los empleos de elección por periodo fijo (destacados de la Sala).

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en el oficio 2010-370-010919 de 18 de mayo de 2010, después de citar algunos apartes del mencionado concepto 1860 de 2007, expresó:

“(…)

En este orden de ideas, los comisionados cuyos periodos vencen, deben separarse de manera inmediata de sus cargos, lo que de suyo implica la imposibilidad de suscribir actos administrativos o la realización de actividad alguna posterior así no haya sido nombrado su relevo, sin ello configurar abandono del cargo”.

Más adelante en el mismo oficio el Ministerio Publico se expresa con relación a la validez de las actuaciones de los comisionados lo siguiente:

“(…)

Habida cuenta que los periodos de los doctores Alberto Guzmán Ramírez y Juan Andrés Carreño Cardona, culminaron los días 28 de febrero y 8 de mayo de 2010, como consta en las actas de posesión de la Presidencia de la República 1716 y 1763, respectivamente, esta delegada considera que desde esas fechas cesaron sus facultades como comisionados.

Por lo dicho, toda actuación o acto expedido por ellos, con posterioridad al vencimiento de sus periodos, fueron realizados en su condición de particulares…” (resaltado fuera de texto).

El Departamento Administrativo de la Función Pública, en concepto de fecha 20 de mayo de 2010, al indagarse sobre el pago de salarios a los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, sostuvo lo siguiente:

“En este orden de ideas, en atención a su consulta, esta dirección considera que el pago de salarios y prestaciones sociales únicamente procede para los servidores públicos, sin que sea viable reconocer salarios y prestaciones a particulares”.

En consecuencia, le solicito de la manera más respetuosa proceder de conformidad con los conceptos solicitados

Eduardo Osorio Lozano

Director (e)”

ii) 2013000059963

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2010

Doctor

Alberto de Jesús Guzmán Ramírez

Referencia Comunicación 2010-150-0221741 de 20 de enero de 2010 suscrita por el señor Director de la CNTV

Respetado doctor Guzmán:

De conformidad con el oficio de la referencia suscrito por el señor director encargado, doctor Eduardo Osorio Lozano, me permito indicar de manera respetuosa, las consecuencias administrativas que resultan de la aplicación de los conceptos allí mencionados:

• Cesación de los pagos correspondientes a salarios, demás prestaciones sociales y beneficios.

• Hacerme entrega de los asuntos y documentos que se encuentren a si cargo.

• Los registro, archivos físicos y magnéticos bajo su responsabilidad, los cuales deben ser entregados al grupo de archivo y correspondencia.

• Bienes registrados en su inventario, a la subdirección administrativa y financiera.

• La subdirección de recursos humanos le enviará una comunicación indicando el procedimiento a seguir. Ente ellos y con el propósito de cumplir las exigencias del Decreto 2232 de 1995, usted deberá presentar, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la presente comunicación, el formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada.

Con sentimientos de la más alta consideración y aprecio,

Adela Maestre Cuello

Secretaria general”.

2.2. Marco normativo.

El artículo 125 de la Constitución Política dispone lo siguiente:

“ART. 125.—Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

(…)

PAR.—(Adicionado por el artículo 6º del Acto Legislativo Nº 1 de 2003). Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.

A su turno el artículo 1º de la Ley 909 de 2004 clasifica los empleos públicos de la siguiente forma:

“ART. 1º—Objeto de la ley.

(…)

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;

c) Empleos de periodo fijo;

d) Empleos temporales” (negrillas fuera del texto).

En armonía con las disposiciones transcritas, el artículo 5º, numeral 1º de la citada Ley 909 de 2004 numeral 1º preceptúa que los empleos de los organismos y entidades regulados por dicha ley son de carrera administrativa, con excepción de los que esa norma señala, entre los cuales incluyen “los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación”.

Los empleados públicos se han clasificado, con fundamento en la ley y en el artículo 125 de la Constitución Política, así: i) de carrera administrativa; ii) provisionales; iii) de libre nombramiento y remoción; iv) de periodo; v) de elección popular; vi) de elección institucional directa o por el sistema de ternas, por el sistema de listas, por el sistema de la cooptación; vii) según la jornada laboral: de tiempo completo, de tiempo parcial y de medio tiempo; y viii) según la permanencia en el empleo: permanentes y temporales.

Los miembros de la Junta Directiva de la antigua Comisión Nacional de Televisión(9) son empleados públicos que se encuentran en la categoría “de período” el cual se define como “el lapso que la Constitución y la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública”(10).

Esta entidad —Comisión Nacional de Televisión— nació por virtud del artículo 76 de la Carta Política de 1991 que autorizó la creación de un organismo que estuviera encargado de la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, la dirección de su respectiva política y la regulación en este campo. Así mismo la concibió como un “organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio”, que estaría encabezada por una junta directiva integrada por 5 miembros de “periodo fijo”, 2 de los cuales eran designados por el Gobierno Nacional, otro era escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión, y los últimos 2 eran nombrados en la forma que determinara la ley(11). El tenor de esta norma era el siguiente(12):

La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una junta directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al director. Los miembros de la junta tendrán período fijo. El Gobierno Nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la entidad (se destaca).

En desarrollo de tal precepto constitucional se expidió la Ley 182 de 1995, modificada por la Ley 335 de 1996, por la cual se reglamentó el servicio de televisión y se conformó la CNTV. Dicho marco normativo estableció en su artículo 6º lo siguiente:

“ART. 6º—La Comisión Nacional de Televisión tendrá una Junta Directiva compuesta por cinco (5) miembros, los cuales serán elegidos o designados por un período de dos (2) años, reelegibles hasta por el mismo período(13), de la siguiente manera:

a) Dos (2) miembros serán designados por el Gobierno Nacional;

b) Un (1) miembro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales dé televisión, según reglamentación del Gobierno Nacional para tal efecto;

c) Un (1) miembro de las asociaciones profesionales y sindicales legalmente constituidas y reconocidas con personerías jurídicas vigentes por los siguientes gremios que participan en la realización de la televisión: actores, directores y libretistas, productores, técnicos, periodistas y críticos de televisión, elegidos democráticamente entre las organizaciones señaladas. El acto administrativo de legalización y posesión los hará el Presidente de la República.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reglamentará y(14) vigilará la elección nacional del respectivo representante;

d) Un (1) miembro por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educación y de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente. Elegidos democráticamente entre las organizaciones señaladas.

El acto administrativo dé legalización y posesión lo hará el Presidente de la República.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reglamentará y(15) vigilará la elección nacional del respectivo representante.

La escogencia y el nombramiento de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión fueron aspectos regulados por la citada Ley 182. La Ley 335 de 1996 la modificó, y posteriormente mediante varios decretos como el 130 de 1999(16), 277 de 2001 y 868 de 2003(17), 590 de 2001(18), 702 de 2001(19), 451 de 2002 y 541 de 2004(20), se reglamentó el tema.

Específicamente en materia del procedimiento para la elección de un miembro “por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educación y de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente. Elegidos democráticamente entre las organizaciones señaladas” se dictó el Decreto 3560 de 18 de septiembre de 2007, el cual en su artículo 12 estableció lo siguiente:

“ART. 12.—Periodo del nuevo miembro de Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 335 de 1996, el miembro de Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión elegido de conformidad con el procedimiento establecido en el presente decreto, lo será por un período de dos (2) años.

Será reelegible hasta por el mismo período, siempre y cuando se someta al procedimiento de elección establecido, o en las normas que lo sustituyan, aclaren o adicionen.

Del anterior recuento normativo se concluye sin mayor esfuerzo dialéctico que el desempeño del cargo de miembro de la Junta Directiva de la CNTV elegido en virtud del literal d) de la Ley 182 de 1995, modificada por la Ley 335 de 1996, es para un periodo fijo de 2 años; es decir, una vez se posesione el referido servidor debe permanecer en él hasta la finalización de aquel término. Adicionalmente el artículo 7º ibídem dispuso expresamente cuáles serían las causales de desvinculación de este miembro, así:

“ART. 7º—Causales por las cuales se produce vacancia en el cargó del miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión de que trata el literal d) del artículo 1º de la Ley 335 de 1996.

a) Por vacancia definitiva, en virtud de la ocurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 7º de la Ley 182 de 1995;

b) Cuando se trate del vencimiento del período establecido en el artículo 1º de la Ley 335 de 1996.

El artículo 7º al que remite la disposición transcrita señala como faltas absolutas de los miembros de la junta: la muerte, la renuncia aceptada, la destitución, y la ausencia injustificada por más de cuatro sesiones continuas.

En este orden de ideas, el miembro de la Junta Directiva de la CNTV que haya sido elegido democráticamente “por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educación y de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente” tiene derecho a permanecer en el cargo hasta el vencimiento de su periodo, a menos que muera, se le acepte la renuncia, se le destituya, o se declare su ausencia injustificada por más de 4 sesiones.

Ahora, si bien es cierto el periodo que en virtud de la Constitución y la ley se dispuso para desempeñar dichos cargos le confiere a los respectivos servidores públicos una condición especial de estabilidad durante ese lapso, también lo es que una vez vencido les obliga a su retiro inmediato, esto es, a separarse automáticamente del cargo sin necesidad de acto u orden que así lo disponga, pues se trata de una situación que opera de plano, por virtud del ordenamiento jurídico.

Para mejor ilustración de este aspecto resulta válido traer a colación el concepto Nº 1860 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 6 de diciembre de 2007(21), que en materia del periodo de los servidores públicos que conforman la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión precisó lo siguiente:

5) Se debe subrayar, con fundamento en parágrafo del artículo 125 de la Carta, introducido por el artículo 6º del Acto Legislativo 1 de 2003 “por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones”, que los periodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el periodo de institucionales. En consecuencia, los periodos de los representantes de la junta que son elegidos, esto es, los señalados en los literales b), c) y d) del artículo 1º de la Ley 335 de 1996, tienen dicho carácter.

6) Al vencerse el periodo de dos (2) años de un miembro de elección, de la Junta Directiva de la CNTV, éste debe retirarse inmediatamente del cargo, pues se cumple el término fijo para el cual fue elegido, sin que sea procedente continuar en el desempeño del cargo, pues se estaría extendiendo el periodo, sin perjuicio de que sea reelegido para un periodo igual, conforme a las disposiciones pertinentes.

El vencimiento de un periodo institucional por tratarse de un cargo de elección, ya sea por mandato constitucional o legal, de un servidor público, produce su separación automática del cargo y en tal virtud, debe dejar de desempeñar las funciones del mismo, sin que incurra en abandono del cargo puesto que el carácter institucional del periodo hace imperativo que tan pronto el funcionario lo cumpla, cese inmediatamente en sus atribuciones y no desarrolle actuación adicional alguna ni expida actos administrativos con posterioridad al vencimiento del término, pues ya carece de competencia para ello.

Ciertamente el miembro de la junta directiva del literal d) del artículo 1º de la Ley 335 de 1996 es de elección, tal como conceptuó la Sala de Consulta el 27 de enero de 2014(22) cuando precisó que “… la designación de los integrantes de la antigua Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión se producía, salvo el caso de los dos miembros designados por el Gobierno Nacional, por medio de un proceso típicamente electoral. En efecto, a partir de candidaturas plurales, por mayoría de votos y previa campaña de los aspirantes, los tres miembros restantes de la junta eran elegidos por: (i) 28 delegados de las instituciones a que se refería el literal d) del artículo 1º de la Ley 335 de 1996 (con apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil), (ii) la Cámara de Representantes y (iii) el Senado de la República”. Así, siendo como es un miembro de elección tiene, en consecuencia, un periodo institucional perentorio del cual se tiene certeza del momento en que empieza y termina, e implica que su vinculación le confiere una estabilidad relativa, de forma que no se extiende más allá del plazo fijado para la finalización del periodo y conlleva igualmente que a su vencimiento cesa la competencia del funcionario(23).

En cuanto a la naturaleza de este periodo señaló igualmente la Corporación(24) que “el carácter institucional de un periodo necesariamente implica la determinación legal o constitucional de las dos fechas precisas que delimitan el plazo para el ejercicio de la función pública asignada, es decir, la fecha de iniciación del periodo y la fecha de terminación. Esto significa que la persona designada para ocupar el cargo no puede tomar posesión antes de la fecha de inicio ni retirarse después de la fecha de terminación”.

Sobre este mismo aspecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-1044 de 2000(25) acertadamente señaló:

Es decir, que el Constituyente habilitó al legislador para regular a través de la ley, la organización y funcionamiento del ente rector de la televisión, la CNT, y para disponer lo relativo al nombramiento de dos de los miembros de la junta directiva de ese organismo, aquellos que no eligen ni el gobierno nacional ni los canales regionales, sin establecer la prohibición de reelegirlos; lo que si dispuso, de manera expresa, es que dichos funcionarios “tendrán un periodo fijo”.

No cabe duda, entonces, de que por disposición legal y constitucional una vez vencido el periodo institucional de los 2 años para el cual es elegido un miembro de la Junta Directiva de la CNTV se produce de manera automática la vacancia del cargo y su separación del servicio. Desatender este término y prolongarlo en el tiempo contrariaría sin hesitación la esencia del mandato superior que propendió por la limitación temporal del cargo al introducir su condición de “periodo fijo”.

Ahora bien, el hecho de que en la práctica los comisionados continúen en el ejercicio de sus funciones al vencimiento del periodo, de un lado, no torna en normal y legal una situación que es evidentemente irregular y anómala y, de otro, dicha situación no les confiere derechos de permanencia.

En sentir de la Sala es reprochable que un funcionario que sabe a “ciencia y conciencia”, cuando se postula para ser elegido en un cargo de periodo, que su elección solo es por un lapso preciso y concreto, luego pretenda derivar derechos por su permanencia más allá de este tiempo, y además reclamarlos por vía judicial. Esta circunstancia —que no por haberse generalizado en la práctica resulta justificada— evidentemente no consulta lo dispuesto en los artículos 122 y 123 de la Constitución Política según los cuales los servidores y funcionarios públicos, al estar al servicio del Estado y no de sus necesidades e intereses particulares, se comprometen a cumplir y a defender la Constitución desempeñando lo que les ordena la ley, ejerciendo sus funciones de la forma prevista por la Carta, la ley y el reglamento; y de principios como el de la moralidad que rige a la administración pública (L. 909/2004).

2.3. Caso concreto.

En el caso objeto de estudio está acreditado que el actor fue elegido como miembro de la Junta Directiva de la CNTV “por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educación y de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente…” de conformidad con el literal d), artículo 1º dé la Ley 335 de 1996.

También está demostrado que fue posesionado por el Presidente de la República el 28 de febrero de 2008(26); luego su periodo culminaba el 28 de febrero de 2010, fecha a partir de la cual debió cesar en el ejercicio de sus funciones.

Así pues, está visto que el retiro del servicio del actor se produjo por virtud del vencimiento de su periodo institucional, momento a partir del cual terminó formalmente su vinculación, sin que fuera necesario que mediara ningún tipo de acto, orden, mandato o requerimiento con tal fin. En este caso, se repite, el retiro del actor operó de plano a partir del 28 de febrero de 2010.

En efecto, insiste la Sala en que el retiro por el vencimiento del periodo institucional de un miembro de la Junta Directiva de la CNTV es de forzoso cumplimiento, es decir, no es optativo o facultativo sino de imperativo acatamiento por parte quien desempeña este cargo. Y por ello, luego de transcurrido el lapso de 2 años que consagra la Constitución y la ley, ópera de facto su desvinculación.

En consecuencia, como quiera que ninguna autoridad podía ordenar el retiro por esta causa, por la potísima razón de que la situación de desvinculación no devenía de la voluntad de ninguna autoridad administrativa sino directamente de la Constitución y la ley, es que se puede concluir que los oficios del 20 y 21 de mayo de 2010 emitidos por el director (e) y la secretaria general de la CNTV no fueron los que dispusieron el retiro del demandante.

Estos actos simplemente se limitaron a instarlo a proceder de conformidad con los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de la Procuraduría General de la Nación y a informarle lo que ocurre al interior de la entidad cuando se da aplicación a dichos conceptos, actuación que desarrollaron en virtud de típicas funciones administrativas que tenían asignadas estos funcionarios en virtud del artículo 14(27) de la Resolución 718 de 2003 “Por la cual se adopta el reglamento de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión”(28) en armonía con el artículo 36 numerales 1º y 7º de la Resolución 185 de 1996(29) “por el cual se aprueban y adoptan los Estatutos de la Comisión Nacional de Televisión”.

2.4. Conclusión.

De acuerdo con lo expuesto, los cargos de incompetencia e ilegalidad esgrimidos por el actor no tienen vocación de prosperidad, en razón a que los oficios acusados no tuvieron la virtualidad de disponer su retiro, como quiera que este operó de facto una vez vencido el periodo institucional para el cual había sido elegido de conformidad con la Constitución y la ley, y además fueron emitidos por el director (e) y la secretaria general en ejercicio de la función administrativa que ostentan.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil doce (2012), proferida por la Sección Segunda, Subsección F en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda promovida por Alberto de Jesús Guzmán Ramírez contra la Comisión Nacional de Televisión.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

7 Folios 33 y 34.

8 Folio 35.

9 Hoy en día Autoridad Nacional de Televisión, a partir de la Ley 1507 del 10 de enero de 2012.

10 Sentencia de la Corte Constitucional C-093 del 4 de marzo de 1994.

11 Artículo 77 ibídem.

12 Los artículos 76 y 77 fueron derogados por el Acto Legislativo 002 de 2011.

13 Texto en negrilla declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1044 de 2000.

14 Texto resaltado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-350 de 1997.

15 Texto resaltado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-350 de 1997.

16 Que reglamentó la elección del miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión a que se refiere el literal b).

17 Reglamentó la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión a los que se refieren los literales c) y d).

18 Por el cual se modifica el literal c) del artículo 13 del Decreto 277 del 19 de febrero de 2001 y se establecen unas disposiciones transitorias.

19 Por medio del cual se modifican las fechas de elección de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión a las que se refieren los decretos 277 del 19 de febrero y 590 del 4 de abril de 2001.

20 Que reglamentó el procedimiento de elección del miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión que representa a los canales regionales de televisión de que trata el literal b).

21 Consejero Ponente Gustavo Aponte Santos.

22 Radicación 11001-03-06-000-2013-00509-00(2180), C.P. Augusto Hernández Becerra.

23 Radicación 11001-03-06-00-2012-000022-00, C.P. William Zambrano Cetina.

24 Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1743 del 8 de junio de 2006.

25 Sentencia dictada dentro de la acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 335 de 1996, “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

26 Folio 129, cuaderno 2.

27 ART. 14.—Funciones del director frente a la junta directiva. Sin perjuicio de las funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias que le correspondan al Director de la Comisión Nacional de Televisión como representante legal, tendrá frente a la Junta Directiva las siguientes funciones:
1. Representar a la Junta Directiva.
2. Convocar a la Junta Directiva a reuniones tanto ordinarias como extraordinarias.
3. Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión.
4. Presidir, en la forma señalada por el reglamento, las sesiones de la Junta Directiva.
5. Velar por que los debates se desarrollen dentro del orden, cordura y respeto debidos a la alta dignidad que se desempeña.
6. Rendir a la Junta Directiva los informes sobre las actividades desarrolladas.
7. Dar posesión a los empleados designados por la Junta Directiva.
8. Poner en conocimiento de la Junta Directiva las notas oficiales que reciba y las invitaciones que se cursen a la Comisión Nacional de Televisión.
9. Disponer lo necesario para que la Junta Directiva reciba oportuna y apropiada información.
10. Informar a la Junta Directiva, cuando fuere necesario, toda irregularidad funcional que amerite causa disciplinaria, fiscal o penal de los funcionarios y de la Comisión Nacional de Televisión, o la conducta de los particulares o la de los funcionarios públicos de distinto orden que lesionen o puedan lesionar el buen nombre y prestigio de la entidad, o de cualesquiera entidad pública o privada o persona particular o persona privada, a efectos de que la Junta Directiva tome las medidas que estime necesarias. Sin que lo anterior excluya las obligaciones que como servidor público le imponen la Constitución y las leyes.
11. Atender en asocio de los comisionados las visitas protocolarias u oficiales que efectúen a la Comisión Nacional de Televisión personalidades nacionales o extranjeras.
12. Expedir y ejecutar los actos, realizar las operaciones y ordenar los gastos necesarios para el cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva, de acuerdo con las normas constitucionales, legales y estatutarias.
13. Dirigir y coordinar la política de administración que la Junta Directiva determine y expedir los actos y demás providencias necesarias para su cumplimiento.
14. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución, la ley, el reglamento o la Junta Directiva y aquellas que por la naturaleza de su cargo le correspondan.

28 Folios 174 a 184, cuaderno 2.

29 Folios 141 a 173, cuaderno 2.