Sentencia 2010-01036 de junio 9 de 2010

 

Sentencia 2010-01036 de junio 9 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Expediente 11001-02-04-000-2010-01036-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En este asunto, el promotor del amparo pretende que se ordene al accionado realizar nuevamente la tasación de la retribución en el equivalente al 5% de los bienes extinguidos como beneficio por colaboración.

Las pruebas que obran en el expediente dejan ver a la Corte que con ocasión de las denuncias formuladas por José Orlando Alzate Alzate, se adelantaron tres procesos en los cuales el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Extinción de Dominio, profirió sentencias el 26 de agosto de 2008, las que recurrió por no habérsele dado aplicación a artículo 6º de la Ley 793 de 2002.

La Sala Penal del Tribunal Superior accionado, con ocasión de la apelación interpuesta por el actor, declaró la nulidad de los pronunciamientos y ordenó al juzgador proceder de conformidad, quien emitió providencias el 4 y 5 de junio y 16 de julio de 2009, en las que dispuso reconocer “la retribución de que trata el artículo 6º de la Ley 793 de 2002 a favor del informante José Orlando Alzate Alzate, el equivalente al 1.666% de la conversión, en su valor actual” del objeto de la extinción.

Contra las referidas decisiones el beneficiario nuevamente interpuso recursos de apelación, los que decidió la Sala Penal del Tribunal accionado el 31 de agosto de 2009 en los procesos 2008-00037-01 y 2008-00039-01 y 30 de septiembre del mismo año en el 2008-00026-01, en las que estimó que si bien no compartía las razones del juzgador para fijar la retribución tantas veces referida, consideró acertada la decisión final, porque “el porcentaje determinado del 1.666% se encuentra dentro del rango a reconocer, es decir entre el 0.001 y el 5%. Es cierto que la denuncia de José Orlando Alzate Alzate fue eficaz, en cuanto a este proceso respecta, porque efectivamente se halló la caleta denunciada, se encontraron en ella bienes de aquellos que se buscaban, y finalmente se produjo la extinción de dominio sobre estos y sobre los inmuebles que los albergaban, pero la eficacia de la denuncia y contribución aportada para el acopio de evidencias tendientes a la extinción del dominio, no son los únicos factores a considerar. También, dentro del margen de discrecionalidad que la ley otorga al fallador, cuentan la equidad, ponderación y proporcionalidad, criterios invocados por el recurrente para reclamar un beneficio mayor en favor de su representado” ” (fls. 439, 465), los que en extenso analizó en cada una de las providencias y encontró satisfechos.

En la sentencia de 30 de septiembre de 2009, sobre el punto indicado resaltó la corporación que “esa norma no es imperativa en torno al quantum a imponer, esta es facultativa, el operador jurídico puede oscilar entre los lindes máximo y mínimo que se deducen de esta.

(...).

“Valga anotar, la tasación debe oscilar dentro de esos parámetros, es decir, entre el 0.001% y el 5%, y dentro de esos topes se movió el juez a quo, al reconocer un 1.666%, acertando en el quantum de este justiprecio, más no en la motivación, porque no encuentra la colegiatura razonable el criterio para esa estimación de la retribución, al emplear una fórmula matemática con factores externos a este proceso, relativos a otros procedimientos, unos con resultados positivos por el hallazgo de caletas contentivas de dineros, y otros valores con génesis en el tráfico de alcaloides.

(...).

“Empece lo esbozado en precedencia, la decisión del dispensador de justicia de primer nivel debe avalarse porque esta tasación consulta el margen de discrecionalidad que el ordenamiento jurídico le otorga al fallador, y se circunscribe a los principios de equidad o de justicia, ponderación y proporcionalidad que reclama el censor” (fl. 479).

3. Puestas así las cosas, es evidente, entonces, que las reflexiones indicadas no son caprichosas, sino que tienen sustento objetivo en una interpretación de las normas constitucionales y legales, y los hechos del caso concreto, pues concluyeron que el Juez del conocimiento para calcular el monto de la retribución al actor se movió dentro de los parámetros indicados en el artículo 6º de la Ley 793 de 2002, con observancia de los criterios de equidad, ponderación y proporcionalidad, circunstancia que impide su desconocimiento por este camino, toda vez que como se ha decantado por la jurisprudencia, “la vía de hecho” en los campos de la hermenéutica jurídica y de la evaluación probatoria tan solo puede darse por establecida cuando se incurre en una irrefutable y grosera arbitrariedad, ya que en aquellos aspectos debe tener plena eficacia el soberano contorno funcional de los administradores de justicia, quienes no pueden estar sometidos al escrutinio del juez de tutela, porque de lo contrario se desconocerían los principios de autonomía, independencia y desconcentración judicial, reconocidos por los artículos 228 y 230 de la Carta Política.

Es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa disonancia no es motivo para calificar como absurdas las referidas providencias.

En relación con lo anterior, la Corte ha considerado que:

“(...) Sobre este particular ha sido prolija la jurisprudencia de esta Sala, la que ha destacado, de vieja data, que “Dirimida una controversia tras el agotamiento de las correspondientes etapas procesales, precisamente establecidas en orden a otorgar a las partes un escenario adecuado para el ejercicio de sus derechos, no queda opción distinta que acatar sin miramientos el designio judicial, que se torna inmutable y definitivo” (sent. nov. 3/99, Exp. 7410). Por consiguiente, para que el juez constitucional pueda superar tan caro valladar, como es la cosa juzgada, “no basta que exista una equivocación: es indispensable que esta sea abiertamente ilegal y, por ello, inadmisible, a fuerza que paladina e inobjetable” (sent. oct.11/2000, Exp. 491-01); con otras palabras, es necesaria la presencia de “’un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo’ (sent. mayo.11/2001, Exp. 0183)” (sent. feb.23/2004, Exp. 41-01), ya que “Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere (C. Const. Sent. T-231, mayo 13/94)” (sent. mayo.10/2005, Exp. 00142-00).

4. Basta lo dicho para concluir que la sentencia de primer grado, admite sin más su ratificación, como se dispondrá enseguida.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión».