Sentencia 2010-01041 de septiembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 080012331000201001041-01

Consejera Ponente (E):

Dra. Susana Buitrago Valencia

Demandante: Edison Barceló Donado

Demandado: Mesa Directiva Asamblea del Atlántico

Electoral 2ª Instancia: Fallo

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de esta acción electoral en segunda instancia, está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998, artículo 37; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de Agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la prueba del acto de acusado.

La designación de Camilo Torres Romero como presidente, Margarita María Balen Méndez como primer vicepresidente, Nestar Isabel Franco de Ferrer como segundo vicepresidente e Ingris Polo Carranza como secretaria general, se probó con copia auténtica del Acta 37 del 28 de octubre de 2010 de la Asamblea Departamental del Atlántico(2).

3. Pruebas relevantes.

1. Copia auténtica del Acta 38 de la sesión ordinaria de noviembre 4 de 2010, de la Asamblea Departamental del Atlántico, en la que se aprobó el Acta 37 del 28 de octubre de 2010(3).

2. Copia auténtica de la Ordenanza 00026 de 2007(4) “Por medio del cual (sic) se expide el reglamento interno de la Asamblea Departamental del Atlántico y se dictan otras disposiciones”, que en lo pertinente dispone:

“ART. 19.—Periodos. La Asamblea Departamental del Atlántico, sesionará ordinariamente en la capital del departamento, en el recinto señalado oficialmente para al (sic) efecto, durante seis (6) meses al año, divididos en tres periodos. Así:

El primer periodo será, durante el primer año de sesiones, del 02 de enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año, y durante el segundo, tercer y cuarto año de sesiones, desde el primero (1º) de marzo al 30 de abril.

El segundo periodo será del primero (1º) de junio al 30 de julio.

El tercer periodo será del primero (1º) de octubre al 30 de noviembre (...)”.

ART. 20.—Composición y periodos de las mesas directivas. La mesa directiva de la Asamblea se compondrá de un Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario General, elegidos separadamente para periodos, de un año calendario.

PAR. 1.—Para el segundo, tercero y cuarto año se fijará como fecha de elección de la Mesa Directiva, el último día del periodo inmediatamente anterior. Entrará en sus funciones el día dos (2) de enero posterior a su elección y se posesionarán ante el presidente saliente de la asamblea (...)” (Se imponen negrillas).

3. Copia auténtica de la Ordenanza 000101 de 2010(5) “Por medio de la cual se modifica el reglamento interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, Ordenanza 00026 de 2007 y se dictan otras disposiciones”, que en lo pertinente dispone:

“ART. 1º—Modifíquese el parágrafo primero del artículo 20 del reglamento interno el cual quedará así: Para el segundo, tercer y cuarto año se fijará como fecha de elección de la mesa directiva, el último día de sesiones del mes de octubre. Entrará en sus funciones el día 2 de enero posterior a su elección y se posesionarán ante el presidente de la asamblea”.

4. Copia auténtica de la Gaceta de la Gobernación del Atlántico, ejemplar Nº 7903 de octubre 29 de 2010, en la que se publicó la Ordenanza 000101 de 2010(6).

4. Del caso concreto.

El ciudadano Edison Barceló Donado demandó la nulidad de la elección de la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Atlántico, integrada por Camilo Torres Romero (presidente), Margarita María Balen Méndez (primer vicepresidente), Nestar Isabel Franco de Ferrer (Segundo Vicepresidente) e Ingris Polo Carranza (secretaria general), contenida en el acta 37 del 28 de octubre de 2010 de esa entidad, por violación de los artículos 19 y 20 parágrafo 1º de la Ordenanza 00026 de 2007, 83 del Decreto-Ley 1222 del 18 de abril de 1986, y 84 y 223 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo, debido a que la elección, que según la Ordenanza 00026 debió surtirse el último día del período inmediatamente anterior, esto es el 30 de noviembre de 2010, efectivamente se llevó a cabo el 28 de octubre de 2010, gracias a que se aplicó el artículo 20 de la Ordenanza 000101 de 2010, sin que para ese entonces estuviera promulgada, ya que su publicación se hizo hasta el 29 de octubre siguiente.

Considera el accionante que esa situación configura las causales de nulidad de desviación de poder, falsa motivación y expedición irregular, previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (Mod. D. 2304/89, art. 14), al igual que la causal de nulidad establecida en el numeral 2º del artículo 223 Ibídem.

La parte demandada refuta la acusación afirmando que la Ordenanza 000101 de 2010 es válida, no es falsa, y por ello podía aplicarse para efectos de la elección demandada. Adujo igualmente que cualquier ilegalidad se convalidó con el Acta 38 del 4 de noviembre de 2010 de esa corporación y porque la asamblea del atlántico la publicó en la Gaceta de la Gobernación del Atlántico 7903 de octubre 29 de 2010. Y, por último, sostuvo que como la publicidad de la Ordenanza 000101 tenía por fin hacerla oponible a terceros, era viable que la Asamblea la aplicara aunque no se hubiera publicado.

De acuerdo con las tesis expuestas por las partes, es preciso que la Sala determine el alcance que en los procesos electorales pueda tener la convalidación o “purga de ilegalidad”, así como la incidencia que en la legalidad del acto acusado pueda tener la elección de la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico en fecha anterior a la prevista en la Ordenanza 00026 de 2007, o que se haya llevado a cabo bajo las reglas de la Ordenanza 000101 de 2010, que no había sido publicada para ese entonces.

4.1. Convalidación o “purga de ilegalidad” en el proceso electoral.

Sostiene la parte demandada que en el sub lite se produjo la convalidación o “purga de ilegalidad” frente a los reparos formulados por la parte actora, por dos circunstancias concretas: (i) Porque con el Acta 38 del 4 de noviembre de 2010 la Asamblea Departamental del Atlántico, se aprobó el Acta 37 del 28 de octubre del mismo año, en cuya sesión se llevó a cabo la elección impugnada; y, (ii) Porque la Ordenanza 000101 de 2010 se publicó en el 29 de octubre de 2010, en la Gaceta de la Gobernación del Atlántico 7903.

La convalidación o “purga de ilegalidad” de los actos electorales, que conceptualmente equivale a “Confirmar o revalidar, especialmente los actos jurídicos”(7), parte del supuesto que existe un acto administrativo de elección o de nombramiento, que llegó al mundo jurídico incurriendo en alguna de las causales generales de nulidad previstas en el artículo 84(8) del Código Contencioso Administrativo, o que lo hizo afectado por alguna de las causales especiales de nulidad establecidas en los artículos 223, 227 y 228 ibídem. Es decir, que la “purga de ilegalidad” tiene como premisa que el acto de elección o de nombramiento llegó al mundo jurídico viciado de nulidad.

Para la Sala no es de recibo la tesis según la cual un acto electoral que haya nacido incurso en alguna causal de nulidad, pueda luego sanearse o depurarse del vicio que se incorporó ab initio al mismo.

En primer lugar, porque si se revisa cada una de las causales de nulidad previstas para los actos electorales, se notará que el operador jurídico sólo puede juzgar su legalidad con las circunstancias antecedentes o concomitantes a su expedición, y no por las subsiguientes; es decir, que solamente las anomalías presentadas en fases previas o cuando se expide el respectivo acto, son las que pueden afectar su validez.

En este mismo sentido el artículo 223 ibídem prescribe cada una de las causales de nulidad de los actos de elección por voto popular. Fenómenos como la violencia, la falsedad o adulteración de los registros electorales, la violación del sistema electoral, la votación por candidatos carentes de requisitos o inhabilitados, etc., son circunstancia que en todo caso ocurren antes de proferirse el acto de elección.

Así, en materia electoral las actuaciones sobrevinientes de la autoridad que produjo el acto no tienen la propiedad de convalidar la ilegalidad con que haya nacido el acto de elección o de nombramiento, pues su legalidad se juzga a la luz de los hechos anteriores o concomitantes, como ya lo había dicho la Sala en otra oportunidad:

“No obstante lo anterior, tal y como lo ha dicho la jurisprudencia de esta corporación, la renuncia al cargo cuya nulidad se solicita no convalida la ilegalidad, pues el acto impugnado debe analizarse “en el momento en que el acto administrativo se produce y no en un momento posterior a su nacimiento. De manera que si un acto administrativo nace a la vida jurídica con vicios de ilegalidad, es necesario que el órgano de control se pronuncie sobre dichos vicios, ya que aún cuando el acto haya perdido su vigencia, pudo haber producido efectos jurídicos”(9). Por lo tanto, es procedente juzgar la legalidad del acto demandado”(10). (Negrillas de la Sala).

Porque la convalidación o “purga de ilegalidad” implica admitir que hay nulidades saneables y otras que no lo son, o como ocurre en el Código Civil, que consagra nulidades absolutas y nulidades relativas, de las cuales solamente pueden sanearse las últimas(11). Pues bien, lo anterior no es compatible con el proceso electoral, en cuya codificación no se advierte una sola regla que prevea la distinción entre nulidades absolutas y nulidades relativas, ya que por el contrario el legislador, en los artículos 84, 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, tan solo se refiere a las causales de nulidad existentes frente a los actos de elección o de nombramiento.

Donde el legislador no distingue al operador no le es permitido hacerlo. Por tanto, si el régimen de nulidades en el proceso electoral simple y llanamente habla de nulidades, sin distinguir entre absolutas o relativas, o saneables e insaneables, debe entenderse que no hay tal clasificación y que la ocurrencia de cualquiera de las causales concebidas para el proceso electoral hacen nulo, de manera definitiva e insaneable, el acto electoral, tal como lo precisó esta sección en fallo reciente:

“En primer lugar, debido a que en derecho administrativo las nulidades no se clasifican en absolutas y relativas, como sí ocurre en derecho privado, sino que sencillamente los actos administrativos son nulos o no lo son, lo que lleva a sostener que la institución del saneamiento de las nulidades no existe en esta especialidad del derecho, y como no existe, una vez configurada la respectiva causal, la nulidad no desaparece por la ulterior publicación de los actos, porque ella se juzga al momento en que se expide el acto, para lo cual es bueno recordar que la nulidad emerge por situaciones anteriores o concomitantes a su expedición, sin que lo que posteriormente ocurra pueda llevar a sanear vicios de ilegalidad incrustados en actos particulares expedidos con fundamento en actos generales frente a los cuales se omitió el requisito de la publicidad”(12).

Así las cosas, en el proceso electoral no es de recibo la tesis de la convalidación o “purga de ilegalidad” del acto electoral.

4.2. Elección de la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico en fecha anterior a la prevista en la Ordenanza 00026 de 2007.

En la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2010 (Acta 37), la Asamblea Departamental del Atlántico eligió los integrantes de la mesa directiva para el período siguiente (2011). Según lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ordenanza 00026 de 2007(13), dicha elección debía surtirse el último día del tercer período de sesiones, que corrió entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2010.

La jurisprudencia del Consejo de Estado y en particular la de la Sección Quinta tradicionalmente ha sostenido que no basta con la constatación de que el acto presenta una inconsistencia para declarar su nulidad pues esta debe tener alcance sustantivo, es decir que impacte en forma protuberante valores y principios superiores, y una entidad de tal grado que sea determinante para el sentido de la elección o designación acusada.

Pues bien, para la Sala no puede considerarse como una irregularidad sustancial el hecho que la elección que reglamentariamente debía surtirse el 30 de noviembre de 2010, se haya anticipado para el 28 de octubre del mismo año, ya que se trató de una elección que, en definitiva, se realizó dentro del mismo período en que debía llevarse a cabo, esto es el tercer período, corrido entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2010.

Tampoco tiene naturaleza sustancial la irregularidad porque no se violó el debido proceso ni la transparencia del proceso. Lo primero, en atención a que la elección se hizo con el quórum reglamentario, como así lo constató el secretario de la Asamblea del Atlántico en la sesión del 28 de octubre de 2010 (Acta 37)(14); y lo segundo, porque la elección se hizo con previo conocimiento de los integrantes de la duma departamental, como así lo demuestra el hecho que se hubiera tratado de un punto incluido en el orden del día.

Y, por otra parte, la irregularidad resulta intrascendente porque de acuerdo con el reglamento interno de la Asamblea del Atlántico (Ordenanza 00026/07), y desde luego con el ordenamiento jurídico, la competencia para elegir integrantes de la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico es de la misma corporación, sin que el término allí fijado pueda tomarse como extintivo de esa facultad, que por cierto se fija más para organizar su funcionamiento administrativo, que para establecer una especie de condición resolutoria a su ejercicio.

En un caso similar esta sección sostuvo:

“Determinado lo anterior, corresponde ahora a la Sala establecer si el desconocimiento de la regla jurídica que se ocupa de fijar la fecha en que debía tener lugar la elección de la mesa directiva de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca (par. 1º del art. 20 reglamento interno de esa corporación), es motivo suficiente para concluir en la nulidad de la elección acusada.

Para la Sala la respuesta a ese interrogante es negativa, por las siguientes razones.

La primera, porque la oportunidad que señala el parágrafo 1º del artículo 20 del reglamento interno de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca no prevé un límite temporal a la competencia de esa corporación para la elección de su mesa directiva para el segundo, tercero y cuarto año de labores de esa corporación. En otras palabras, el hecho de que ese Reglamento ordene que esa elección deba hacerse “el último día del período inmediatamente anterior” no impone entender que antes de la oportunidad señalada, la asamblea no tenga competencia para efectuar esa elección.

Lo anterior, por cuanto, además de que no fue esa la finalidad de la norma reglamentaria, ocurre que por vía interpretativa de la misma no es posible desconocer la competencia que, sin límite temporal alguno, le otorga la misma a la asamblea del departamento del Valle del Cauca para elegir su mesa directiva.

En este punto conviene anotar que los reglamentos que adoptan las asambleas departamentales “para su organización y funcionamiento” (código de régimen departamental, art. 33, adoptado por el D. 1222/86), no tienen una finalidad distinta que la de “arreglar el curso de sus trabajos” (art. 34, ib.).

Bajo ese entendido, en este caso es claro que cuando el reglamento interno de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca fija la fecha en que debe tener lugar la elección de la mesa directiva para el segundo, tercero y cuarto año de labores de esa corporación sólo pretende ajustar esa designación a los intereses de la misma en punto a la oportunidad con que debe hacerse para que su gestión pueda darse de manera conveniente a tales intereses.

En esta forma, es claro que el desconocimiento de la regla jurídica que determina la oportunidad en que debe efectuarse la elección de la mesa directiva para el segundo, tercero y cuarto año de labores de la asamblea del departamento del Valle del Cauca, no implica el desconocimiento de regla de competencia alguna, como para entender que la elección que, eventualmente, se realice de manera inoportuna se hace sin competencia.

Se concluye, entonces, que la oportunidad que señala el parágrafo 1º del artículo 20 del reglamento interno de la asamblea del departamento del Valle del Cauca no prevé un límite temporal a la competencia de esa corporación para la elección de su mesa directiva, pues se trata, sin más, de una regla de procedimiento a la cual debe someterse esa designación en punto a la oportunidad con que debe efectuarse para la buena marcha de la asamblea.

De otra parte, entiende la Sala que el desconocimiento de la regla de oportunidad que se comenta tampoco puede llevar a concluir en la expedición irregular del acto administrativo de declaratoria de elección, según se explica a continuación.

El vicio de expedición irregular, según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, constituye una causal genérica de nulidad de los actos administrativos y corresponde a aquel referido a las irregularidades sustanciales que tengan lugar en la expedición del acto, vale decir, el que se presenta cuando el acto se expide omitiendo las formalidades y trámites del caso que resulten determinantes en la decisión definitiva.

Y por irregularidad sustancial en la expedición de un acto declarativo de elección o de nombramiento se entiende aquella capaz de alterar, con la suficiente gravedad, la transparencia del proceso de selección o electoral de que se trate, en cuanto afecta de manera determinante el resultado del mismo.

Bajo esta última consideración, la Sala entiende que la elección de la mesa directiva para el segundo, tercero y cuarto año de labores de la asamblea del departamento del Valle del Cauca que se haga en fecha diferente de la señalada en el reglamento es una irregularidad que no tiene el carácter de sustancial, pues, por sí sola, no permite considerar que el acto de declaratoria de esa elección hubiere sido distinto o sufrido alguna modificación.

Ciertamente, es evidente que la falta de oportunidad con que eventualmente pudiera efectuarse la designación no constituye, por sí sola, una irregularidad capaz de afectar de manera determinante el resultado de esa designación. En otras palabras, no es posible identificar de qué modo la elección inoportuna, esto es, aquella hecha antes o después de la oportunidad debida, conduzca necesaria y suficientemente a una variación sustancial en la conformación de la mesa directiva. No es lógico suponer que el resultado electoral, esto es, la integración de la mesa directiva, sea diferente cuando tiene lugar oportunamente a cuando se hace extemporáneamente.

Por tanto, el desconocimiento de la regla de oportunidad que señala el parágrafo 1º del artículo 20 del reglamento interno de la asamblea del departamento del Valle del Cauca, para la elección de la mesa directiva para el segundo, tercero y cuarto año de labores de esa corporación, no constituye una irregularidad sustancial que permita concluir en la expedición irregular del acto de declaratoria de la elección que se haga de manera inoportuna”(15).

De lo dicho queda claro que la elección de la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico, en fecha anterior a la prevista en su reglamento interno, no la vicia de nulidad; de un lado, porque se trata de una irregularidad intrascendente que no afectó ningún principio o derecho superior; y del otro, porque al ser ese cuerpo colegiado el legalmente autorizado para elegir sus dignatarios, la sola anticipación de la fecha, dentro del mismo período, no convierte en ilegal esa actuación.

4.3. Aplicación de la Ordenanza 000101 de 2010 en la elección de la Mesa Directiva de la Asamblea del Atlántico.

Bajo el supuesto de que la elección se cumplió con la reforma implementada por la Ordenanza 000101 de 2010, mediante la cual se dispuso que para el segundo, tercer y cuarto año la elección de la mesa directiva se realizaría “...el último día de sesiones del mes de octubre.”, como ocurrió en este caso, debe determinar la Sala si la falta de publicación de esa reforma, que de hecho se hizo un día después de expedido el acto acusado, da lugar a anularlo.

La publicidad es uno de los principios que informan el ordenamiento superior, en particular la función administrativa (C.P., art. 209), frente a la cual se dice que se desarrollará “...con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,...” (Negrillas de la Sala). Cumple distintos propósitos. Uno de ellos, desarrollar el principio democrático, en la medida que a través de dar a conocer las decisiones y actuaciones de los funcionarios públicos, se “...facilita [] la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;...”, que es uno de los fines esenciales del Estado (C.P., art. 2º).

De otro lado, la publicidad se constituye en una actuación posterior a la expedición del acto administrativo, que cumple la finalidad de enterar a la comunidad en general de ciertas medidas, ya sean de interés particular y concreto, o de carácter general. En uno y otro evento la publicidad se erige en presupuesto de oponibilidad o eficacia, ya que sin la divulgación correspondiente a los destinatarios de la medida no se les puede exigir su cumplimiento.

Es por ello que en el artículo 83 del Decreto-Ley 1222 del 18 de abril de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”, luego de precisar que las ordenanzas rigen para el departamento después de 30 días de haber sido publicadas, prescribe que “...en todo caso ninguna ordenanza podrá ser obligatoria antes de su promulgación.”. Se trata de una garantía para la seguridad jurídica, que se endereza a evitar que ese tipo de medidas administrativas se tornen obligatorias para sus destinatarios, sin que previamente hayan sido enterados.

Sin embargo, en punto de la eficacia de los actos administrativos de carácter general también debe observarse lo dispuesto en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, que expresa:

“ART. 43.— Deber y forma de publicación. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto” (se destaca).

La anterior norma plantea dos hipótesis, referidas a los destinatarios de las normas, que sin duda son complementarias. De una parte, en forma expresa señala que los actos administrativos de carácter general no obligan a los particulares sino en virtud de su publicación, lo que como se vio, es razonable porque a los mismos no se les puede conminar a cumplir una norma que no se ha hecho pública. Es decir, ratifica el hecho que la publicidad confiere eficacia u oponibilidad al acto administrativo ante los particulares.

Y, de otra, tácitamente está precisando que la eficacia u oponibilidad del acto de carácter general no se juzga en la misma forma cuando se trate de medidas expedidas por la administración para regular su funcionamiento, ya que la falta de obligatoriedad del acto general, por ausencia de publicidad, se predica de los particulares, pero no de la administración, frente a quien por razones lógicas no sería dable asegurar que por desconocimiento esos actos generales le son inoponibles, pues siendo su autor no podría alegar ignorancia frente a los mismos.

Pues bien, el hecho que la elección de la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico, para el año 2011, se haya realizado conforme a la regla establecida en la Ordenanza 000101 de 2010, según la cual se llevaría a cabo “...el último día de sesiones del mes de octubre.”, que aún no se había publicado en el medio oficial, no afecta la legalidad de esa elección, porque la administración, conocedora de la nueva regla, bien podía aplicarla sin afectar la validez de sus actuaciones.

5. Conclusiones.

Lo discurrido en precedencia lleva a inferir que el fallo de primera instancia será confirmado, ya que se demostró que ni la extemporaneidad de la elección acusada, ni la falta de publicidad de la Ordenanza 000101 de 2010, son constitutivas de nulidad del acto de elección. La falta de oportunidad porque se trata de una irregularidad insustancial, en la medida que la duma es, en todo momento, la competente para elegir su mesa directiva; y, porque la falta de publicidad de un acto general que regula su funcionamiento, debidamente expedido por la administración, no lo hace inoponible ante sí.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia desestimatoria proferida el veintiséis (26) de abril de dos mil once (2011), por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del Proceso Electoral 080012331000201001041-01, adelantado por Edison Barceló Donado.

2. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, dejando las anotaciones correspondientes.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(2) Cdno. 1º folios 16 a 29.

(3) Anexo folios 2 a 6.

(4) Anexo folios 41 a 87. No precisa la fecha.

(5) Anexo folios 26 y 27. No precisa la fecha.

(6) Anexo folios 32 a 36.

(7) Diccionario de la Real Academia Española.

(8) Esta disposición enseña:

“ART.- (Mod. Do. 2304/89, art. 14). Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.

(9) Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia del 19 de marzo de 1998. Expediente: 2842.

(10) Fallo de mayo 4 de 2001. Proceso electoral 110010328000200000020-01 (2395). Actor: Jorge Enrique Reyes Gómez. Demandado: Ernesto Martínez. Sección Quinta.

(11) El régimen de las nulidades absolutas y relativas en el Código Civil se gobierna, en parte, por las siguientes disposiciones:

“ART. 1741.—Nulidad absoluta y relativa. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.

ART. 1742.—Obligación de declarar la nulidad absoluta. (Subrogado por L. 50/36, art. 2º). La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.

ART. 1743.— Declaración de nulidad relativa. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes.

La incapacidad de la mujer casada que ha obrado sin autorización del marido o del juez o prefecto en subsidio, habiendo debido obtenerla, se entiende establecida en beneficio de la misma mujer y del marido.”

(12) Fallo de marzo 7 de 2011. Proceso electoral 110010328000201000006-00. Actor: Herman Gustavo Garrido Prada. Demandado: Rector Universidad Popular del Cesar. Sección Quinta.

(13) Esta disposición departamental concuerda con lo que sobre la materia regula el artículo 29 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000, que enseña:

“ART. 29.—Sesiones de las asambleas. El artículo 1º de la Ley 56 de 1993, quedará así:

“ART. 1º—Sesiones de las asambleas. Las asambleas sesionarán durante seis (6) meses en forma ordinaria, así:

El primer período será, en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior a su elección al último del mes de febrero de respectivo año.

El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el 1º de marzo y el 30 de abril.

El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, será del 1º de octubre al 30 de noviembre.

Podrán sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, que se remunerará proporcionalmente al salario fijado (...)”.

(14) Ver anexo folio 12.

(15) Sentencia de mayo 5 de 2006. Expediente: 760012331000200500315-02 (3933). Actor: Néstor Guillermo Franco González. Demandada: Mesa Directiva Asamblea del Valle del Cauca. C.P. Darío Quiñones Pinilla.