Sentencia 2010-01069 de octubre 2 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 680011102000201001069 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado según Acta de Sala 76 de la fecha

Registro de proyecto 01 de octubre de 2013.

Bogotá, D.C. dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer en consulta el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(7) y 59 de la Ley 1123 de 2007(8); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Si bien es cierto, la esencia del Decreto 196 de 1971 y de Ley 1123 de 2007 radica fundamentalmente en un precepto de orden constitucional, el cual en el art. 26 consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Ahora, teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, se procede entonces a estudiar el comportamiento de la togada Liliana García Mantilla, a efecto de valorar si su conducta en el caso puesto en conocimiento de esta colegiatura se ajustó o no a estos parámetros.

La falta atribuida en el fallo de primera instancia, se encuentra consagrada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, en los siguientes términos:

“ART. 37. —constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1º Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Ahora, para proferir fallo sancionatorio se hace exigible la certeza sobre la materialidad de la falta y la responsabilidad; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios de la ley procesal que conforman el derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Así las cosas, analizado el sentido del fallo, las intervenciones y el material probatorio allegado, se advierte desde ya conformidad con la decisión objeto de revisión.

Al interior del presente disciplinario se logró establecer que la señora Nelda Yida Barajas Sarmiento confirió poder “especial, amplio y suficiente a los Doctores Liliana García Mantilla ... y David Guillermo Zafra Calderon(Sic) ...para que en mi nombre y representación inicien y lleven hasta su terminación proceso de carácter administrativo de nulidad y restablecimiento de derecho contra el municipio de Lebrija... a fin de obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negaron unas peticiones...”(9).

En efecto, en virtud del citado poder el 21 de noviembre de 2003 fue radicada demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de Nelda Yida Barajas Sarmiento en contra del Municipio de Lebrija, asunto en el cual una vez fue admitido mediante auto del 14 de abril de 2004, se procedió a la práctica de pruebas, el 25 de octubre de 2007 se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la que la disciplinada allegó escrito reiterando las pretensiones iniciales y finalmente el 11 de septiembre de 2008 se profirió sentencia en donde se resolvió denegar las súplicas de la demanda.

Ahora, el citado fallo fue notificado mediante edicto fijado el 23 de octubre de 2008 y desfijado el 27 del mismo mes y año, cobrando ejecutoria formal, según propia certificación expedida por la secretaria del juzgado cuarto administrativo del circuito de Bucaramanga, el 30 de octubre de 2008, sin que el mismo hubiere sido recurrido.

Ha de señalarse entonces, que de acuerdo con la reseña procesal anteriormente hecha, se encuentra debidamente probado que el comportamiento omisivo de la litigante, quien de acuerdo a las propias declaraciones de los investigados y de la quejosa, era la encargada de estar al tanto del proceso, se adecúa al tipo descrito en el numeral en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 en tanto desatendió el deber de presentar el recurso de apelación en contra de la sentencia que resultó contraria a los intereses de su mandante.

Ahora bien, en el transcurso del proceso disciplinario la investigada sostuvo que no recordaba la razón por la cual no se apeló la decisión, a su vez, el doctor Zafra Calderón, adujo que ello no se hizo toda vez que en el Consejo de Estado se había creado una corriente jurisprudencial que estaba negando las pretensiones en la clase de procesos que se estaban adelantado, condenando en costas a la parte demandante, por lo que consideró que llegar a interponer el recurso de alzada podría causar a la postre perjuicios a su mandante y empeorar la situación.

Respecto a este punto, es importante recordar que si bien se ha aceptado por esta Superioridad que el solo hecho de no interponer los recursos ante fallos contrarios a los intereses de los mandantes no constituye en sí mismo la ocurrencia de falta disciplinaria, pues “por regla general, en los poderes-otorgados a los profesionales del derecho- se les faculta para esos menesteres entre los cuales está apelar las decisiones, pero ello no es camisa de fuerza para el profesional del derecho, quien es el que posee los conocimientos jurídicos, domina el tema y es sabedor de los pormenores del proceso ..., al fin de cuentas decide la conveniencia o no de acudir al medio legal de la apelación para controvertir una decisión”(10), distinto es que la falta de apelación se dé por la negligencia o incuria del profesional para realizar las gestiones necesarias para la defensa de los intereses de sus prohijados, lo que si configura la falta a sus deberes.

Y es que precisamente, este último evento es el que se configura en el presente caso, pues descontado como está que la doctora Liliana García Mantilla era la encargada de actuar directamente en el proceso, ante, en primer lugar sus propias manifestaciones de no recordar la razón por la cual no apeló la decisión y segundo, el memorial allegado por la disciplinable al Juzgado de conocimiento solicitando copias de la sentencia “con constancia de notificación y ejecutoria, una con anotación de ser primera copia que presta mérito ejecutivo...”, solicitud despachada desfavorablemente por cuanto el fallo no contenía obligación alguna a favor de la quejosa, se evidencia la falta de diligencia por parte de la abogada al no estar atenta de la decisión, tanto así que ni siquiera entró a verificar el sentido fallo, dando por sentado y tres meses después que la sentencia había sido desfavorable, lo que dio al traste con la realidad y permitió que trascurriera el término de ejecutoria y se venciera la oportunidad para intentar mediante recurso de alzada la revisión de la decisión y llegado el caso lograr la efectiva protección a los intereses de su cliente.

Lo anterior, advierte sin duda la materialidad de la falta disciplinaria endilgada, pues quedó evidenciado que ante la negligencia y el descuido de la togada en atender el asunto a ella encargado, una vez proferido el fallo en contra de los intereses de la mandante, dejó prescribir los términos para presentar el recurso de apelación, lo que conllevó a que dicha decisión quedara en firme y por ende no fuera revisada por una segunda instancia

De la ilicitud. Si bien la Ley 1123 de 2007 pregona la antijuridicidad en artículo 4º podría entenderse por la redacción de la norma que se asimila a la antijuridicidad desarrollada en materia penal, no obstante está condicionada en el derecho disciplinario a la infracción de deberes aunque obedezca como en el penal al desarrollo del principio de lesividad. No en vano dicho precepto normativo condicionó que la falta es antijurídica cuando con la conducta se afecta sin justificación, alguno de los deberes previstos en este mismo código.

Obviamente que ilicitud es una acepción vinculada en forma directa al principio de lesividad, naturalmente cuando se refiere a la consagración expresa de ese principio en punto específico del deber profesional y la sujeción que al mismo deben los abogados en ejercicio de la profesión, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro es susceptible de reproche disciplinario.

Quiere decir entonces que este principio de lesividad viene dado como una garantía adicional a favor del sujeto disciplinable, perfectamente diferenciable del principio de lesividad o su equivalente en materia penal como la antijuridicidad material, por cuanto, en disciplinario, el quebrantamiento de la norma solo merece reproche de esta naturaleza cuando la misma está concebida para preservar la ética de la abogacía y es vulnerada por la infracción, de donde deviene afirmar que la imputación disciplinaria no precisa de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o la producción de un resultado materialmente antijurídico.

Lo anterior, porque no sería afortunado desconocer que el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación —diferente al penal que se estructura sobre normas objetivas de valoración—, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo reconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria.

En consecuencia, el actuar deliberado de la profesional del derecho al apropiarse y no entregar a quien correspondía, esto es a la señora Martha Carabalí o en su defecto regresar a los quejosos, el dinero destinado para el pago de la deuda de su cliente con la citada señora, desconoce el deber que tiene todo abogado en ejercicio de su profesión obrar con total honradez ante sus poderdantes.

Así las cosas, bien puede deducirse la ilicitud en este caso que va de la mano del principio de lesividad, pues la togada contrarió en forma grave el deber de diligencia que le asiste y está consagrado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007 tifiándose su violación en el artículo el 37 numeral 1º Ibídem.

De la culpabilidad. Le asiste la razón al Seccional de instancia cuando calificó la falta a título de culpa, al evidenciarse entonces, la incursión de la investigada en la falta consagrada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, se actualizó los elementos constitutivos de la misma, confluyendo su actuar en una conducta contraria a la ética profesional realizada como se dijo, en forma culposa, pues fue evidente la infracción al deber objetivo de cuidado al dejar de estar atenta al sentido del fallo del proceso en el cual actuaba, y así haber interpuesto en términos el recurso de apelación con el fin de buscar la revisión de la decisión y así intentar la protección de los intereses de su mandante, convirtiéndose en tanto en un comportamiento inadecuado la inobservancia de dicho deber que se exigía a ella como abogada en el ejercicio de su profesión.

De la sanción: En atención a que la Ley 1123 de 2007 en su artículo 40, consagra como sanciones, las siguientes: censura, multa, suspensión o exclusión, estando la impuesta por la primera instancia, dentro de las enunciadas y siendo proporcional de acuerdo a los criterios de graduación se procederá a confirmarla teniendo en cuenta que:

— De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de la Sala, la letrada Liliana García Mantilla registra tres sanciones disciplinarias, siendo dos de ellas antecedentes.

Trascendencia social de la conducta, toda vez que acciones como ésta, desprestigian la profesión y hacen que cada día la sociedad pierda confianza en los abogados, razón por la cual, debe ser objeto de reproche disciplinario, teniendo en cuenta para tal efecto además la modalidad de la conducta,

Y es que se intenta preservar los fines en que fue inspirado el ejercicio de la profesión, con mayor razón, cuando los juristas deben proceder con diligencia en los mandatos por ellos aceptados.

El perjuicio causado. Es necesario recalcar que el reproche no puede depender del actuar típico en sí mismo, sino del incumplimiento injustificado del deber. Así, es preciso señalar que de contera quien se vio afectada fue la quejosa, toda vez que con el actuar de la abogada se perdió la oportunidad de acudir ante una segunda instancia para la revisión de la sentencia a ella desfavorable.

En consecuencia y atendiendo las razones esgrimidas anteriormente, esta Superioridad confirmará la sanción de suspensión por cuatro (4) en el ejercicio de la profesión impuesta en el fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo proferido el 25 de febrero de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Santander, mediante la cual sancionó a la abogada Liliana García Mantilla, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses como responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, conforme a la razones expuestas.

2. Notifíquese personalmente esta decisión para lo cual se comisiona al Seccional de instancia, caso contrario de no comparecer la disciplinada o su defensor procédase por los medios subsidiarios de ley.

3. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma.

4. Devuélvase el expediente a la Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(7) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.

(8) “Art. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código...”.

(9) Folio 4 C.O.

(10) Sentencia proferida el 09 de octubre del 2008, al interior del proceso disciplinario 200800205 0.1