Sentencia 2010-01077 de abril 15 de 2015

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Proyecto registrado: 14 de abril de 2015

Rad: 080011102000201001077-01

Aprobado Según Acta de Sala 26

Bogotá D.C; quince de abril de dos mil quince

Extractos: «Consideraciones de la Sala.

Descontado que la Sala tiene competencia para conocer de las sentencias emitidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3(6) de la Carta Política y Artículo 112 numeral 4(7)de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(8) se procede a desatar el recurso de apelación.

Atendiendo al principio de limitación en el recurso de apelación, trasladado al Derecho Disciplinario de los Servidores Públicos, por expresa autorización del artículo 16 del Estatuto de los Abogados, la Sala se ocupará de analizar los puntos de inconformidad por parte del letrado sancionado.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Pues bien, la falta por la cual se le declaró responsable al abogado Eduardo José Candanoza Suárez, se encuentra prevista en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 así:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”

Del material probatorio(9) se tiene que el investigado representó a la quejosa dentro de un proceso ejecutivo laboral en contra del Municipio de Malambo, el cual se tramitó en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, con fecha 24 de marzo de 2009 firmó contrato de transacción con la Administración por valor de $45.000.000, aun después de conocer que la denunciante había otorgado un nuevo poder a la doctora Alba Luz Fruto. El 3 de abril de 2009 recibió un cheque por la suma de $45.000.000 correspondiente al pago de las acreencias labores de la quejosa señora Alexandra Muñoz Villalobos, y no comunicó su recibo, solo le entregó la suma de $19.000.000 en tres abonos realizados el 24 de octubre de 2012, 22 de marzo y 25 de julio de 2013; estando en trámite estas diligencias disciplinarias.

Por lo anterior es claro para esta Sala, que el investigado incurrió en la falta endilgada, pues no entregó a su cliente a la menor brevedad los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional y demoró la comunicación de ese recibo, en tanto la quejosa se enteró por otros medios del actuar desleal y deshonroso del profesional del derecho; por lo cual, esta Superioridad procederá analizar las justificaciones presentadas por el togado al momento de sustentar la apelación.

Indicó el apelante nunca haberse opuesto a entregar el dinero que le correspondía a su cliente, trasladando la culpa de la demora a la quejosa y su familia, quienes se negaron a recibir la suma de $20.000.000 que estaba dispuesto a entregar; afirmación ésta que carece de fundamento, pues como se dijo el investigado recibió el cheque el 3 de abril de 2009 y el primer abono lo realizó el 24 de octubre de 2012 estando en trámite la investigación disciplinaria, es decir 3 años y seis meses después.

Al respecto cabe señalar, que la falta enrostrada es clara, pues refiere a aquellos casos donde los abogados reciben dinero, bienes o documentos en virtud de la gestión profesional y no los entregan a quien corresponde y a la menor brevedad posible, además de demorar la comunicación de ese recibo.

Teniendo claro lo anterior, no es de recibo para esta Sala la justificación del investigado sobre haber entregado a la quejosa el dinero que le correspondía, pues la falta se configuró por el hecho de haberse demorado 3 años y seis meses en devolverla, aclarando que dicha entrega fue incompleta, en tanto dice en su escrito haber descontado “el 30%” de honorarios, habiéndose pactado estos en el 25%(10), correspondiendo entonces a la quejosa la suma de $33.750.000 de los cuales solo le entregó $19.000.000, siendo clara la intención del disciplinado de apoderarse del dinero de su cliente.

Así las cosas, no cabe duda que en el caso a estudio, el investigado incurrió en la conducta descrita en el artículo 35 numeral 4º, pues no entregó a su cliente el dinero recibido en virtud de la gestión profesional y tampoco comunicó su recibo; y al no existir causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, se procederá a confirmar la decisión del a quo.

Antijuridicidad: La Ley 1123 de 2007, consagra como uno de sus principios rectores, el de Antijuridicidad, según el cual, “un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”(11)

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derecho del sujeto disciplinable, debe transcender igualmente de la simple descripción legal”(12)

El quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce aquella concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados.

En este caso, el togado contrarió el deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, que se encuentra consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 correspondientemente.

De la culpabilidad. Respecto a la modalidad de la conducta sancionable, manifiesta el apelante no haber tenido intención de apoderarse del dinero de su cliente, argumento que no resulta válido, en cuanto era conocedor de haber recibido por parte de la Alcaldía Municipal de Malambo un cheque por $45.000.000 el 3 de abril de 2009 correspondiente a las acreencias laborales de la señora Alexandra Muñoz Villalobos y no tuvo intención alguna de entregarle el dinero, pues fue con ocasión a la queja que procedió a devolver parte de éste luego de transcurridos 3 años y 6 meses; vislumbrándose el propósito de retenerlos para su provecho; no tratándose de un simple olvido o falta de cuidado, así las cosas, se considera como lo determinó el seccional que la modalidad de la conducta sancionable es a título de dolo.

De la sanción. Respecto a la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (06) meses, impuesta por el a quo, esta Superioridad no encuentra disenso, pues se considera que la misma es acorde con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad establecidos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, además, ha de tenerse en cuenta no sólo la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción, también los siguientes parámetros:

—La existencia(13), de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de antecedentes disciplinarios, y la modalidad dolosa de la conducta.

—La trascendencia social de la conducta, toda vez que acciones como la expuesta en el asunto estudiado con precedencia desprestigian la profesión y hacen que cada día la sociedad pierda confianza en los abogados.

—El perjuicio causado. Es necesario recalcar que el reproche no puede depender del actuar ilegal en sí mismo, sino del incumplimiento injustificado del deber. Así, es preciso señalar que de contera la afectada fue directamente su cliente, quien perdió parte del dinero de sus acreencias laborales, el cual fue retenido y aprovechado por el abogado, pues nunca le comunicó de su recibo y se demoró en entregar parte del mismo más de 3 años, incluso aun retiene otra sumas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la Sentencia del 30 de septiembre de 2014, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico, a través de la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (06) meses al abogado Eduardo José Candanoza Suárez, por encontrarlo responsable de incurrir en la falta de que trata el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, con arreglo a lo expuesto en las consideraciones.

2. NOTIFÍQUESE en forma personal la presente decisión al abogado disciplinado; de no ser posible su comparecencia, efectúese el procedimiento subsidiario establecido en la ley, para lo cual se comisiona a la Sala Seccional de primera instancia, en consecuencia, por Secretaría devuélvase el expediente al sitio de origen.

3. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho Registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, fecha a partir de la cual comenzará a regir la sanción.

Comuníquese, Notifíquese y Cúmplase.»

6 “ART. 256—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: …3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

7 “ART. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: …4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

8 “ART.. 59:—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas pro las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este Código.

9 Folio 66 cuaderno original.

10 Folio 93 C.O.

11 11 Artículo 4º

12 Lecciones del derecho disciplinario Volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario. Pag 35 y ss.

13 Sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses por la falta del artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, fecha de la Sentencia: 2 de octubre de 2013, M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, radicación 2007-00615-01.