SENTENCIA 2010-01094 DE AGOSTO 10 DE 2016

 

Sentencia 2010-01094 de agosto 10 de 2016

Sentencia 2010-01094 de agosto 10 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 760011102000201001094 02

Aprobado según acta 77 de la fecha

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

Objeto del pronunciamiento

Procedería esta superioridad a decidir lo que en derecho corresponda respecto del grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca(1), mediante la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el termino de tres (3) meses al abogado J.O.R.H., por encontrarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad de culpa; de no ser por cuanto se observa que ha operado el fenómeno de la prescripción.

Hechos

Mediante escrito presentado el día 8 de julio de 2010, la señora N.G.R., presentó solicitud de investigación disciplinaria en contra del doctor J.O.R.H., por los siguientes hechos:

Que para el 2 de junio de 2009, la quejosa le confirió poder amplio y suficiente al abogado J.O.R.H., con el fin de iniciar una conciliación contra la Personería Distrital de Buenaventura con el ánimo de obtener el pago de los dineros adeudados.

Luego de otorgar el poder mencionado anteriormente, afirma la quejosa que le insistió en varias oportunidades al disciplinado sobre la instauración de la demanda administrativa, a lo que el letrado manifestaba “que no se preocupara que ese caso lo teníamos ganado”, afirmaciones estas que fueron creídas por la quejosa, por cuanto el disciplinado era un abogado con mucha experiencia.

El 28 de septiembre de 2009, se llevó acabo la audiencia de conciliación prejudicial por el Procurador Judicial ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, donde se declaró fallida y se dio por cumplido el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa.

El 25 de noviembre de 2009, la quejosa recibe una llamada por parte del disciplinado con el fin de obtener la firma del poder para instaurar la demanda administrativa contra la Personería Municipal de Buenaventura.

Al día siguiente, el abogado procedió a presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, correspondiéndole por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura y por auto del 2 de diciembre de 2009, procedió al rechazo de plano de la demanda al considerar que la acción había caducado.

La quejosa al no obtener información por parte del disciplinable sobre el asunto encomendado, se dirigió al juzgado citado, y fue en ese momento en el que se enteró sobre el rechazo de la demanda, a lo que procedió a obtener una copia del auto por el cual se rechazaba la demanda al operar la caducidad de la acción, con el fin de informarle al abogado lo sucedido; ante lo anterior, el disciplinado le manifestó “que el caso no estaba perdido”.

Agrega la quejosa, que no había firmado ningún tipo de contrato con el letrado para que le atendiera la respectiva demanda, pues considera era responsabilidad de él, por cuanto es una persona titulada y con mucha experiencia, por este motivo, era quien debía aclararle sobre todos los aspectos que ella necesita conocer.

Actuación procesal

Mediante auto del 11 de enero de 2011, dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con ponencia de la Magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas, se acreditó la calidad de abogado y se abrió investigación disciplinaria en contra del abogado J.O.R.H.

El 6 de septiembre de 2011, se realizó audiencia de pruebas y calificación provisional, a la cual compareció únicamente el disciplinado. Se le recibió la versión libre y espontánea en la que manifestó que los hechos alegados por la quejosa son absolutamente falsos, y que si bien es cierto la conoció mientras trabajaba como aseadora en la Personería Distrital de Buenaventura; no fue sino hasta finales del mes de mayo del 2009, cuando dialogó con ella, donde esta le manifestó que la habían declarado insubsistente y no le habían cancelado sus prestaciones sociales, a lo que el disciplinado le ofreció su colaboración, sin ningún tipo de contraprestación económica, pero que era necesario mostrarle a él, el acto administrativo que le habían notificado en la personería.

Agregó el disciplinable, que el 2 de junio del 2009, la quejosa le hizo entrega de los documentos necesarios y le suscribió el poder para solicitar la conciliación prejudicial ante la procuraduría, pero no fue hasta el 28 de septiembre de 2009, fecha en la cual se agotó dicha diligencia declarada como fallida, que el disciplinable se enteró que lo reclamado por su representada ya había sido cancelado por la Personería Distrital de Buenaventura en forma oportuna; motivo por el cual, cuando el disciplinable regresa a Buenaventura, llamó en varias oportunidades a la quejosa, pero ella no contestó.

Días después, el disciplinado recibió una llamada proveniente de la quejosa, a lo que el abogado le manifestó que la conciliación se había declarado fallida y le cuestionó su actuar, frente al silencio que guardó respecto al pago de las prestaciones sociales que había realizado la Personería Distrital de Buenaventura; a lo cual la quejosa le solicitó demandar instaurando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la resolución por medio del cual la declararon insubsistente.

Luego de lo anterior, el disciplinado afirmó que perdió contacto con la quejosa; hasta que el abogado envió al señor L.E.R.V. al lugar donde se encontraba trabajando, con el fin de informarle que el disciplinable la necesitaba para la firma del poder, para iniciar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Expuso el disciplinable, que el 26 de noviembre recibió una llamada proveniente de la quejosa y convinieron un encuentro para autenticar el poder, el cual ya tenía listo con anterioridad junto con la demanda, y acto seguido, procedió a instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, correspondiéndole por reparto al Juzgado 1º Administrativo de Buenaventura, despacho que, mediante auto del 2 de diciembre de 2009 resolvió rechazar de plano la demanda por haber caducado la acción.

Continuó el abogado manifestando que no interpuso recurso contra la decisión que rechazó la demanda, pues una vez reviso los términos, encontró que efectivamente el juzgado resolvió lo que en derecho corresponde, pues habían contabilizado el término a partir de la celebración de la conciliación, y no desde el momento de la causación.

El disciplinable solicitó como pruebas, la recepción de los testimonios de A.M.G., personera delegada de Buenaventura y del señor L.E.R.V., personas que de una u otra forma, conocieron sobre los hechos expuestos dentro del proceso disciplinario; de igual manera, se solicitó como prueba de oficio, la recepción del testimonio de la quejosa.

Mediante funcionario comisionado, el 12 de octubre de 2011, se recibió la declaración de la doctora A.M.G., personera delegada para la función judicial II de Buenaventura Valle, en la cual manifestó conocer al abogado J.O.R.H. y a la señora N.G.R., adicionando que tenía conocimiento sobre una demanda contra la personería, en la cual la quejosa había contratado al disciplinado, teniendo como pretensiones el reintegro de la quejosa a su lugar de trabajo, pero desconocía los términos que existió entre ellos.

De la misma manera se obtuvo declaración del señor L.E.R.V. el 13 de octubre de 2011, señalando que conoce al disciplinado desde hace unos 25 años y que es el encargado de colaborarle con los oficios y las citaciones de la oficina, agregando, que también conoce a la quejosa hace 5 años, cuando trabajaron juntos en la personería y en la alcaldía, ambas de Buenaventura. Por tal motivo, le consta que la señora N.G.R. le solicitó al disciplinado que adelantara una demanda, por lo que la estuvo buscando para que le firmara el poder, hasta que finalmente la encontró, y cuando lo hizo, ese mismo día se suscribió el poder y se interpuso la respectiva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Mediante decisión del 8 de abril de 2013, se declaró persona ausente al disciplinado, ante la no justificación de inasistencia a la audiencia que se había programado para el 6 de febrero de 2013, motivo por el cual, se le designó como defensora de oficio a la abogada D.L.G.L., quien tomo posesión del cargo el 29 de mayo de 2013.

El 5 de febrero de 2014, se inició audiencia de pruebas y calificación provisional, asistiendo únicamente la representante del Ministerio Público, doctora F.L.M. y la defensora de oficio, doctora D.L.G.L.

Expuso el a quo, que de la valoración probatoria efectuada, se infirió que las exculpaciones efectuadas por el disciplinado, teniendo en cuenta además, las declaraciones de los testigos, no desvirtuaron la acusación presentada por la quejosa, pues se observó, que el abogado tuvo un actuar contrario a la debida diligencia profesional, puesto que teniendo conocimiento suficiente y el respectivo poder para actuar, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho aun cuando había caducado la acción, es decir, habían transcurrido más de cuatro (4) meses de los que refiere el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Lo anterior le permitió al Magistrado realizar la imputación jurídica, respecto a faltar al deber consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto dejo de hacer oportunamente las diligencias propias de la gestión encomendada, traduciéndose su conducta en la falta a la debida diligencia profesional de que trata el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, pues contando con el poder para actuar, dejo vencer los términos y presentó la demanda cuando la acción ya había caducado.

Esta falta, se imputó en la modalidad de culpa, ya que con el actuar negligente del disciplinado, faltó al deber de cuidado requerido respecto del encargo profesional encomendado.

Complementa lo anterior, por cuanto con el proceder del disciplinado, desconoció también el deber consagrado en el numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, teniendo como base las actuaciones realizadas por el togado, al no comunicarle la verdad a la quejosa, pues conociendo que la acción había caducado, aun así presentó la demanda, lo que le trajo falsas expectativas a su cliente; por este motivo, se configura la falta prevista en el literal b) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, esto es, como consecuencia de haberle prometido a la quejosa alcanzar resultados exitosos y favorables con su gestión. Esta falta, se imputó en la modalidad dolosa, pues como profesional del derecho sabe y conoce de la prohibición de ofrecer garantías como el resultado favorable de la gestión, que a la postre resultó contrario a su ofrecimiento.

De igual manera, procedió el despacho de primera instancia a decretar oficiosamente el testimonio del señor J.T.G.G.

El día 7 de mayo de 2014, se contó con la asistencia del disciplinado, la defensora de oficio y el señor J.T.G.G., fecha en la cual se celebró audiencia de juzgamiento, pero se procedió en primer lugar a evacuar el testimonio del señor J.T.G.G., quien manifestó conocer al disciplinado desde hace mucho tiempo atrás, ya que es él el encargado de hacer las diligencias encomendadas por el togado, y por ello recibe una colaboración dineraria, adicionó, que conoció a la quejosa cuando ella trabajó como aseadora en la Personaría Distrital de Buenaventura, Valle; y le consta el hecho que el disciplinado le prestó la colaboración a la señora en lo referente a una conciliación y luego en una demanda administrativa, ya que la quejosa es una persona de escasos recursos económicos. De igual manera, afirma que por solicitud del disciplinado, en tres diferentes oportunidades, fue encargado de buscar a la quejosa en el barrio Lleras de esa ciudad, sin poderla ubicarla; hasta que el togado tuvo conocimiento del lugar del trabajo de la quejosa y les solicito el favor, tanto al señor L.E.R.V. como a él, para que lo acompañaran a encontrar a la quejosa, lo que efectivamente sucedió, a lo que inmediatamente se obtuvo la firma del respectivo poder y se procedió el mismo día a interponer la demanda administrativa y posterior a esos hechos, no le consta lo sucedido.

Seguidamente a lo anterior, el Magistrado procedió a concederle el uso de la palabra al disciplinado a efectos que rindiera versión libre, a lo que iteró lo manifestado en la audiencia de pruebas y calificación provisional.

Terminado lo anterior, se procedió a darle el uso de la palabra a la defensora de oficio, para que rindiera los alegatos de conclusión, a lo que ella manifestó; que si bien era cierto, existió un vencimiento de términos en la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, era menester tener en cuenta la experiencia del disciplinable de más de 23 años como servidor público y otros tantos años como abogado litigante, en los cuales nunca había tenido ninguna clase de sanción disciplinaria; agregando además, que en ningún momento hubo remuneración por parte de la quejosa por el servicio que el disciplinable le presto, de ahí, la buena fe predicada y la ausencia de dolo. Indicó que en cuanto a la falta prevista en el artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, respecto al aseverar por parte del disciplinado que el caso lo ganarían, ello resulta falso, pues realmente no sucedió así.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de mayo de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con ponencia del magistrado Luis Ronaldo Molano Franco, impuso como sanción suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por el término de 3 meses al doctor J.O.R.H., al encontrarlo disciplinariamente responsable, por cometer la falta contenida en el artículo 37 numeral 1º, en la modalidad de culpa de la Ley 1123 de 2007; y lo absolvió del cargo formulado por la presunta falta contenida en el artículo 34 literal b), de la Ley 1123 de 2007.

El Magistrado manifestó respecto a la primera conducta endilgada al disciplinable, contenida en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, que es responsable a título de culpa por cuanto, tal como lo admitió el disciplinable, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 26 de noviembre de 2009, correspondiéndole al Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, Valle, el cual, por medio de auto del 2 de diciembre de 2009, la rechazó de plano por caducar la acción.

Por lo anterior, se evidencia que con el actuar del togado, se afectó el deber previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que le impone atender con celosa diligencia sus encargos profesionales.

Agregó el Magistrado, que por el hecho de no cobrarle honorarios profesionales a la quejosa, no significa que deja de obligarse el disciplinable a cumplir con el mandato, en últimas, ese deber debió cumplirlo en los términos y para los fines del poder otorgado, es decir, iniciar y llevar hasta su culminación un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, el a quo expone que no ocurre lo mismo con la falta contenida en el numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que reprende al profesional del derecho por no informar con veracidad a su cliente sobre las posibilidades de la gestión, crea falsas expectativas o asegurara un resultado favorable, conducta que se encuentra consignada como falta disciplinaria en el literal b) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, que sanciona el hecho de garantizar que la gestión encomendada tendrá resultados favorables.

Pues no fue posible llegar al grado de certeza exigido para emitir fallo condenatorio por ese cargo contra el abogado J.O.R.H., por tal motivo, deviene necesario su absolución.

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política; 112.4 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para resolver lo que en derecho corresponda respecto del grado jurisdiccional de consulta a la sentencia, del 30 de mayo de 2014 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante la cual resolvió sancionar al abogado J.O.R.H. con sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el termino de 3 meses, al hallarlo responsable de cometer las faltas previstas en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela

Del asunto en concreto. Teniendo claro la calidad de abogado del disciplinado, la Sala procede a estudiar el comportamiento del abogado J.O.R.H., para determinar si en el presente caso operó el fenómeno prescriptivo.

Para el presente caso en estudio, el disciplinado fue sancionado con suspensión en el ejercicio de la profesión por el termino de tres (3) meses al incurrir a título de culpa, en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto el abogado teniendo conocimiento, el poder para actuar y la oportunidad para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, interpuso la demanda el 26 de noviembre de 2009, momento en el cual, había operado la caducidad de dicha acción, ya que lo realizó fuera del término establecido en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 establece: “La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización el último acto ejecutivo de la misma...” (subrayado fuera de texto).

La conducta indiligente del disciplinable se materializo el 2 de diciembre de 2009 cuando el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Buenaventura, Valle, rechazó de plano el medio de control al considerar que la acción había caducado, por cuanto había transcurrido más de cuatro meses, contados a partir del día siguiente en que la quejosa se le notificó el acto administrativo por el cual la declararon insubsistente para desempeñar el cargo de aseadora en la Personería Distrital de Buenaventura, Valle.

En tal sentido, el término de cinco años que estableció el legislador para que el Estado, a través de la jurisdicción disciplinaria, investigara y juzgara la conducta cuestionada, venció el 1º de diciembre de 2014.

En consecuencia y como quiera que a la fecha han transcurrido más de cinco años, sin que se adopte decisión definitiva en el presente asunto, el Estado, a través de la jurisdicción disciplinaria, ha perdido la titularidad de la acción disciplinaria, por lo cual debe proceder a decretar de manera oficiosa la extinción de la acción por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción.

No obstante, se pone en conocimiento del Investigado que puede renunciar a la prescripción, acorde con lo normado en el artículo 25 de la Ley 1123 de 2007, que dispone:

Renuncia a la prescripción. El disciplinable podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria dentro del término de ejecutoria del auto que la decrete. En este caso la acción solo podrá proseguirse por un término máximo de dos (2) años, contados a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado decisión definitiva, no procederá determinación distinta a la declaratoria de prescripción” (cursiva fuera de texto).

Se hace necesario resaltar, que el expediente de la referencia fue repartido al despacho, el 11 de mayo de 2015, conforme obra en el acta individual de reparto, data para la cual ya estaba prescrita la acción.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. DECLARAR LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO adelantado contra el abogado J.O.R.H., identificado con la cédula de ciudadanía XXX, portador de la tarjeta profesional XXX del Consejo Superior de la Judicatura y en consecuencia, ORDENAR el archivo de las diligencias, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Por secretaría judicial comuníquese al disciplinado y al quejoso en los términos establecidos en la Ley 1123 de 2007. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Sala compuesta por el H.M. Luis Ronaldo Molano Franco (Ponente) y la H.M. Liliana Rosales España.