Sentencia 2010-01146 de febrero 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 05001-23-31-000-2010-01146-01

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Actor: Universidad de Antioquia

Demandado: Municipio de Santa Bárbara

Asunto: Nulidad y restablecimiento —Fallo de segunda instancia—

Bogotá, D.C., febrero ocho de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y con el numeral 1º del Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del citado acuerdo, el despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia

En el caso concreto la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(26), de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

2. Los actos demandados.

La demanda recae sobre las resoluciones 127 del 25 de septiembre de 2009 y 141 del 21 de octubre de 2009, mediante las cuales se dispuso la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la calle 51 Nº 50-52/56/58/60/62, del municipio de Santa Bárbara (Antioquia), el cual se identifica con la matrícula inmobiliaria 023-0008550 de la oficina de registro de instrumentos públicos de dicha municipalidad, expedidas por la alcaldesa del municipio de Santa Bárbara (Antioquia).

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar o revocar la sentencia apelada, para lo cual examinará los argumentos del recurso de apelación, relacionados con la falsa motivación en la declaratoria de utilidad pública, la vulneración de los derechos de los arrendatarios y la valoración de los dictámenes periciales rendidos para determinar el valor a cancelar al propietario del bien objeto de expropiación.

4. Razones jurídicas de la decisión.

Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve el problema jurídico que subyace al caso concreto, para lo cual, por razones de orden metodológico, abordará los siguientes ejes temáticos: (i) los motivos de utilidad pública y su control en sede judicial, (ii) los motivos de utilidad pública en el caso concreto (iii) los derechos de los arrendatarios en el proceso de expropiación y (iv) valoración de las pruebas relacionadas con el precio cancelado al propietario del bien objeto de expropiación.

4.1. Los motivos de utilidad pública y su control en sede judicial.

En primera instancia, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, no es posible en sede judicial debatir los motivos de utilidad pública en que se funda una declaratoria de expropiación de un bien.

Frente a la anterior conclusión del a quo, la parte demandante, no presenta una alegación concreta, solo insiste en que debe estudiarse de fondo la existencia de falsa motivación en los motivos de utilidad pública esgrimidos para la expropiación del bien de su propiedad.

Para resolver sobre los planteamientos esbozados por el apelante, se debe entrar a determinar, si es posible en sede judicial definir sobre la legalidad de los motivos de utilidad pública que sirven de fundamento a una expropiación por vía administrativa.

Al respecto, esta Sala en primera medida precisa, que en el marco de la Constitución de 1991, y en pro de la garantía de los derechos de los ciudadanos, no es posible considerar la existencia de poderes omnímodos, carentes de control, menos cuando se trata de actuaciones de la administración que afectan directamente derechos subjetivos de las personas, como es el caso de la propiedad, regulada constitucionalmente en el artículo 58 de la Carta Política.

En desarrollo del anterior postulado, se puede encontrar, que si bien en la redacción original del artículo 58(27) de la Carta Política se determinaba que no era dable debatir los motivos de utilidad pública en que se fundara una decisión de expropiación, dicha disposición constitucional fue modificada mediante el Acto Legislativo 1 de 1999, en el cual se dispuso lo siguiente:

ART. 1º—El artículo 58 de la Constitución Política, quedará así:

ART. 58.—Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.

La redacción actual del artículo 58 de la Constitución, contrario a lo argumentado por el a quo, no establece que los motivos de utilidad pública que se esgriman para proceder a la expropiación de un bien no puedan ser debatidos en sede judicial, razón por la cual es dable a esta jurisdicción ejercer el control sobre los mismos.

Siguiendo la lógica anteriormente expuesta, el numeral 7(28) del artículo 71 de la Ley 388 de 1997, al regular el contenido de la sentencia que se emite en sede de la acción especial contra los actos que decreten la expropiación, establece que el juez en caso de que anule dicho acto administrativo, debe ordenar la devolución del bien al propietario, lo cual afinca aún más, que sí es dable estudiar de fondo el contenido de la decisión expropiatoria, la cual evidentemente incluye la declaratoria de utilidad pública.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que de conformidad con los artículos 63 a 70 de la Ley 388 de 1997, en el trámite de la expropiación por vía administrativa se expiden dos actos administrativos distintos, uno en el que se declara la utilidad pública del bien y otro en el que con fundamento en dicha declaratoria se decreta la expropiación.

Como puede verse, el contenido de los dos actos referidos en precedencia, define la situación particular y concreta del bien a expropiar, razón por la cual, su propietario puede acudir a la jurisdicción en pro de que los mismos sean controlados, bien sea mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir la legalidad del acto que declara la utilidad pública o por medio de la acción especial prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 contra el acto que decrete la expropiación del bien, permitiéndosele en ambos casos presentar disentimientos que estén dirigidos a que se declare la ilegalidad de los motivos de utilidad pública que fundan la decisión expropiatoria.

La anterior postura coincide con la adoptada por la Sección Primera de esta corporación en sentencia de unificación del 11 de diciembre de 2015 (29), en la cual señaló:

“En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de unificar la jurisprudencia:

— Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de legalidad como expresión democrática del Estado social de derecho.

— No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la inexistencia de controles judiciales respecto de las actuaciones resultantes del ejercicio del poder público en materia expropiatoria.

— Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de interés social crean una situación jurídica particular y concreta; producen efectos jurídicos inmediatos y directos respecto del administrado.

— La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de interés social se puede hacer vía judicial a través del ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

— La acción especial contencioso-administrativa también procede contra el acto administrativo que decide la expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

Se hace énfasis que la decisión guarda relación con la expropiación administrativa figura diferente a la expropiación judicial”.

Así las cosas, la Sala encuentra que la sentencia de primera instancia se equivocó al considerar que no podían analizarse los cargos de ilegalidad propuestos contra los motivos de utilidad pública que llevaron a la expropiación por vía administrativa del bien inmueble propiedad de la actora, por lo que a continuación se entra a realizar un estudio de los mismos.

4.2. Los motivos de utilidad pública en el caso concreto.

La parte demandante, considera que los actos administrativos acusados, incurren en falsa motivación, ya que, que en su sentir, no existen verdaderos motivos de utilidad pública y de urgencia que habiliten la expropiación del predio de su propiedad.

Para sustentar su disentimiento precisa que la decisión de expropiación del bien de su propiedad, no se fundamentó en estudios previos que determinen “precisamente que este inmueble era el único que servía para tal propósito, y si bien podría pensarse que los motivos de utilidad pública tienen que ver con la adecuación de la casa de la cultura para la comunidad, lo cierto es que no es posible que la administración actúe contrariando los principios básicos de administración estatal que exige que se actúe con especial cuidado y cautela cuando se trata de violentar o menguar los derechos fundamentales de los particulares, en este caso de una entidad pública como lo es la Universidad de Antioquia”.

Para resolver sobre el anterior argumento de la parte apelante, es necesario precisar que contrario a lo que ha señalado desde su demanda, la acusación que hace respecto de los actos demandados, no corresponde a un vicio por falsa motivación, ya que esta como lo ha precisado la Sala Plena del Consejo de Estado se configura cuando las razones de hecho o de derecho que se invocan como fundamento de la decisión no corresponden a la realidad, y en el sub lite, el impugnante considera que el acto carece de estudios que fundamenten la decisión expropiatoria, lo cual constituye un disentimiento sobre la formación del acto que se adecua más al vicio de expedición irregular o falta de motivación del mismo.

Descendiendo al caso concreto, se encuentra que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, delimita los motivos de utilidad pública por los cuales es viable la declaratoria de expropiación, dentro de los cuales se incluye en su literal a) la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana, actividad dentro de la cual se enmarca el proyecto de construcción de la casa de recreación y cultura del municipio de Santa Bárbara (Antioquia), tal como lo define el Acuerdo 8 de 2008, expedido por el concejo de dicha municipalidad y las resoluciones 127 y 141 de 2009, mediante las cuales la alcaldesa decretó la expropiación del bien propiedad de la actora.

Ahora bien, visto que el proyecto para el cual se destinaría el inmueble objeto de expropiación se adecua a uno de los motivos de utilidad pública establecidos por la ley, resta analizar si en efecto existe prueba que permita concluir que la determinación de usar dicho inmueble, para la adecuación de la casa de la cultura, se dio a partir de un capricho de la administración.

Contrario a lo señalado por el apelante, en la Resolución 127 de 2009(30), se encuentra que la determinación acerca del inmueble a usar para dicho proyecto, proviene del plan de ordenamiento territorial, aspecto este que no ha sido debatido por la actora, igualmente dicho acto administrativo precisa la necesidad de acudir a la adquisición por vía de expropiación, en virtud de que no se cuenta con local o terreno para la construcción de la casa de la cultura, sin que se haya probado en el presente proceso la existencia de otras alternativas, por lo cual no puede considerarse que la determinación de la administración carezca de fundamento, o haya sido tomada por motivos diferentes a los de la utilidad pública a la que se ha hecho referencia.

En consecuencia, se concluye que en el sub judice, la decisión de expropiación se fundó en una de las causales legales de utilidad pública y que el municipio de Santa Bárbara, determinó el bien a expropiar con fundamento en la necesidades existentes y en su plan de ordenamiento territorial, por lo cual los argumentos de la parte impugnante no están llamados a prosperar.

4.3. Los derechos de los arrendatarios en el proceso de expropiación.

La parte apelante insiste en el argumento presentado a lo largo del proceso, consistente en que la expedición de los actos administrativos de expropiación vulneró una serie de derechos de las personas que eran arrendatarias de los locales comerciales ubicados en el bien de propiedad de la Universidad de Antioquia.

Sostiene que dichos derechos surgen de la condición de propietarios de establecimientos de comercio y de los derechos a la renovación del contrato de arrendamiento, previstos en el artículo 518 del Código de Comercio.

Frente a la anterior postura, el fallo de primera instancia determinó que los destinatarios de los actos administrativos expropiatorios son los titulares de derechos reales, dentro de los cuales no se encuentra la tenencia por arrendamiento, razón por la que los arrendatarios no debían ser tenidos en cuenta al momento de la expedición de las decisiones objeto de juicio de legalidad.

En relación con el cargo propuesto por la parte apelante, la Sala considera que previo a cualquier estudio de fondo, es necesario efectuar un análisis de la legitimación para la misma, para lo cual se debe estudiar el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, que establece como finalidad de la acción especial contencioso-administrativa contra los actos que decretan la expropiación, la obtención de la nulidad del acto de expropiación y el restablecimiento del derecho lesionado.

Corolario de lo anterior, debe armonizarse la disposición estudiada en el párrafo precedente con la norma del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que en punto de la acción nulidad y restablecimiento del derecho, prevé que se encuentra legitimado para ella “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica”, de lo que se sigue, que este tipo de pretensiones debe ser incoada de manera directa por quien se considere como afectado con el acto administrativo objeto la misma.

Así las cosas, no es factible que en ejercicio de la acción especial del artículo 71 de la Ley 388 de 1997, se pretenda argüir la violación de derechos de terceros que no son parte del proceso, con miras a obtener la nulidad de los actos expropiatorios y el restablecimiento del derecho como consecuencia de la misma, pues en caso de que dichos terceros se consideren afectados con el señalado acto administrativo, deben acudir de forma directa a presentar la mencionada acción.

En el caso que nos ocupa, la apoderada de la Universidad de Antioquia, pretende que la nulidad y el restablecimiento deprecados tengan por fundamento la supuesta transgresión de los derechos de quienes para la época de la expedición de los actos eran arrendatarios del bien expropiado, sin que los mismos sean parte del presente proceso, razón por la cual, la Sala considera que no se encuentra legitimada para presentar pretensiones fundadas en los derechos de quienes no concurrieron a la presente actuación.

Ahora bien, no obstante la anterior argumentación sería suficiente para despachar negativamente el cargo propuesto, la Sala estima necesario precisar, que el destinatario de la expropiación administrativa es el propietario del bien objeto de la misma, ello de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política.

En el mismo sentido, el artículo 69(31) de la Ley 388 de 1997, establece que la decisión de expropiación será notificada al propietario y a los titulares de derechos reales sobre el bien inmueble arrendado, dentro de los cuales no se incluye su arrendatario, pues el mismo solo ostenta la tenencia del bien.

En cuanto a la consideración de la apoderada de la actora, según la cual, la propiedad del establecimiento de comercio, lleva implícita derechos sobre el bien en el que el mismo funciona, la misma no resulta cierta, pues a voces del artículo 516(32) del Código de Comercio, los elementos del establecimiento del comercio, no incluyen un derecho real autónomo sobre el bien en el que funciona el mismo, el cual como lo dispone el numeral 4º de la norma solo surgen en el evento en que el inmueble sea de propiedad del comerciante.

Así las cosas, con fundamento en los anteriores conceptos, se puede concluir que la parte apelante no está legitimada para solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos demandados, con fundamento en supuestas transgresiones a terceros que no hacen parte del proceso, así como tampoco es acertado considerar que en el trámite administrativo de expropiación deba tenerse como parte a los arrendatarios del bien a expropiar, por lo que no se advierte la violación al debido proceso alegada en el recurso.

4.4. Valoración de las pruebas relacionadas con el precio cancelado al propietario del bien objeto de expropiación.

La sentencia de primera instancia determinó que no era posible ajustar el precio que se canceló por el bien expropiado, lo que fundamentó en que tanto el dictamen pericial aportado por la demandante, como el rendido en el curso del proceso, contienen falencias que no le permiten generar la convicción necesaria para acceder a la pretensión de revisión del precio.

La parte actora en su apelación, considera que el tribunal cometió un yerro al interpretar el dictamen rendido en el curso del proceso, pues el mismo no podía ser desconocido ni desvalorado atendiendo a consideraciones de orden personal, toda vez, que al no ser objetada la experticia, el juez no podía interpretar la misma.

Respecto del anterior disentimiento, la Sala considera pertinente precisar, que el mismo solo se dirige a la manera como se interpretó el dictamen rendido por el perito Jorge Iván Pizarro García, obrante a folios 429 a 453 del cuaderno número 1º del expediente, por lo que el análisis de la apelación solo se realizara respecto de dicho medio de prueba.

En torno al punto señalado en precedencia, se procede a determinar si las razones por las cuales el a quo, consideró que la experticia rendida en el curso de proceso no generaba la convicción necesaria para acceder a la pretensión de ajuste del precio, se encuentran ajustadas a las reglas de apreciación probatoria que rigen la sana crítica.

En relación con lo anterior, lo primero que debe precisarse, es que contrario a lo argumentado por la parte actora, el hecho de que un dictamen no sea objetado, no conlleva que el juez no tenga el deber de apreciar el mismo al momento del fallo.

En apoyo de la consideración precedente, el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, norma que rigió la práctica de la prueba pericial en el presente proceso, establece que el juez en la apreciación del dictamen debe tener en cuenta no solo su firmeza, sino además la precisión y calidad de sus fundamentos, así como la competencia del perito y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

El fallo de primera instancia determinó que la experticia rendida por el auxiliar de la justicia Jorge Iván Pizarro García, no era un medio de prueba que generara convicción, pues el mismo se fundamentó en los dictámenes aportados por las partes y en declaraciones de terceros, ya que para el momento de su elaboración la edificación del inmueble se encontraba en demolición.

La anterior postura del a quo, resulta cierta, y se fundamenta en el contenido del dictamen que a folios 429 y 430 del cuaderno número 1º, señala:

“es importante tener en cuenta antes de comenzar el dictamen que: el día agosto 25 de 2011, en inspección ocular pude observar que el inmueble del presente dictamen pericial se encontraba en pleno proceso de demolición (ver fotos anexas).

Quiero que quede claro con lo anterior que me he apoyado en lo observado durante la visita y en las descripciones físicas, fotos y demás características de los inmuebles relatados en los informes de los señores Jairo de Jesús Maya Marín y Raúl de Jesús Ruis (ver las avaluaciones anteriores dentro del proceso, además de los antiguos arrendatarios como los señores de la papelería Melcyn y señores Sotrasabar y de personas habitantes de los alrededores)”.

No obstante, la anterior manifestación, el perito en el contenido del dictamen, describe aspectos del inmueble como si hubiesen sido conocidos directamente por él, así lo hace cuando describe mejoras y anexidades al mismo(33), la forma de construcción de locales y vivienda(34) y el total de área construida.

Igualmente determina que el bien es habitable(35), ello no obstante expresó en su glosa inicial al dictamen, que el mismo se encontraba en demolición.

En el mismo sentido, se encuentra a folios 435 y 436, que para la determinación del precio del bien, acudió a la opinión de un avaluador y asesor jurídico, así como a bases de datos de terceros, sin que obren como anexos a la experticia la prueba de dichas consultas.

Las anteriores consideraciones llevan a concluir que, tal como lo determinó la primera instancia, el dictamen pericial rendido en el curso del proceso carece de precisión y calidad en sus fundamentos, razón por la cual, no puede ser estimado como prueba suficiente para proceder al reajuste del valor cancelado por el bien expropiado.

Por las anteriores consideraciones, se concluye que los argumentos presentados por la parte actora en el recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad, y por lo tanto la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

5. Otras decisiones.

La Sala observa que a folios 32 y 33 del cuaderno 281 del expediente, se allegó renuncia al poder otorgado por la Universidad de Antioquia por parte de la abogada Aracelly Tamayo Restrepo, el cual se acompaña del aviso de renuncia al represente legal de la institución por ella representada, por lo cual cumplirse los requisitos del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, se procederá a aceptar la misma.

Por su parte, mediante memorial del 21 de abril de 2016 y visible a folio 35 a 39, la entidad demandada confirió poder al abogado Ramiro Ferney Hernández Mora, por lo cual se le reconocerá personería para actuar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia 9 de diciembre de 2011, proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

2. ACEPTAR la renuncia de la Dra. Aracelly Tamayo Restrepo al poder otorgado por la Universidad de Antioquia. Adviértasele que la renuncia no pone término al poder, sino cinco días después de notificarse este proveído, y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales.

Por secretaría, póngase en conocimiento por el medio más expedito a la Universidad de Antioquia, sobre la renuncia del poder, para lo pertinente.

3. Reconocer personería al abogado Ramiro Ferney Hernández Mora como apoderado del municipio de Santa Bárbara-Antioquia.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(26) Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió entre el 28 de mayo el 10 de junio de 2009 (fl. 186 reverso, cdno. 3), el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1º de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente 49.299, C.P. Enrique Gil Botero.

(27) ART. 58.—Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.
Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara.
Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente” (negrillas y subrayado fuera de texto).

(28) 7. Cuando la sentencia revoque la decisión del Tribunal Administrativo y declare nulidad y el consiguiente restablecimiento del derecho, dispondrá lo siguiente:
a. La suspensión en forma inmediata, por parte de la respectiva entidad pública, de todas las acciones y operaciones en curso para utilizar el bien expropiado;
b. La práctica, antes del cumplimiento de la sentencia, por el Tribunal Administrativo ante el cual se haya surtido la primera instancia, de una diligencia de inspección con intervención de peritos, a fin de determinar mediante auto de liquidación y ejecución la sentencia que pronunciará la respectiva Sala de Decisión contra el cual solo procederá el recurso de reposición, si el bien ha sido o no utilizado o si lo ha sido parcialmente y, según el caso, el valor de la indemnización debida. En el mismo acto se precisará si valores y documentos de deber compensan la indemnización determinada y en qué proporción, si hay lugar a reintegro de parte de ellos a la administración, o si esta de pagar una suma adicional para cubrir el total de la indemnización;
c. La orden de registro de la sentencia de la respectiva Oficina de Registro Instrumentos Públicos, a fin de que la persona recupere en forma total o parcial titularidad del bien expropiado, conforme a la determinación que se haya tomado en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia, para el caso en que la administración haya utilizado o solo haya utilizado parcialmente el inmueble expropiado. 
Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos de deber, para efectuar el registro se deberá acreditar certificación auténtica de que se efectuó el reintegro respectivo en los términos indicados en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia.
d) La orden de pago del valor que a título de restablecimiento del derecho lesionado debe pagar adicionalmente la administración, sin que haya lugar a reintegro alguno de los valores y documentos de deber recibidos ni al registro de la sentencia de la oficina de registro de instrumentos públicos, cuando la administración haya utilizado completamente el bien expropiado.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera once (11) de diciembre de dos mil quince (2015), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Ref: Radicación 25000232400020060100201. Actores: Camilo Antonio Arango Trujillo y Saúl Suárez Niño.

(30) Folios 102 y 103 cuaderno 1.

(31) ART. 69.—Notificación y recursos. El acto que decide la expropiación se notificará al propietario o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.
Contra la decisión por vía administrativa solo procederá el recurso de reposición, el cual deberá interponerse en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo a partir de la notificación. El recurso deberá ser decidido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición, y si transcurrido ese lapso no se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el recurso ha sido decidido favorablemente.

(32) ART. 516. <Elementos del establecimiento de comercio>. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:
1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;
2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento;
3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares;
4) El mobiliario y las instalaciones;
5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;
6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y
7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento.

(33) Folio 430, cuaderno 1.

(34) Folio 432 m(sic).

(35) Folio 433 cuaderno 1.