Sentencia 2010-01158 de octubre 13 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 11001-03-15-000-2010-01158-00(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Hernán Albeiro Fino Quiroga y otros.

Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima

Bogotá D.C., trece de octubre de dos mil diez.

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la apoderada de Hernán Albeiro y Herminson Olimpo Fino Quiroga, Olimpo Fino Castellanos, Edna Marina Fino Quiroga, Luz Marina Quiroga Gutiérrez, Nelcy, Luz Mila, Ruby Alba, Blanca Edithi, Edith Johana y José Ferney Fino Quiroga, contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

EXTRACTOS:«Considera

Los señores Hernán Albeiro y Herminson Olimpo Fino Quiroga, Olimpo Fino Castellanos, Edna Marina Fino Quiroga, Luz Marina Quiroga Gutiérrez, Nelcy, Luz Mila, Ruby Alba, Blanca Edithi, Edith Johana y José Ferney Fino Quiroga, mediante apoderad, pretenden la protección del derecho, al debido proceso, que estiman vulnerado por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, al dictar la sentencia de 22 de julio de 2010, por medio de la cual revocó la de primera instancia proferida el 21 de mayo del presente año por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, que había accedido parcialmente a la súplicas de la demanda y en su lugar las denegó.

Concreta la pretensión en síntesis, en que mediante la sentencia del 22 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que revocó la de primera instancia, y en su lugar, profiera un fallo que la remplace, incorporando el registro civil de defunción de Iván Alberto Fino Quiroga, que fue oportunamente solicitada como prueba.

Al respecto la Sala observa:

El artículo 86 de la Constitución Política, es claro al expresar que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en determinadas situaciones, asimismo es un mecanismo residual que solo procede cuando no existan otros mecanismos ordinarios de defensa judicial para la protección de los derechos vulnerados, en caso contrario la acción de tutela resulta improcedente.

Tratándose de tutela contra providencia judicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación viene afirmando su improcedencia(1) fundada tanto en la declaratoria de inexequibilidad que de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 hiciera la Corte Constitucional en Sentencia C- 543 del 1º de octubre de 1992, como en el hecho de que la existencia de una providencia, presupone que quien intenta la acción, ya hizo uso del otro medio de defensa judicial ordinario o especial con el que contaba y en el cual dispuso de recursos e incidentes a través de los cuales pudo hacer valer sus derechos.

De aceptar la procedencia, afirma la Sala, se quebrantarían pilares fundamentales del Estado Social de Derecho tales como la firmeza de la cosa juzgada de las sentencias, el principio de la seguridad jurídica y hasta se correría el riesgo de incurrir en usurpación de jurisdicción y desnaturalizar la institución de la tutela.

Los anteriores argumentos son compartidos en su integridad por esta Subsección, no obstante, cuando con la providencia se haya vulnerado el derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia se ha declarado procedente la acción y se han tutelado los derechos fundamentales vulnerados siempre que aparezca clara su trasgresión.

En atención a lo expuesto por la Sala Plena, y dado el carácter excepcionalísimo de la acción de tutela como mecanismo para infirmar una providencia judicial, estima la Sala necesario precisar que la procedencia de la misma, en estos particulares casos, resulta viable solo si los alegatos de la demanda se encuentran sustentados en la violación de derechos fundamentales constitucionales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa (art. 29) o con el acceso a la administración de justicia (art. 228), por tratarse precisamente de garantías esenciales de un proceso de tal naturaleza.

En el asunto en examen, los presupuestos fácticos sobre los cuales se edifica la acción de tutela se circunscriben a lo siguiente:

Los señores Olimpo Fino Casteblanco y otros, adelantaron ante el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, la acción de reparación directa contra la Nación —Ministerio de Defensa— Ejército Nacional, para que se declare administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la muerte de Iván Alberto Fino Quiroga, ocurrida el 12 de noviembre de 2005 en jurisdicción de Cajamarca (Tolima) cuando se encontraba prestando servicio al Ejército Nacional.

Surtidas las ritualidades procesales de la primera instancia, el Juzgado Sétimo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 21 de mayo de 2010, declaró administrativamente responsable a los demandados por la muerte del joven Iván Alberto Fino Quiroga.

En la citada sentencia, el Juzgado Séptimo Administrativo, luego del examen del material probatorio incorporado al expediente, llegó a la siguiente conclusión:

... es claro que Fino Quiroga Iván Alberto (q.e.p.d.), en su condición de soldado campesino del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Infantería 18 Coronel Jaime Rooke, fue muerto en combate, en cumplimiento de funciones propias del servicio obligatorio, pues al ejercer tales funciones, los soldados se encuentran sujetos a una carga excepcional que hace que, cuando sufran perjuicios anormales, deban ser resarcidos por la comunidad que se beneficia de su servicio, por lo que ningún hecho así sea ajeno, exonera en este evento de la responsabilidad del Estado, toda vez que el daño padecido, es de tal gravedad y desproporción en comparación con el resto de la comunidad y como consecuencia del ejercicio de sus funciones, por manera que siendo lícita la actuación del Estado, de reclutar personas para instruirlos en defensa de la Nación, éstas no tiene por qué soportar una carga superior a la que el solo hecho de la conscripción implica, estando obligado a asumir todas las consecuencias dañosas que se generen por razón del servicio.

El material probatorio que sirvió de fundamento a la decisión lo hizo consistir en lo siguiente:

Que el señor Iván Alberto Fino Quiroga ingresó el día siete (7) de mayo de 2005, al Ejército Nacional como soldado campesino, adscrito al Batallón de Infantería 18 “Coronel Jaime Rooke” (fl. 7 c.2)

Que el día 12 de noviembre de 2005, cuando se encontraba prestando el servicio militar, fue dado de baja, según informativo administrativo por muerte No.09 suscrito por el TC. Comandante del Batallón Cr Jaime Rooke, da (sic) el día siguiente el concepto comandante de la unidad: de acuerdo al informe presentado por el señor Sargento viceprimero José Albeiro Zambrano enlace de la Compañía Fenicio respecto a la circunstacia de la novedad, señal “El señor Teniente Coronel Comandante de Batallón de Infantería 18 CR Jaime Rook, conceptúa que de acuerdo al Decreto 2191 artículo 7º la muerte del SLC Fino Quiroga Iván ocurrió “muerte en combate”(fls. 18 c-1)

La causa de la muerte que se detalla en la fotocopia del informe rendido por el SV Zambrano José Albeiro, enlace de la Compañía Fenicio, remitido por el Batallón de Infantería No. 18, mediante oficio 2235 del 27 de junio de 2007 a este despacho, y que informa lo siguiente:

“con le(sic) presente me permito informar al señor Teniente Coronel comandante Batallón de Infantería 18 Coronel Jaime Rooke los hechos ocurridos el día 12 de noviembre de 2005 en la vereda el salitre parte alta sobre coordenadas 04-23-56 y 75-20 corregimiento de el Tambo se sostuvo contacto armado contra terrorista de las ONT- FARC donde fue asesinado por la activación de un campo minado el soldado campesino Fino Quiroga Iván identificado con la cédula de ciudadanía 1.005.771.161 de Cajamarca, orgánico de pelotón fenicio 8 cuando realizaba un registro del área asignada del pelotón.

Son testigos de los hechos los soldados campesinos.

SLC Flórez Andrés Mauricio 1.110.459.121 de Ibagué.

SLC Guarín Chávez Edwin Leandro 1.110.458.771 de Ibagué (fls. 4-5 C-2)

Está acreditado que su muerte causó daños a los demandantes, quienes demostraron el vínculo que los unía con la víctima, en calidad de padres y hermanos (fls. 8-16 c.1) (fls. 2,3 C-2)

Que de conformidad con el Informativo Administrativo por muerte, 028, rendido por el comandante Teniente Coronel del Batallón de Infantería 18 CR Jaime Rooke (fl. 18 c 1) se indicó:

“... el día 12 de noviembre de 2005, siendo aproximadamente las 07:00 horas, en la vereda el Salitre parte alta del tambo se sostuvo contacto armado contra terroristas de las ONT-FARC donde fue asesinado por la activación de un campo minado el soldado campesino Fino Quiroga Iván.

... Circunstancia de Novedad: El señor Teniente Coronel comandante del Batallón de Infantería 18 “CR. Jaime Rooke” conceptúa que de acuerdo al Decreto 2192 artículo 7º la muerte del soldado del SLC Fino Quiroga Iván ocurrió muerte en combate”.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia objeto de la acción de tutela manifiesta que de los elementos de juicio aportados al plenario se podía concluir que el señor Iván Alberto Fino Quiroga efectivamente se encontraba prestando el servicio militar para el 12 de noviembre de 2005, fecha en que según lo manifiesta el Comandante del Batallón de Infantería 18, la compañía a la cual se encontraba adscrito el conscripto entró en contacto armado con una cuadrilla de las ONT-FARC, sin embargo, no se encontró acreditado el fatídico suceso de la muerte en consideración a que la Registraduría del Estado Civil informó en su Oficio 285 de 2007, que el registro no se encontraba en esa dependencia.

De lo expuesto hasta aquí, se tiene, que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, dictó la sentencia con base en el informe rendido por “SU Zambrano José Albeiro Enlace Compañía Fenicio” y el “Informativo Administrativo por muerte 09 suscrito por el Teniente Coronel comandante del Batallón Jaime Rooke.

Estos, son documentos públicos, los cuales a la luz del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se presumen auténticos mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.

En otros términos, la muerte del Soldado Campesino Iván Fino Quiroga, a causa de “... contacto armado contra terroristas de la ONT-FARC donde por la activación de un campo minado ...” está comprobada mediante documentos públicos. En ellos se señala el lugar y la fecha donde sucedieron los hechos, y se individualiza con claridad el nombre completo y el número de cédula de ciudadanía del soldado fallecido.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia que motivó la interposición de la acción de tutela adoptó la decisión, sin fijar su valor a los aludidos documentos, fundado esencialmente en que, “... como quiera que el certificado de defunción del conscripto por el cual se reclama la indemnización no fue aportado al expediente, dicha falencia no puede suplirse con los demás medios de prueba.

Llama la atención a la Sala, la circunstancia de que si bien, a la luz del artículo 5º del Decreto 1260 de 1970, la defunción es uno de los actos que requieren inscripción en el registro civil, la mera ausencia del certificado correspondiente no desvirtúa la muerte del soldado campesino Iván Alberto Fino Quiroga, identificado con la C.C. 1005771161, ocurrida en hechos consignados en documentos públicos en los términos a que en forma reiterativa se ha hecho mención en esta providencia.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Tolima al dar respuesta a la acción de tutela, entre otros argumentos, expresó:

Si la abogada demandante no agotó el menor esfuerzo por localizar y aportar al proceso el registro de defunción del soldado conscripto, no veo por qué razón se cuestione la postura del Tribunal en no decretar de oficio la prueba que por desinterés, negligencia o desidia se abstuvo la hoy “agente oficiosa” de aportar al expediente. Tal actitud hubiera indiscutiblemente implicado el mejoramiento de la prueba, en detrimento de los intereses de la parte contraria, toda vez que las falencias u omisiones de los litigantes no pueden ser subsanadas por el operador jurídico.

La respuesta del tribunal, en los términos trascritos, revela indiferencia frente a la situación sometida a su juzgamiento, pues si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970, ninguno de los hechos, actos o providencias relativas al estado civil de las personas sujetas a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, si no ha sido inscrito y registrado, frente a los hechos que dieron lugar a la muerte del soldado mencionado, consignados en documento público, nada impedía al tribunal hacer uso de la facultad oficiosa e incorporar al proceso el registro de defunción.

Además, no se evidencia el “desinterés, negligencia o desidia” o el “mejoramiento de la prueba” por parte de la abogada para aportar el registro de defunción, como lo plantea el tribunal en la respuesta a la acción de tutela, por lo siguiente:

En primer lugar debe tenerse en cuenta que por mandato constitucional, la buena fe se presume en las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades y como se vio la prueba aportada era suficiente y estaba revestida de la presunción de autenticidad, por tratarse de documentos públicos.

En segundo lugar, se observa que en la demanda —acápite de pruebas— la actora pidió que se oficiara al registrador municipal del Estado Civil de Cajamarca (Tolima) para que enviara copia del registro civil aludido, comportamiento entendible, había consideración del contenido del artículo 73 del Decreto 1260 de 1973, dado que según el documento visible a folio 159, en esa localidad municipal nació el soldado y allí mismo sucedieron los hechos que le produjeron la muerte.

Con la acción de tutela se adjuntó en fotocopia auténtica el Registro Civil de Defunción de Iván Alberto Fino Quiroga, expedido por la Registraduría de Ibagué realizada el 28 de febrero de 2006, en fecha anterior a la expedición de la sentencia objeto de tutela, el cual da certeza de la realización de su inscripción, realidad fáctica que la majestad de la justicia no podría pasar por inadvertida.

Obsérvese que según el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, el juez, al interpretar la ley procesal, debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial y que por virtud del artículo 37, son deberes del juez emplear los poderes que el código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes, pues el fin o responsabilidad superior del juez es esclarecer la verdad del proceso. Igualmente es imperativo constitucional que en las decisiones judiciales prevalezca el derecho sustancial.

Es pertinente transcribir el siguiente aparte de lo expuesto por la Corte Constitucional, en Sentencia T-264-09 de 3 de abril de 2009:

La Sala de Decisión ..., una vez constató que hacía falta un medio probatorio imprescindible para adoptar una decisión apegada al derecho material como lo indicaban todos los demás elementos del proceso, en lugar de adoptar las medidas necesarias para suplir esa necesidad y, especialmente, para cumplir con su tarea de solucionar los conflictos que se someten a su consideración desde una base fáctica adecuada, requisito necesario para proferir una decisión justa (supra, acápite 4º), prefirió revocar el fallo de primera instancia y cerrar definitivamente las puertas de la jurisdicción civil a la demandante, actuación que comporta negarle acceso material a la administración de justicia.

Con fundamento en las razones que anteceden, la Sala llega a la convicción de que el Tribunal Administrativo del Tolima, al observar el comportamiento descrito, transgredió a los actores el derecho fundamental del debido proceso por falta de valoración de la prueba, motivo por el cual decretará el amparo impetrado.

Se dejará en consecuencia sin efectos la sentencia impugnada y en su lugar se ordenará que dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos trazados en esta providencia y los documentos que obran dentro del proceso que dan cuenta de la muerte de Iván Alberto Fino Quiroga, C.C. 1005771161.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONCÉDESE el amparo del derecho al debido proceso por falta de valoración de la prueba, del señor Hernán Alberto Fino Quiroga y Otros, contra el Tribunal Administrativo del Tolima, para lo cual se deja sin efecto la sentencia de 22 de julio de 2010, dictada en el Expediente 000141/06.

Como consecuencia de lo anterior, se ordena al Tribunal Administrativo del Tolima, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a dictar una nueva sentencia teniendo en cuenta los lineamientos trazados en esta providencia y los documentos que obran dentro del proceso que dan cuenta de la muerte de Iván Alberto Fino Quiroga, C.C. 1005771161.

De no ser impugnada, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) Sentencia del 29 de marzo de 2007, Expediente 00859-01, Sala Plena del Consejo de Estado.