Sentencia 2010-01218 de marzo 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 760012331000201001218 01 (19388)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez

Demandante: Segurexpo de Colombia S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian

Asunto: Liquidación oficial de corrección – declaración de importación.

Fallo

Bogotá, D. C. diecinueve de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir si son nulos los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá corrigió oficialmente la declaración de importación presentada por la sociedad Consultores Profesionales Aduaneros S.A. Sia-Copad S.A. Sia, estableciendo a su cargo, del importador Sonoprinter S.A. y de la aseguradora Segurexpo de Colombia S.A., el pago de unos derechos antidumping.

Advierte la Sala que, para fallar, el Tribunal abordó el estudio de un aspecto no planteado en la demanda, como es la aplicación retroactiva de la Resolución 825 del 7 de mayo de 2007.

Por su parte, la entidad demandada, en el recurso de apelación, controvirtió los fundamentos de la sentencia.

Lo anterior significa que el a quo no analizó los cargos planteados en la demanda, por lo que procede la Sala a hacerlo.

Abordará, en primer lugar, el relacionado con la falsa motivación, aducida.

Señala la actora que la responsabilidad que presuntamente compromete a la compañía de seguros surgió el 7 de marzo de 2007, fecha de presentación de la declaración de importación. Que a partir de este momento, la Dian tenía dos (2) años para conformar el título o expedir el acto administrativo mediante el cual declarara el siniestro e hiciera efectiva la póliza en una determinada cuantía, pero solamente expidió el acto administrativo el 13 de mayo de 2009, cuando ya la acción había prescrito.

La Sala precisa:

Los artículos 9º del Decreto 2685 de 1999 y 496 de la Resolución 4240 de 2000, señalan que las garantías se constituyen para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

Así pues, en las garantías constituidas a favor de la Dian, el interés asegurable lo constituyen los tributos aduaneros, las sanciones y demás emolumentos que puedan ampararse con una póliza.

De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2685 de 1999 los derechos antidumping o compensatorios y salvaguardias hacen parte de los derechos de aduana, y estos con el impuesto sobre las ventas comprenden los tributos aduaneros(7).

En ese contexto, la constitución de una garantía tiene por objeto avalar el pago oportuno de los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en ejercicio de la actividad de intermediación aduanera, y su efectividad se materializa a partir del incumplimiento de las obligaciones garantizadas y dentro del término de vigencia de la garantía.

En materia aduanera, la Sala ha señalado que el siniestro o riesgo asegurado lo configura el incumplimiento de la obligación garantizada, y que esa circunstancia debe ocurrir dentro del término de vigencia de la póliza, aclarando que el incumplimiento, como tal, es sustancialmente distinto a su declaratoria mediante acto administrativo(8).

Evidencia la Sala que el Contrato Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nº 9664 del 16 de abril de 2008, expedido por la sociedad demandante, tiene vigencia desde el 16 de junio de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2009(9).

El 7 de marzo de 2007, la sociedad Consultores Profesionales Aduaneros S.A. Sia-Copad S.A. Sia presentó la declaración de importación Nº 23030013584915 a nombre del importador Sonoprinter S.A.; el 27 de febrero de 2009 la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá profirió el Requerimiento Especial Aduanero 1-03-238-419-434-4-000752 por la no aplicación de los derechos antidumping.

Posteriormente, profirió la Liquidación Oficial de Corrección 03-241-201-639-3001-00-1122 del 13 de mayo de 2009 a la declaración de importación antes mencionada, presentada por la sociedad Consultores Profesionales Aduaneros S.A. Sia-Copad S.A. Sia a nombre del importador Sonoprinter S.A., y ordenó hacer efectiva proporcionalmente la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nº 9664 del 16 de abril de 2008, expedida por la Compañía Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior S.A. Segurexpo de Colombia S.A.

Así las cosas, y teniendo claro que la obligación aduanera incumplida por parte de la sociedad Consultores Profesionales Aduaneros S.A. Sia-Copad S.A. Sia, la constituye la no liquidación ni pago de los derechos antidumping, concluye la Sala que el riesgo asegurado ocurrió el 7 de marzo de 2007, cuando la declaración de importación se presentó.

Para esa fecha, 7 de marzo de 2007, no estaba vigente la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nº 9664 del 16 de abril de 2008, expedida por Segurexpo de Colombia S.A., razón por la cual la Liquidación Oficial de Corrección 03-241-201-639-3001-00-1122 del 13 de mayo de 2009 no podía ordenar la efectividad de la misma, y al así hacerlo vicio de nulidad los actos administrativos demandados.

En razón de haber prosperado la pretensión encaminada a la declaratoria de nulidad por falsa motivación, procede la anulación de los actos demandados, situación que releva a la Sala de analizar los demás cargos planteados en la demanda.

Respecto de la solicitud de restitución de las sumas que pague o llegare a pagar Segurexpo S.A. a la Dian por la exigibilidad o ejecución de los actos administrativos demandados, la Sala advierte que la actora no aportó en sede administrativa ni ante la jurisdicción documento que demuestre que hubiera realizado algún pago a la entidad demandada.

En cuanto a la condena en costas, la Sala precisa:

Como es sabido, la institución de la condena en costas es una figura de derecho procesal que busca sancionar a la parte que resulta vencida, en un proceso, incidente o recurso. En la noción de costas se ha distinguido entre el reembolso de los gastos necesarios para la atención del proceso y el equivalente a los honorarios profesionales que la parte vencida tuvo que sufragar en la modalidad “agencias en derecho”.

El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, en la forma como fue modificado por la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, preceptúa:

“En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

De la norma transcrita se desprende que en esta regulación se establece la igualdad procesal, al disponer que en todos los procesos podrá haber condena en costas contra la parte vencida en el juicio, lo que hace también sujeto pasivo de las costas a las entidades públicas; que le exige al juez una valoración y ponderación subjetivas, pues esta se deberá ejercer teniendo en cuenta “la conducta asumida por las partes”, exigencia que se traduce en que no basta que se haya vencido a la parte sino que se hace necesario analizar la conducta asumida por ella.

Ahora bien, para la condena en costas, no es suficiente la observancia de las previsiones contenidas en el artículo 171 del mencionado Código, puesto que la misma indica que esta se hará “en los términos del Código de Procedimiento Civil”, esto es, remite a las reglas en él determinadas para la condena como lo son las contempladas en el artículo 392 que dispone:

“ART. 392.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio (sic) artículo 73.

2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación.

3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas sus partes la del inferior, se condenará al recurrente en las costas de la segunda instancia.

4. Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. Numeral derogado por el artículo 44 de la Ley 1395 de 2010.

6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

7. Cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

8. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

9. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

10. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

En ese sentido, considera la Sala que no existió conducta temeraria o abusiva de la parte demandada, que implicara un desgaste innecesario para la jurisdicción y para la entidad demandante; y en general, conducta que justificara la imposición de la medida condenatoria, pues, no basta para condenar en costas a la parte vencida, que se afirme que hubo un desgaste de la administración de justicia y de la Administración de Impuestos y Aduanas sino que es necesario, además, que a juicio del juzgador, la parte haya incurrido en una conducta reprochable que amerite la referida condena.

Por lo precedente no se condenará en costas a la entidad demandada.

Así pues, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia pero por las razones antes indicadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Segurexpo de Colombia S.A. contra la Dian.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

7 Derechos de aduana. Son todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo pago que se fije o se exija, directa o indirectamente por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en relación con dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre o gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los documentos requeridos para la importación o, que en cualquier otra forma, tuvieren relación con la misma. No se consideran Derechos de Aduana, el impuesto sobre las ventas, ni los impuestos al consumo causados con la importación, las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados.

8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de agosto del dos mil diez 2010, Exp. 17018, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

9 Folios 32 a 34.