Sentencia 2010-01408 de marzo 18 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 050011102000201001408 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta 21 de la fecha

Referencia: Funcionario en Apelación de Auto Interlocutorio.

Denunciado: Luis Hernando Valencia Arismendy. Juez Noveno Civil Municipal de Medellín - Antioquia.

Informante: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín. (Compulsa de Copias)

Primera Instancia: Sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de Juez Noveno Civil del Circuito de Medellín por el término de 2 meses.

Decisión: Confirma.

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación... en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”; en concordancia con el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política.

Límites de la Apelación: Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el Legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta Corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por la recurrente(21).

De la nulidad planteada por el disciplinado. A través del recurso de alzada presentado, manifestó el operador judicial investigado que de manera adicional solicitaba la práctica de pruebas negadas por la Sala A quo, con las cuales pretendía demostrar que no existió la falta disciplinaria enrostrada, o en su defecto se declarara la nulidad del proceso disciplinario, a partir del auto que decretó pruebas, pues considera que se vulnero el derecho de defensa, igualmente en el proceso de notificación de la formulación de cargos en su contra.

Pues bien, una vez revisado el infolio, esta Superioridad determina que de acuerdo a las causales de nulidad establecidas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002; en el asunto sub examine no se encuentra incurso ninguna de las aludidas causales de nulidad, pues se denota en lo concerniente a no habérsele decretado la práctica de pruebas solicitadas mediante el escrito de descargos presentado por el disciplinable el 12 de junio de 2013(22), se vislumbra que las mismas fueron atendidas a través de auto del 14 de febrero de 2014(23), mediante el cual se rechazó la práctica de tres pruebas solicitadas por impertinentes e inconducentes, decisión que fue notificada al disciplinado mediante oficio 4955 del 18 de febrero de 2014, dejando de presentar recurso alguno contra dicha determinación, siendo dicha oportunidad procesal en la cual debía manifestar su inconformidad.

En lo que tiene que ver con la notificación del auto del 30 de abril de 2013(24), a través del cual se le formularon cargos al funcionario inculpado, dicho acto fue debidamente notificado mediante oficio 4874 del 9 de mayo de 2013, y 60 69 del 20 de mayo de 2013(25), por lo tanto, teniendo en cuenta que el disciplinado aludió que debido a enfermedad grave no se encontraba en su despacho, lugar donde se le notifico dicha actuación procesal, pues solo se le comunico a la Sala A quo su estado de salud mediante escrito del 16 de mayo de 2013, dejando de aportar una dirección diferente a la del despacho judicial a su cargo.

En consecuencia, al no configurarse en la presente actuación las nulidades invocadas, se negará la solicitud por parte de la Sala.

Asunto a resolver. El debate se centra en establecer si el Juez Noveno Civil Municipal de Medellín - Antioquia, efectivamente transgredió el ordenamiento jurídico al momento de proferir fallo de primera instancia de solicitud de tutela con Radicado 2010-00638, promovida por el señor Jesús María Ruíz Morales contra la sociedad Alos Transportes S.A., transcurrido más de los diez días establecidos para dictar el correspondiente fallo de tutela.

Del caso en estudio. En el caso sub examine, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, resolvió mediante proveído del 29 de agosto de 2014, sancionar al doctor Luis Hernando Valencia Arismedy con 2 meses de suspensión en el ejercicio del cargo de Juez Noveno Civil Municipal de Medellín, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, al considerar que el funcionario judicial investigado no solo desconoció lo ordenado en el Decreto 2591 de 1991, sino además lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Nacional, en la medida que dicho articulado establece un lapso improrrogable de 10 días para decidir la acción pública de tutela; normas que son del siguiente tenor:

“Ley 270 de 1996 – ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

“Constitución Política de Colombia – ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.

“Decreto 2591 de 1991 – ART. 29.—Contenido del fallo. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá contener:

(...)”.

Conforme al acervo probatorio se tiene que el disciplinable efectivamente tramitó la acción constitucional de tutela con Radicado 2010-00638, promovida por el señor Jesús María Ruíz Morales contra la sociedad Alos Transportes S.A., asunto dentro del cual el operador judicial mediante auto adiado el 16 de junio de 2010(26), admitió la solicitud de tutela presentada, contando a partir de dicha fecha los 10 días correspondientes para proferir el fallo correspondiente, lo cual solo hizo hasta el 1º de julio de 2010(27), una vez se recepcionó el informe presentado por el accionante mediante escrito del 23 de junio de dicha anualidad(28).

Es por dicho actuar que deviene el reproche disciplinario al encartado por la vulneración del numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por la inobservancia del mandato constitucional y legal de los artículos 86 de la Carta y 29 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que en su calidad de operador judicial, por quien se presume conocimiento e interpretación normativa, al establecerse que debía proceder a fallar la solicitud de tutela en el término de diez días, teniendo en cuenta el carácter preferente, perentorio e improrrogable tal como lo refiere el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991.

Es claro para esta Superioridad, tal como lo aludió la Sala A quo que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, dicho término se debe contar a partir del recibo efectivo de la demanda en su despacho, pues tal prevé el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991; lo cual en el caso sub examine tuvo ocasión el 16 de junio de 2010, lo cual indica que a partir de dicha fecha se debió contabilizar el término referido, cumpliéndose con el mismo el 30 de junio de la misma anualidad, pero de acuerdo al acervo probatorio, se tiene que ello tuvo ocasión solo hasta el 1º de julio de 2010, deduciéndose de ello que el juez disciplinado desconoció el tiempo que tenía para resolver la tutela, comprometiendo dicha circunstancia su responsabilidad disciplinaria, omitiendo con ello sus deberes como servidor público, además de descuidar el servicio esencial para el que fue nombrado.

Con relación a los argumentos esgrimidos por el recurrente, sobre que se le dio trámite a la acción de tutela de marras de acuerdo al tiempo establecido por el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 306 de 1992, el cual le otorga la facultad al Juez Constitucional, de recurrir a los principios generales del Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo a dicho ordenamiento, el fallo dictado en la acción Constitucional, fue proferido en el término legal. Esta Colegiatura no comparte ello, pues de acuerdo a lo contenido dentro de dicho Decreto 306 de 1992, en su artículo 4º refiere:

“Decreto 306 de 1992 - ART. 4º—De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto” (subrayado y negrilla fuera de texto original).

Teniendo en cuenta lo anterior, deduce esta Superioridad que dicha disposición de aplicar los principios generales del Código de Procedimiento Civil en cuanto al tiempo para proferir el fallo de tutela es totalmente contrario a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, pues este en su artículo 29 es muy claro en señalar que “Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo”, razón por la cual, no se puede aceptar la exculpación propuesta por el disciplinado, además de reiterar lo aludido por la Sala A quo en que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, dicho término se debe contar a partir del recibo efectivo de la demanda en su despacho; lo cual en el caso sub examine tuvo ocasión el 16 de junio de 2010, lo cual indica que a partir de dicha fecha se contabiliza el término referido, cumpliéndose dicho periodo el 30 de junio de la misma anualidad, pero de acuerdo al acervo probatorio, se tiene que ello tuvo ocasión solo hasta el 1º de julio de 2010, deduciéndose de ello que el juez disciplinado desconoció el tiempo que tenía para resolver la tutela.

Con relación a la inexistencia de una responsabilidad objetiva que conlleve a demostrar un actuar negligente del encartado, pues bajo sus argumentos, el disciplinable enrostra su actuar en la congestión judicial que afronta la rama judicial; ello no es justificación suficiente, teniendo en cuenta que la acción de tutela tiene un deber de prelación de acuerdo al artículo 15 del Decreto 2591 de 1991, no siendo eximente la carga laboral del despacho, pues dicho artículo establece “La tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la Sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguroso, y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus; además teniendo en cuenta la línea jurisprudencial de esta Superioridad, donde se establece que el interregno de la mora es que haya proferido más de un fallo de tutela diaria, de tal manera, al examinar las estadísticas de producción del funcionario se apreció que en el periodo comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 2010, recibió dicho periodo con 8 acciones de tutela, siendo repartidas posteriormente un total de 36, de las cuales profirió 22 fallos de primera instancia, además de 11 más con el acápite de otras salidas. Por lo tanto, de lo anterior se denota que en un total de 60 días hábiles, el funcionario profirió solo 22 fallos de tutela, lo cual arroja un promedio inferior a un fallo diario, aun teniendo en cuenta todo el trimestre que va desde el 1º de abril, hasta el 30 de junio de 2010.

Ahora, siendo la Administración de Justicia el ejercicio de un servicio a la sociedad, esencial e imprescindible, el incumplimiento de los deberes y obligaciones que lo constituyen afecta negativa y directamente su prestación, lesionando indiscutiblemente la imagen de la justicia, su credibilidad y eficacia, constituyendo descrédito para la misma, pues la afrenta no solo es contra uno de los pilares del Estado Social de Derecho sino también, contra los usuarios de este servicio a quienes se les debe respeto y efectividad en el mismo, incluidas las Entidades que forman parte de la estructura del Estado; así las cosas, estos comportamientos son los que se le reprochan al funcionario judicial en el presente asunto dado que por su rango de Juez Civil Municipal de Medellín - Antioquia, se le exige el más estricto cumplimento de los deberes de lealtad, probidad y honestidad, que implica el acatamiento a los deberes determinados por la Constitución Política y las Leyes.

Por lo tanto, al proferir fallo de tutela dentro de proceso de marras fuera del término constitucional y legalmente establecido, el funcionario implicado desconoció el mandato consagrado en los artículos 29 del Decreto 2591 de 1991, y 86 de la Constitución Política de Colombia.

De la sanción. Persiste también la calificación de la naturaleza de la falta como grave culposa, atendidos los criterios señalados en el auto de cargos, esto es: 1) el de jerarquía y mando del funcionario inculpado; 2) la trascendencia social de la falta, pues con la conducta objeto de reproche no pudo haber afectado los intereses del accionante, pero si desatendió un mandato constitucional y legal de carácter improrrogable; 3) la naturaleza esencial del servicio público de la administración de justicia.

Fundada la Sala en tales premisas y dado que para las faltas graves culposas el artículo 44 numeral 3º de la Ley 734 de 2002(29) prevé la sanción de suspensión, cuyos límites conforme al artículo 46 ibídem, oscila entre 1 y 12 meses, además atendida la existencia de antecedentes, para la época de los hechos, resulta imperativo para esta Colegiatura confirmar la sentencia objeto de apelación proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a través de la cual sancionó con suspensión de 2 meses en el ejercicio del cargo de Juez Noveno Civil Municipal de Medellín - Antioquia, al doctor Luis Hernando Valencia Arismedy, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 1991.

Conforme con lo expuesto, esta Superioridad confirmará en su integridad el fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. NEGAR la NULIDAD propuesta, conforme a la parte motiva de esta providencia.

2. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 29 de agosto de 2014(30), proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio de la cual sancionó con 2 meses de suspensión en el ejercicio del cargo de Juez Noveno Civil Municipal de Medellín al doctor Luis Hernando Valencia Arismedy, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 1991, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

3. COMUNICAR lo aquí resuelto al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín - Antioquia y a la Dirección de Carrera Judicial, para lo de su cargo.

4. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

5. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sent. de mar. 21/2007, Rad. 26129.

22 Fls. 164-165, c. o.

23 Fl. 166, c. o.

24 Fls. 151 – 154, c. o.

25 Fls. 156 – 158, c. o.

26 Fl. 89, c. o.

27 Fls. 94 – 97, c. o.

28 Fl. 92, c. o.

29 “ART. 44.—2: El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas”.

30 Magistrados Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez (Ponente) y Martín Leonardo Suarez Varón.