Sentencia 2010-01514 de febrero 4 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 08001-22-13-000-2010-01514-01

Magistrado Ponente:

William Namén Vargas

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El artículo 86 de la Constitución Política, garantiza a toda persona la inmediata protección de sus derechos fundamentales frente a su vulneración o amenaza por acción u omisión de las autoridades públicas y, en ciertas hipótesis, de los particulares, mediante el ejercicio de la acción de tutela, cuya finalidad protectora es de naturaleza excepcional, residual, subsidiaria y comporta la ausencia de otros mecanismos, el agotamiento de los disciplinados por el ordenamiento, y su ejercicio en término coherente con el menoscabo.

2. En el asunto específico, la impugnación carece de vocación de prosperidad, por cuanto examinados los fundamentos de la demanda de tutela y los elementos de convicción allegados al expediente, la Corte advierte que la hoy accionante contó con precisas oportunidades para hacer valer al interior de la diligencia de entrega o ante el juez de conocimiento la calidad de poseedora que afirma ostentar sobre el inmueble objeto de la misma.

En efecto, en tratándose del proceso de entrega del tradente al adquirente, cuando ésta ha sido ordenada en la sentencia, el ordenamiento procesal civil, artículo 417, remite a los artículos 337 a 339 ibídem, los cuales regulan, lo atinente a las oposiciones a la diligencia de entrega, quienes pueden oponerse, oportunidades, admisión a la oposición, trámite y la restitución al tercero poseedor, entre otros aspectos.

Por ello, aunque de las pruebas allegadas se infiere que la señora Gloria Sofía Niebles de la Hoz no estuvo presente en la diligencia de 25 de octubre de 2010, bien pudo dentro de los treinta días siguientes a ésta, solicitar al juez de la causa el trámite incidental de restitución de la posesión, mecanismo judicial idóneo para propender por la defensa de los derechos alegados, sin que los cargos formulados por aquella en el sentido de que la Inspección de Policía comisionada debió tener como prueba las manifestaciones realizadas por Rodrigo Orozco Altamar, sean suficientes para estructurar con éxito una acción de este talante.

Luego, la existencia en el ordenamiento positivo de instrumentos efectivos de control judicial, torna inviable el mecanismo del amparo ya que, por lineamiento jurisprudencial, su procedencia precisa que el interesado los haya agotado al interior del proceso, dado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, ex artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991, en concordancia, inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política.

En estas condiciones, el amparo deprecado deviene improcedente, aún como mecanismo transitorio, pues tampoco están demostradas las circunstancias que darían lugar a dispensar la protección bajo esa particular modalidad de amparo, amén de que la quejosa no indicó de qué manera se configura en su situación concreta el perjuicio irremediable.

3. Por las anteriores razones, la Corte confirmará el fallo de primera instancia.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de primera instancia.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.»