Sentencia 2010-01529 de agosto 19 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000-23-15-000-2010-01529-01

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Manuel Alfonso Velásquez Reales

Accionado: Ministerio de Defensa - Armada Nacional

Acción de tutela-impugnación

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010).

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y artículo 32 del Decreto 2591 de 1991(1), esta Sala es competente para conocer de la impugnación de la sentencia de 28 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Presentación del caso y del problema jurídico.

El señor Manuel Alfonso Velásquez Reales interpuso acción de tutela contra la Base Naval ARC Bolívar y el Club de Suboficiales de la Armada Nacional, en busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales de libre asociación, debido proceso e igualdad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al amparo del derecho fundamental de asociación del actor y en consecuencia ordenó al comandante de la Base Naval ARC “Bolívar” desafiliar del Club de Suboficiales de la Armada Nacional al accionante y suspender toda clase de descuentos por concepto de aportes a dicho club.

Corresponde a la Sala determinar si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales alegados por el actor, al no permitir su desafiliación del Club de Suboficiales de la Armada Nacional.

La Sala anuncia, que la decisión de amparo proferida por la primera instancia será confirmada, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación.

3. Fundamentos de decisión.

El actor invocó la protección del derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política, que se concibe desde dos puntos de vista; en un sentido positivo, consagra la libertad de los ciudadanos de unirse para la constitución de asociaciones, así como de vincularse a las que ya existen; y en un sentido negativo implica la imposibilidad de constreñir u obligar a formar parte de alguna.

Para esta Sala de Decisión, dicha fundamentación fue tenida en cuenta por el a quo, para conceder el amparo, en acatamiento de la interpretación y alcance que ha otorgado la Corte Constitucional al derecho de asociación. Situación que valida plenamente la decisión proferida por la primera instancia.

En efecto, el derecho de retirarse de una asociación, es un derecho constitucional consagrado en normas internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (libertad de asociación, art. 20), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (L. 74/68, art. 22, derecho de asociación), Convención Americana sobre Derechos Humanos (L. 16/72, art. 16, libertad de asociación), entre otros. Por ello, dentro de este contexto, aparece claro una vulneración al derecho de asociación que consagra la Carta, ya que la garantía constitucional de este derecho, implica también el respeto a los ciudadanos a la libertad negativa, que se traduce en el derecho a no asociarse.

En este orden de ideas, no existe una causa razonable a la luz de la interpretación constitucional para restringir el derecho de asociación del tutelante que le impida su retiro del Club Naval de Suboficiales. Es claro, que los mandatos prescritos por la norma constitucional priman sobre todas aquellas disposiciones internas que obligan a un militar a mantenerse afiliado a la asociación, incluso para aquellos que sin importar el tiempo que llevan vinculados a la institución decidan en uso del ejercicio de su libertad desligarse de tal vinculo, pues se reitera, se trata del derecho de asociación que en su esfera negativa repudia todo tipo de constreñimiento y/o coacción.

Aunado a lo anterior, se observa, que el monto que debe cancelar el actor por concepto de aporte al club de suboficiales hoy centro Recreacional de Suboficiales de la Armada Nacional, le es descontado por nómina, sin que según lo afirmado por el tutelante, medie autorización escrita. Al respecto, dicho descuento esta ligado al derecho a obtener un pago justo y oportuno, que a su vez, hace parte del derecho fundamental al trabajo prescrito en el artículo 25 constitucional, lo que quiere decidir, que no resulta admisible practicar una disminución del salario percibido al actor, como quiera, que mengua su capacidad de ingreso, máxime si sobre este no media una retribución o beneficio directo, pues el petente no reside en la ciudad en la cual el club presta sus servicios.

Conforme a lo expuesto, es claro para la Sala que la decisión proferida en primera instancia es armónica con el alcance al derecho de asociación y acata los lineamientos expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-781 de 1998, en la que decidió una acción de tutela instaurada por un miembro de las fuerzas militares afiliado en calidad de socio al Club de Suboficiales de la Fuerza Aérea, en la que se resolvió con fundamento al derecho de asociación en sentido negativo, como aquí ya ha sido expresado.

En este orden de ideas, esta Sala de decisión confirmará la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en razón a la protección del derecho de asociación del tutelante.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 28 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la acción de tutela promovida por Manuel Alfonso Velásquez Reales contra la Base Naval ARC Bolívar y el Club de Sub Oficiales o Centro Recreacional de Sub Oficiales de la Armada Nacional.

LÍBRAR las comunicaciones de que trata el articulo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.