Sentencia 2010-01556 de agosto 8 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad: 110011102000-2010-01556 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta Nº 62 de la misma fecha.

Ref.: Consulta fallo contra abogado Eliberto Ruiz García

Vistos

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Conforme se dispone en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, procede esta superioridad a su revisión por vía de consulta de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, mediante la cual sancionó al abogado Eliberto Ruiz García, con suspensión por el término de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de las faltas previstas en los numerales 4º del artículo 35 y 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por falta contra la honradez del abogado y la debida diligencia profesional.

Del caso en concreto

Esta Sala se circunscribirá a pronunciarse respecto de los aspectos desfavorables que se hayan podido presentar dentro del trámite disciplinario que se adelantó en contra del abogado Eliberto Ruiz García.

Cabe resaltar que esta Sala verificó la posibilidad de que se hubiera presentado alguna causal de nulidad respecto a una indebida notificación al doctor Eliberto Ruiz García, para vincularlo al presente trámite judicial, toda vez que se evidenció los múltiples intentos de vincularlo, pero este no compareció a ninguno de los momentos procesales, tras la queja interpuesta por la señora Martha Patricia Cárdenas Quinche.

Es vital para el presente trámite señalar que el juzgador de primera instancia procedió a remitirle múltiples comunicaciones al doctor Ruiz García, quien en ningún momento compareció al proceso, tal dirección que aparece registrada del mencionado profesional del derecho es la siguiente: carrera 80 A Nº 65A-75 Bogotá(10), pero nunca obedeció dichos requerimientos.

Tal fue la insistencia del despacho de primera instancia para ubicar al doctor Eliberto Ruiz García y permitirle su defensa efectiva, que procedió a enviar telegrama a la Defensoría del Pueblo, ya que se sabía que había trabajado allí, para que informaran la dirección que reposaba en los archivos de esa entidad y en la promotora de salud a la cual le hacía sus aportes, lo cual mediante oficio del 6 de febrero de 2013, la doctora Martha Patricia Jiménez Beltrán, coordinadora de gestión del talento humano (e) informó que el doctor Eliberto Ruiz García reportaba como dirección la carrera 80 A Nº 654 A-55 en la ciudad de Bogotá, dirección diferente a la inicialmente registrada, pero en los posteriores telegramas el juzgador envió a múltiples direcciones para hacerlo comparecer, como fueron las direcciones: carrera 80 A Nº 654A-55, carrera 80 A Nº 654A-75 y carrera 80 A Nº 654 A-65/55 todas en la ciudad de Bogotá, pero no se logró el cometido del seccional.

Es así como se verificó que el a quo realizó las gestiones que estaban a su alcance para hacer que el doctor Ruiz García compareciera al presente trámite, pero fue inútil, ya que el togado no compareció a ninguna de las etapas procesales, siendo descartada la posibilidad de presentarse una posible nulidad. Al respecto, esta Sala ha señalado:

“Respecto al sinnúmero de citaciones que el juez de primera instancia le envió a todas la posibles direcciones que se logaron encontrar de la doctora…, implicó un esfuerzo total de la administración de justicia con el fin de vincularla en todas las etapas procesales para hacerle efectivos sus derechos al debido proceso. Así mismo, el a quo se esforzó tanto en hacer comparecer a la disciplinada que ofició al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que ubicaran efectivamente la residencia actual de la disciplinada, el señor Fredy Guarín Ardila, adscrito al CTI de Bucaramanga, de la Fiscalía General de la Nación”(11).

Según lo anterior, esta Sala una vez verificada la actuación de primera instancia, no encuentra notificaciones irregulares al disciplinado de lo cual pueda ello generar en una posible nulidad.

Del caso en concreto

Una vez revisado el plenario, se logró evidenciar que la inconformidad de la señora Martha Patricia Cárdenas Quinche, se centró en, la inactividad del disciplinado para iniciar los trámites respectivos con el fin de cobrar dos letras de cambio que le habían sido entregadas para su cobro, y que en varias ocasiones el doctor Ruiz García únicamente le decía que el trámite iba bien y que en muy poco comenzaban los embargos y le empezaban a pagar; y que frente a las múltiples excusas injustificadas por parte del estado real del proceso, procedió a pedirle la devolución de los títulos valores para iniciar los trámites respectivos con otro abogado, a lo cual el togado investigado solo le hizo devolución la letra de cambio por valor de $ 6.333.918, quedándose en su poder el denunciado con la representativa de $ 2.265.000, conductas con las cuales, el magistrado instructor le endilgó cargos por trasgredir dos normativas las cuales serán estudiadas a continuación.

De la comisión de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1127, falta contra la debida diligencia profesional

Dentro de la actuación de primera instancia se evidenció el inconformismo de la señora Martha Patricia Cárdenas, con su apoderado judicial, el doctor Eliberto Ruiz García, quien había sido recomendado por una de sus hermanas, para que cobrara judicialmente dos letras de cambio que el señor Juan Carlos Cárdenas Quinche había girado a su favor. Se estableció que el 8 de abril de 2009, la quejosa contrató verbalmente al doctor Ruiz García para que cobrara dos letras de cambio, una por valor de $ 6.333.918, y otra por $ 2.265.000, posterior a ello, el togado le solicitó la suma de $ 100.000 para gastos de radicación y demás, a lo cual la quejosa accedió. Tras ello, ante múltiples solicitudes sobre el estado del proceso, el togado solo le indicaba a su mandante que el trámite iba bien, y que ya casi harían los embargos correspondientes.

Transcurridos 6 meses le indicó a la señora Cárdenas Quinche que el cobro de la letra de cambio de mayor valor no era viable, a lo que procedió a la devolución; con ocurriendo lo mismo con el otro título. Si bien la quejosa argumenta que el apoderado judicial le indicaba que dicho trámite se encontraba en los juzgados de descongestión de esta ciudad, una vez solicitada dicha información al centro de servicios judiciales para los juzgados civiles(12), estos informaron que no existía ningún proceso donde el abogado Eliberto Ruiz García actuara en representación de la señora Martha Patricia Cárdenas, una vez verificado el sistema de información judicial.

Según lo anterior, se evidenció la desidia del doctor Ruiz Cárdenas, quien teniendo el compromiso con su mandante, no procedió a promover ninguna demanda con el fin de cobrar las letras de cambio encomendadas, afectando gravemente su situación, quien lo manifestó a lo largo del trámite de primera instancia, necesitaba ese dinero de forma urgente porque se encontraba sin trabajo y en una situación económica muy difícil, a lo cual el togado no le importó, y mantuvo una inactividad de por lo menos 10 meses, tiempo en que duró en posesión de las letras de cambio hasta el momento de la queja.

La conducta del profesional del derecho enjuiciado es reprochable y no se encuentra justificada, ya que valiéndose de su calidad de abogado la señora Martha Cárdenas le confió el cobro de dos letras de cambio pero no se efectuó labor alguna, siendo dichas conductas de aquellas reprochables y de las que le hacen daño a la sociedad y a la imagen de la profesión.

De la comisión de la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, falta a la honradez del abogado

Reza la citada norma:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

La segunda inconformidad de la señora Cárdenas Quinche consistió en la retención de la segunda letra de cambio la cual ascendía a la suma de $ 2.265.000 por parte del doctor Ruiz García, quien solo le dijo que como ya había un proceso en un juzgado de descongestión ya no podía entregársela, pero tal fue la sorpresa para esta corporación que tras haber solicitado qué procesos existían en cabeza del togado investigado, la doctora Sandra Sirley Trujillo Espitia, coordinadora de reparto de la dirección seccional de administración judicial informó: “en atención a la solicitud del asunto, mediante la cual requiere se informe si el abogado Eliberto Ruiz García C.C. 79.540.995 promovió procesos ejecutivos en nombre propio, de manera atenta me permito informarle que una vez revisado el sistema de administración de reparto judicial (SARJ) en la jurisdicción civil (municipal, circuito), familia y laborales, a la fecha con los datos no se encontró información alguna”(13).

Es así como de esta manera no se encuentra justificada la actuación del profesional del derecho investigado, quien únicamente devolvió una letra de cambio, quedando en su poder la de menor valor, pero que ante los requerimientos de la quejosa, solo le decía que ya existía un proceso en curso y por ello no podía devolvérsela, pero con la comunicación ya referenciada se logró establecer que no existe ninguna actuación judicial iniciada por el doctor Eliberto Ruiz García que permitiera corroborar su dicho.

Razones por las cuales se evidenció un actuar deshonroso y negligente del disciplinado con la señora Martha Patricia Cárdenas Quinche, quien depositó su confianza en él y fue defraudada por la actuación ilegal y deshonesta del togado, razones por al cuales esta Sala procederá a confirmar integralmente la providencia de primera instancia.

Otras determinaciones

Toda vez que estudiado todo el dossier, se evidenció una posible mora en que pudo incurrir la Secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Judicatura de Bogotá, ya que no se reporta actuación alguna entre el 11 de febrero de 2011 y 8 de junio del mismo año, se dispondrá que por secretaria judicial de esta corporación expida las copias ante la Presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que investigue la actuación de la secretaria de dicha corporación.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada de fecha 10 de abril de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se impuso sanción de suspensión por el término de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión de la abogacía, al doctor Eliberto Ruiz García, por haber incurrido en las faltas disciplinarias tipificadas en los numerales 4º del artículo 35 y 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por faltas contra la honradez del abogado y la debida diligencia profesional, de acuerdo con las razones indicadas en la motivación de este proveído.

2. DAR CUMPLIMIENTO al acápite de otras determinaciones.

3. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Oficina de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación.

4. DEVOLVER el expediente al lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(10) Folios 8 y 9 cuaderno de primera instancia.

(11) Radicado 680011102000201001014 01, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, aprobado según Acta 24 de 10 de abril de 2013.

(12) Folio 91 cuaderno de primera instancia.

(13) Folio 91 cuaderno de primera instancia.