Sentencia 2010-01562/51817 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 76001-23-31-000-2010-01562-01 (51817)

Actor: José Concepción López Meza y Otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil diecisiete

Extractos: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad; 5) alcance del recurso; 6) caso concreto; 7) perjuicios: la legitimación y la actualización de las indemnizaciones reconocidas en primera instancia; y 8) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite el debate versa sobre la privación de la libertad del señor José Concepción López Meza, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación(20) , se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1º de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(21).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(22).

En el presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados con las decisiones a través de las cuales se restringió el derecho a la libertad del señor José Concepción López Meza, razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

Pues bien, mediante providencia del 2 de septiembre de 2009, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali decretó la preclusión a favor del señor José Concepción López Meza, decisión que quedó ejecutoriada en la misma fecha, tal como se deduce de la copia del acta de la audiencia obrante a folios 32 a 36 del cuaderno 1.

De este modo, el término para demandar empezó a correr el 3 de septiembre de 2009, empero, se suspendió durante el período comprendido entre el 10 de mayo de 2010 y el 23 de junio de 2010(23) , en virtud del trámite de conciliación extrajudicial promovido por la parte demandante.

Ahora, como la demanda se presentó el 13 de septiembre de 2010(24), se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se definió la situación penal del señor José Concepción López Meza, lo cual, como antes se precisó, ocurrió el 2 de septiembre de 2009.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de Jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general la Jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se deberá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(25).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante Sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Alcance del recurso.

Ahora, la competencia para resolver el presente asunto está determinada por los puntos cuestionados por la Rama Judicial, que se circunscriben a: i) el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y, ii) a su participación en la privación de la libertad del señor José Concepción López Meza, dado que según su dicho, los supuestos perjuicios que se les causaron a los demandantes le eran imputables únicamente a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad que solicitó la imposición de la medida de aseguramiento objeto de cuestionamiento.

Respecto de las anteriores circunstancias, la Sala se pronunciará y adoptará las decisiones que resulten del caso, siempre que, tal como lo impone el artículo 31 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, no se desmejore la situación de la Rama Judicial, habida consideración de su calidad de apelante única.

6. Caso concreto.

En el presente asunto(26), se probó que en contra del señor José Concepción López Meza se adelantó un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, revelación de secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión, cohecho por dar u ofrecer, falsedad personal y falsedad material en documento público.

Lo anterior, según lo señalado en los antecedentes de las providencias penales, con fundamento en una denuncia recibida en la página web del Departamento Administrativo de Seguridad, según la cual algunos funcionarios de la Seccional Cali de dicha entidad, en asocio con particulares, recibieron dinero por asignar citas para tramitar el certificado judicial, mediante mecanismos ajenos a los dispuestos para el efecto —línea telefónica y página web—.

Asimismo, se advierte que el 23 de junio de 2007, previa captura por orden judicial, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali impuso al señor José Concepción López Meza medida de aseguramiento de detención domiciliaria(27).

Igualmente, que el 22 de febrero de 2008, en la audiencia de formulación de acusación, adelantada por el Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, la Fiscalía General de la Nación precisó que al señor José Concepción López Meza únicamente se le endilgaban los delitos de cohecho impropio y falsedad ideológica en documento público, en consideración a que no contaba con elementos probatorios que dieran cuenta de la comisión de las demás conductas punibles que se le imputaron(28), para tal efecto el ente acusador indicó:

“[J]osé concepción López Meza, se acusa por el delito de concierto para delinquir el cual se retira por no tener elementos probatorios para probarlo, igualmente se modifica el delito de concusión imputado a este ciudadano y se acusa por el delito de Cohecho Impropio, y Falsedad Ideológica en Documento Público, el prevaricato por acción se retira porque no hay elementos materiales de prueba que lo determinen[,] lo igual sucede con la revelación de secreto, lo mismo con abuso de la función pública, igual con el prevaricato por omisión, en igual sentido cohecho por dar u ofrecer, lo mismo sucede con la falsedad personal, igual sucede con la falsedad material en documento público, en conc[l]usión a este ciudadano solamente se le acusa por los delitos resaltados”.

Además, se tiene que el 17 de marzo de 2008, el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Cali le concedió la libertad, de manera provisional(29).

Ahora, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión a favor, entre otros procesados, del señor José Concepción López Meza, en los siguientes términos(30):

“En primer lugar, no cuenta esta Delegada con [e]lemento material probatorio, que demuestre que efectivamente, el servidor abusando de su cargo o de sus funciones haya constreñido a alguien o inducido a alguien a dar o prometer algo. En sus elementos materiales probatorios, evidencias físicas y declaración legalmente obtenida no aparece nadie, es decir persona alguna que confirme que lo obligaron a dar o que le recibieron o que al menos se ha[y]a evidenciado que hizo promesas remuneratorias, tan solo se cuenta con una[s] interceptaciones de llamadas y trascripciones de las mismas, en la[s] cuales se escuchan conversaciones varias, de las cuales se cont[ó] con la debida autorización de[l] Juez de Garantía, para su obtención, pero la misma no se tiene a la fecha la voz origina[l] de quien se cree hizo la llamada recaudada a través de receptación, ello por la negación de los Imputados y Luego Acusados a que se le[s] haga [el] respectivo cotejo de voces y toma de muestra manuscriturales, pero de qu[é] vale tal autorización, si [no] se sabe qui[é]n es la otra persona que se halla en la otra línea y nunca se hace un ofrecimiento directo ni concreto, y este tipo de punibles está sujeto a Objeto Material Personal, es decir a qui[é]n se induce, a qui[é]n se constriñe o se le solicita.

“Aquí, y hasta la hora de ahora, no se tiene [a] qu[é] personas se les pidió dinero, se pregona que para sacar el pasado judicial, cierto, pues bien lo lógico y normal de hacer era: tomar el pasado judicial que se elaboró y solicitar al ciudadano que fue motivo del mismo, que viniera a[l] Estrado Judicial y manifestara todo cuanto había pasado, de no ser así, se está solo frente a elucubraciones, ya que no tenemos plena certeza que el particular ha[y]a dado o prometido una utilidad indebida e incluso dentro de las causales de justificación, está el consentimiento del sujeto pasivo, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, actividad lícita, cargo público.

“(...)

“Ahora, la Falsedad que se le Atribuye al Señor Jos[é] Concepción López Meza, En este Primer Lugar, Obedece a las Planillas en la que Consignó Hechos no Reales. Se deja consignado que existe cada una de las planillas debidamente diligenciadas por el señor José Concepción López Meza, en uso de sus labores asignadas durante el tiempo que se hizo la recolección de esta información, pero no todas son originales ya que la gran mayoría fue destruida, ya que este es tan solo un documento de control diario, para atención a usuarios.

“Esta afirmación que acabo de expresar no [es] propia de esta Delegada, obedece a un [d]erecho de [p]etición que respondió el DAS, de manera concreta el Sub Director Seccional DAS Valle del Cauca, Dr. Jos[é] Armando Pubiano Jiménez, en donde expone: ‘3. En Cuanto a las Planillas Utilizadas para Registrar las Citas Telefónicas para el Trámite del Certificado Judicial, No se Encuentran Contenidas en la Tabla de Retención Documental del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por ser un documento de control diario para la atención de nuestros usuarios, tanto es así, que los mismos son destruidos pasado un tiempo porque no tiene ningún valor, es tan solo un control y no es considerado como documento ya que no se encuentra contenido en la tabla de retención documental, luego entonces estos no gozan de un cuidado especial, ni mucho menos se le da un control adecuado.

“De igual manera es claro que el número del abonado móvil, no aparece registrado a su nombre, luego esto hace que no se pueda afirmar que las llamadas hechas desde el mismo [hayan] sido realizada[s] por [é]l. Aquí es importante establecer que efectivamente el [s]eñor José Concepción López Meza, puede ser el dueño del celular que se reporta como el abonado que dio numerosas citas sin previa solicitud, pero la verdad es otra, este celular aparece reportado a nombre de otra persona, esto aunado a que a la fecha no se ha podido cotejar voces y estudiar los rasgos caligráficos, labor esta que no se puede suspe[n]der en el tiempo y espacio a lo que a bien tenga[n] los administradores de la justicia para llevar a cabo la Audiencia, a nadie se le puede tener de manera postergada su situación jurídica hasta que un funcionario de la Justicia quiera y menos aún en este Sistema Acusatorio Colombiano, es deber de la justicia responder y tratar de llevar a su finalización toda investigación lo más pronto posible, la misma no puede postergarse en el tiempo y en el espacio.

“Ante tal evento, tan solo es viable a esta Delegada, solicitar al señor Juez la Preclusión de la Investigación para [el] Señor José Concepción López Meza, Invocando para Ello el numeral 6º del artículo 332, que nos Habla de las Causales de Preclusión, Siendo para este Acusado, la Imposibilidad de la Fiscalía de Desvirtuar la Presunción de Inocencia”.

Finalmente, el 2 de septiembre de 2009, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali accedió a la anterior petición y decretó la preclusión a favor del señor José Concepción López Meza por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia(31) , en esa oportunidad señaló:

“En el caso concreto no es posible que [todas] las preclusiones deban despacharse bajo el argumento de que el hecho no existió, ya que hay hechos que existieron solo que no se pueden probar, otros que son atípico[s], o que simplemente los aquí investigados no son responsables, son estas las razones que llevan a este funcionario a realizar un rompimiento en esta preclusión, no podemos someter a estos ciudadanos a tod[o] un proceso judicial para al final decir que hay que absolverlos, esto violaría a todas luces los principios y valores de orden constitucional.

“(...)

En este orden de ideas se señala que no debió haber imputación ni mucho menos un escrito de acusación, cuando ni si quiera para la imputación se tenía ni los cotejos de voces, entre otros elementos materiales probatorios que más adelante iban a sustentar el juicio, el Despacho no ve procedente declarar una nulidad, ni adelantar un juicio, por lo que se considera que es viable aceptar la petición del día, el conjunto de norma[s] señalada[s] que es viable precluir la investigación” (negrillas no son del texto original).

En las condiciones analizadas, la Sala encuentra que el Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, a petición de la Fiscalía General de la Nación, decretó la preclusión a favor del señor José Concepción López Meza, dado que no existían elementos probatorios que lo comprometieran con los delitos de cohecho impropio y falsedad ideológica en documento público.

Así, advierte la Sala que el sub lite no se trata de un evento en el que la actuación penal hubiera terminado ante la configuración de una duda razonable respecto de la autoría del delito, sino que corresponde a uno de aquellos casos en los que la preclusión obedece a que no se probó que el procesado hubiera cometido el delito, supuesto que, por regla general y, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, da lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

Así las cosas, aun cuando la Rama Judicial alegó la inexistencia de una falla del servicio atribuible a su actuación, lo cierto es que, tal y como en acápites precedentes se advirtió, cuando la decisión penal definitiva es de carácter absolutoria, ya sea porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, la privación de la libertad de la que fue objeto deviene en injusta y se abre paso a declarar la responsabilidad del Estado por los daños que hubiere causado, sin necesidad de acreditar que la misma haya sido ilegal o arbitraria(32).

De otro lado, la entidad recurrente adujo que el daño causado a los demandantes le era imputable únicamente a la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que fue la autoridad que, en principio, pidió la imposición de medida de aseguramiento y, con posterioridad, solicitó la preclusión de la investigación.

En efecto, encuentra la Subsección que de lo expuesto por el delegado de la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento, en la audiencia en la que se precluyó la investigación a favor del señor López Meza, se desprende que el proceso se promovió sin que el ente acusador contara con evidencias físicas, ni elementos materiales probatorios, de los que se pudiera inferir razonablemente que el señor López Meza podía ser autor de las conductas delictivas que se investigaban.

Como sustento de lo anterior, resulta relevante reiterar que el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento, cuando decretó la preclusión a favor del señor José Concepción López Meza, señaló que: “(...) no debió haber imputación ni mucho menos un escrito de acusación, cuando ni siquiera para la imputación se tenía ni los cotejos de voces, entre otros elementos materiales probatorios que más adelante iban a sustentar el juicio”.

Asimismo, el ente acusador fundamentó, inicialmente, la variación en la acusación y, finalmente, la petición de preclusión, en la existencia de claras falencias probatorias, dado que no contaba con evidencias físicas y elementos materiales probatorios que comprometieran al señor López Meza con las conductas punibles por las que se le investigó.

Así las cosas, advierte la Sala que la responsabilidad de la Fiscalía se encuentra comprometida a título de falla en el servicio, de ahí que se hubiese declarado su responsabilidad en sede de primera instancia, aspecto que no fue recurrido por el ente acusador, pero ello no implica que la Fiscalía General de la Nación sea la única llamada a responder por la privación injusta de la libertad del señor José Concepción López Meza, porque también es cierto que fue la Rama Judicial la que, por conducto del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, le impuso medida de aseguramiento al señor José Concepción López Meza.

Al respecto, se tiene que la adopción y desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico del sistema penal acusatorio, mediante el acto legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002(33) y la Ley 906 de 2004, implicó un replanteamiento de las facultades de la Fiscalía General de la Nación, al punto de relevarla de las que la habilitaban para “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”(34), competencias que fueron asignadas a los Jueces de Control de Garantías, de ahí que la actuación del ente acusador se limite a la presentación de la solicitud en virtud de la cual la autoridad judicial debe resolver sobre estos asuntos. Al respecto, el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política, prevé:

“ART. 250.—La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito (...). Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

“1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal(35), la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

“El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función (...)” (se destaca).

En concordancia con lo anterior, el artículo 297 de la Ley 906 de 2004 señala que para “la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados”, decisión que, de manera excepcional, podrá ser adoptada por la Fiscalía General de la Nación, en los términos previstos en el artículo 300 ejusdem(36).

A su vez, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal(37) establece que los jueces penales con funciones de control de garantías se encuentran facultados para resolver, a petición del ente acusador o de la víctima, sobre la procedencia de las medidas de aseguramiento.

Si bien la detención preventiva requiere de una petición previa del ente acusador o de la víctima, no es menos cierto que tal presupuesto no puede considerarse como la causa exclusiva y determinante de la privación de la libertad, porque carecen de la suficiencia para afectar este derecho, pues para esto se requiere de un mandato judicial proferido por el Juez de Control de Garantías, autoridad a la que le corresponde: i) valorar la evidencia física o los elementos materiales probatorios aportados por el solicitante y, ii) verificar si se cumplen o no los presupuestos de procedencia establecidos en los artículos 297 y 308 de la Ley 906 de 2004.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se colige que, pese a la actuación de la Fiscalía General de la Nación, aspecto que quedó definido en sede de primera instancia y que no fue apelado por dicha entidad, no es menos cierto que la decisión en virtud de la cual se restringió el derecho a la libertad del señor José Concepción López Meza se profirió en el marco de las competencias asignadas a los Jueces de Control de Garantías dentro del Sistema Penal Acusatorio, dada su condición de titular de la facultad sancionatoria del Estado frente a casos como el analizado, esto es, en aquellos en los que se vulneran los bienes jurídicos protegidos por la normativa penal —Ley 599 del 2000—.

Por último, conviene precisar que al sub lite no se aportaron elementos probatorios que permitan inferir que la deducción de los indicios de responsabilidad que dieron lugar a la medida de aseguramiento impuesta al señor José Concepción López Meza tuvo fundamento en elementos a través de los cuales, de manera gravemente culposa o dolosa, el implicado hubiese llevado a la Rama Judicial a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad.

Por consiguiente, se mantendrá la responsabilidad atribuida a la Rama Judicial.

7. Perjuicios.

Al respecto, la Sala analizará lo relacionado con la legitimación y se abstendrá de pronunciarse sobre el monto de la condena reconocida en primera instancia, por corresponder a un punto que no fue apelado, esto, sin perjuicio de la actualización de lo reconocido por lucro cesante.

7.1. Legitimación.

Con fundamento en las máximas de la experiencia y en la jurisprudencia reiterada de la Corporación(38), se presume que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también es predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

En el presente asunto, se encuentra probada la legitimación del señor José Concepción López Meza, toda vez que fue la persona en contra de la cual se adelantó la investigación penal objeto de la litis y se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia.

Asimismo, se dará por probada la legitimación de Diva Zulay Zambrano, toda vez que el registro civil de matrimonio, obrante a folio 5 del cuaderno 1, da cuenta de la condición de cónyuge del señor José Concepción López Meza.

En igual sentido, respecto de María Diva(39), lndira(40) y Adriana(41) López Zambrano, porque sus registros civiles de nacimiento prueban la condición de hijos del señor José Concepción López Meza.

Ahora bien, la señora Ana María Meza invocó la calidad de madre del señor José Concepción López Meza, sin embargo, no aportó copia del registro civil de nacimiento del referido señor, prueba necesaria para acreditar el vínculo de consanguinidad con la víctima de la privación.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5(42) y 101(43) del Decreto 1260 de 1970, en el registro “civil” debe constar el estado civil de las personas, del cual hace parte la filiación, entendida como el status que deriva de la relación existente entre dos personas, de las cuales una es el hijo(a) y la otra el padre o la madre.

En relación con el alcance de la filiación, la Corte Constitucional(44) ha señalado:

“[L]a filiación es un presupuesto para la garantía de la identidad, para el disfrute de otros derechos como los derivados de la condición de hijo, el derecho a alimentos, el derecho a heredar y así mismo los derivados de la condición de padre, los dos se enmarcan en las obligaciones de cuidado y solidaridad que rigen la familia.

“(...).

“[E]s el vínculo familiar que existe entre padres e hijos, y puede ser catalogada como matrimonial, extramatrimonial o adoptiva. Este lazo además de generar derechos y deberes entre padres e hijos y viceversa, también traza rasgos importantes de la identidad de las personas desde el punto de vista biológico como personal, puesto que la familia juega un papel preponderante en la formación personal de los seres humanos” (Se resalta).

Así las cosas, en el registro del estado civil se deben inscribir los datos que permitan individualizar las relaciones paterno-materna filiales de su titular, lo cual debe hacerse en la sección de nacimiento, según lo previsto en el artículo 52 del Decreto 1260 de 1970, a cuyo tenor:

“ART. 52.—Secciones de la inscripción del nacimiento. La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente el nombre del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina central.

“En la sección específica se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, el nombre de la madre, el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio; el nombre del profesional que certificó el nacimiento y el número de su licencia (...)”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 106 ejusdem(45) establece que ninguna autoridad puede dar por probados los hechos relativos al estado civil de las personas, como la filiación, si estos no constan en el respectivo registro.

Pues bien, como al presente asunto, se reitera, no se allegó el registro civil de la víctima directa de la privación, resulta claro que no se probó la condición de madre invocada por la señora Ana María Meza.

Ahora, lo anterior daría lugar a declarar la falta de legitimación por activa de la señora Meza, empero, los testimonios de los señores Carlos Julio Melo Daza(46), Jairo de Jesús Marín Cardona(47) y Gloria Amparo Tangarife(48), que no fueron cuestionados por las demandadas, permiten inferir que entre ella y José Concepción López Meza existía para la época de ocurrencia de los hechos una relación cercana y de afecto, en virtud de la cual la detención le generó dolor moral y angustia, razón por la que se le tendrá legitimada como tercera damnificada.

7.2. Actualización de perjuicios materiales.

En relación con los perjuicios materiales, el a quo reconoció la suma de $13’491.353 por lucro cesante, monto que se actualizará, con base en la siguiente fórmula:

FORMULAS-01562-A
 

49(49) 50(50)

Al remplazar:

FORMULAS-01562-B
 

V.A = $16’137.887.

En las condiciones analizadas, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación pagarán al señor José Concepción López Meza, por lucro cesante, la suma de

$16’137.887.

8. Condena en costas.

La Sala no observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, por lo que se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la parte resolutiva de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 25 de febrero de 2014, cuya parte resolutiva quedará así:

“1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor José Concepción López Meza.

“2. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, a pagar por perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

1) José Concepción López Meza: 70.

2) Diva Zulay Zambrano: 40.

3) María Diva López Zambrano: 30

4) lndira López Zambrano: 30.

5) Adriana López Zambrano: 30.

6). Ana María Meza: 30.

“3. CONDENAR a la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, a pagar al señor José Concepción López Meza, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de Dieciséis Millones Ciento Treinta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos ($16’137 .887).

“4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas a la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.

“7. Sin condena en costas”.

2. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que sufrió el señor José Concepción López Meza, por los delitos de cohecho impropio y falsedad en documento público, de los cuales fue exonerado por la justicia penal, por cuanto no los cometió, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del in dubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una f911a en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva , o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos , no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 41 4 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existi6, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/1991, art. 41 4) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad , la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte adora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor José Concepción López Meza, ya que la justicia penal lo exoneró de responsabilidad, por cuanto no cometió los delitos imputados.

Fecha ut supra. 

20. Acuerdo 58 de 1999, modificado por los Acuerdos 55 de 2003, 148 de 2014 y 110 de 2015.

21. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

22. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giralda Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

23. Fechas de presentación de la solicitud de conciliación y de celebración de la respectiva audiencia, según lo probado por la constancia y el acta obrantes a folios 202 a 206 del cuaderno 1.

24. Folio 231, cuaderno 1.

25. Sentencias del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168 y del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas por esta Subsección en Sentencia de mayo 26 de 2011, expediente 20 .299, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

26. Con fundamento en las pruebas recaudadas en la primera instancia, las cuales, tratándose de las diligencias penales adelantadas en contra del ahora demandante, corresponden a la copia del proceso penal remitidas por el centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Cali obrantes a folios 16 a 172 del cuaderno 2.

27. Folios 17-21, cuaderno 2.

28. Folios 23-31, cuaderno 2.

29. Según certificación del tiempo de detención del señor .José Concepción López Meza, suscrita por el Coordinador de la Oficina Jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali, obrante a folio 10 del cuaderno 1.

30. Folios 139 - 171, cuaderno 2.

31. Folios 32-36, cuaderno 2.

32. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de abril de 2011, expediente 24653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

33. De conformidad con la Sentencia C-591 del 9 de junio de 2005 de la Corte Constitucional. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se tiene que “(...) En Colombia, la adopción mediante reforma constitucional, de este nuevo sistema procesal penal (Ley 906 de 2004), perseguía en líneas generales las siguientes finalidades: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba; (ii) establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio (...)” (se destaca).

34. De conformidad con lo previsto, con anterioridad a su reforma, por el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política.

35. Facultad ratificada por el legislador en el numeral 8 del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, que señala que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde “[s]olicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas”.

36. “ART.300.—Captura Excepcional por Orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando no se encuentre un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales:
“1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación.
“2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios.
“3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible.
“La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión”.

37. Norma que para la época de ocurrencia de los hechos, esto es, sin las modificaciones introducidas por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011, señalaba: “ART. 306.—El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
“Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.
“La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia” (Declarada condicionalmente exequible, mediante Sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007, “en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida correspondiente”.

38. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Tercera, Sentencias de: i) 14 de marzo de 2002, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 12076; ii) 23 de septiembre de2015, M.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36575; iii) 2 de diciembre de 2015, radicación 37936 y iv) 10 de febrero de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicación 39159, entre otras.

39. Folio 7, cuaderno 1.

40. Folio 9, cuaderno 1.

41. Folio 8, cuaderno 1.

42. “ART. 5º.—Inscripción en el registro civil. Los hechos v los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los nacimientos (...), así como /os hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro”.

43. “ART. 101.—Registro es público. El estado civil debe constar en el registro del estado civil. El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos públicos”.

44. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-071 del 19 de febrero de 2016, expediente T-5.146.888.

45. “ART. 106.—Formalidad del registro. Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina. conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro (Se resalta)”.

46. Folios 4-5, cuaderno 1.

47. Folios 7-9, cuaderno 1.

48. Folios 13-14, cuaderno 1.

49. IPC vigente a la fecha de la presente providencia (julio de 2017). Se precisa que se toma el IPC de junio de 2017, habida cuenta de que la publicación se hace mes vencido

50. IPC vigente para la fecha de la Sentencia de la primera instancia (febrero 2014).