Sentencia 2010-01566 de septiembre 3 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2010-01566-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., tres de septiembre de dos mil trece.

Discutido y aprobado en sesión de diecisiete de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de otros Estados tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad (que puede ser diplomática o legislativa), en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otros Estados se les otorgue validez en el nuestro, siempre y cuando en aquellos se le reconozca valor al mismo tipo de decisiones o resoluciones emanadas del poder judicial patrio.

La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y esa Nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción colombiana.

A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del Estatuto Procesal, en la consagración en ambos países de disposiciones legales con igual sentido; es decir, que recíprocamente cada uno le dé valor a las sentencias proferidas en el otro.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia...”. (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; 4 de mayo de 2012, Exp. 2008-02100-00).

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el capítulo I del libro V del título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia cuya homologación se pretende deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento.

2. En el asunto que se analiza, es evidente que la controversia no recae sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en el territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que se profirió la sentencia; luego, sin ninguna duda, está cumplido el primero de los requisitos enlistados en la citada norma.

3. De acuerdo con el numeral 2º del mencionado artículo, para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer “a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento”.

3.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la directora de asuntos jurídicos internacionales, al responder una solicitud que le hizo la Sala, según se ordenó en el decreto de pruebas, informó:

“Existe un instrumento internacional, adoptado por ambos países, relacionado con la adopción de menores de edad,... “Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993”. Aprobado mediante Ley 265 del 25 de enero de 1996; revisada su constitucionalidad por Sentencia 383 de 1996 del 22 de agosto de 1996 y ratificado por Colombia el 13 de julio de 1998. Entró en vigor para Colombia el 1º de noviembre de 1998 y para los Estados Unidos de América el 1º de mayo de 2008.

Respecto al reconocimiento de sentencias de ambos países, es importante destacar, que en el archivo del grupo interno de tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este ministerio, no reposa tratado alguno que vincule a la República de Colombia y a los Estados Unidos de América” (fl. 76).

El referido convenio, en su artículo 4º y siguientes, presupone como condición necesaria de esa clase de adopción, la intervención de la autoridad central de cada país en esa materia, que para el caso colombiano es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual no ha tenido ningún tipo de injerencia en este caso.

Por otro lado, la que se halla bajo examen no es una adopción internacional, pues, de acuerdo con el artículo 2º de la comentada normatividad, “el convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante (el Estado de origen) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante (el Estado de recepción), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen” (fl. 112).

Por tanto, es condición ineludible que el adoptado y los adoptantes tengan su residencia habitual en diferentes Estados. En el presente caso, según se afirmó en el libelo, ambos viven en Connecticut desde julio de 2006. Además, el trámite de adopción tampoco fue lo determinante de la actual residencia de la menor XXXXXXXXXXXXX, ahora XXX XXXX, de modo que no se puede pregonar la existencia de reciprocidad diplomática.

La reciprocidad legislativa, en cambio, sí se encuentra acreditada en el proceso, toda vez que la cancillería remitió copia de la normatividad en materia de homologación de sentencias, que es aplicable en el estado de Connecticut, Estados Unidos, debidamente autenticada y traducida al castellano, conforme lo exigen los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil (fls. 245 a 283 y 301 a 305). A ese documento se adjuntó “concepto aclaratorio” de la firma asesora jurídica del Consulado General Central de Colombia en Nueva York, según el cual “el estado de Connecticut sí reconoce adopciones extranjeras siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la sección 45a-730 (anteriormente sección 45-63d)...” (fl. 220).

Esas exigencias son: (i) la formulación de petición presentada por uno de los padres adoptivos “o un funcionario debidamente autorizado de la agencia encargada de la colocación del menor”, ante el juzgado “de sucesiones del distrito donde reside el padre adoptante o en el distrito donde se encuentra la oficina principal o en cualquier oficina local del padre legal”, acompañada de copia autenticada “de la adopción de un menor de edad” que “se ha ejecutoriado en una jurisdicción que no sea Estados Unidos o sus territorios”; (ii) la celebración de una audiencia en la cual “el tribunal... emitirá concepto”; después de la cual ese órgano jurisdiccional “podrá validar la adopción”; y, (iii) que esa decisión sea lo más conveniente para “el mejor interés del niño”.

Pero, por expresa remisión de la norma que consagra las recién citadas, también se contemplan estas: (i) la inexistencia de otros juicios que afecten la custodia del niño, o, si existe alguno, el solicitante debe hacer “una declaración detallada de la naturaleza del proceso judicial y en la que se afirme que la adopción propuesta no entraría en conflicto o interferiría con el otro” juicio; (ii) la presentación de informe sobre la realización de una investigación, por el “comisionado para la infancia y la familia” o por una “agencia de colocación de niños”, sobre “el estado físico y mental del niño...” y otros aspectos considerados relevantes.

3.2. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente haber demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que la decisión objeto del exequátur no contravenga el orden público, concepto sobre el cual esta corporación ha tenido la oportunidad de precisar que en el derecho internacional privado, “concuerda con el criterio de la doctrina, al señalar, que es diferente a la concebida en áreas como el ‘constitucional’ y el ‘privado interno’, pues en el ámbito de aquel, en el evento de llegar a contrariar principios fundamentales del ordenamiento jurídico, se erige como una excepción a la aplicación de la ley extranjera cuando se demanda el ‘reconocimiento y ejecución de un fallo foráneo’ (sent, de jul. 27/2011, Exp. 2007-01956-00).

De ahí que el término que se impone acoger es el de ‘orden público internacional’, el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera, pero en un sentido restrictivo, esto es, “limitado a los fundamentos básicos sobre los que se sienta el ordenamiento jurídico” (ibídem).

La Corte ha enfatizado que la definición doctrinaria predominante “al menos en el entorno continental americano”, explicativa del tema relacionado con el orden público, es aquella conforme a la cual este se entiende como “una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional”, pues es necesario aceptar que el significado del enunciado concepto como tal ha evolucionado, y ello determina que el examen que le compete efectuar al juzgador ha de estar referido “siempre a criterios jurídicos actualmente en vigor y no a la consulta literal de disposiciones...”, pues no se trata de “hacer prevalecer un orden público defensivo y destructivo”, sino el “dinámico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contemporáneo” (ibíd.).

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el cual se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquella no fuera objeto de homologación; pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.

3.3. Los requisitos para la adopción en el estado de Connecticut son esencialmente similares a los exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, para casos como el ahora examinado por la Corte.

En efecto, de acuerdo con la sección 45a-724, “Sujeto a la aprobación del juzgado de sucesiones... cualquiera de los padres de un niño menor de edad puede acordar por escrito con su cónyuge, que el cónyuge adoptará o hará parte de la adopción del niño; si el padre o madre es... (D) el único guardián del niño menor, si los derechos de patria potestad, si existiere alguno, de cualquier otra persona que no se encuentre en tal acuerdo, hayan sido terminados”. ; norma totalmente compatible con lo dispuesto en los artículos 66 y 68 numeral 5º de la Ley 1098 de 2006.

Por virtud de la primera, cuando al otro progenitor le ha sido terminada la patria potestad, el padre o madre que la ejerza, expresa su consentimiento libre, informado y voluntario de dar en adopción a su hijo, como en este caso sucedió. Y el segundo precepto permite al cónyuge de la madre del menor que lo adopte, lo cual implica un previo acuerdo de la pareja.

Por otro lado, en aquel Estado se tiene como propósito fundamental, proveer al niño “una familia amorosa, solidaria y estable”, siempre atendiendo a lo más benéfico para el menor; y en la ley nacional la adopción es “principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza”; pero, toda la ley propugna por “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.

Además, en ambos Estados se requiere previo estudio integral de las condiciones del menor y de quienes han de ser sus padres adoptantes, realizado por una entidad oficial especializada en el cuidado y protección de menores: allá, el “Comisionado para la infancia y la familia” o “una agencia de colocación de niños”; aquí, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En cuanto a los efectos de la adopción, es también indiscutible la similitud en las normas de los dos ordenamientos jurídicos, en lo esencial.

En Connecticut se producen los siguientes: (i) “Todos los derechos, deberes y consecuencias legales de una relación biológica del niño y los padres deberán existir después entre la persona adoptada y los padres que adoptan y los parientes de tales padres... tal persona... será tratada como si... fuera el hijo biológico..., para todos los propósitos...”; (ii) los nuevos padres y el adoptivo tienen derecho a heredar mutuamente en igualdad de condiciones que los unidos por vínculos de consanguinidad; (iii) el adoptado y los hijos biológicos del adoptante, se tendrán como hermanos; (iv) se termina el vínculo jurídico entre los padres biológicos del adoptado y de todos sus parientes, con este; salvo el caso de la madre de sangre, cuando el adoptante es su esposo, o viceversa. Y en Colombia, de acuerdo con lo normado en el artículo 64 de la Ley 1098 de 2006, los efectos son sustancialmente los mismos.

Y, en cuanto concierne al efecto jurídico que allá se le reconoce a la sentencia de adopción de menores dictada en el extranjero, esa normatividad establece un trámite para la homologación de la sentencia, entre cuyas condiciones está previsto que no puede servir para “validar la adopción de otro modo no válido, de conformidad con la ley del lugar de adopción”; precepto que, sin duda, se inspira en el profundo respeto por la soberanía y el ordenamiento jurídico de los otros Estados.

3.4. En el caso bajo examen, se corrobora que el procedimiento de adopción fue promovido por quien está unido en matrimonio a la madre de la menor, previo el consentimiento de esta, según consta en el mismo cuerpo de la providencia cuya homologación se solicita (fls. 4 y 5).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1098 de 2006, “El consentimiento es la manifestación informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria potestad...”. (negrillas a propósito). De manera que lo otorgó quien legalmente debía, pues el padre biológico de la menor, fue privado de la patria potestad mediante sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Cali, el 23 de agosto de 2007 (fls. 19 a 32), la cual fue confirmada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, el 24 de julio de 2008 (fl. 35).

En conclusión, se satisfacen las exigencias contenidas en los artículos 63 y 66 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.

3.5. Ahora, en esa providencia se habla de “la aprobación del acuerdo de adopción”, expresión que permitiría pensar en haberse tratado de una disposición privada sobre tan delicada institución familiar, lo cual no es admitido en la legislación patria, como lo advirtió la señora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, en su concepto.

Sin embargo, al examinar las normas del estado de Connecticut en materia de adopción, se advierte que no es una simple aprobación formal y llana de un acuerdo privado que hagan los adoptantes y los padres biológicos de la menor, sino de una exigencia procedimental de presentar a la Corte la solicitud con la previa declaración de consentimiento de todos los que deben darlo.

En efecto, la sección 45a-727 de aquella normatividad literalmente dispone:

“(a) (1) Cada uno de los asuntos sobre la adopción deberá iniciarse mediante la presentación de una solicitud en un juzgado de sucesiones, junto con el acuerdo escrito de adopción por duplicado. Uno de los duplicados se enviará inmediatamente al comisionado para la infancia y la familia.

“La solicitud deberá incluir una declaración de que al leal saber y entender del declarante no hay otro proceso judicial pendiente o contemplado en cualquier otro tribunal que afecte la custodia del niño a ser adoptado, o si tal proceso judicial, deberá incluir una declaración detallada de la naturaleza del proceso judicial y en la que se afirme que la adopción propuesta no entraría en conflicto o interferiría con el otro proceso judicial. El tribunal no podrá proceder con respecto a cualquier aplicación que no contenga tal declaración. La solicitud deberá ir firmada por una o más de las partes en el acuerdo, quien podrá renunciar a recibir notificación de cualquier audiencia sobre el mismo. Para propósitos de esta declaración, los derechos de visita otorgados por cualquier tribunal no se considerará que afecten la custodia del menor.

(...)

“(4) La solicitud y el acuerdo de adopción deberán presentarse en el juzgado de sucesiones del distrito donde reside el padre adoptante o en el distrito donde se encuentra la oficina principal o en cualquier oficina local del padre legal.

(...)

“(b) (1) El juzgado de sucesiones solicitará al comisionado o a una agencia de colocación de niños que realice una investigación y un informe escrito sobre ella, por duplicado, dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de dicha solicitud. Un duplicado del informe se enviará de inmediato al comisionado para la infancia y la familia.

“(2) El informe se presentará ante el juzgado de sucesiones dentro del plazo de los sesenta días. El informe indicará el estado físico y mental del niño también contendrá el informe, también deberá contener los datos que sean relevantes para determinar si la propuesta de adopción sea la más conveniente para el niño, incluyendo la historia de los aspectos físico, mental, genético y educativo del niño y la condición física, mental, social y económica de las partes en el acuerdo y de los padres biológicos del niño, si se conocen, y si lo más conveniente para el niño se cumpliría de conformidad con los criterios establecidos... El informe podrá exponer las conclusiones en cuanto a si o no la propuesta de adopción será lo más conveniente para el niño”.

(...)

“(2) En la audiencia, el tribunal podrá negar la solicitud, asentar la ejecutoria de la sentencia en la que se aprueba la adopción en caso de estar convencido de que es lo que más le conviene al niño, u ordenar una investigación adicional...” (fls. 256, 257 y 259. Negrillas ajenas al texto).

Es evidente que también dentro del comentado proceso en Connecticut hay riguroso cuidado y bastante celo del Estado por proteger al menor y sus derechos, por asegurar su bienestar, y tomar la decisión teniendo como principal consideración “lo más conveniente para el niño”, según se viene de ver. Además, está incluida la intervención de un órgano especializado en asuntos de infancia y adolescencia, con funcionarios a quienes se les encomienda el previo estudio de la situación de aquel cuya adopción se propone, como aquí acontece con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

3.6. En definitiva, tanto lo relativo al consentimiento previo de quienes legalmente pueden otorgarlo para que un menor pueda ser adoptado, como las exigencias para que sea concedida por el órgano jurisdiccional, y las previsiones legales para proteger integralmente al menor, guardan similitud con el ordenamiento jurídico patrio.

Además, en esa normatividad, como en el Código del Menor, y ahora en la Ley de la Infancia y la Adolescencia, también se permite la adopción por parte del cónyuge de la madre biológica (L. 1098/2006, art. 64, num. 5º]; y eso fue precisamente lo acontecido en este caso.

4. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual la actora pretende que surta efectos en el país, la que alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la Nación de origen, y fue presentada ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público; pues las decisiones contenidas en dicho proveído no son contrarias a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico de la adopción en Colombia.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto del referido pronunciamiento no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

5. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur de la providencia dictada el veintidós de enero de dos mil nueve por el Juzgado de Sucesiones, Distrito 135 de Stamford, estado de Connecticut (Estados Unidos), que aprobó la adopción de la menor XXXXXXXX.

2. Para efectos de los artículos 6º, 10, 11, 22 y 60 del Decreto 1260 de 1970, en concordancia con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena inscribir esta decisión junto con el fallo homologado, en el folio del registro civil de nacimiento de la adoptada. La secretaría libre las comunicaciones a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese».