Sentencia 2010-01628 de mayo 10 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALA QUINTA DUAL DE DECISIÓN

Rad.: 0500111020002010001628 01

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Armando Otálora Gómez

Aprobado según acta 44 de la misma fecha

Asunto: apelación auto interlocutorio funcionario

Decisión: confirma

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil doce.

Objeto de la decisión

Procede la Sala Quinta Dual de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por Luz Gladis Guzmán Ceballos contra la providencia del día 12 de diciembre de 2011, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia(1) resolvió “Decretar el archivo” de la actuación disciplinaria adelantada en contra de la doctora Marietta Cecilia Ospino Rodríguez en su condición de Juez Veintiuna Penal Municipal de Medellín(2).

Hechos

De acuerdo con la queja formulada el 2 de septiembre de 2010(3) por la señora Luz Gladis Guzmán Ceballos, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la investigación se contrae a la siguiente situación fáctica.

Informó la quejosa que en su calidad de secretaria del Juzgado 21 Penal Municipal de Medellín, ha sido víctima de acoso laboral por parte de la Juez, doctora Marietta Cecilia Ospina Rodríguez, recibiendo malos tratos y respuestas como “eso es problema suyo”, “defiéndase como pueda”, “escuche como pueda”, por tal motivo se ha sentido ultrajada, menoscaba en su autoestima y dignidad, además su trabajo ha sido descalificado permanentemente, aseguró.

Adujo la existencia de discriminación laboral en relación con el oficial mayor Juan Carlos Molina, quien la amedrenta y vigila, además tiene una excesiva carga por cuanto ella es quien proyecta todos los fallos, asiste a las audiencias, perfecciona los fallos luego de leídos. Otras tardanzas obedecieron a la falta de concentración por el ruido causado por sus compañeros, la Juez, y una dolencia en su mano. Como prueba del acoso presentó la calificación obtenida en el año 2009 de 70 puntos, muy inferior a las anteriores, por ello recusó a la juez(4).

Actuación procesal

Obra en el expediente copia de los siguientes oficios enviados entre la aquejada y la denunciante:

— Oficio del 5 de febrero de 2010: requerimiento de la juez por poca disposición y mora en el cumplimiento de sus funciones y por la no actualización de las sentencias leídas y ser remitidas al centro de servicios, pese a contar con el apoyo de un funcionario de esa dependencia César Ibardo(5).

— Oficio del 12 de febrero de 2010: respuesta de la quejosa. Desde el mes de noviembre de 2009 le asignaron asistir a las audiencias, elaborar algunos proyectos de fallos y otras funciones, mencionó la enfermedad de su hija, los “atropellos del señor Juan Carlos Vargas Molina, entre otros incidentes(6).

— Oficio 15 de febrero de 2010: respuesta de la juez, informándole el cambio de funciones por cuanto ella se había negado hacer el trabajo de los títulos judiciales, además le faltaron datos a los proyectos, no se programan lecturas de sentencias todos los días, no hubo un escandaloso reclamo público, no atendió las correcciones, las funciones se rotan y la quejosa ha presentado un trato “áspero” con los compañeros, manifestó(7).

— Certificación 19 de julio de 2010: la doctora María Patricia Flores Zuluaga, médica de Gladis, a quien atiende por trastorno de ansiedad causada por estrés laboral desde el 15 de enero de 2009(8).

— Oficio 11 de agosto de 2010: oficio de la quejosa manifestando su inconformidad con la calificación del año 2009, a pesar de su antigüedad en el cargo, y le fueron asignadas tareas sin ser su función realizarlas, lo cual le manifestó a la Juez quien se disgustó y le alzó la voz(9).

— Oficio del 17 de agosto de 2010: requerimiento de la Juez por la no entrega del proyecto de fallo del proceso 60, y por estar retrasada en sus actividades pese habérsele exonerado de asistir a algunas audiencias, mencionó además doce fallos atrasados(10).

— Oficio del 27 de agosto de 2010: requerimiento de la Juez con el fin de solicitarle cumpla y se ponga al día con los asuntos asignados, hace otra relación de fallos pendientes por corregir, pese a contar con la ayuda de otra persona(11).

— En respuesta a los oficios del 17 y del 27 de agosto de 2010, la quejosa aseguró que proyectó 40 fallos, completó 14 en 18 días laborados, para un promedio de 3 fallos diarios, dentro de los cuales hubo tres de juicio oral, entre otras funciones, pero no pudo elaborar el proyecto del proceso 60, mencionó además su incapacidad por la fractura de su dedo(12).

Mediante auto del 29 de septiembre el seccional de instancia dispuso el inicio de la indagación preliminar(13), decretando (i) acreditar la calidad funcional del la inculpada, y (ii) notificarla en debida forma.

La notificación personal del agente del Ministerio Público y de la inculpada se efectuó los días 14 de octubre y 2 de noviembre de 2010(14), respectivamente. Presentando memorial esta última el 16 de agosto de 2011(15) al cual anexó los siguientes(16):

— Oficio 536 del 28 de junio de 2011: requerimiento de la juez, por dejar al momento de salir a vacaciones 46 planillas, siendo esto incumplimiento de sus funciones y un acto desconsiderado con sus compañeros.

— Oficio de 3 de agosto de 2011: de la quejosa en el cual informa la manera como repondrá el tiempo utilizado para asistir a la capacitación de la brigada de emergencias.

— Oficio del 11 de agosto de 2011: respuesta al oficio 536, manifestó haber dejado las planillas de citación con bastantes días de anticipación, el último día laborado antes de irse a vacaciones no pudo sacar más planillas por cuanto la Juez 36 Municipal solicitó estadística de los procesos vigentes. Hizo una relación de todas sus funciones y el pago de tiempo por asistir a una capacitación, de igual forma le pide a la juez le explique lo que entiende por estar al día y le pregunta cuál es la razón para enviarle a la juez 22 solo 33 proyectos elaborados cuando ella elaboró más de 110 con lo que se ve su ánimo de perjudicarla en la evaluación.

El día 5 de septiembre de 2011 la inculpada rindió versión libre negando la existencia de acoso laboral, pues se ha limitado a efectuar requerimientos por escrito a la quejosa debido al retraso en algunas actividades, en cumplimiento de su función de directora del despacho, afirmó. Aunado a ello el despacho, en razón a la recepción de procesos provenientes de los juzgados 36, 37 y 32 penales municipales se congestionó, pero nunca ha tenido un trato irrespetuoso contra la señora Guzmán, ni ha encargado al doctor Juan Carlos Molina para vigilarla o le ha permitido malos tratos por parte de este, por el contrario es evidente la actitud irrespetuosa y grosera de la quejosa, señaló.

Por ello se vio obligada a hacer los requerimientos de forma escrita, no obstante la quejosa se resiste a aceptar las correcciones, presentando además una baja producción respecto de otros empleados. Por ello la calificó para el período 2009 con 70 puntos y debido a la recusación fue designada la Juez 22 Penal Municipal se encargó de este asunto calificándola con 76 puntos. Aseguró no haber tenido inconveniente alguno en los 22 años de labor.

El día 6 de septiembre de 2011 la disciplinada remitió ocho oficios(17), luego(18) fue recibida la declaración de la doctora Angélica Patricia Angulo, quien ingresó al Juzgado encartado a finales del año 2010 como judicante, posteriormente fue vinculada como oficial mayor. Considera que no existe acoso laboral alguno por parte de la indagada, por el contrario mantiene un trato cordial y respetuoso con todos sus funcionarios. En cuanto a la señora Guzmán es una persona “nada colaboradora”, no solo con la juez sino con sus compañeros, pues solo hace lo necesario, no escucha, ni deja hablar a la juez, por lo cual esta optó por hacerle los llamados de atención por escrito. Si bien existe un gran volumen de trabajo, la carga es igual para todos los funcionarios, precisó.

En la misma fecha declaró Durlis Mary Pascuales Fernández(19), quien trabaja hace más o menos 3 años en el Juzgado, y no considera que exista acoso laboral por parte de la juez, pues les permite distribuir equitativamente sus funciones. Debido a la gran carga laboral, el horario de 8 a 5 no alcanza, ella y otros compañeros por iniciativa propia se quedan, pero la quejosa no colabora, anotó. Por lo cual se le asignaron otras funciones, las cuales han sido rotadas entre otros funcionarios, quienes las han hecho sin inconveniente alguno. En cuanto a los llamados de atención, la indagada los hace a todos, pero la quejosa no los aceptaba, “se ponía histérica y agresiva” con la inculpada, no obstante siempre le concedía los permisos para sus citas médicas y para atender a su hija enferma.

Providencia apelada

Mediante providencia del 12 de diciembre de 2011(20) la Sala de instancia resolvió archivar las presentes diligencias, al considerar que la inculpada actuó conforme a derecho, pues ha llamado la atención de manera respetuosa a la quejosa por su bajo rendimiento, por cuanto es la directora del despacho y como tal responsable del rendimiento de sus subalternos, con quienes tiene buenas relaciones interpersonales.

Lo cual halló demostrado con los testimonios, cuya constante fue la falta de colaboración, incumplimiento de labores asignadas y “mala disposición” de parte de la quejosa, pues se alteraba y terminaba alegando con la juez. En cuanto a la calificación señaló que la misma no se trataba de una persecución, sino el resultado del bajo rendimiento.

Apelación

Mediante escrito, recibido el día 22 de marzo de 2011(21), la quejosa sustentó recurso de apelación contra la providencia del a quo, con los siguientes argumentos: (i) no se analizó ni valoró la prueba aportada por ella, dentro de la cual se cuentan las estadísticas por ella referidas, vulnerándose el debido proceso, el derecho a la igualdad y a la administración de justicia; (ii) hubo “inequidad” en los testimonios recaudados, pues la doctora Angélica Angulo no fue testigo presencial teniendo en cuenta que ingresó en enero de 2011, y la doctora Durlys Pascuales presentó un testimonio parcializado pues es empleada del despacho, extrañando que no se llamó a declarar a Elina Marcela Jaramillo, ni a Juan Carlos Vargas; (iii) no se analizaron los presupuestos normativos de la Ley 1010 de 2006, además la baja calificación del año 2009 obedeció al oficio por ella suscrito el 5 de febrero de 2010.

Consideraciones

Competencia

La Sala Quinta Dual de Decisión que forma parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto por el artículo 256, numeral 3º de la Constitución Política, el artículo 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y el Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011(22).

Caso concreto

Conforme a los medios de convicción allegados a la presente actuación, se pudo constatar:

I) En los años 2006, 2007 y 2008, la quejosa obtuvo una calificación de 84, 88 y 90 puntos respectivamente, siendo merecedora del reconocimiento a su labor por parte de la juez inculpada, no obstante en el año 2009 bajó su desempeño reduciendo su calificación a 76 puntos(23);

II) Desde el año 2009 presentó un trastorno de ansiedad causado por estrés laboral, así mismo sufrió una fractura en su dedo, por lo cual fue incapacitada del 2 a 5 de mayo de 2010, y debió asistir a los respectivos tratamientos(24);

III) En el año 2010 recibió varios requerimientos por parte de la inculpada en razón a su bajo rendimiento, a los cuales dio respuesta, y no tuvo un trato cortés y colaborador con la indagada y los demás funcionarios(25).

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales aplicables al tema a debatir, no sin antes precisar, esta superioridad únicamente se referirá a los temas de disenso expuestos por la recurrente en cumplimiento del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, así:

1. Alega la apelante una presunta vulneración al debido proceso y a los derechos de la igualdad y acceso a la administración de justicia, por cuanto no se valoró la prueba aportada. No obstante, revisado el fallo de primera instancia es evidente que fueron analizados los documentos aportados, así como los testimonios recibidos, de donde se colige la inexistencia de trato irrespetuoso, hostil y humillante tantas veces alegado por la quejosa.

Por el contrario, fue una constante en los escritos y en los testimonios, advertida por el a quo, que la proponente de la noticia disciplinaria no estaba presta a colaborar con el despacho pese a la congestión, más allá de eso, tenía trabajo acumulado y problemas con sus compañeros de trabajo quienes en sus declaraciones pusieron de presente su falta de colaboración para con el juzgado.

De ahí que las garantías y derechos mencionados por la quejosa, no fueron quebrantados, por el contrario, infiere esta Sala la valoración de la prueba en un juicio de sana crítica, de acuerdo a la contundencia de los medios de convicción obrantes en el infolio, dentro de las formas propias de este juicio sin privilegios para la inculpada, dando el trámite legal a la queja.

En cuanto a las estadísticas, las mismas fueron analizadas por la indagada y controvertidas en su escenario natural, así mismo en la versión libre se resaltó que la elaboración de planillas no presentaba la complejidad de las otras labores, no obstante salió a vacaciones en junio de 2010 dejando en sus compañeros la terminación de la tarea a ella asignada, creando malestar entre los subalternos por este hecho.

Aunado a lo anterior, avizora la corporación que en todos los oficios elaborados por la quejosa, en respuesta a los requerimientos de la inculpada por no estar al día en sus funciones, justificó el incumplimiento argumentando la realización de otras tareas o las citas médicas no solo de ella sino de su hija. De ahí que el magistrado hubiese fallado en tal sentido.

2. En cuanto a la “inequidad” de la prueba testimonial decretada, es preciso anotar que Angélica Angulo ingresó al juzgado encartado a finales del año 2010 y no en enero de 2011 como lo aseveró la quejosa, por otro lado a juicio del operador de instancia y de acuerdo a las reglas de la experiencia, los testigos idóneos para informar de los hechos constitutivos del acoso, son los mismos empleados del despacho.

Aún así, se mostró inconforme la señora Guzmán por no haber sido decretados los testimonios de Juan Carlos Vargas y Eliana Jaramillo, mencionados en sus escritos; al respecto se debe afirmar que para la recolección de elementos materiales probatorios el operador de instancia se encuentra cobijado con el principio de autonomía en virtud del cual está facultado para decretar las pruebas que a su juicio esclarezcan los hechos.

En el sub lite, fueron contundentes las pruebas arrimadas y por lo mismo las decisiones que tomara el seccional en torno a llamar otros testigos, resultaban inanes frente a lo ya demostrado, no obstante el seccional de instancia requirió a la inculpada para su ubicación, teniendo en cuenta que se trataba de testigos solicitados por ella, tal como se observa a folio 126 del cuaderno original, respuesta de la aquejada visible a folio 134, donde suministra las direcciones de los declarantes. De lo anterior se infiere que el seccional consideró que los testimonios en cita no aportarían nada diferente a lo ya probado y en consecuencia la decisión del magistrado está conforme a derecho pues el funcionario judicial tiene libertad para formarse un concepto sobre lo que es o no objeto de prueba, máxime, como en el caso presente, dada la calidad de testigos de descargo.

3. Para finalizar, en torno al último punto de apelación, los presupuestos de la Ley 1010 de 2006, son los siguientes:

“ART. 2º—Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador”.

Pero conforme al acopio probatorio aportado por la quejosa y la inculpada, no tuvo ocurrencia alguna de estas conductas, así como tampoco se reúnen los presupuestos legales para presumir el supuesto acoso laboral(26). En efecto, no hubo acto de violencia por parte de la encartada, por el contrario todos los testimonios y la anotación hecha en la última calificación dan cuenta del comportamiento “áspero” de la quejosa para con sus compañeros.

Aunado a ello bajó su rendimiento entre un año y otro siendo necesarios los requerimientos de la juez, por demás respetuosos, sin que tal conducta constituya una persecución. Además había una rotación de funciones, luego todos los subalternos realizaban las mismas tareas en diferentes períodos, lo cual desvirtúa no solo la discriminación si no la alegada inequidad laboral. Tampoco existió entorpecimiento ni siquiera en el dicho de la quejosa y menos aún una desprotección, pues le fueron concedidos todos los permisos para su tratamiento y se le permitió asistir a todas las brigadas.

Advierte entonces la Sala, que la conducta de la inculpada no encaja dentro de los comportamientos que constituyen acoso laboral, en atención a las órdenes impartidas orientadas a solicitar la colaboración de la quejosa y a mejorar el rendimiento del despacho, el cual de por sí se encontraba congestionado con el ingreso de nuevos expedientes procedentes de otros juzgados.

De acuerdo a la Corte Constitucional(27) la ley citada trae “una variedad de medidas tendientes a prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje sobre la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan su actividad económica en el contexto de una relación laboral privada o pública o de un contrato de prestación de servicios personales”.

Protegiendo así el trabajo “en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, lo honra y la salud mental de los trabajadores, empleados y contratistas, la armonía entre quienes comparten el mismo ambiente laboral y el buen ambiente en las empresas”. Sin embargo en el presente caso y con base en el material probatorio recaudado no se avizora trasgresión a los deberes funcionales de la implicada, de ahí que el Seccional de primera instancia haya encontrado justificados los requerimientos.

De los mismos documentos que acompañaron la queja se concluye la inexistencia del acoso, y nótese además como en el año 2006 obtuvo una calificación de 84 puntos, manifestando la encartada “su juicio jurídico y comprensión normativa, manejo gramatical y presentación del trabajo es muy bueno. Se le sugiere mejorar el término para la presentación de los proyectos”. Luego en el año 2007 la calificación ascendió a 88 puntos, anotando la indagada, “resulta muy satisfactorio contar con colaboradores como usted”, observación reiterada en el año 2008 cuando el puntaje fue de 90.

Sin embargo, en el año 2009, objeto de malestar en la quejosa, descendió la calificación a 70 puntos, señalando la inculpada “no hay interés de su parte en el estudio de las mismas (normas del sistema acusatorio) cumpliendo con un trabajo mecánico, sin aportes en cuanto al aspecto jurídico. Su rendimiento deja mucho que desear y aún cuando se la ha ubicado en diferentes funciones, su trabajo siempre está congestionado. Por otro lado no acepta las observaciones que se le hacen. Se hace necesario que retome su disposición y compromiso de otros tiempos. No obstante su calificación se encuentra en el rango de buena”.

Y a pesar de ser otro juez (22 Penal Municipal) el encargado de revisar esta calificación, ante la recusación planteada por la quejosa en contra de la encartada, no ascendió al nivel mantenido por la señora Guzmán en los años anteriores, hallando una notable diferencia entre 76 —nueva puntuación— y 90, por ende no quedó demostrado el hecho indicador.

Así las cosas, no observa la corporación incumplimiento alguno de los deberes funcionales de la encartada, así como tampoco vulneración del estatuto disciplinario, pues la misma actuó dentro de sus facultades como titular del despacho, en aras de obtener un rendimiento exigido acorde con la congestión presentada, dado el ingreso de nuevos procesos provenientes de otros juzgados penales.

No se advierte persecución o irrespeto en los requerimientos efectuados a la inculpada, ya que sus actuaciones están respaldadas por el acervo probatorio obrante en el expediente, siendo necesario resaltar el cambio notorio en el rendimiento de la señora Guzmán a partir del año 2009, aspectos todos analizados por el seccional de instancia.

Siendo este el panorama, no queda otro camino que confirmar la decisión del a quo al encontrar el comportamiento de la investigada, en armonía con sus deberes funcionales.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Dual Quinta de Decisión del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del día 12 de diciembre de 2011, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, resolvió “Archivar definitivamente” la actuación disciplinaria adelantada contra la doctora Marietta Cecilia Ospino Rodríguez, en su calidad de Juez 21 Penal Municipal de Medellín, acorde con las motivaciones plasmadas en esta providencia.

2. En consecuencia, remítase el expediente a la colegiatura de instancia, para notificar la decisión correspondiente y dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Armando Otálora Gómez— Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

(1) La Sala a quo estuvo integrada por los doctores Luis Edmundo Rivas Argote, en su condición de magistrado ponente, y Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez, folios 135 al 141.

(2) Para la época de los hechos.

(3) Folios 1 al 4.

(4) Anexo a la queja, calificaciones obtenidas, diferentes oficios e historia clínica. Folio 5 al 75.

(5) Folio 15.

(6) Folios 16 al 23.

(7) Folios 24 al 26.

(8) Folio 39.

(9) Folios 35 y 36.

(10) Folio 46.

(11) Folio 47.

(12) Folios 5 al 12.

(13) Folio 76.

(14) Reverso del fallo 76.

(15) Por cuanto una vez vencido el término de la ejecutoria del inicio de la indagación preliminar, el 29 de noviembre de 2010, quedó el proceso en los anaqueles hasta el 28 de junio de 2011, según constancia del oficial mayor visible a folio 79.

(16) Folios 83 al 96.

(17) Folios 101 al 123.

(18) El 2 de noviembre de 2011. Folios 127 al 129.

(19) Folios 130 al 132.

(20) Folios 135 al 141.

(21) Folios 144 y 145.

(22) En efecto, de conformidad con lo preceptuado por el literal a) del artículo 26 del citado acuerdo, es función de la Sala Dual de Decisión: “... Conocer de los recursos de apelación y de queja, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura...”.

(23) Folios 40 al 45.

(24) Folios 39 y 48.

(25) Anexos de la demanda, de la versión libre y testimonios de dos de las empleadas del juzgado referido.

(26) “ART. 7º—Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas: a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo; d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor; m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social...”.

(27) Corte Constitucional, Sentencia C-780 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto, y C-960 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.