Sentencia 2010-00654/51786 de agosto 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 76001-23-31-000-2010-00654-01(51786)

Actor: M. L. L. A. y otros

Demandado: Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Temas: Régimen objetivo de responsabilidad – Privación injusta de la libertad / Reiteración jurisprudencial.

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia fechada el 30 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el 22 de septiembre de 2010, la señora M. L. L. A., quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores J. E. C. L., M. A. C. L. y A. S. C. L.; S. A. J., G. M. E., J. F. M. A., J. M. A., L. V. M. A. y L. M. M. A. interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó la señora M. L. L. A. dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Por ello, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas: i) 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora M. L. L. A. y sus hijos; ii) 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los padres de la víctima directa del daño y iii) 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos de la señora L. A..

Adicionalmente, por concepto de “daño a la vida de relación”, deprecaron el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa del daño.

En cuanto a la indemnización por perjuicios materiales, solicitaron los siguientes rubros a favor la señora L. A.: por daño emergente, el reconocimiento de $10’000.000, con ocasión de los honorarios pagados al abogado que asumió su defensa en el proceso penal adelantado en su contra; por lucro cesante, i) la suma de $33’456.851, por los salarios que dejó de percibir durante la privación de su libertad en centro carcelario y ii) el monto de $23’509.246, por el período que fue objeto del beneficio de libertad provisional, bajo caución prendaria.

2. Los hechos.

A título de fundamento fáctico de las pretensiones, en la demanda se señaló que, el 27 de enero de 2003, la Fiscalía General de la Nación capturó a la señora M. L. L. A., dada su supuesta participación en la comisión del delito de secuestro del menor A. D. M. C..

En virtud de lo anterior, según lo indicado por los demandantes, la señora L. A. fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor ubicada en Cali, en virtud de la medida de aseguramiento impuesta por el ente acusador el 3 de febrero de 2003.

Se informó que el 14 de octubre de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali le concedió a la señora L. A. el beneficio de libertad provisional, comoquiera que habían transcurrido más de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiese celebrado la audiencia pública en el proceso penal adelantado en su contra.

Se señaló que el 16 de mayo de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali absolvió a la hoy demandante, habida cuenta de que no cometió el delito de secuestro, por el cual se le procesó, providencia que fue confirmada mediante decisión fechada el 17 de mayo de 2009 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

De acuerdo con el libelo, la señora M. L. L. A. estuvo privada injustamente de su libertad en centro carcelario en el lapso comprendido entre el 27 de enero de 2003 y el 14 de octubre de 2004, “pero su libertad definitiva la recobró el 26 de mayo de 2009, fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia”(1).

3. Trámite en primera instancia.

3.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda, mediante auto del 22 de octubre de 2010(2), providencia debidamente notificada a la Nación – Fiscalía General de la Nación(3), Rama Judicial(4) y al Ministerio Público(5).

3.2. La Nación – Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones. Respecto de los hechos, manifestó que se atenía a lo que resultare probado dentro del curso del proceso.

Señaló que la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali se tomó previa valoración razonable del caso y, por tanto, no podía considerarse equívoca, máxime cuando fue esta autoridad judicial la que absolvió a la hoy demandante del cargo formulado en su contra por la Fiscalía General de la Nación.

Indicó que la absolución de la señora L. A. obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo, luego, no era posible declarar su responsabilidad administrativa y patrimonial.

Finalmente, advirtió que la responsabilidad del Estado no se compromete con toda decisión de preclusión y/o absolución, pues, de lo contrario, se desnaturalizaría la función judicial y se desconocería el poder punitivo del Estado.

Por último, propuso las siguientes excepciones:

i) “Inane demanda”, toda vez que la medida de aseguramiento impuesta a la señora M. L. L. A. fue proporcional, por tanto, se encontraba en la obligación jurídica de soportarla.

ii) “Inexistencia de perjuicios”, con fundamento en que sus actuaciones las realizó con estricto apego a las normas vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, de ahí que no incurrió en una falla del servicio(6).

3.3. La Fiscalía General de la Nación también contestó la demanda y expuso que su actuación estuvo ajustada a derecho, es decir, acorde con la Constitución Política y con las disposiciones penales sustanciales y procedimentales vigentes.

Indicó que la sentencia absolutoria de la señora L. A. fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali, agente judicial que —en su criterio valorativo— no halló mérito suficiente para endilgarle responsabilidad penal a la procesada, lo cual no significa que la privación de su libertad fuese injusta, dado que la medida de aseguramiento estuvo fundamentada en indicios serios y suficientes.

Adicionalmente, anotó que tenía autonomía para interpretar los hechos sometidos a su conocimiento y que, en el caso concreto, sus resoluciones fueron emitidas dentro del marco de la ley penal, si se tiene en cuenta que existían indicios graves en contra de la ahora demandante que imponían la necesidad de dictar una medida restrictiva de su libertad.

Finalmente, propuso la excepción que denominó “falta de causa para demandar”, dado que la detención preventiva en mención se ajustó a derecho y se sujetó a los requisitos exigidos por la normativa procedimental penal vigente para la época de los hechos(7).

4. Concluido el período probatorio, mediante proveído del 9 de agosto de 2013(8), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte demandante se refirió a lo expuesto en la demanda(9) y la Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto en su contestación(10).

5. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia dictada el 30 de agosto de 2013, negó las pretensiones de la demanda, toda vez que no existían razones para declarar la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad que soportó la señora M. L. L. A..

En este orden de ideas, agregó que aunque el proceso penal de la hoy actora culminó con una sentencia absolutoria, lo cierto era que no podía predicarse la responsabilidad de las entidades demandadas, por cuanto la detención preventiva se había proferido dentro del marco legal y probatorio que para la época regul aba los procesos penales.

Indicó que el ente investigador resolvió la situación jurídica de la actora, imponiéndole medida de aseguramiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356 de la Ley 600 del 2000, luego, no se configuró el carácter injusto de su privación de la libertad.

Concluyó que la actuación de la Fiscalía Primera Especializada de Cali no fue violatoria de los procedimientos legales ni contraria a derecho, máxime si se tiene que la hoy demandante “fue absuelta por duda y no porque el juzgador tuviera plena certeza de que su participación en el punible de secuestro nunca ocurrió”(11).

6. El recurso de apelación.

La parte actora, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación, al considerar que se encontraban acreditados los elementos estructurales para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación.

Consideró que era procedente atribuirle responsabilidad administrativa a las entidades demandadas, dado que la absolución a favor de la hoy actora devino de la aplicación del principio de in dubio pro reo. En ese orden de ideas, sostuvo que el Tribunal de primera instancia desconoció que las entidades demandadas sí le causaron un daño antijurídico a los demandantes, habida cuenta de que no se puede aprehender a un ciudadano solo porque exista un señalamiento en su contra.

Finalmente, señaló que la decisión recurrida desconoce la jurisprudencia de esta corporación, dado que, según la postura actual, se configura el régimen de responsabilidad objetiva en los eventos en los que la absolución del sindicado se produce porque no cometió el hecho punible(12).

7. El trámite en segunda instancia.

El recurso presentado en los términos expuestos fue admitido por auto calendado el 17 de septiembre de 2014(13). Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo(14), oportunidad en la que la Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto a lo largo del proceso(15).

La parte demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. la competencia de la Sala; 3. el ejercicio oportuno de la acción; 4. los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5. las pruebas aportadas al proceso; 6. el caso concreto: la responsabilidad de la Fiscalía General y de la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la señora M. L. L. A.; 7. el estudio de las pretensiones indemnizatorias y 8. la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad de la señora M. L. L. A., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia reside en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(16).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(17).

En el presente asunto la demanda se originó por los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad que soportó la señora M. L. L. A. dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

En el expediente reposa copia de la providencia del 17 de marzo de 2009, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó el fallo absolutorio a favor de la señora M. L. L. A., la cual, según la constancia aportada al proceso, quedó ejecutoriada el 26 de mayo de 2009(18).

Ahora, como la demanda se presentó el 22 de septiembre de 2010(19), se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se confirmó la sentencia absolutoria de la señora L. A..

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(20) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(21).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de acreditación.

5.1. El 23 de enero de 2003, la señora N. J. C. V. denunció ante el Gaula de la Policía de Cali que tres hombres armados irrumpieron en su residencia y le arrebataron a su hijo recién nacido A. D. M. C..

Un anónimo informó que uno de los autores del secuestro era el señor L. A. B. M., quien, después de su captura, señaló a la señora A. S. P. como partícipe de los hechos.

Finalmente, el recién nacido fue hallado en la residencia de la señora A.S., quien, a su vez, responsabilizó a la hoy demandante, M. L. L. A., como autora del delito en mención.

5.2. La señora M. L. L. A. fue capturada el 27 de enero de 2003, según la orden de captura 272023(22) y recluida en la cárcel El Buen Pastor de Cali a partir del 30 de enero de 2003, de conformidad con la boleta de encarcelación (23).

5.3. El 3 de febrero de 2003, la Fiscalía Primera Especializada de Cali le impuso medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación a la señora M. L. L. A., como partícipe de la conducta punible de secuestro agravado(24).

5.4. El 14 de octubre de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali le otorgó la libertad provisional a la hoy actora(25). Para el efecto, el 15 de octubre de 2004 suscribió diligencia de compromiso, en la cual se estipularon las siguientes obligaciones (se transcribe literal, incluso con errores):

“1. Presentase cuando el funcionario competente lo solicita, 2. Observar buena conducta individual, familiar y social, 3. Informar todo cambio de residencia, 4. No salir del país sin previa autorización del funcionario”.

Adicionalmente, la demandante suscribió caución prendaria, la cual garantizó mediante el título Nº 469032004503918, por valor de trescientos cincuenta y ocho mil pesos ($358.000), consignados a favor del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali(26).

5.5. Mediante providencia fechada el 25 de junio de 2007, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali absolvió de responsabilidad disciplinaria a la Subintendente M. L. L. A.(27).

5.6. A través de la sentencia del 16 de mayo de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali absolvió a la señora L. A., como partícipe del delito de secuestro agravado(28).

5.7. El 17 de marzo de 2009, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la sentencia del 16 de mayo de 2008(29).

6. El caso concreto.

La Sala encuentra acreditada la existencia del daño, consistente en la privación de la libertad que sufrió la señora M. L. L. A., con ocasión del proceso penal adelantado en su contra.

Ahora, para determinar si le asiste responsabilidad o no a las entidades demandadas por la privación de la libertad de la aquí demandante, se hará el análisis de imputación, con el fin de establecer si, en efecto, ese daño le es atribuible a las demandadas y, por ende, si estas tienen el deber jurídico de resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.

Pues bien, está probado que mediante providencia del 16 de mayo de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali absolvió a la hoy demandante por el delito de secuestro agravado, con fundamento en las siguientes consideraciones (se trascribe literal, incluidos posibles errores)(30):

“Corolario de todo o anterior, se advera que no existe prueba incriminatoria clara y contundente para asegurar que M. L. L. A.fue participe del secuestro del menor A.M.C., pues a lo largo de la investigación y el juzgamiento ha insistido en su inocencia y en verdad sus explicaciones no se pudieron desvirtuar de forma fehaciente. Es así como no puede esta juzgadora fincar una sentencia condenatoria en testimonios y señalamientos tan etéreos y contradictorios en aspectos torales de la responsabilidad penal, como los de B. M.y A. S. P., que bien pudieron apoyarse en un ánimo de vendetta o en serias atestaciones, pero que al final no dejan sino dudas de lo sucedido con M. L. en el caso investigado, lo que de contera hace dudar sobre su responsabilidad penal.

“(…).

“En estas condiciones, no cabe duda que no existe en la presente investigación prueba alguna idónea que permita efectuar juicio de reproche en contra de la señora M. L.L. A., toda vez que los únicos testimonios en su contra están plagados de ambigüedades y contradicciones que solo dejan dudas y carecen de credibilidad, sobretodo porque la calidad de sus interlocutores es bien cuestionada, de un lado, A. S. se caracteriza por mentir, al punto se simular un embarazo y admitir que mintió deliberadamente en su injurada y, de otro, B. M., persona que recién salía de la cárcel por ese entonces, mostró ser voluble y dijo que acusó a M. L. porque así se lo solicitó S. P., luego la confiabilidad, credibilidad, coherencia y contundencia de dichas pruebas es muy pobre para erigir certeza.

“(…).

“Por lo anterior, no queda más que absolver a M. L. L. A. del cargo de secuestro simple agravado, que le fuera atribuido en el llamamiento a juicio por la Fiscalía 1ª Especializada de Cali, en atención al principio in dubio pro reo.

“RESUELVE:

“1. Absolver a la señora M. L. L. A., identificada con la cédula de ciudadanía 66.952.365 de Cali, por el delito de Secuestro Agravado.

“(…).

“8. Conceder la libertad provisional a la señora M. L. L. A., absteniéndose el despacho de fijarle caución prendaría, previa suscripción de diligencia compromisoria de conformidad con el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal, misma que será definitiva una vez cobre ejecutoria formal esta decisión” (se destaca).

Como se observa, a juicio del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali, las pruebas aportadas en el proceso penal, estas eran, las declaraciones de los señores L. A. B. M. y A. S. P. no resultaban suficientes para sustentar una condena en contra de la hoy demandante, en cuanto eran contradictorias e imprecisas.

onviene precisar que si bien en la primera instancia del proceso penal se aludió al principio de in dubio pro reo como fundamento de la absolución, lo cierto es que al analizar en forma íntegra las consideraciones expuestas por el juez penal de la causa, se colige que tal circunstancia en realidad obedeció a la inexistencia de elementos de convicción y de acreditación acerca de la autoría de la investigada en el delito de secuestro, por manera que en el sub lite, la Sala no se encuentra ante un evento de aplicación de la duda probatoria, sino frente a una circunstancia en la que la actuación penal terminó ante la evidencia de que la implicada no cometió el delito, lo cual, en todo caso, da lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo. 

Ahora bien, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de sus funciones constitucionales y las normas que regulaban el trámite de los procesos penales, luego, ante la inexistencia de una falla en el servicio, el daño no le era imputable, punto sobre el cual se profundizará a continuación, para determinar si la sentencia de primera instancia debe ser confirmada o revocada.

En efecto, aunque en casos como el analizado es posible recurrir a un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, no es menos cierto que esto procede siempre que resulte necesario efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la Administración(31), presupuesto que no se presenta en el sub judice, toda vez que no se advierte la configuración de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que imponga la declaratoria de una falla del servicio.

Sin embargo, puede hacerse la imputación del daño a la Fiscalía General de la Nación, con base en un régimen de carácter objetivo, en el cual a la señora L. A. le basta con acreditar que en su contra se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia.

Por lo expuesto, se desestima el argumento planteado por el a quo respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto, tal como quedó expuesto en precedencia.

Además, se precisa que aunque la demanda también fue dirigida en contra de la Nación - Rama Judicial, de las pruebas obrantes en el expediente se puede concluir que fue únicamente la Fiscalía el ente que, a través de sus decisiones, ocasionó el daño a los ahora demandantes, pues incluso fue un juez de la República el que absolvió de responsabilidad a la hoy actora y dispuso su libertad.

Finalmente, la Subsección precisa que la parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad del Estado, tanto por privación física de la libertad, así como en términos generales, esto es, por lo que duró el proceso penal adelantado en contra de la señora L. A..

En ese sentido, se tiene que la hoy demandante suscribió diligencia de compromiso el 15 de octubre de 2004, por cuya virtud, como se indicó en precedencia, asumió las siguientes obligaciones: i) presentarse a solicitud del funcionario competente; ii) observar buena conducta individual, familiar y social; iii) informar todo cambio de residencia y iv) no salir del país sin previa autorización.

Al respecto, se debe anotar que esta Sala consideró que: “la suscripción de acta de compromiso, por sí misma, no configura una medida de aseguramiento, esto teniendo en cuenta que en muchos casos, los deberes impuestos al procesado no son diferentes a los que cualquier persona, vinculada a un proceso penal, deba cumplir (presentarse si es requerido, informar el cambio de residencia, etc.)(32).

Frente a los compromisos a los cuales se obligó la implicada en la investigación penal, la Sala considera que estos no pueden catalogarse como unas restricciones jurídicas que afecten su derecho a la libertad y, en caso de llegar a serlo, su ocurrencia no fue demostrada por la parte actora.

En primer lugar, si se repara en el compromiso que implica el presentarse al despacho judicial cuantas veces sea requerida, la Sala estima que se está ante una carga que deriva de los deberes constitucionales consagrados en el numeral 7 del artículo 95 superior y que bajo ningún punto de vista puede o debe calificarse como una ruptura de los deberes que pesan sobre cualquier ciudadano.

En la preceptiva superior referida, se le exige a todo ciudadano, sin distingo alguno, la obligación de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. En otras palabras, todo ciudadano tiene el compromiso de comparecer ante las citaciones o requerimientos que le hagan las autoridades judiciales, pues es, precisamente, a través de tales comparecencias que los operadores judiciales buscan alcanzar la verdad de los hechos investigados y así lograr el fin constitucional de construir un orden jurídico justo, tal como lo prescribe el Preámbulo de la Carta Política.

Similar consideración amerita el compromiso consistente en “observar buena conducta individual, familiar y social”. Frente a tal condicionamiento, la Sala estima que este tampoco puede catalogarse como una carga excepcional impuesta a partir del acta de compromiso, pues dicho proceder es un presupuesto básico que orienta la exista del hombre en comunidad.

Tal exigencia se acompasa al deber constitucional de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” consagrado en el numeral 1º del artículo 95 constitucional, siendo un valor social que debe caracterizar las relaciones que se tienen por el simple hecho de habitar en sociedad y, en tal sentido, no puede calificarse como una ruptura del equilibrio en las cargas públicas, pues se trata de una deber que le corresponde soportar al hombre en su dimensión de ser social.

Por último, si se analizan las exigencias consistentes en informar todo cambio de residencia(33) y no salir del país sin previa autorización(34), en principio, podían constituir una limitación a la libertad, pues una persona tiene la potestad de fijar su sitio de habitación y salir del país sin que medie autorización judicial, no obstante lo anterior, en el presente proceso no se probó que como consecuencia de dichas obligaciones la aquí actora hubiese sufrido algún tipo de carga excepcional que afecte su derecho fundamental a la libertad, esto es, que efectivamente cambió su residencia o fue su deseo de salir del país y que asimismo tuvo el deber de informarlo, ni mucho menos que no pudo hacerlo(35).

Así las cosas, la aparente restricción al derecho a la libertad que sufrió la señora M. L. L. A. fue haber sido sujeto de una investigación penal, sin detrimento a su libertad personal o de locomoción.

Dicho lo anterior, ha de precisarse que la vulneración a la actora ocurrió, únicamente, en el lapso comprendido entre el 27 de enero de 2003 y el 14 de octubre de 2004, período en el cual la señora M. L. L. A. estuvo privada de su libertad en centro carcelario.

Como corolario de lo expuesto, dadas las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que la aquí demandante no estaba en la obligación de soportar la restricción de su libertad, por cuenta de las decisiones de la Fiscalía General de la Nación, de ahí que deba calificarse como antijurídico el daño a él irrogado, circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad de dicha entidad, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

Frente a la acreditación de los perjuicios morales, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima y de los parientes más cercanos, según corresponda.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra probado que los demandantes A. S. C. L.(36), J. E. C. L.(37) y M. A. C. L.(38) son hijos de la directamente afectada y que su madre es la señora S. A. J.(39).

Está acreditado que los demandantes J. F. M. A.(40), L. M. M. A.(41) y L. V. M. A.(42) son hermanos de la señora M. L. L. A..

En cuanto al señor G. M. E., quien, según la demanda, es el padre de crianza de la señora M. L. L. A., para probar tal situación únicamente se allegó al proceso una declaración extrajudicial suscrita por el referido demandante y la señora S. A. J.(43).

Ese medio de prueba carece de eficacia probatoria, por cuanto no fue ratificada en este proceso y además se trata de una declaración realizada por los propios demandantes, en relación con lo cual cabe tener en cuenta que para ello se impone, de manera imperativa, que la versión provenga de un tercero ajeno al proceso judicial y no de uno de quien se encuentra en un extremo de la litis, evento este en el cual lo procedente es acudir a la declaración de parte(44) con sujeción a las reglas que determinan su petición y práctica, entre las cuales se encuentran la improcedencia de que ella misma pueda pedir que se realice su propia declaración(45).

En ese orden de ideas, al no haber demostrado la parte demandante la calidad en que actuaba el señor G. M., este carece de legitimación en la causa por activa.

Ahora bien, esta Sección, en relación con los demás grados de parentesco, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida dentro del expediente con radicado 36.149, precisó que para la tasación de la indemnización de perjuicios morales en los casos de privación de la libertad solo se requería acreditar la pertenencia a alguno de los grados de afectación fijados en aquella oportunidad(46), los cuales se establecieron en los siguientes términos:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a)permanente y parientes enel 1° de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3° de consanguinidadParientes en el4º de consanguinidady afines hasta elTercerosdamnificados
Término de privación injusta en meses 50% delporcentaje de la víctima directa35% delporcentaje de la víctima directa25% delporcentaje de la víctima directa15% delporcentaje de la víctima directa
 smlmvsmlmvsmlmvsmlmvsmlmv
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó la señora M. L. L. A. le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, dado que es razonable asumir que un ciudadano al que se le afecta su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensivo a su madre, sus hijos y sus hermanos, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la ahora demandante estuvo privada físicamente de su libertad por 20 meses y 17 días, se les reconocerá a los actores, por concepto de perjuicios morales, los siguientes montos:

M. L. L. A. (víctima directa del daño)100 smlmv
A. S. C. L. (hija)100 smlmv
J. E. C. L. (hijo)100 smlmv
M. A. C. L. (hija)100 smlmv
S. A. J. (madre)80 smlmv
J. F. M. A. (hermano)50 smlmv
L. M. M. A. (hermana)50 smlmv
L. V. M. A. (hermana)50 smlmv

Finalmente, conviene precisar que si bien esta Subsección le hubiere reconocido a la señora S. A. J. un monto mayor, lo cierto es que la parte actora limitó el monto de la pretensión a favor de dicha actora en 80 salarios mínimos legales mensuales, razón por la cual, se reconocerá ese monto en aplicación del principio de congruencia de la sentencia.

7.2. Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

A título de “daño a la vida de relación”, en la demanda se solicitó la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora M. L. L. A., por la afectación que sufrió en su derecho al buen nombre, lo que, en la actualidad, encaja en la “afectación de bienes constitucionalmente protegidos”.

La jurisprudencia de esta corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(47) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(48), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. 

Reparación en la que se privilegiará la compensación, a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, las cuales operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. 

Una vez revisado el expediente, advierte la Sala que no obra medio probatorio alguno con el cual se puedan acreditar tales perjuicios, es decir, no se logró establecer la concreción de la afectación del derecho al buen nombre de la actora, ni de ningún otro bien constitucionalmente amparado.  

Por las razones expuestas, se negará el reconocimiento a favor de la señora M. L. L. A. por este concepto.

7.3. Perjuicios materiales.

Tal y como lo ha puesto de presente esta Subsección(49), el reconocimiento de perjuicios materiales en casos de privación de la libertad dependerá, en cada caso concreto, de las probanzas del proceso, esto es, de lo que la parte demandante logre demostrar que debió asumir como consecuencia del proceso penal que afrontó (daño emergente), así como de aquello que dejó de percibir (lucro cesante), en razón de la acción penal de la que fue objeto de manera injusta.

7.3.1. Daño emergente.

De las copias de la investigación penal allegadas al plenario, la Sala concluye que en el proceso penal adelantado en su contra, la señora M. L. L. A. estuvo representada por un abogado de confianza(50).

Ahora, con la demanda se allegaron tres constancias de pago de honorarios profesionales, por un valor total de $10’000.000, emanadas por el abogado que actuó en el proceso penal.

El hecho de que los referidos documentos no hubieran sido ratificados en esta proceso por la persona que lo expidió —el entonces acreedor—, no impide el otorgamiento de mérito probatorio, porque la parte contra quien se opone —Fiscalía General de la Nación— no solicitó su ratificación en los términos del artículo 277 ejusdem(51), ni los tachó de falsos.

Así las cosas, la Sala accederá a la pretensión indemnizatoria formulada en tal sentido y realizará la actualización pertinente con fundamento en la siguiente fórmula:

ipc 52
 

(52)

(53) 

Ahora bien, se tomará como referencia la fecha de cada una de las constancias de pago, así:

i) La primera constancia, por valor de $2’000.000, se expidió el 10 de abril de 2004, como consecuencia, la suma certificada se actualizará así:

va 1
 

ii) El segundo recibo de pago, calendado el 5 de junio de 2004, por el monto de $4’000.000, arroja el siguiente valor actualizado:

va 2
 

iii) La última constancia, por valor de $ 4’000.000, fue fechada el 21 de mayo de 2008, entonces se actualizará así:

va 3
 

Como consecuencia, la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, corresponde a la suma de dieciséis millones setenta y ocho mil noventa y nueve pesos ($16’078.099)(54), suma que pagará la Fiscalía General de la Nación a la señora M. L. L. A..

7.3.2. Lucro cesante.

En la demanda se solicitó el equivalente a $56’966.097, cantidad de dinero que habría dejado de percibir la señora M. L. L. A. durante el tiempo en el cual estuvo privada injustamente de su libertad.

Encuentra la Sala que la actora se desempeñaba como Subintendente de la Policía Nacional, Regional Cali, con un salario de $1’246.557, según certificación suscrita por el Tesorero de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional(55).

Igualmente, consta en el expediente copia de la Resolución 200 del 13 de febrero del 2003, suscrita por el Director General de la Policía Nacional, por medio de la cual se retiró del servicio activo de dicha institución a la señora M. L. L. A.. Esto se consignó en la referida resolución(56):

“ART. 1º—Retirar del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad de la Dirección del Decreto 1791 de 2000, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 numeral 6º y 62 del Decreto 1791 de 2000, al siguiente personal de la Policía Nacional, adscrito al Departamento que en caso se indica:

“SI.M. L. L. A.X56XXXX DIASE

“(…)”.

La Sala parte por señalar que en la Resolución 200 del 13 de febrero del 2003 se indicó que el retiro de la demandante se produjo con ocasión de un acto unilateral de la Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 55(57) y 62(58) del Decreto 1791 de 2000.

Así mismo, se probó que el retiro se produjo como consecuencia de la vinculación al proceso penal de la señora M. L. L. A., en virtud del Oficio 0220 fechado el 27 de enero de 2003, por medio del cual el Teniente Coronel de la Policía Nacional, Unidad Investigativa de Santiago de Cali, solicitó lo siguiente: “(…) que se retire del servicio activo de la Policía Nacional a la señora L. A. M. L., identificada con CC. X.XXX.XXX, por estar vinculada con el secuestro del menor A. D. M. C. , de 15 meses de nacido, hechos sucedidos el día 23/01/03”(59).

En ese sentido, la Subsección encuentra que la aquí demandante, como consecuencia del proceso penal al que estuvo vinculada y privada físicamente de la libertad, perdió su trabajo, motivo por el cual resulta procedente el reconocimiento del lucro cesante.

Encuentra la Sala que la actora se desempeñaba como Subintendente de la Policía Nacional, Regional Cali, con un salario de $1’246.557, según certificación suscrita por el Tesorero de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional(60). Ese monto, actualizado a valor presente, arroja la suma de $2’351.801(61), al cual se le agrega un 25% ($587.950), por prestaciones sociales, habida cuenta de que la actora era empleada de la Policía Nacional, lo cual determina un salario base de liquidación de $3’119.751.

va 4
 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = $3’119.751

N = Número de meses que comprende el período indemnizable, esto es, 20 meses y 17 días, más 8.75 meses que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, una persona tarda en conseguir empleo).

I = Interés puro o técnico: 0.004867

Entonces:

va 5
 

S = $ 98’027.680.

Con todo y eso, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, “por 20 meses y 18 días (privación en centro carcelario del 27 de enero 2003 a 14 de octubre 2004)” a $33’456.851, valor que actualizado a la fecha arroja la suma de $63`828.797(62), lo cual se le reconocerá a la demandante, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

8. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 30 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

“1. DECLARAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación es responsable de los perjuicios que los demandantes sobrellevaron como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó la señora M. L. L. A. dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

M. L. L. A. (víctima directa del daño)100 smlmv
A. S. C. L. (hija)100 smlmv
J. E. C. L. (hijo)100 smlmv
M. A. C. L. (hija)100 smlmv
S. A. J. (madre)80 smlmv
J. F. M. A. (hermano)50 smlmv
L. M. M. A. (hermana)50 smlmv
L. V. M. A. (hermana)50 smlmv

3. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y a favor de la señora M. L. L. A., la suma de dieciséis millones setenta y ocho mil noventa y nueve pesos ($16’078.099).

4. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora M. L. L. A., la suma de sesenta y tres millones ochocientos veintiocho mil setecientos noventa y siete pesos ($63’828.797).

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado o apoderada judicial que ha venido actuando.

8. SIN condena en costas”.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Copiése, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera, aclaró voto.

1 Folios 107 a 129 del cuaderno de primera instancia.

2 Folios 132 y 133 del cuaderno de primera instancia.

3 Folio 137 del cuaderno de primera instancia.

4 Folio 136 del cuaderno de primera instancia.

5 Reverso folio 133 del cuaderno de primera instancia.

6 Folios 154 a 161 del cuaderno de primera instancia.

7 Folios 142 a 147 del cuaderno de primera instancia.

8 Folio 187 del cuaderno de primera instancia

9 Folios 188 a 208 del cuaderno de primera instancia.

10 Folio 204 del cuaderno de primera instancia.

11 Folios 229 a 245 del cuaderno del Consejo de Estado.

12 Folios 249 a 286 del cuaderno del Consejo de Estado.

13 Folios 295 y 296 del cuaderno del Consejo de Estado.

14 Folio 298 del cuaderno del Consejo de Estado.

15 Folios 310 a 315 del cuaderno del Consejo de Estado.

16 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en sentencia del 11 de agosto de 2011, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. Al respecto puede consultarse igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Según la constancia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, obrante a folio 86 del cuaderno de primera instancia, por medio de la cual se informó lo siguiente: “(…) que se profirió sentencia ordinaria de primera instancia 8 del 16 de mayo de 2008, donde fue absuelta del cargo de secuestro agravado la señora M. L. L. A. (…), decisión que se declaró ejecutoriada el 26 de mayo de 2009, mediante auto de sustanciación 0135, razón por la cual se le concedió la libertad incondicional y definitiva”.

19 Reverso folio 131 del cuaderno de primera instancia.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168 y sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la sentencia del 26 de mayo de 2011, expediente 20.299 de la misma Subsección, entre muchas otras.

22 Folio 5 del cuaderno de primera instancia.

23 Folios 6 y 7 del cuaderno de primera instancia.

24 Folio 30 del cuaderno de primera instancia.

25 Folio 80 del cuaderno de primera instancia.

26 Folio 81 del cuaderno de primera instancia.

27 Folios 20 a 22 del cuaderno de primera instancia.

28 Folios 39 a 79 del cuaderno de primera instancia.

29 Folios 82 a 84 del cuaderno de primera instancia.

30 Folios 39 a 79 del cuaderno de primera instancia.

31 En este sentido la Sección se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación: 40060, C.P. Enrique Gil Botero. Para los fines pertinentes señaló:
“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia, tal y como ocurrió en la sentencia de 14 de abril de 2010, oportunidad en la que sin importar que al sindicado se le hubiera absuelto porque no cometió el hecho que se le imputaba penalmente, la Sala declaró la falla del servicio en aras de emitir un juicio de valor frente al comportamiento gravemente irregular de la entidad demandada, circunstancia que, en ese caso concreto, motivó que se adoptaran medidas de justicia restaurativa encaminadas inclusive a establecer la verdad de los execrables acontecimientos por los que se inició la instrucción penal que conllevó al demandante a estar privado de manera arbitraria de la libertad”.

32 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, expediente 540012331000200900107 01 (45228), C.P. Hernán Andrade Rincón.

33 Frente a la exigencia de informar el cambio de residencia, la Subsección se pronunció en la sentencia del 23 de junio de 2017, radicación número: 73001-23-31-000-2008-00331-01(38825). En aquella oportunidad, la Sala manifestó: “se tiene que el hoy demandante suscribió diligencia de compromiso el 2 de noviembre de 2004, por cuya virtud, como se indicó en precedencia, asumió la obligación de informar todo cambio de residencia. No obstante lo anterior, no se probó que como consecuencia de dicha obligación el aquí actor hubiese sufrido algún tipo de carga, esto es, que efectivamente cambió su residencia y que asimismo tuvo el deber de informarlo, ni mucho menos que no pudo hacerlo. Así las cosas, realmente la carga o mejor, la restricción al derecho a la libertad que sufrió el señor Orjuela García fue haber sido sujeto de una investigación penal, sin detrimento a su libertad personal o de locomoción”.

34 En relación con la obligación de salir del país, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado también ha precisado que: “la parte demandante no demostró que con dicha medida se hubiera materializado una afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia” y bajo tal consideración, en aquella oportunidad, negó las pretensiones de la demanda. Cfr. sentencia del 26 de abril de 2017, radicado 73001-23-31-000-2008-00655-01(41326), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Criterio reiterado en la sentencia de la misma subsección dictada el 25 de mayo de 2016 dentro del radicado 73001-23-31-000-2008-00649-01(38204), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

35 Al respecto, puede consultarse la sentencia dictada recientemente por esta Subsección, de fecha 3 de agosto de 2017, exp. 41.716.

36 De conformidad con el registro civil de nacimiento, obrante a folio 97 del cuaderno de primera instancia.

37 De conformidad con el registro civil de nacimiento, obrante a folio 98 del cuaderno de primera instancia.

38 De conformidad con el registro civil de nacimiento, obrante a folio 99 del cuaderno de primera instancia.

39 De conformidad con el registro civil de nacimiento de la víctima directa del daño, M. L. L. A., obrante a folio 100 del cuaderno de primera instancia.

40 De conformidad con el registro civil de nacimiento, obrante a folio 101 del cuaderno de primera instancia.

41 De conformidad con el registro civil de nacimiento, obrante a folio 103 del cuaderno de primera instancia.

42 De conformidad con el registro civil de nacimiento, obrante a folio 104 del cuaderno de primera instancia.

43 Escrito obrante a folio 106 del cuaderno de primera instancia.

44 “ART. 203.—Modificado. D.E. 2282/89, artículo 1º, num. 96. Interrogatorio a instancia de parte. Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. En la segunda instancia el interrogatorio solo podrá pedirse en los casos señalados en el artículo 361.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009. Exp. 18163, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 28 de agosto de 2014, expediente 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón.

47 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuandosedemandalaindemnizacióndedañosinmaterialesprovenientesdelalesiónalaintegridadpsicofísicadeunapersona,yanoesprocedentereferirsealperjuiciofisiológicooaldañoalavidaderelaciónoinclusoalasalteracionesgravesdelascondicionesdeexistencia,sinoqueespertinentehacerreferenciaaunanuevatipologíadeperjuicio,denominadadañoalasalud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, exp. 34.554.

50 Tal y como se infiere del Oficio 2132, obrante a folio 85 del cuaderno de primera instancia.

51 “ART. 277.—Documentos emanados de terceros. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros solo se estimarán por el juez (…).
“2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación” (negrillas fuera de texto).

52 IPC vigente para la fecha de la presente providencia, que por tratarse de índices que se publican mes vencido, corresponde al de julio de 2017.

53 IPC vigente para la fecha de pago, a saber, 10 de abril de 2004, 5 de junio de 2004 y 21 de mayo de 2008.

54 Valor que arroja la sumatoria de las sumas precedentes, a saber, i) $3’500.127, ii) 6’931.589 y iii) 5’646.383.

55 Folio 89 del cuaderno de primera instancia.

56 Folio 34 del cuaderno de primera instancia.

57 “ART. 55.—Causales de retiro. El retiro se produce por las siguientes causales:
“(…).
“6. Por voluntad del gobierno para oficiales y del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, los suboficiales y los agentes”.

58 “ART. 62.—Por razones del servicio y en forma discrecional, el Gobierno Nacional para el caso de los oficiales o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación del Ministro de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo, los suboficiales, y agentes podrán disponer el retiro del personal con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional para los oficiales o de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva para los demás uniformados”.

59 Folio 33 del cuaderno de primera instancia.

60 Folio 89 del cuaderno de primera instancia.

61

va 6

62

va 7

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que sufrió la señora M. L. L. A., por el delito de secuestro, del cual fue exonerada por la justicia penal, por cuanto no cometió el delito, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuridicidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/91, art. 414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó a la señora M. L. L. A. ya que la justicia penal la exoneró de responsabilidad, por cuanto no cometió el delito imputado.

Fecha ut supra 

Carlos Alberto Zambrano Barrera