Sentencia 2010-01660/3126A de mayo 20 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Rad.: 050011102000201001660 01 / 3126 A

Aprobado según Acta 39 de la misma fecha.

Bogotá D.C., veinte de mayo de dos mil quince.

Asunto

Decide la corporación el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de octubre de 2013, en virtud de la cual la Sala Dual de Decisión Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia1, sancionó con la suspensión en el ejercicio de la profesión , por el termino de SEIS (6) MESES, al abogado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, al hallarlo responsable, de la falta disciplinaria prevista en el artículo 30 numeral 4, en la modalidad de dolo, de la Ley 1123 de 2007, vigente para la época de los hechos.

Antecedentes

El 21 de septiembre de 2010, la señora Silvia del Socorro López Gómez, en calidad del Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó Antioquia, interpuso queja disciplinaria contra el abogado Gonzalo Álvarez Patiño, por las irregularidades en que pudo haber incurrido como profesional del derecho, al presentar una elaboración de una liquidación de procesos que no se llevaban en ese despacho, para que fuesen cobrados como si fueran de ese despacho, haciendo un montaje en el documento, con la firma de la Secretaria de esa dependencia, quien ahora es la quejosa.

La quejosa argumentó que el 10 de septiembre de 2010, le fue arrimado por un particular, un escrito contentivo al parecer de la liquidación de los procesos ordinario laboral, ejecutivo laboral, y ordinario de simulación, procesos promovidos por el señor José Roberto Castañeda, en contra de Jorge Humberto Arango, por el valor de $28.451.630, dirigida a la Juez Promiscuo Municipal de Jericó, y el cual llevaba en fotocopia la firma de la Secretaria Silvia del Socorro López.

Agregó que dicho documento fue entregado al señor Saulo Agudelo Bohórquez por el abogado investigado, con copia de la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario de simulación, para que por intermedio suyo le fuera cancelada dicha suma de dinero como liquidación de los procesos Ordinario Laboral, Ejecutivo Laboral, y Ordinario de Simulación, advirtiendo que la mencionada liquidación había sido realizada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó y que por eso llevaba la firma de la Secretaria Silvia del Socorro López, con el fin de que los dineros fueran consignados a la cuenta personal del profesional del derecho quien con su puño y letra escribió todos sus datos.

Adicionalmente la quejosa informó que el proceso ordinario de simulación, se encuentra en el Juzgado Promiscuo del Circuito, terminando de surtir el trámite de segunda instancia, por lo que era imposible que en el Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó se hubiere realizado una liquidación de costas en el referido proceso, más aun cuando la denunciante no está autorizada para liquidar procesos de otros despachos.

Actuación procesal

*El 26 de octubre de 2010, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, dio apertura del proceso disciplinario contra el abogado Gonzalo de Jesús Álvarez, y a su vez, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional.

En vista de que el doctor Gonzalo de Jesús Álvarez, no se hizo presente a las audiencias programadas dentro de la investigación sin presentar excusa, se declaró persona ausente y se le designó defensor de oficio.

Se realizó primera audiencia de pruebas y calificación provisional el 25 de abril de 2012, en la cual no asistió el abogado investigado porque se le había notificado erróneamente, asistiendo solamente su defensora de oficio, debido a esto, se suspendió la audiencia y se le reprogramó nueva fecha de celebración.

El 17 de agosto de 2012, se celebró segunda audiencia de pruebas y calificación provisional, y en razón a que compareció el abogado investigado, se relevó del cargo a su defensora de oficio, se escuchó en versión libre al investigado, se comisionó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó Antioquia, para que recibiera la declaración juramentada de la doctora Silvia del Socorro López, para que ampliara el detalle de la queja, y se fijó nueva fecha para la continuación de la audiencia.

Para la continuación de la audiencia de pruebas y calificación provisional no asistió el abogado disciplinado, el cual envió un escrito que no se justificó como excusa, por lo cual se declaró persona ausente y se le designó defensor de oficio.

El 3 de septiembre de 2013, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, realizó la última audiencia de pruebas y calificación provisional, en la cual procedió a la calificación jurídica de la actuación formulándole al abogado Gonzalo Álvarez Patiño por la infracción al deber consagrado en el numeral 5 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la posible conducta descrita en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

Porque el abogado consciente y voluntariamente pretendía hacerle creer a los deudores que el documento que él les envió el cual contenía aparentemente el crédito, era emitido por el Juzgado; con el fin de cobrarlo al demandado para que le consignara directamente los dineros a su cuenta bancaria, y no pasaran por el juzgado que llevaba el proceso.

El 23 de septiembre de 2013, se realizó audiencia de juzgamiento contra el abogado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, donde terminados los alegatos de conclusión, se dispuso el proceso para sentencia.

*Se recaudaron entre otras las siguientes pruebas:

— Versión libre del abogado investigado.

— Ampliación de la queja de la señora Silvia del Socorro López.

— Copia del documento en el cual presuntamente el abogado disciplinado puso la firma de la Secretaria del Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó.

— Declaración del señor Saulo Antonio Agudelo.

Decisión de primera instancia

Mediante fallo del 31 de octubre de 2013, en el cual la Sala Dual de Decisión Jurisdiccional Disciplinaria en Descongestión del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses, al abogado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, al hallarlo responsable, de la falta prevista en el artículo 30 numeral 4, de la Ley 1123 de 2007, vigente para la época de los hechos.

Lo anterior, tras tener por acreditado según el plenario probatorio, que el abogado disciplinado entregó al señor Saulo Agudelo, el documento que ha sido motivo de este proceso, que configura un montaje y aparenta ser la liquidación oficial de los procesos que el abogado adelantó ante los Juzgados Promiscuos Municipal y del Circuito de Jericó, contra Elsie del Socorro Arbeláez y Jorge Humberto Arango, actuando como apoderado de José Roberto Castañeda.

Para la Sala de Instancia no eran de recibo, los argumentos exculpatorios del disciplinable al momento de decir que el documento en primer lugar no fue realizado por él y desconoce la persona que modificó los documentos y los convirtió en el escrito que contenía la denuncia en su contra, toda vez que se probó que fue el abogado, el que lo entregó al señor Saulo Antonio Agudelo, quien manifestó que el documento por el cual se denunció al investigado se lo entregó el mismo doctor Gonzalo Álvarez Patiño, para que se lo hiciera llegar a la señora Elsie, y de esta manera llegar a un acuerdo entre el abogado y doña Elsie, a fin de cancelar los dineros propios de los procesos judiciales donde actuaba el encartado.

Que en cuanto a la nota marginal correspondiente a un número de cuenta Bancaria en el documento, esa anotación la puso el mismo Gonzalo Álvarez Patiño el mismo día que le entregó el documento por si de pronto doña Elise aceptaba algún arreglo para que le consignaran a esa cuenta.

La apelación

En escrito de apelación interpuesto por el abogado disciplinado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, expresó que la Sala de Instancia, no le tuvo en cuenta todo lo expresado anteriormente por el mismo, ya que como siempre lo expresó, no es responsable de aquel documento adulterado, pero que si es verdad que él envió el documento de la liquidación y que fue a Jorge Humberto Arango Henao, y no a Elsi, que no se sabe quién fue el que realizó el montaje del documento.

Además adujo el disciplinado que él no sabía que al enviarle la liquidación del crédito al señor Jorge Humberto Arango uno de los demandados y deudores en el proceso, fuera un delito.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto por los numerales 3 del artículo 256 de la Constitución Política y 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, a esta Colegiatura le corresponde resolver el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia del 31 de octubre de 2013, en virtud de la cual la Sala Dual de Decisión Jurisdiccional Disciplinaria en Descongestión del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses, al abogado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño al hallarlo responsable, de la falta prevista en el artículo 30 numeral 4, de la Ley 1123 de 2007, vigente para la época de los hechos.

2. Identificación del sujeto disciplinado.

De acuerdo con la certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de abogados y auxiliares de la justicia, el doctor Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, identificado con la cédula de ciudadanía 70975456, aparece como titular de la tarjeta profesional Nº 165444 del Consejo Superior de la Justicia se encuentra acreditada con la certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, su tarjeta profesional se encuentra vigente y registra las siguientes sanciones:

— Rad. 20090086601, suspensión de doce (12) meses, por infringir el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007. Fecha de Sentencia 5 de marzo de 2014, M.P. Néstor Iván Osuna.

— Rad. 20090100401, suspensión de doce (12) meses, por infringir el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007. Fecha de Sentencia 27 de agosto de 2012, M.P. Jorge Armando Otálora.

3. Caso concreto.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, al definir la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

Como ya sabemos, el inicio de la investigación se dio en queja presentada por la señora Silvia del Socorro López Gómez, quien para el momento de los hechos, fungía como Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó Antioquia, quien se vio afectada con la conducta del abogado investigado, al elaborar este, una liquidación de un proceso, que hizo pasar como si el despacho para el que ella trabajaba la hubiese hecho, plasmando mediante montaje, la firma de la misma secretaria denunciante, sin el conocimiento de aquella Secretaria, con el fin de ser cobrada a los demandados directamente.

En la copia del documento que contenía la liquidación del crédito que realizó el abogado denunciado, y el cual afirmó el mismo, que esa liquidación de crédito si la había realizado, pero que en ningún momento él había implantado la firma de la secretaria; en esta copia de documento se puede observar que además de la liquidación allí plasmada, aparece un número de cuenta escrito con el puño y letra del señor abogado Gonzalo de Jesús Álvarez, el cual pretendía que los deudores le cancelaran el crédito por el mismo liquidado directamente, a ese número de cuenta el cual era suya.

Confrontado con lo anterior, ha sido el reconocimiento por el mismo abogado disciplinado en su versión libre, cuando manifestó que tenía embargados los honorarios que devengara en los despachos judiciales y que cualquier pago que se le hiciera por este concepto era retenido por estos, lo que demuestra que el abogado estaba tratando de evadir que se le hiciera los correspondientes pagos a través de los despachos judiciales, y evitar el embargo de sus honorarios, pretendiendo con esto que el pago se le hiciera directamente a su cuenta bancaria.

Pues bien, revisada la actuación, se tiene que el abogado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, fue sancionado en primera instancia, como responsable de la falta prevista en el artículo 30 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

(...).

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

(...)”.

El abogado obró con el conocimiento e intensión de engañar a los deudores y pasar por encima del despacho judicial para que le cancelaran el crédito directamente a él.

Desglosando el asunto, se comprobó que el togado sí le entregó el documento que contenía la aparente liquidación del crédito al señor Saulo Agudelo para que posteriormente se lo entregara al señor demandado Jorge Humberto Arango, y así obtener de manera directa el pago de la liquidación del crédito, y evitar que este pago llegara al despacho judicial, para que según él, no le embargaran sus honorarios los cuales estaban comprometidos con ocasión a otros procesos en los cuales él había sido apoderado judicial y que habían cursado allí; de esta forma, el mismo abogado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, en el documento que contenía la liquidación del crédito, puso con su puño y letra una nota marginal que contenía el número de su cuenta bancaria, para que le consignaran en esa.

De la valoración del contenido de la apelación del abogado disciplinado, quien dijo que él no era el responsable de dicho montaje en el documento, que si bien el mismo había realizado ese documento con la liquidación del crédito, no sabía quién había plasmado la firma de la secretaria en este.

Bajo los exiguos argumentos de esa apelación el togado realizó expresiones con sentido retador contra los magistrados, expresiones que no son de recibo, porque como se demostró que existe una tendencia en él de atentar contra la dignidad de la profesión de abogado, ya que ha tenido antecedentes por comisión de conductas dolosas dentro del ejercicio de su profesión, lo que transgrede la esencia de la justicia misma.

Con todo lo anterior, es menester reprochar la conducta del abogado, que bajo el ejercicio de un derecho como lo era el cobro de sus honorarios y de las acreencias a favor de su cliente, de mala fe, usando su condición profesional, arremete contra sus propias obligaciones, pretendiendo hacerles creer a sus deudores que se trataba de la liquidación oficial del proceso de marras, sin serlo de manera alguna.

Así pues, de acuerdo con el informativo, quedó plenamente establecida la existencia de la falta imputada y la responsabilidad del abogado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, de manera que se impone la confirmación de la providencia sancionatoria apelada, como ya se dijo, en cuanto se le encontró responsable de la comisión de la falta cometida en el artículo 30 numeral 4, a título de dolo, de la Ley 1123 de 2007.

4. Dosimetría de la sanción.

Dentro del amplio margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la pena, le corresponde al juez disciplinario valorar la explícita consagración de los deberes del abogado, los intereses jurídicos y particularmente criterios que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, en fin todos aquellos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que a su vez imponen la necesidad de motivación de la dosificación sancionatoria2, y como está preceptuado en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

“45. Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales.

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.”

Respecto a este tema, en cuanto atañe a la tasación de la sanción que tuvo en cuenta el a quo, con base en los parámetros fijados por el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, esta colegiatura encuentra que la impuesta fue ajustada a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, tanto por la naturaleza como por la modalidad de la conducta del sancionado, como quiera que, según se vio, el abogado Álvarez Patiño, obró con el conocimiento e intensión de engañar a los deudores y pasar por encima del despacho judicial para que le cancelaran el crédito directamente a él.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida del 31 de octubre de 2013, en virtud de la cual la sala dual de decisión jurisdiccional disciplinaria en descongestión del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó CON SUSPENSIÓN DE SEIS (6) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, al abogado Gonzalo de Jesús Álvarez Patiño, al hallarlo responsable, de la comisión de la falta contenida en el artículo 30 numeral 4, a título de dolo, de la Ley 1123 de 2007.

2. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen, para que NOTIFIQUE a todos los intervinientes del proceso, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma, a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Néstor Iván Javier Osuna Patiño, presidente—Pedro Alonso Sanabria Buitrago, vicepresidente—José Ovidio Claros PolancoJulia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—Maria Mercedes López Mora—Wilson Ruiz Orejuela.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

1 Integrada por los magistrados, Manuel Fernando Mejía Ramírez, y Luis Fernando Zapata Arrubla

2 C-290-08.