Sentencia 2010-01741 de mayo 26 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 76001-23-31-000-2010-01741-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Eusebio Camacho Hurtado

Demandado: Juez Segundo Administrativo de Buenaventura

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

4.1. Generalidades de la acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, dispone que la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario, a través del cual toda persona puede solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, cuando los considere vulnerados o amenazados por acciones u omisiones de autoridades públicas y, en casos excepcionales, de particulares. Dicha norma, también establece que la tutela únicamente procede cuando quien la invoca no cuenta con otro medio de defensa judicial para proteger sus derechos o cuando, existiendo otro mecanismo, se acude a ella para contrarrestar un perjuicio irremediable.

4.2. Análisis del asunto concreto.

El accionante afirma que en condición de apoderado judicial, adelanta sendos procesos ante el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura y que designó a la señora Katherine Ramírez Gutiérrez como dependiente judicial ante dicho despacho, para que recibiera información y obtuviera copias simples de las providencias o actos proferidos dentro de los procesos en que actúa como abogado.

Sin embargo, el Juez Segundo Administrativo de Buenaventura impartió a los funcionarios de su despacho la orden de abstenerse de entregar copias simples de providencias a la dependiente judicial hasta tanto no estuviesen ejecutoriadas, porque no estaba facultada para acceder a ningún expediente judicial al no acreditar su condición de estudiante de derecho. A juicio del actor, tal conducta afecta los derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la defensa y contradicción y le priva del derecho a ejercer libremente su profesión como abogado litigante.

Sea lo primero advertir que la Sala no se pronunciará acerca de la presunta afectación del derecho al debido proceso, defensa y contradicción pues estos se predican respecto de quienes le otorgaron poder para actuar como apoderado judicial en los procesos que lleva ante el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura y el actor no acreditó contar con poder que le faculte para promover acción de tutela en defensa de sus intereses. En esas condiciones, carece de legitimación para solicitar la protección de derechos fundamentales cuyos titulares son sus clientes.

En cuanto al asunto de fondo, observa la Sala que, tal y como apuntó el a quo en el fallo de primera instancia, no existió afectación del derecho fundamental de petición atribuible al Juez Segundo Administrativo de Buenaventura, pues si bien es cierto que el actor presentó petición solicitando que se suministraran a su dependiente judicial copias simples de las providencias y actuaciones ocurridas dentro de los procesos dentro de los que actúa como apoderado, también lo es que mediante escrito de 7 de septiembre de 2010 (fls. 8 y 9) el juez dio respuesta a su petición en forma oportuna, de fondo y coherente con lo solicitado y, aunque lo hizo en forma desfavorable, no se sigue de ello la violación del derecho invocado, puesto que la respuesta favorable no hace parte de su núcleo esencial.

Ahora bien, el actor considera que la postura asumida por el Juez Segundo Administrativo de Buenaventura afecta su derecho fundamental al libre ejercicio de su profesión de abogado, en tanto al impedir que su dependiente judicial obtenga copias simples de las providencias y actuaciones surtidas en los procesos antes de que éstas queden ejecutoriadas, lo imposibilita para ejercer en forma adecuada y oportuna el derecho de defensa y contradicción de sus clientes, en el entendido de que, ejecutoriadas las providencias, no puede interponer contra ellas los recursos de ley.

La Corte Constitucional ha indicado que aun cuando el artículo 26 de la Constitución Política sólo refiere el derecho fundamental a escoger profesión u oficio, de su contexto axiológico y de interpretar sistemáticamente la Carta Política se infiere que igualmente comprende, el derecho a ejercer la profesión u oficio escogido, “(...)dentro del marco de libertad, igualdad y dignidad que establece la Carta, pero con los límites que impone la guarda del interés general”(4), como una derivación del derecho fundamental al trabajo.

Al respecto, vale la pena anotar que aún tratándose de un derecho de carácter fundamental, la libre escogencia y ejercicio de profesión u oficio admite la imposición de límites, cuya propósito es (i) proteger a las personas que se han capacitado para desarrollar determinada actividad, de las personas que quieren desempeñarse como tales sin haber obtenido méritos para hacerlo y (ii) proteger a la colectividad para que no resulte afectada por el inadecuado ejercicio de una determinada profesión.

El Decreto 196 de 1971, por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía, establece en su artículo 26 que los expedientes y actuaciones administrativas sólo podrán ser examinados por (a) los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y por razón de ellas, (b) por los abogados inscritos, sin perjuicio de las excepciones en materia penal, (c) por las partes, (d) por las personas designadas en cada proceso como auxiliares de la justicia para lo de su cargo, (e) por los directores y miembros de consultorios jurídicos en los procesos que estén autorizados para litigar conforme al estatuto y (f) por los dependientes de los abogados inscritos debidamente acreditados, siempre que sean estudiantes de derecho.

Como bien señaló el a quo en la sentencia impugnada, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse acerca de la exequibilidad del literal f) del citado artículo 26, particularmente en lo concerniente a que los dependientes de abogados sean estudiantes de derecho para tener la facultad de examinar los expedientes, concluyendo que tal requisito resultaba admisible, en tanto garantizaba la idoneidad mínima exigida para revisar las actuaciones surtidas y las decisiones adoptadas dentro de un proceso judicial. En efecto, en Sentencia C-619 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte sostuvo:

“El primer problema que la Corte debe desentrañar consiste en determinar la vigencia y ámbito de aplicación del literal f) del artículo 26 y del artículo 27 del Decreto 196 de 1971. (...) Para resolver el problema planteado resulta necesario determinar el ámbito de libertad que le cabe al legislador a la hora de definir criterios de idoneidad, requisitos o condiciones para el ejercicio de una determinada profesión u oficio. Así mismo, es indispensable estudiar si la condición impuesta por las normas estudiadas para acceder a los expedientes y actuaciones judiciales o administrativos, se ajusta a los postulados de la igualdad.

(...).

Si bien las disposiciones bajo estudio no se refieren directamente a la profesión de abogado, si se relacionan de manera estrecha con el ejercicio de la profesión, pues limitan la libertad del abogado al momento de escoger a quien ha de servirle de agente para los efectos en ellas establecidos. De otra parte, la restricción estudiada, desde la perspectiva de quien cumple la función de intermediación, otorga a los estudiantes de derecho una ventaja comparativa para acceder a los cargos de asistentes que procuren las oficinas de abogados. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el legislador reguló la ocupación de que aquí se trata —auxiliar de abogado—, cuando quiera que dentro de las funciones que le correspondan, se encuentre la de consultar expedientes judiciales o administrativos o asistir a actuaciones de la misma naturaleza, bajo la responsabilidad del respectivo profesional. Resta analizar si tal regulación compromete el derecho a la igualdad de oportunidades laborales y, por contera, la libertad de escoger profesión u oficio.

Una de las manifestaciones concretas del derecho al trabajo (C.P., art. 25) y al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), es la protección constitucional de la libertad de escoger profesión u oficio (C.P., art. 26). De este derecho-libertad se deriva la facultad de ejercer la actividad que se ha escogido, sin más restricciones que aquellas que legítimamente imponga el legislador, —para minimizar el riesgo social que puede implicar el ejercicio irresponsable de una profesión u oficio o para proteger derechos de terceras personas— y que ha de hacer cumplir la administración, en ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia.

(...).

A juicio de la corporación, las disposiciones impugnadas persiguen un objetivo legítimo. En efecto, el legislador pretendió garantizar los intereses de las personas que han encomendado su causa a un apoderado judicial, impidiéndole, a este último, que pueda delegar, en cualquier persona, la función de revisar las actuaciones o expedientes judiciales o administrativos en que consten las actuaciones que interesan al poderdante. En consecuencia, condicionó la práctica de este oficio, a quienes tuvieren un mínimo de idoneidad y para ello, encontró suficiente, exigir que fueran estudiantes regulares de una facultad de derecho.

Por otra parte, vale la pena precisar que el artículo 27 del Decreto 196 de 1971 establece que “Los dependientes que no tengan la calidad de estudiantes de derecho, únicamente podrán recibir informaciones en los despachos judiciales o administrativos sobre los negocios que apodere el abogado de quien dependan, pero no tendrán acceso a los expedientes”, de donde se sigue que la norma que regula el ejercicio de la profesión de abogado es clara al señalar que los dependientes judiciales que no tienen la calidad de estudiantes de derecho como la señora Katherine Ramírez Gutiérrez, sólo pueden recibir información de los procesos, más no acceder a los expedientes.

Sin embargo, no puede perderse de vista que el numeral 5º del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil establece que “a petición verbal de cualquier persona, el secretario expedirá copias no autenticadas del expediente o de parte de éste, en trámite o archivado sin necesidad de auto que las autorice. Tales copia no tendrán valor probatorio de ninguna clase”, de donde se sigue que, efectivamente, a la dependiente judicial del actor, aún sin tener la condición de estudiante de derecho, le asiste el derecho de solicitar copias simples de las actuaciones o providencias que se surtan en determinado proceso, pues la norma no contempla condicionamiento o restricción alguna para formular tal solicitud ante el secretario del juzgado.

De acuerdo con lo anterior, a juicio de la Sala no resulta legalmente admisible equiparar la posibilidad de examinar el expediente con la de solicitar copias simples de la totalidad o parte del expediente, habida cuenta de que la primera actividad indudablemente exige el ejercicio de ciertas competencias que permitan comprender el alcance de aquello que se revisa o examina, mientras que la obtención de copias simples no requiere mayor habilidad que la de identificar el expediente y elevar la petición verbal ante el secretario del juzgado, pues, en últimas, tal solicitud no comporta el ejercicio de competencia jurídica alguna.

En efecto y según afirma el actor, su intención al autorizar a su dependiente judicial para la obtención de copias simples de las providencias y actuaciones surtidas dentro de aquellos procesos en los que actúa como apoderado y que se adelantan ante el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, es conocer directa y oportunamente el contenido de las decisiones para, si es del caso, presentar los recursos pertinentes; en consecuencia, si tales copias sólo se expiden una vez que las providencias queden ejecutoriadas, no le será posible ejercer adecuadamente el derecho de defensa y contradicción ínsito en el poder judicial otorgado por sus clientes, lo cual conlleva la indebida restricción de su derecho a ejercer la profesión de abogado dentro del marco dispuesto por el legislador que, en modo alguno, prohibió que los profesionales del derecho pudiesen realizar cierto tipo de actuaciones mediante sus dependientes judiciales.

Ahora bien, no sobra advertir que aunque el artículo 127 del Código de Procedimiento Civil establece que “Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a su apoderado, ni aquella, ni éste, ni su dependiente, podrán examinar la actuación sino después de cumplida la notificación aquélla”, ello no significa que las copias simples que solicite la dependiente judicial sólo puedan expedirse una vez la providencia quede ejecutoriada como sostiene el Juez Segundo Administrativo de Buenaventura, pues la notificación de una providencia y su ejecutoria constituyen dos momentos procesales diferentes, no siendo dable al juez exigir el cumplimiento de condiciones no establecidas por el legislador para acceder a los expedientes judiciales y examinar las actuaciones surtidas dentro del proceso.

Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca del derecho fundamental al libre ejercicio de la profesión de abogado, con ocasión de la acción de tutela promovida por un abogado a quien no se le permitía actuar como apoderado ante la subcuenta ECAT del Fosyga. En aquella oportunidad la Sala concluyó que “(...) sólo el legislador está facultado por la Constitución Política para restringir el ejercicio del derechos fundamentales tales como el trabajo y la libre escogencia y ejercicio de la profesión, por motivos de interés general”(5), de manera las autoridades administrativas no eran competentes para imponer condicionamientos que tornaran nugatorios los derechos y facultades conferidos a los abogados tanto por sus clientes como por el estatuto del ejercicio de la abogacía (D. 196/71).

Así las cosas, la Sala considera que la actuación desplegada por el Juez Segundo Administrativo de Buenaventura, carece de fundamento jurídico suficiente y restringe al actor su derecho a ejercer libremente la profesión de abogado, a través de su dependiente judicial en los términos y bajo las condiciones dispuestas por el legislador. Por consiguiente, revocará la providencia de primera instancia, accederá al amparo de ese derecho fundamental y ordenará al Juez Segundo Administrativo de Buenaventura que, en lo sucesivo, se abstenga de privar al actor del derecho a obtener, por conducto de su dependiente judicial, copias simples de las providencias y actuaciones surtidas dentro de los procesos en los que actúa como apoderado judicial que ya fueron notificadas, pero no se encuentren ejecutoriadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de CONCEDER el amparo del derecho fundamental al libre ejercicio de la profesión invocado por el accionante. En consecuencia, ORDÉNASE al Juez Segundo Administrativo de Buenaventura que, en lo sucesivo, o se nieguen copias simples de las providencias y actuaciones surtidas dentro de los procesos en los que aquél actúa como apoderado judicial, cuando no se encuentren ejecutoriadas.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011)».

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-606 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.

(5) Consejo de Estado-Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011 M.P. María Claudia Rojas Lasso. Exp. 2011-0367-01. Actor: Asesorías Integrales de Salud-Aseisa Ltda.