Sentencia 2010-01855 de mayo 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-0203-000-2010-01855-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., diecisiete de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. De manera reiterada la jurisprudencia de esta Corte ha venido pregonando que el recurso de revisión, por sus especiales características, es una vía extraordinaria de impugnación de las sentencias en firme, a fin de corregir los errores en que hubieren podido incurrir los falladores al proferirlas.

Si bien tales decisiones se rigen por el principio de la cosa juzgada —por lo que suelen ser intangibles e inmutables debido a la presunción de legalidad y acierto que ampara a los fallos cuando han adquirido la impronta de su ejecutoriedad—, sería imposible ignorar que no todas las sentencias obedecen a postulados de equidad y justicia, dado que algunas, en verdad, pueden ser calificadas de inicuas.

En estos eventos —ha referido la doctrina procesalista más autorizada— “nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta” (Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406)

Para enmendar el daño que pudieran haber causado esas decisiones, se ha establecido el remedio extraordinario que busca, en esencia, dejar sin efectos una sentencia que se encuentra en firme pero que se ganó injustamente, con el propósito de reabrir el juicio de hecho en que se profirió y fallar nuevamente con apego a los cánones legales.

Mas el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere de la precisa delimitación de su campo de acción, pues de otro modo su naturaleza extraordinaria quedaría desvirtuada y la inmutabilidad de la sentencia sufriría un grave demérito.

Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha sostenido: “este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi.” (sents. de abr. 24/80 y de sep. 3/96, Exp.: 5231; reiteradas en sentencia de jun. 8/2011. Exp.: 2006-545-00).

Como ya ha sido expresado, “el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la garantía de la justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material” (sents. de sep. 16/83; de jun. 30/88; de nov. 24/92).

Considerada esta particular connotación, esta Sede ha destacado que las causas y motivos fácticos del recurso de revisión encuentran “venero en circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece[sic] antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta” (Sent. 234 de nov. 1º/2000, Exp. 7754), pues lo contrario genera un “grave daño para la seguridad jurídica, la reiteración del litigio por una vía lateral inadmisible” (G.J. t. CCXLIX, pág. 121) convirtiéndolo en un “medio para impedir la ejecución de fallos proferidos en procesos que se han rituado con plena observancia de sus formalidades propias” . (CSJ, Sala de Casación Civil, sent. de abril 27/2009, Exp. 2005-01294-00)

2. El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consagra los únicos nueve eventos en los cuales es pertinente apoyar la demanda de revisión de una sentencia. Dentro de estos —como acontece en el supuesto que es materia del presente pronunciamiento— se alega la causal contenida en el numeral 7º, la cual preceptúa: “Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 [debe leerse 140], siempre que no haya saneado la nulidad”.

Esta causal de revisión busca remediar el agravio que recibió el demandado que no fue llamado a juicio en legal forma, pues el hecho de estar el recurrente en alguno de los casos descritos en la norma precitada, es uno de los motivos que dan paso a la impugnación extraordinaria, siempre que no se haya saneado la nulidad.

Con esta causal de revisión pretende el legislador garantizar el derecho de defensa de que es titular el demandado, por lo que si no fue debidamente vinculado al proceso, por medio de las distintas clases de notificación enlistadas por el Código de Procedimiento Civil, es palmario que se estructura la causal de revisión referida, a no ser que pese a su ocurrencia haya sido saneada por el interesado en los términos previstos en esta codificación.

Ella parte de una premisa garante del derecho de contradicción: que el interesado pueda reclamar contra la falta de notificación o de emplazamiento en legal forma cuando se le haya dejado en imposibilidad de comparecer al proceso pese a que el demandante tenía conocimiento del lugar en donde hubiera podido surtirse la respectiva notificación.

El fundamento de la misma “está en la injusticia que implica adelantar un proceso a espaldas de a quien ha debido brindársele la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o cuando menos de ser oído, notificándolo o emplazándolo debidamente, o asegurando su correcta representación” (Sent. 033 de abr. 9/2007).

3. La prueba de ese conocimiento, como se desprende del contexto del artículo 319 de la ley procesal civil, debe suministrarla el demandado, pues no basta con que este demuestre que para la época de la notificación residía en un lugar distinto a aquel en el cual se le notificó, sino que es necesario corroborar que el demandante conocía esa circunstancia y que actuó de mala fe o con el inicuo propósito de ocultarle el proceso iniciado en su contra, vulnerando, de esa manera, el derecho de defensa del demandado.

Respecto de ese tema, esta corporación ha expresado: “... que el supuesto factual de esa nulidad supone que el revisionista demuestre cabalmente la falsedad o inexactitud de la afirmación, acerca del desconocimiento del lugar donde podía localizarse al demandado, de modo de comprobar que a la postre fue indebido el emplazamiento”. (Sent. de dic. 1º/95, Exp. 5082) (se destaca).

De igual modo se ha explicado que “corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal”. (sent. de feb. 2/2009. Exp. 2000-00814-00) (Se destaca).

En el mismo sentido, se ha enfatizado que para la estructuración de la referida causal “se exige que aparezca plenamente probado en el expediente que para la época en que se presentó la demanda en el proceso en que se profirió la sentencia objeto de revisión, la demandante conocía el lugar de domicilio o residencia en el que se hubiera notificado personalmente al recurrente”. (G.J. CCXLIX, Vol. II, pág. 1717) (destacado de la Sala).

4. En el caso que ocupa la atención del tribunal, el revisionista no probó por ningún medio que la parte demandante o su apoderado omitieron intencionalmente la dirección donde debía surtirse la notificación del auto admisorio de la demanda, pues a partir de las pruebas en que se sustentó el recurso extraordinario no logra inferirse, de ningún modo, el conocimiento del actor sobre ese hecho.

En efecto, en el croquis que levantó la autoridad de tránsito con ocasión del accidente que dio origen a la reclamación de la indemnización que fue materia del proceso ordinario, quedó consignado que el revisionista tenía su domicilio en la ciudad de Cáqueza, y que se le podía ubicar en el número telefónico 2936630 (fl. 17, cdno. 1)

No obstante, en ninguna parte de ese documento se indicó la nomenclatura o dirección exacta de su lugar de domicilio, por lo que no existen elementos de juicio que permitan inferir que el demandante conocía “el lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente”, tal como lo exige el tercer inciso del artículo 315 de la ley procesal civil.

Es obvio que para que una notificación personal pueda surtirse, no resulta suficiente saber la ciudad donde una persona habita, sino que es indispensable que se señale la dirección precisa donde ella trabaja o reside, por lo que la falta de ilustración sobre esta circunstancia se encuentra prevista en el numeral 1º del artículo 318 del estatuto adjetivo, para la procedencia de la notificación por emplazamiento.

Tampoco las otras pruebas que se practicaron en el trámite del recurso extraordinario demuestran que el demandante o su apoderada conocían el domicilio del demandado al momento de la presentación de la demanda. Al respecto, basta con examinar los distintos testimonios que se recibieron en la actuación, a saber:

José Fernando Parrado declaró que conoce al señor Jesús María Bravo Méndez porque en el año 1990 o 1995 este pagó arriendo en su casa, es decir que habitó en el municipio de Cáqueza (fl. 96). Sin embargo, esa declaración no permite inferir que el demandante en el proceso ordinario supiera el domicilio exacto del revisionista.

Por su parte, Santos Licerio Benito Torres manifestó: “el domicilio ha sido siempre acá en Cáqueza, los sitios sí fueron en varias partes, porque cuando iniciamos amistad fue donde la señora Zoraida Torres, vivía donde doña Julia, donde don Hernando, donde María del Carmen Torres, y hace más o menos 7 años están viviendo donde yo vivo Piscina Centro” (fl. 98). Y más adelante aseveró: “me consta que hace más de 10 años forma su hogar en este municipio”. (fl. 100).

A su turno, Héctor Alirio Pabón afirmó que el impugnante tenía su domicilio “en la vereda de Moyas, con los padres y después aquí [Cáqueza] por los lados del cementerio municipal, estos últimos años” (fl.104).

Finalmente, Gustavo Antonio Velásquez, señaló que conoce al señor Jesús María Bravo Méndez desde hacía unos 24 o 25 años, desde cuya fecha ha residido en el municipio de Cáqueza. (fl. 106).

Como puede advertirse, todos los testigos coincidieron en afirmar que conocen al revisionista y que este tiene su domicilio en el municipio de Cáqueza desde hace varios años. Sin embargo, ninguno de ellos indicó la dirección exacta de aquel, ni mucho menos, expresaron alguna circunstancia que permita sospechar siquiera que el demandante o su apoderada sabían el lugar en que debía notificarse al demandado y lo omitieron de modo intencional para ocultarle la existencia del proceso que se siguió en su contra.

En fin, a partir de lo que dicen las pruebas recaudadas en el trámite de este recurso, no se encuentra demostrado que se haya amenazado o vulnerado el derecho de defensa del revisionista, toda vez que si el auto admisorio de la demanda se le notificó por edicto, ello fue porque la parte actora lo solicitó ante el juez del conocimiento de conformidad con los lineamientos legales; sin que se llegase a demostrar que sabía la dirección de notificación del demandado y que ocultó ese hecho de mala fe para impedir al demandado que compareciera al proceso.

Por todas esas razones se negará la impugnación extraordinaria.

En tal virtud, se condenará al revisionista al pago de las costas y perjuicios a que haya dado lugar el recurso, incluyendo la suma de $ 2.000.000 como agencias en derecho a favor de la parte demandante en el proceso ordinario. La liquidación de los perjuicios se hará mediante incidente, tal como lo dispone la parte final del inciso 4º del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión que formuló Jesús María Bravo Méndez contra la sentencia proferida el veinte de agosto de dos mil nueve por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Segundo Fabriciano Sánchez Prieto contra el recurrente y otro.

2. CONDENAR al recurrente al pago de las costas y perjuicios que resulten probados. Tásense las costas por secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $ 2.000.000. Liquídense los perjuicios mediante incidente, para cuyo pago se hará efectiva la caución prestada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».