Sentencia 2010-01996/20233 de junio 29 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2010-01996-01

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Nº Interno: 20233

Actor: Tecnoquímicas S.A. T.Q. S.A. (NIT. 890300466-5)

Demandado: U.A. E.DIAN

Asunto: acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Impuesto sobre la renta – año gravable 2005

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación interpuesta por la demandante y la demandada, la Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN modificó a la actora la declaración de renta del año gravable 2005. En concreto, define si proceden (i) la deducción del artículo 158-3 del E.T., por la inversión en una planta farmacéutica que la actora entregó en arrendamiento a otra sociedad y (ii) la deducción por pérdidas por siniestros.

La Sala mantiene la procedencia de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos y el rechazo de la deducción por pérdidas por siniestros. No obstante, revoca el restablecimiento del derecho que ordenó el Tribunal y, en su lugar, practica la liquidación del impuesto a cargo de la demandante, según el siguiente análisis:

Deducción por inversión en activos fijos reales productivos ($ 5.448.510.000)

Por el año gravable 2005, la actora solicitó como deducción por inversión en activos fijos reales productivos la suma de $ 5.448.510.000, originada en la adquisición de una planta farmacéutica, mediante contrato de leasing con opción de compra(6).

La DIAN rechazó la deducción porque la actora entregó en arrendamiento la planta a Tecnofar TQ SAS y, por ende, dicho activo no participó directamente en la actividad principal de la actora, sino en una de sus actividades secundarias, que no es productiva, como es la obtención de cánones de arrendamiento.

El artículo 158-3 del Estatuto Tributario, que creó la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos, adicionado por el artículo 63 de la Ley 863 de 2003, vigente para el periodo gravable en discusión, preveía lo siguiente(7):

“ART. 68.—Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:

“ART. 158-3.—Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo.

El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”.

De acuerdo con la norma anterior, los contribuyentes que efectuaran inversiones en activos fijos reales productivos podían deducir, en la determinación del impuesto de renta de los años gravables de 2004 a 2007, el 30% del valor de las inversiones efectivamente realizadas, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra.

La Sala ha precisado que la finalidad de la norma fue reactivar el proceso productivo, con una incidencia directa en el empleo y en la rentabilidad del contribuyente, para lo cual permitió a los contribuyentes tratar como deducción un porcentaje de la inversión en activos fijos reales productivos(8). También señaló que los bienes deben participar de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, es decir, no deben ser enajenados dentro del giro ordinario de los negocios de este(9).

Mediante Decreto 1766 del 2004, el Gobierno Nacional reglamentó el beneficio especial establecido en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario. Los artículos 1º, 2º, y 3º del decreto en mención señalan, en su orden, lo siguiente:

“ART. 1º—Deducción especial. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del Impuesto sobre la renta, podrán deducir en la determinación del Impuesto sobre la renta de los años gravables de 2004 a 2007, inclusive, por una sola vez en el período fiscal en el cual se adquiera, el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivamente realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos que se efectúen entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre del año 2007. Esta deducción igualmente procederá, cuando los activos fijos reales productivos se adquieran bajo el sistema leasing con opción irrevocable de compra.

“ART. 2º—Definición de activo fijo real productivo. Para efectos de la deducción de que trata el presente decreto, son activos fijos reales productivos, los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian o amortizan fiscalmente.

“ART. 3º—Oportunidad de la deducción. La deducción se deberá solicitar en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión, y la base de su cálculo corresponde al costo de adquisición del bien.

[…]

La alusión a las inversiones efectivas realizadas que son deducibles en los términos del artículo 158-3 del Estatuto Tributario implica que los activos fijos adquiridos se incorporen al activo del contribuyente que solicita la deducción.

En tal sentido, el artículo 2º del Decreto 1766 de 2004 definió los “activos fijos reales productivos” como los bienes tangibles que se adquieran para formar parte del patrimonio del contribuyente, participen directa y permanentemente en la actividad productora de renta de este y se deprecien o amorticen fiscalmente.

Para que operara la deducción especial, el artículo 158-3 del E.T. exigía que la inversión se efectuara en la adquisición de bienes tangibles; que esos bienes fueran activos fijos; que una vez adquiridos, formaran parte del patrimonio del contribuyente; que su participación en la actividad productora de renta del contribuyente fuera directa y permanente, y que los bienes pudieran ser depreciados o amortizados fiscalmente.

De ahí que la deducción por inversión en activos fijos se aplicara solamente a “activos fijos reales”, no a activos movibles o a bienes intangibles. Además, los activos fijos debían ser “productivos”, esto es, que entre lo producido y los bienes empleados para ello se presente una relación directa y permanente, tan vinculante, que dichos activos sean indispensables para la ejecución de la actividad productora de renta, lo que excluye los activos fijos que participan de manera indirecta en el proceso productivo, como los muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial de la empresa(10).

Es así como la aplicación de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos se hacía efectiva luego de cumplirse tres requisitos: la adquisición del activo fijo real productivo, la utilización del activo en la actividad productora de renta del contribuyente y, en general, la solicitud de la deducción en el año de adquisición del activo.

En el caso en estudio, a partir de los hechos probados que a continuación se indican, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 99 y 110 numeral 4) del Código de Comercio, la capacidad de la sociedad se circunscribe al desarrollo de las empresas o actividades previstas en su objeto social.

La actora es una sociedad comercial con domicilio en Cali. En lo que atañe a este asunto, de acuerdo con su objeto social, desarrolla las siguientes actividades(11):

“(A) La fabricación, el envasado, la importación, la exportación, la venta y distribución de productos biológicos y químicos, medicamentos o productos farmacéuticos, perfumería o efectos de tocador, productos veterinarios, agrícolas y alimentos naturales y/o productos farmacéuticos, perfumería o efectos de tocador, productos veterinarios, agrícolas y alimentos naturales y/o productos de consumo popular de cualquier naturaleza y servicios en general […] (F) La adquisición de bienes muebles, inmuebles y de toda clase de equipos para su arrendamiento o para la comercialización de ellos. En desarrollo del objeto social podrá obtener privilegios industriales, concesiones, patentes de invención, de mejoras o procedimientos, marcas de fábrica o de comercio, ya sea en nombre propio o de terceros, otorgar a terceros, dentro o fuera del país, concesiones o usos de explotación sobre estos derechos, ejecutar todas clase de contratos de compraventa, distribución de materias primas, de productos semielaborados en el mercado interno o en el exterior y en general, la celebración de todo acto o contrato sobre bienes muebles o inmuebles de comercio, industriales o de otra índole que se refieran directamente a las actividades que persigue la sociedad” (subraya la Sala).

Según los estatutos sociales, la actora desarrolla como actividades comerciales tanto la fabricación de productos químicos, biológicos y farmacéuticos, como la distribución y venta de tales productos. Además, tiene como actividad la adquisición de bienes para darlos en arrendamiento.

Por lo tanto, no es exacto sostener, como lo hace la DIAN, que la única actividad principal de la demandante, que le genera renta, es la producción de bienes. Dicho de otra manera: además de la fabricación de productos químicos, biológicos y farmacéuticos, dentro de las actividades productoras de renta de la actora están la distribución de estos productos y el arrendamiento de bienes. Adicionalmente, en desarrollo de su objeto social, la actora puede celebrar todo tipo de contratos para ejecutar las actividades principales de la sociedad.

Así, todas las actividades que hacen parte del objeto social constituyen para la demandante actividades que potencialmente le generan renta, independientemente de que ejerza unas actividades de manera preponderante y otras que no lo sean tanto.

En el caso en estudio, la actora adquirió una planta farmacéutica, mediante contrato de leasing financiero con opción de compra(12). Por documento de 31 de agosto de 2005, las compañías de leasing autorizaron a la actora para arrendar la planta a terceros(13).

El 1º de septiembre de 2005, la actora arrendó la planta a Tecnofar T.Q.S.A(14). En el contrato de arrendamiento se pactó que su duración sería de un año, que iniciaría el 1º de septiembre de 2005(15) y que el arrendatario utilizaría “La Planta exclusivamente para el desarrollo de sus procesos productivos de líquidos y semisólidos, talco medicado y efervescentes». Igualmente, se acordó el pago de un canon mensual de $ 102.300.000, a cargo de Tecnofar, reajustable anualmente con base en el IPC.

Según el contrato de arrendamiento de la planta farmacéutica, el bien arrendado es el siguiente(16):

1. Descripción del objeto arrendado. Planta destinada a la fabricación de productos farmacéuticos, con un área total construida de […]($ 5.473m2), cuyo detalle se encuentra relacionado en el anexo 1(17), que hace parte de este documento, levantada sobre el lote 9C del Conjunto Industrial Parque Sur, ubicado en el municipio de Villa Rica, Departamento del Cauca […].

PAR.—El arrendamiento comprende también equipos correspondientes al sistema de aire acondicionado, sistema de agua purificada, vapor, aire comprimido, vacío, planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), todos ellos necesarios para cumplir con los requisitos exigidos para fabricación de productos líquidos y semisólidos, talco medicado y efervescentes”.

La actora expidió a Tecnofar facturas por los meses de septiembre a diciembre de 2005 para el pago del canon mensual de arrendamiento de “la planta ubicada en el Conjunto Industrial Parque Sur Villa Rica”(18).

La obtención de cánones de arrendamiento es un hecho que acepta la DIAN. No obstante, dicha entidad sostiene que la planta farmacéutica adquirida por la actora no participa en la actividad productora de renta de esta, pues el beneficio fiscal se aplica respecto de bienes que intervengan en el proceso productivo del adquirente y no de activos que se trasladen a un tercero, a cualquier título.

Al respecto, la Sala advierte que al entregarse, a título de arrendamiento, la planta farmacéutica dicha planta participa directamente en una de las actividades productoras de renta de la demandante, que consiste en adquirir toda clase de bienes para darlos en arrendamiento. Se recuerda que la actora tiene varias actividades que le generan renta y que el artículo 158-3 del E.T no previó la deducción especial solo para los productores de bienes, como lo entiende la DIAN, por lo menos en este caso.

En ese orden de ideas, los ingresos percibidos por arrendamientos sí son el resultado de una actividad productora de renta de la actora, por lo que existe una relación directa y permanente entre el activo fijo de la actora, esto es, la planta farmacéutica, y la actividad de adquirir bienes para darlos en arrendamiento, que es tan vinculante que sin la adquisición del activo, la demandante no hubiera podido arrendarlo para obtener rentas.

Igualmente, la planta farmacéutica también participa de otra de las actividades productoras de renta de la demandante: la distribución de productos farmacéuticos.

Pues bien, como se precisó, la actora entregó en arrendamiento la planta farmacéutica de su propiedad a Tecnofar para que esta, como arrendataria, “utilizara la planta exclusivamente para el desarrollo de sus procesos productivos de líquidos y semisólidos, talco medicado y efervescentes”(19) .

En lo que interesa a este asunto, al igual que la actora, Tecnofar se dedica, entre otras actividades, a fabricar y distribuir productos farmacéuticos(20).

Por el año gravable 2005, todos los productos fabricados por Tecnofar en la planta farmacéutica de Tecnoquímicas fueron vendidos a esta. Así consta en el certificado de revisor fiscal de Tecnofar(21):

“4. Que de acuerdo con los comprobantes de contabilidad, las ventas de producto terminado de Tecnofar TQ S.A.S. durante el año 2005, fueron realizadas en un 100% a Tecnoquímicas S.A.

5. Que de acuerdo con los comprobantes de contabilidad, el valor de las ventas de producto terminado que Tecnofar TQ S.A.S realizó en el año 2005 a Tecnoquímicas fue de $ 15.446.313.385”.

La venta de los productos de Tecnofar a Tecnoquímicas se corrobora también con varias facturas expedidas por la primera a la segunda, entre septiembre y diciembre de 2005(22).

Las pruebas en mención ponen en evidencia que, durante el año gravable en discusión, la planta farmacéutica entregada en arrendamiento a Tecnofar, fue utilizada por esta exclusivamente para producir los bienes para Tecnoquímicas. Lo anterior, para que la actora los vendiera y distribuyera, pues la distribución y venta de estos productos constituye para Tecnoquímicas otra actividad que le genera renta.

Así, como lo sostuvo la actora en la demanda, de conformidad con la forma de negocio pactada entre Tecnoquímicas y Tecnofar, sin la planta farmacéutica que la actora adquirió y posteriormente dio en arrendamiento a Tecnofar, esta no podría fabricar los productos que le vendió a la demandante, como cliente exclusivo, y la actora, a su vez, no podría venderlos a terceros, y ejercer así una de sus actividades generadoras de renta(23).

Lo anterior pone en evidencia la relación “directa y permanente” entre los bienes fabricados por Tecnofar y adquiridos por Tecnoquímicas, como cliente exclusivo, y una de las actividades productoras de renta de la actora: la distribución y venta de productos químicos, farmacéuticos y biológicos.

Por lo demás, es indiferente que la planta farmacéutica también participe directamente en la actividad productora de renta de Tecnofar, cuyo objeto social es similar al de la actora(24), pues las empresas pueden desarrollar sus actividades comerciales con bienes propios o arrendados. Además, al no ser dueña de la planta, Tecnofar no puede solicitar la deducción especial por la inversión en dicho activo fijo.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la actora tiene derecho a la deducción especial del artículo 158-3 del E.T., por la inversión que efectuó en la planta farmacéutica, pues se trata de un activo fijo que adquirió en el año gravable 2005, formó parte de su patrimonio y participó, de manera directa y permanente, en las actividades productoras de renta de esta.

En consecuencia, se mantiene la decisión del Tribunal de aceptar la deducción especial en comentario.

Deducción por pérdidas por siniestros ($ 738.763.000)

La demandante solicitó la suma de $ 738.763.000 como deducción por pérdidas en siniestros. Sostuvo que el valor solicitado como deducción se originó en los hurtos, destrucción, extravío y error en la manipulación de mercancías por parte de los transportadores, por lo que, mientras la aseguradora o el propio transportador la indemnizaban, contabilizaba la pérdida en la cuenta 5310 - pérdida en venta y retiro de inventarios y, cuando recibía la indemnización, registraba un ingreso al que restaba la deducción para neutralizar el efecto tributario. Ello, porque tal indemnización no genera un incremento en el patrimonio de la demandante.

También afirmó que el fundamento de la deducción fue el artículo 107 del Estatuto Tributario y no el artículo 148 ibídem, como lo entendió la DIAN al señalar que no se probó la existencia de fuerza mayor.

El a quo negó la deducción porque no se cumplen los requisitos de los artículos 107 y 148 del Estatuto Tributario.

Para justificar la deducción, la actora aportó la solicitud de indemnización de 12 de mayo de 2005, presentada por el robo del vehículo ZKG-344 el 5 de abril de 2005 ante Seguros Comerciales Bolívar por $ 37.892.005(25). También allegó oficios de la aseguradora Delima Marsh, dirigidos a la demandante, en los que se relacionan los cheques girados por indemnización por el “hurto de mercancías” a los vehículos ICC-652, TMB-048, NEJ-968 y WID-029(26).

Según el anexo explicativo de venta de activos – renta 2005, aportado por la actora, el detalle de la partida rechazada por la DIAN es el siguiente(27):

ConceptoValor (en miles de $)
Pérdidas de mercancía (indemnizadas por compañías de seguros)714.854
Pérdidas no cubiertas (no indemnizadas por compañías de seguro)35.618
Pérdidas por siniestro5,633
Cartera provisionada(238)
Saldo depurado755.867
Rechazo fiscal(17.104)
Gasto fiscal738.763

Del cuadro anterior, que la DIAN tuvo en cuenta para el rechazo de la deducción por pérdidas, se evidencia que dentro de los $ 738.763.000 rechazados por pérdidas en siniestros, aparecen $ 714.854.000, que corresponden a pérdidas de mercancías que fueron indemnizadas por las compañías de seguros.

Como la pérdida de mercancía fue indemnizada por las aseguradoras, hecho que no discuten las partes, después del registro contable de la pérdida, la actora recibió un ingreso que disminuyó con el gasto solicitado.

La actora sustentó la deducción en el manejo contable que, afirma, debía darle al gasto cuando sufría la pérdida de las mercancías. Asimismo, solicitó la deducción con base en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Sin embargo, independientemente del tratamiento contable, en este caso la norma aplicable no es el artículo 107 del Estatuto Tributario, sino, como lo advirtió la DIAN, el artículo 148 del Estatuto Tributario, por ser la norma que regula el caso de manera más específica. Esta disposición se refiere directamente a la deducción por pérdidas de activos. Esta norma especial prima, en este caso, sobre el artículo 107 del Estatuto Tributario, que regula, de manera general, las deducciones.

De acuerdo con el artículo 148 del Estatuto Tributario, las pérdidas de bienes son deducibles cuando se demuestra la fuerza mayor.

El artículo 45 del Estatuto Tributario da a las indemnizaciones por seguro de daño el carácter de ingreso no constitutivo de renta si, dentro del plazo previsto en el reglamento, el contribuyente demuestra que invirtió la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes a los que eran objeto del seguro(28).

Las normas tributarias consagran un tratamiento específico para las pérdidas, que puede ser diferente al que señalan las reglas contables.

Para efectos fiscales, solo se reconocen las pérdidas que cumplan los requisitos legales y, a su vez, la normativa fiscal somete los ingresos por seguro de daño a un tratamiento tributario especial, esto es, como ingreso no constitutivo de renta.

En esas condiciones, como lo dispuso el a quo, no resulta procedente la deducción solicitada por la actora, toda vez que no se acreditaron los requisitos para la deducción por pérdidas, establecidos en el artículo 148 del Estatuto Tributario.

Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la nulidad parcial de los actos demandados para aceptar como deducción la inversión en activos fijos reales productivos y negar la deducción por pérdidas por siniestros.

No obstante, con fundamento en el artículo 170 del C.C.A, la Sala revoca el restablecimiento del derecho que dispuso el a quo, esto es, ordenar a la DIAN que practique la nueva liquidación del impuesto a cargo de la actora. En su lugar, previa aceptación de la deducción por la inversión en activos fijos reales productivos, practica la siguiente liquidación:

ConceptoDeclaración privadaLIQ DIAN (acto que decidió recurso de reconsideración)LIQ C DE E 
Total patrimonio bruto 491.921.105.000491.921.105.000491.921.105.000 
Pasivos231.033.287.000231.033.287.000231.033.287.000 
Total patrimonio líquido260.887.818.000260.887.818.000260.887.818.000 
Ingresos brutos operacionales594.074.125.000594.074.125.000594.074.125.000 
Ingresos brutos no operacionales17.917.469.00017.917.469.00017.917.469.000 
Intereses y rendimientos financieros 8.457.347.0008.457.347.0008.457.347.000 
Total ingresos brutos 620.448.941.000620.448.941.000620.448.941.000 
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas7.494.910.0007.494.910.0007.494.910.000 
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional160.616.000160.616.000160.616.000 
Total ingresos netos 612.793.415.000612.793.415.000612.793.415.000 
Costo de ventas372.530.608.000372.530.608.000372.530.608.000 
Otros costos812.872.000812.872.000812.872.000 
Total costos 373.343.480.000373.343.480.000373.343.480.000 
Gastos operacionales de administración91.865.140.00091.865.140.00091.865.140.000 
Gastos operacionales de ventas95.565.983.00095.565.983.00095.565.983.000 
Deducción Inversiones en Activos Fijos5.448.510.00005.448.510.000 
Pérdida por exposición a la inflación1.116.739.0001.116.739.0001.116.739.000 
Otras deducciones25.961.774.00025.223.011.00025.223.011.000 
Total deducciones219.958.146.000213.770.873.000219.219.383.000 
Renta líquida del ejercicio 19.491.789.00025.679.062.00020.230.552.000 
Rentas Gravables000 
Renta Líquida del Ejercicio19.491.789.00025.679.062.00020.230.552.000 
O Perdida Liquida000 
Compensaciones5.588.989.0005.588.989.0005.588.989.000 
Renta Líquida13.902.800.00020.090.073.00014.641.563.000 
Renta presuntiva11.507.165.00011.507.165.00011.507.165.000 
Total Rentas exentas8.377.331.0008.377.331.0008.377.331.000 
Renta líquida gravable5.525.469.00011.712.742.0006.264.232.000 
Impuesto sobre la Renta gravable1.933.914.0004.099.460.0002.192.481.000 
Descuentos tributarios000 
Impuesto neto de renta1.933.914.0004.099.460.0002.192.481.000 
Sobretasa Impuesto de Renta193.391.000409.946.000219.248.000 
Total impuesto a cargo2.127.305.0004.509.406.0002.411.729.000 
Autorrentenciones12.030.571.00012.030.571.00012.030.571.000 
Otros conceptos16.984.00016.984.00016.984.000 
Total Retenciones año gravable 12.047.555.00012.047.555.00012.047.555.000 
Más sanciones  0 
Total saldo a pagar   0 
Total saldo a favor9.920.250.0007.538.149.0009.635.826.000 

En suma, la Sala revoca el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, relativo al restablecimiento del derecho. En su lugar, tiene como liquidación del impuesto sobre la renta a cargo de la actora, por el año gravable 2005, la practicada por la Sala. En lo demás, confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar dispone:

3. A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del impuesto sobre la renta a cargo de la actora por el año gravable 2005, la practicada por la Sala.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada de la DIAN, conforme con el poder que está en el folio 332 del c.p.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

6 Según contrato de leasing que obra a folios 996 a 1005 c.a. 8

7 El artículo 8º de la Ley 1111 de 2006, aumentó el porcentaje de la deducción a 40%, a partir del 1 de enero de 2007. Y el artículo 1º de la Ley 1430 de 2010 prohibió hacer uso de la deducción a partir del año gravable 2011.

8 Sentencia de 7 de febrero de 2008, exp. 15394, C.P. María Inés Ortiz Barbosa

9 Sentencia del 26 de abril del 2007, exp. 15153, C.P. María Inés Ortiz Barbosa

10 Entre otras, ver sentencia del 3 de marzo de 2006, exp. 15086, M.P. Dra. Ligia López Díaz, reiterada en sentencia del 11 de octubre de 2012, exp. 18233, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

11 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Cali. Folios 5 a 16 c.p.

12 Folios 480 y ss c.a.4

13 Folio 410 c.a 4

14 Fls. 410 y 411 c.a. 4

15 El contrato fue prorrogado anualmente por los años 2006 a 2010. (Folios 90 a 95 c.p)

16 Folios 410 y 411 c.a.4.

17 En el anexo 1 del contrato constan los componentes de la planta, así: “Planta acondicionada con la infraestructura y los equipos de apoyo crítico (sistema de aire acondicionado, sistema de agua purificada, vapor, aire comprimido, vacío (PTAR) necesarios para cumplir con todos los requisitos exigidos para fabricación de:
• Líquidos y semisólidos
• Talco medicado
• Efervescentes”

18 Folios 411, 419 y 424 c.a. 4.

19 Contrato de arrendamiento de planta farmacéutica - folios 410 y 411 c.a 4.

20 Certificado de existencia y representación legal (folio 405 c. a. 4)

21 Fl 103 c.p.

22 Folios 29 a 53 c.p.

23 Folio 180 c.p.

24 Folios 402 a 410 c a. 4

25 Folio 376 c.a.4. A esta carta se anexan comprobantes de contabilidad por el valor de la reclamación, así como de otros valores que se relacionan como “siniestro importación”, por $ 211.257.653 en los que se acredita y debita la cuenta por esa misma suma.

26 Folios 328 a 342 c.a. 4

27 Folio 343 c.a. 4

28 Estatuto Tributario, artículo. 45. El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Para obtener este tratamiento, el contribuyente deberá demostrar dentro del plazo que señale el reglamento, la inversión en la totalidad de la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes a los que eran objeto de seguro.