Sentencia 2010-02141 de febrero 1º de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 760011102000-2010-02141 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta Nº 007 de la fecha

Referencia: funcionario apelación

Denunciado: Melba Giraldo Londoño. Juez Décima Administrativo de Cali

Denunciante: Clara Inés Quintero Ruiz

Primera instancia: terminación y archivo

Decisión: Confirma

Bogotá, D. C., primero de febrero de dos mil doce.

Objeto de la decisión

Procede la Sala Dual de Decisión Nº 3, a resolver el recurso de apelacióninterpuesto por la quejosa, señora Clara Inés Quintero Ruiz, contra la providencia del 16 de septiembre de 2011, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con ponencia de la magistrada Carlina Mireya Varela Lorza, se abstuvo de formular pliego de cargos contra la doctora Melba Giraldo Londoño, en su condición de Juez Décima Administrativa del Circuito de Cali - Valle.

Hechos y antecedentes procesales

Hechos. La señora Clara Inés Quintero Ruiz, en escrito radicado ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, presentó queja de carácter ético contra la doctora Melba Giraldo Londoño, Juez Décima Administrativa del Circuito de Cali, porque en su sentir ella cometió conductas de acoso laboral, debido a la enfermedad que presentada —cáncer de mama—, dentro de las cuales se encuentra el hecho de haberle impuesto más trabajo, señalándola de haber bajado el rendimiento laboral, sin consideración a su estado de salud. Consideró que el desempeño de sus funciones durante los años de laborar en ese despacho, ha sido acorde con los reglamentos y la ley, pues pese a su enfermedad no ha incumplido con su horario de trabajo y por el contrario ha desempeñado sus responsabilidades (fls.1-2 c. o.).

Indagación preliminar. Mediante auto del 25 de febrero de 2011, se abrió indagación preliminar (fl. 32 c. o.), disponiendo a la vez la práctica de varias pruebas, de las cuales se obtuvo:

* Ampliación de la queja. El 18 de marzo de 2011 en declaración rendida por la señora Clara Inés Quintero Ruiz se ratificó de todos y cada uno de los puntos de la queja, precisando en punto del acoso laboral, que a raíz de dicha situación se vio en la necesidad de renunciar al cargo que venía desempeñando en dicho despacho, pues la gritaba y demeritaba su trabajo (fls. 36-38 c. o.).

* Pronunciamiento de la inculpada. La doctora Melba Giraldo Londoño, en su condición de disciplinable, en declaración rendida el día 18 de marzo de 2011 indicó que a la señora Clara Inés Quintero, le diagnosticaron un cáncer de mama, etapa en la cual se le brindó todo el apoyo. En el mes de octubre de 2010, el Consejo Seccional Sala Administrativa citó a los jueces administrativos con el fin de mirar las estadísticas de cada despacho, en donde se fue informada de una baja considerable en la producción del mismo, “por lo cual salió triste y preocupada”, (sic), por hizo lo propio con su personal que le colaboraba, reuniéndolos para solicitarles compromiso y colaboración, tomando algunas medidas con el fin de realizar un plan de choque para nivelar el despacho a su cargo.

Adujo que ante dicha situación le solicitó a la hoy quejosa se dedicara a proyectar sentencias y audiencias de fallo de conformidad con la nueva Ley 1395 de 2010, con lo cual se lograrían nivelar un poco la producción, circunstancia que le causó bastante incomodidad a la misma señora, por cuanto si bien se había dispuesto que ella asumiera el cargo de profesional partir del 1º de julio de 2010, continuaría ejerciendo las funciones de la secretaría, fue así como la empelada a partir del 11 de octubre de 2010, no volvió a proyectar ninguna sentencia para su despacho, por lo que se vio en la necesidad de asignarle las funciones por escrito, pues ella, contrario a las órdenes se limitó a sustanciar procesos que no implicaban para el despacho egresos ni ayuda alguna para el logro de la nivelación de la producción (fls. 99-103 c. o.).

Apertura de investigación. Por auto del 3 de mayo de 2011, la magistrada de instancia, dispuso la apertura de investigación contra la doctora Melba Giraldo Londoño, en su condición de Juez Décima Administrativa del Circuito de Cali - Valle, decretando las correspondientes pruebas.

Dentro de las pruebas recaudadas en esta etapa procesal, se tienen:

* Declaración de Dellery Dávila Díaz. Señaló que se desempeñaba como secretaria en provisionalidad del Juzgado Décimo Administrativo de Cali - Valle. En cuanto a la queja precisó que tenía entendido que había sido presentada por la doctora Clara Inés Quintero Ruiz, ante el temor de una calificación mal por parte de la doctora Melba, sin que en momento alguno dicha situación se hubiere manifestado por parte de la disciplinada e indicó que la quejosa Clara Quintero en los momentos en que la titular del despacho —doctora Melba Giraldo Londoño—, no se encontraba, realizaba gestos ofensivos, tales como imitar delante de todos los compañeros la forma de pararse de la juez y afirmó que nunca había escuchado ningún grito ni mal trato por parte de la doctora Melba hacia la señora Clara, o con otro empleado de ese juzgado y finalizó indicando que debido a un plan de choque tomado por la doctora Melba Giraldo en su condición de titular del juzgado, por la baja producción que se presentaba, le solicitó a la doctora Clara, que sólo proyectara fallos de la Ley 1395 de 2010, junto con ella, a lo que esta —la quejosa— manifestó no realizarlos por cuanto le parecía demasiado trabajo (fls. 187-191 c. o.).

* Igualmente rindió declaración la señora Rita Zulinma Velásquez Mezu, quien señaló haber laborado en el Juzgado Décimo Administrativo de Cali como practicante en donde nunca observó maltratos o tonos fuertes de la doctora Melba Giraldo Londoño, para con la doctora Clara Inés Quintero Ruiz e indicó que varios empleados del juzgado tuvieron problemas con la quejosa, debido a que ella si los trataba de manera sarcástica e irónica, despreciando su labor, configurándose en un ambiente de trabajo difícil de sobrellevar (sic), tanto así que una doctora de apellido Bravo tuvo que renunciar, al igual que ella, pues sentían acoso laboral de la doctora Clara Inés, quien además, reiteró, si la trataba despectivamente (fls. 192-195 c. o.).

* Hizo lo propio el señor John Edward Tenorio Torres. En su declaración informó que se desempeñaba como judicante del Juzgado Décimo Administrativo de Cali. Dijo que la relación entre las doctoras Melba y Clara Inés, era buena hasta cuando la primera dispuso algunas medidas para incrementar la producción en el despacho bajo su cargo, debido a la baja en la misma, situación que indispuso a la segunda, por cuanto creyó que era un cierto ataque hacia ella por parte de la juez, cosa que nunca se presentó y reiteró que lo único fue algunas decisiones, entre otras, la de ponerla a proyectar sentencias, pero debido a los problemas de salud que afrontaba la quejosa, no pudo cumplir con los resultados esperados, sin que en ningún momento la juez la amenazara o fuera grosera, tratamiento además dado a las demás personas que laboraban con ella (fls.196-198 c. o.).

La decisión apelada. Mediante providencia del 16 de septiembre de 2011, la doctora Carlina Mireya Varela Lorza, en su calidad de magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, se abstuvo de formular pliego de cargos, contra la doctora Melba Giraldo Londoño, en su calidad de Juez Décima Administrativa del Circuito de Cali, en relación con el cargo elevado por la quejosa.

Adujo en su oportunidad que con la prueba documental y testimonial obrante en el plenario se había llegado al convencimiento como la queja no estaba soportada en una prueba real que ofreciera credibilidad para arribar a la conclusión de actuación alguna por parte de la disciplinada contra la ética profesional y concretamente en lo que tenía que ver con el presunto acoso laboral manifestado por la doctora Clara Inés Quintero Ríos, sus propios compañeros de trabajo dieron fe de la inexistencia de esos presuntos malos tratos, es decir, no existieron y por el contrario se le ha permitido tratar su enfermedad normalmente pudiendo asistir a las citas y controles médicos pertinentes, advirtiendo en algunos casos como la propia juez le había restado funciones a la quejosa a efectos que aquella lograra las metas propuestas, lo que, caso contrario a lo buscado, generó el impase ya referido.

Luego probó el a quo, que conforme a las declaraciones de los trabajadores del despacho que ante el temor de la doctora Clara Inés Quintero Ríos, de una mala calificación por parte de la juez al momento de evaluar su desempeño —lo que nunca ocurrió—, por la devolución de algunos procesos de la Procuraduría, pendientes del concepto, se generó la presentación de la queja disciplinaria para conjurar la presunta crisis, reiterando la fe plena que de ello daban sus compañeros (fls. 220-231 c. o.).

De la apelación. Contra la decisión anterior, la quejosa interpuso dentro del término el recurso de apelación, alegando para el efecto que los testimonios con los cuales se archivó el proceso disciplinario resultaban sospechosos, además no era un secreto como probar el maltrato sicológico y verbal no era fácil, como en su caso, donde la juez, siempre “lo hacía en privado cuidándose de no dejar rastro de sus temerarias actuaciones y aunque no tenía manera de probar lo dicho, dejaba a disposición de esta superioridad su análisis (fls. 239 a 241 c. o.).

La operadora judicial de instancia consideró sustentado el recurso (fl. 243 c. o.).

Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 22 de noviembre de 2011, se avocó el conocimiento de la presente actuación; se dispuso el traslado al representante del Ministerio Público, al igual que solicitar a la Secretaría Judicial de esta Sala para que informe si contra la investigada, existe alguna otra investigación por los mismos hechos (fl. 5 c. 2ª inst.).

Conforme diligencia del 2 de diciembre de 2011, se notificó al agente del Ministerio Público (fl. 9 c. 2ª inst.). Guardó silencio.

Conforme constancia del 7 de diciembre de 2011, la Secretaría Judicial de esta Sala certificó que contra la doctora Melba Giraldo Londoño, no cursaban otras investigaciones en esta corporación por los mismos hechos (fl. 11 c. 2ª inst.).

Impedimentos. Observado el infolio, no se evidenció que alguno de los magistrados que integran la Sala Dual Nº3 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hayan manifestado impedimento para conocer de las presentes diligencias.

Consideraciones

Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación... en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”; en concordancia con el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política y el literal a) del artículo 26 del Acuerdo 075 del 28 de julio de 2011 - reglamento interno Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Se precisa que al tenor del parágrafo único del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto dice: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”, por lo tanto, la Sala dual de Decisión Nº3, sólo se referirá a los aspectos de inconformidad del apelante con la providencia recurrida.

Del asunto a resolver. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la quejosa Clara Inés Quintero Ruiz, contra la providencia del 16 de septiembre de 2011, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con ponencia de la magistrada Carlina Mireya Varela Lorza, se abstuvo de formular pliego de cargos contra la doctora Melba Giraldo Londoño, en su condición de Juez Décima Administrativa del Circuito de Cali - Valle.

Frente al argumento de la recurrente, que la Sala de instancia ordenó el archivo de las diligencias, con base en unos testimonios sospechosos es importante señalar como la acción disciplinaria tiene específicos destinatarios: el servidor público o en su defecto, el particular con funciones públicas, permanentes o transitorias; luego entonces, el sujeto pasivo de la acción disciplinaria es calificado, bien por la calidad con la cual está investido, ora por la función que cumple. Estos dos aspectos, el orgánico y el funcional, permiten inferir que la sanción disciplinaria se impone como resultado de la responsabilidad que por acción, omisión o extralimitación de funciones, tal y como en efecto lo establece el canon Constitucional del artículo 6º de la Carta Política.

Ahora, la Constitución Política en el artículo 6º establece: “Artículo 6º. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” (resaltado fuera de texto).

Por lo anterior, resulta claro la existencia de una doble exigencia en materia de responsabilidad recae sobre los funcionarios públicos, pues no solo son responsables por infringir la Constitución y la ley, sino además por la omisión y/o extralimitación en el ejercicio de las funciones que la misma Constitución y las leyes de la República les imponen, en virtud de una especial relación de sujeción que ostentan frente al Estado, por oposición a las relaciones de sujeción de los particulares frente al mismo ente, que como se observa es menos rigurosa con los primeros.

En materia de responsabilidad disciplinaria de funcionarios judiciales investidos de autoridad, como lo son los jueces; se tiene que su manual de funciones se encuentra establecido en la Ley 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en donde se enmarca el catálogo de deberes y obligaciones, so pena de asumir sanciones de tipo disciplinario.

Es así como el funcionario sería responsable disciplinariamente por extralimitación de sus funciones cuandoquiera que obrara por fuera de las mismas o con abuso, desatienda los límites legales o de las competencias atribuidas en la norma y para ello es la labor del juez disciplinario, precisamente para determinar la existencia de una conducta relevante disciplinariamente, no es otra que la de observar, de manera lógica y razonada, el comportamiento del funcionario investigado y determinar si con él ha faltado alguno de los deberes impuestos en la mencionada ley.

Descendiendo al caso objeto de estudio se tiene que la funcionaria investigada no ha incurrido en falta disciplinaria, pues los hechos expuestos por la quejosa, como fue, el trato irrespetuoso e injurioso, el acoso laboral por la designación de funciones laborales exorbitantes, de las pruebas recogidas en este trámite disciplinario, se estableció que la disciplinada en ningún momento se ha referido en términos desobligantes para con la quejosa, debido a la enfermedad que padecía, por el contrario sus compañeros de trabajo han afirmado que la juez disciplinada fue condescendiente con el padecimiento que presentaba la quejosa, y que por el contrario la de la mala aptitud era la propia querellante.

De otra parte, es preciso señalar que el juez como director del despacho está plenamente facultado para determinar las funciones de cada uno de los empleados a su cargo, y establecer medidas con el fin de descongestionar los asuntos de su conocimiento, luego, no son de recibo las afirmaciones de la quejosa, en el sentido de que en claro trato discriminatorio se le asignaron funciones que no le correspondían o de manera exorbitante, en circunstancias de acoso laboral, pues de conformidad con las declaraciones recibidas en cabeza de los demás empleados del Juzgado Décimo Administrativo de Cali se determinó que todos cumplieron medidas de descongestión con el fin de prestar un mejor servicio y evacuar al máximo los procesos represados y no solo fue una carga laboral para la quejosa, como lo quiere hacer ver, sino que se trató de medidas transitorias para lograr el objetivo previsto, esto era la nivelación del despacho con las exigencias hechas por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

Así las cosas, no encuentra esta instancia, en los medios de prueba recaudados, que permita afirmar que la doctora Melba Giraldo Londoño, en su calidad de Juez Décima Administrativo del Circuito de Cali, hubiese actuado con malicia, irrespeto, excediendo sus funciones o abusando de su calidad de juez, pues todo indica que al parecer se trató de un malentendido entre la quejosa y la encartada, referente al buen manejo del despacho , por tal razón, para los efectos demandados por la falta disciplinaria en consideración, no se dan los elementos de juicio que prueben con toda certeza que los sucesos narrados por la señora Clara Inés Quintero Ruiz, albergan la relevancia que le pretende dar.

Ahora, conforme el artículo 2º de la Ley 1010 del 23 de enero de 2006, “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”, se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo; dentro de esas se tienen: a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo; d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor; m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social, (sic) —artículo 7º ibídem, conductas que conforme al infolio probatorio no se evidenciaron de parte de la doctora Melba Giraldo hacia la empleada Clara Inés Quintero Ruiz.

A su vez, la misma norma en el artículo 8º, enuncia aquellas conductas que no constituyen acoso laboral, así: a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las fuerzas pública conforme al principio constitucional de obediencia debida; b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos; c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional; d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento; e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución; f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública. g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la Constitución. h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 a 57 del Código Sustantivo del Trabajo, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículo 59 y 60 del mismo código. i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo. j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. (Sic).

Así las cosas, para el caso, conforme a los elementos probatorios y a la normatividad referida, se tiene entonces que la doctora Melba Giraldo Londoño, en su calidad de Juez Décima Administrativa del Circuito de Cali, hizo unas exigencias técnicas y requirió de la colaboración de todos sus empleados en forma justificada, sin discriminación, incluida la quejosa, habida cuenta la exigencia hecha como se anotó por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca al despacho judicial en lo que atañe a la producción.

Así las cosas, no le queda otra alternativa a esta Sala Dual de Decisión que confirma la providencia del 16 de septiembre de 2011, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con ponencia de la magistrada Carlina Mireya Varela Lorza, se abstuvo de formular pliego de cargos contra la doctora Melba Giraldo Londoño, en su condición de Juez Décima Administrativa del Circuito de Cali - Valle.

En mérito de lo expuesto, la Sala Dual Nº 3 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia recurrida, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el 16 de septiembre de 2011, mediante la cual con ponencia de la magistrada Carlina Mireya Varela Lorza, se abstuvo de formular pliego de cargos contra la doctora Melba Giraldo Londoño, en su condición de Juez Décima Administrativa del Circuito de Cali - Valle, conforme las razones expuestas precedentemente.

2. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

3. Por la Secretaría Judicial líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora.

Leonidas Bello Arévalo, Secretario Judicial ad-hoc.